Acto socialista en Río Cuarto

Al mediodía del domingo 14 de noviembre y con la presencia de más de 600 personas se llevó a cabo en el Club El Sol de la ciudad de Río Cuarto el acto organizado por el Partido Socialista.

 Al compartir el almuerzo, se escucharon distintos grupos musicales y luego hicieron uso de la palabra el dirigente local  Dante Monge, el Presidente del PS en la Provincia de Córdoba Eduardo Cañas y el Legislador Provincial Roberto Birri, quien convocó a "representar la voluntad de cambio que la mayoria de los cordobeses y argentinos expresan para el 2011."

 La actividad es la puesta en marcha de un proceso de movilización partidaria que desembocará en las elecciones del año que viene. Birri expresó que "existe un a gran oportunidad de romper el bipartidismo que representan en la provincia Aguad y De La Sota", mientras que en el orden nacional se manifestó por la construcciòn de un Frente Amplio que nuclee al PS, a Proyecto Sur, al Gen de Margarita Stolbizer, el radicalismo de Alfonsin y a la CTA y que debe ser encabezado con la candidatura de Hermes Binner, gobernador de Santa Fé.

“EL GASTO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL ES DE UN NIVEL OBSCENO”

A través de un proyecto de resolución que ya tiene estado parlamentario, el legislador Roberto Birri (Presidente del Bloque del Frente Cívico) denunciò el enorme y desproporcionado gastos en publicidad y propaganda del gobierno, a la vez que exigió que el Poder Ejecutivo “informe a la Legislatura sobre la cuantía y la orientación de los gastos de publicidad de todo el Estado Provincial durante el año 2010”.

“Según distintas estimaciones, sólo entre los meses de enero y septiembre de 2010, se han gastado cerca de 100 millones de pesos, sin contar a los organismos autárquicos y descentralizados y debemos recordar que son recursos de todos los cordobeses, no del Gobernador. Por supuesto que se deben dar a conocer los actos de gobierno, pero en este nivel se convierte en un virtual despilfarro de recursos en función de los intereses políticos del oficialismo e incluso como forma de presionar a los medios de comunicación”.

En sus fundamentos el legislador socialista expresó que “pretendemos evitar que los fondos públicos puedan ser utilizados en beneficio de un funcionario, partido político, agrupación o de cualquier otro sector, más teniendo en cuenta se avecina un año electoral y los enormes gastos que se realizan en este año puede brindarnos la pauta de que en 2011 el gasto puede ser por demás vergonzoso”.

Las cifras en que se sustenta el proyecto presentado por Birri, se han obtenido del propio Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Se adjunta proyecto de resolución presentado.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN
Contacto: Legislador Roberto Birri 0351-152087939

Jornada de debate hacia una nueva ley de agroquímicos en córdoba

Conferencia: "La democratizacón de la gobernabilidad y gestión del agua en América Latina: una exploración teórica y empírica"

El legislador Roberto Birri participará de la conferencia "La democratizacón de la gobernabilidad y gestión del agua en América Latina: una exploración teórica y empírica",  además se contará con la presencia del Dr. Esteban Castro  de la Universidad de New Castle Inglaterra, Coordinador de la Red Waterlatel. La conferencia se llevará a cabo el día lunes 20 de septiembre a las 17 hrs y tendrá lugar en la sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
Y esto el resto.La misma es organizada por Proyecto Ciudadanía, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Cátedra B Política y Comunicación, Escuela de Ciencias de la Información - UNC.
Entre los comentadores se encuentran: Por la Sociedad Civil: Arq. Gustavo Spedale, Cordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) y por la Universidad Nacional de Córdoba: Dr. Mauricio Berger y Mgter. Cecilia Carrizo.
El evento tiene como objetivo poner en común los saberes necesarios, desarrollados y en desarrollo, a fin de promover y proteger el derecho humano al agua potable y al saneamiento conforme a la reciente Declaración de la ONU.

Nota de Opinión: Las fumigaciones, la salud y la gente

Los cordobeses nos hemos acostumbrado a asistir en forma casi pasiva a la utilización de herbicidas y pesticidas en la producción agropecuaria como una pràctica tan rutinaria que casi no reflexionamos sobre el tema. Sin embargo en forma periòdica los habitantes de las zonas urbanas limìtrofes con campos de producciòn se ven afectados por las fumigaciones de esos establecimientos y normalmente concurren con sus quejas al municipio donde encuentran poca o ninguna respuesta ya que los mismos no tienen potestad sobre las zonas rurales...

Así, en forma permanente el ambiente urbano, habitantes, flora y fauna se ven sometidos a los efectos de productos varios, principalmente las formulaciones comerciales de glifosatos, de potencial capacidad tóxica.-
Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental.

A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. También porque los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos.

El glifosato, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos. Se argumenta que la toxicidad aguda del glifosato es baja. Sin embargo, los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que elevan su potencialidad tóxica.

Estos productos llegan al ecoambiente urbano y a los cauces de agua principalmente por su dispersión en el aire en forma de microgotas producidas por los equipos de fumigación.

Fueron los vecinos de distintas localidades de la Provincia, alarmados por  los efectos de los plaguicidas los que dieron la voz de alerta ante las consecuencias del uso de agroquímicos en el ambiente y la salud humana. Luego, agrupados en ONGs buscaron la mediación política y el tema ganó el apoyo de la opinión pública gracias a los medios de comunicación que tomaron como propio un tema de altísima sensibilidad social .

Tal como sucedió en las democracias desarrolladas del mundo, las causas ambientales son las que reúnen en una misma organización tanto a los expertos, a los ambientalistas, como a los buenos vecinos preocupados por la contaminación. Y en el tema en cuestión tambièn se sumaron fallos judiciales que acogieron demandas de particulares al dar por comprobado por los testimonios de los afectados y a través de innumerables investigaciones, que el daño existe, que es real y que el glifosato en distintos ambientes y organismos, afecta a la salud de personas, animales y al medio ambiente, aunque sus efectos no se vean en lo inmediato.

Por ello propiciamos la modificación de la ley 9164 y sus decretos reglamentarios, para establecer una restricción de fumigar con agroquímicos en una zona de 800 metros del límite comunal o zonas pobladas y de los cursos de agua por vía terrestre, y de 1500 metros por vía aérea.

Comparto con quienes piensan que lo que hace a una sociedad moderna no son los indicadores de consumo sino el respeto de sus derechos ciudadanos y su calidad institucional. Solo basta con mirar hacia Europa, donde en muchísimos países se consulta a los vecinos hasta para cortar un árbol.

Precisamente en estos conceptos hemos fundamentado nuestra iniciativa. El debate está abierto y nuestro punto de vista sostiene la preeminencia del medio ambiente y la salud pública por sobre los planteos productivistas.

La Ley de Bosques que no fue

(nota de opinión por Roberto Birri – Legislador Provincial – Partido Socialista)

“La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos…es necesario sancionar una ley de bosques”. Esto es lo que decía el legislador socialista Alfredo Palacios en el Congreso de la Nación, en el año 1914...



En ese entonces los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional, y se redujo solamente al 14 por ciento en el año 1987. En nuestra provincia la situación aún es peor: De las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia, los bosques originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie, mientras que hoy ocupan el 3.6 por ciento (594.000 hectáreas). La tasa de deforestación de la Argentina, se ubica seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación: estamos ante una verdadera emergencia forestal.

A fines del año 2007, el Congreso de la Nación sancionó una ley de protección de los bosques nativos en nuestro país cuyo objetivo no sólo era poner freno al desmonte indiscriminado, sino generar un marco adecuado para su recuperación.

La ley nacional, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, establece los “presupuestos mínimos”, y las provincias deben dictar sus propias normas generando un marco de protección que no puede estar por debajo al establecido en la ley nacional.

En nuestra provincia, este proceso empezó bien, pero terminó mal, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que se ha sancionado una norma a la que el título de “ley de bosques”, en el mejor de los casos le queda grande.

El proceso se inició con la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en donde trabajaron más de 30 organizaciones sociales, académicas y del campo de la producción. Miles de cordobeses hicieron su aporte en talleres que se realizaron a lo largo y lo ancho del territorio provincial.

Esta etapa participativa insumió más de un año y medio y luego se trasladó la discusión al seno de la comisión de asuntos ecológicos de la Legislatura, donde todos los bloques más los representantes de la COTBN, durante siete meses de trabajo, arribò a consensos fundamentales para hacer de la ley de bosques la mejor ley posible.

Desde primer momento el objetivo fue construir un proyecto de ley que efectivamente pudiera proteger y recuperar los bosques nativos y, al mismo tiempo, garantizar las posibilidades productivas de nuestra provincia, no solo en el presente, sino sustentable en el tiempo.

Parecía que la conciencia ciudadana y de la dirigencia política sobre la necesidad de garantizar un ambiente sustentable iba a tener mayor peso que la presión de un reducido sector que llegó a decir que se estaba por aprobar un proyecto “ambientalmente extremista y contra la producción y las fuentes de trabajo”, y también que de las propias diferencias internas del oficialismo. Lamentablemente no fue así, y pocos días antes de su tratamiento, se introdujeron modificaciones a las apuradas que la desvirtuaron totalmente, haciendo de la misma una norma que se ubica por debajo de las exigencias de la ley nacional y no servirá para proteger los pocos bosques nativos que quedan ni, mucho menos, para lograr el declamado objetivo de recuperar una parte de los perdidos.

La ley reduce a un área insignificante los bosques a proteger, dando la posibilidad de eliminar todo lo que no sea considerado “bosque maduro”; permite el “aprovechamiento sustentable” de áreas en las que la ley nacional exige que se mantengan inalteradas; posibilita el desmonte de las áreas de mayor valor de conservación a través de la minería o cuando se instalen equipos de riego artificial, elimina la protección de las pendientes, lo que seguramente implicará mayores niveles de desertificación e inundaciones y menores posibilidades de acumulación de agua en las fuentes de agua potable; reduce el área de bosque a proteger en las riberas de diques, ríos y arroyos; y elimina o reduce las instancias de participación social en el control de la aplicación de la ley.

Los legisladores que defendieron la norma tal como fue sancionada, se esmeraron en explicar que es la mejor ley posible por tener los votos de la mayoría, lo que no pudieron explicar es cómo a través de esta ley se cumplirá el objetivo de proteger los bosques existentes y recuperar parte del bosque nativo perdido. No pueden ni podrán explicarlo, porque sencillamente será imposible con esta normativa que mas temprano que tarde será tachada de inconstitucional.

Más que desanimarnos, esta situación debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra práctica ciudadana, sobre el valor de lo público, sobre la democracia y animarnos a la participación activa, única herramienta con la que colectivamente podremos hacer frente a las enormes presiones sectoriales.

Estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. Cada día que pasamos sin revertir la situación, es irrecuperable, y hasta algunos especulan con cuál será el límite de la vida humana sobre el planeta si se continúa en este camino.

Intervención en el debate sobre ley de bosques

Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social...

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.


Sr. Birri.- Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social; pero debo adelantar que me he sentido particularmente representado por las expresiones de algunos legisladores y, por citar solamente a uno, por las expresiones de la legisladora Rivero, con lo cual muchas de las palabras que iban a formar parte de mi discurso, a partir de ello huelgan, para beneficio de ustedes. Eso significa que voy a acortar sustancialmente mi exposición y a agregar simplemente dos o tres conceptos que me parecen trascendentes.

El primero de ellos es celebrar que, después de dos años de un proceso de intenso trabajo social y político -en ese orden- resulta una buena noticia el que hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba trate este proyecto que, en la simplificación, los cordobeses han dado en llamar la “ley de bosques”. Ojalá que al final del debate, en la reflexión previa a la votación que ocurre cada vez que se trata un proyecto de esta envergadura, se termine alumbrando una buena “ley de bosques”.

algunos me dirán que ya sé lo que se va a votar. Pero también me digo que como la esperanza es lo último que se pierde (aplausos), no dejo de esperar, en algún rincón de mi compromiso con el medioambiente y la ecología, esta buena noticia de que en la Legislatura de la Provincia de Córdoba se trata este proyecto trascendente, y el mismo termine convirtiéndose en una buena ley.

Por otro lado, aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a ésta y a las generaciones venideras un proyecto para que el futuro también sea sustentable.

Quiero reconocer en la persona de la doctora Alicia Barchuk (aplausos) a más de 30 organizaciones y a decenas de miles de cordobeses que alguna vez participaron en algún taller, como lo hice yo en mi ciudad, Río Cuarto, que -quizás no casualmente- era presidido por un integrante de una entidad que representa al sujeto social del campo, con quien me siento representado, que es la Federación Agraria Argentina.

También quiero reconocer a esos cientos o miles de jóvenes cordobeses que apostaron a un futuro mejor, muchos de los cuales, a las doce de la noche, todavía le están poniendo “el pecho” al frío allá afuera (aplausos), para ser severos custodios de que el tema que insumió un año y medio de trabajo no sea distorsionado en una sesión legislativa.

Quiero valorar también –porque he dicho que voy a rescatar actos de estricta justicia- el aporte que ha propuesto con su incorporación la legisladora Chiofalo y aunque de la misma manera que lo valoro, debo decir que este proyecto, así como está presentado, no tiene remedio.

Quiero expresar mi profunda satisfacción, y en esto involucro a todos, por este proceso de democracia participativa que ha vivido la Provincia de Córdoba.

Señor presidente, soy de aquellos que está absolutamente convencido de que con la democracia representativa no alcanza. Si la democracia representativa solamente significa, nada más y nada menos, votar cada cuatro años, es insuficiente. Si nuestra democracia no se fortalece con la participación ciudadana y popular, seguramente va a languidecer.

También es cierto –y lo quiero destacar porque tiene que ver con el compromiso de una fuerza política- que me tomé el trabajo de fijarme en nuestras propuestas electorales del año 2007.

Para mi beneplácito, señor presidente, ya en aquella oportunidad el Frente Cívico y Social, antes incluso de la sanción de la ley nacional, propiciaba una Ley de Bosques para la Provincia de Córdoba.

Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Solo haré hincapié en algunos números que dan cuenta de por qué, aquellos que planteamos que en Córdoba y en el país hay una emergencia forestal, pretendíamos alumbrar esa ley que se presentó hace una semana.

Desde el año 2004 a la fecha 1.200.000 hectáreas se han deforestado en el país. Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional en 1914; en 1987 esa cobertura era solamente del 14 por ciento.

Hice referencia al año 1914 porque casi todos saben cuál es mi procedencia política: el Partido Socialista Argentino. Y fue justamente en 1914 que una de las máximas expresiones políticas partidarias de este centenario partido argentino, como fue Alfredo Palacios, decía: “Hay que conservar los bosques existentes; y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la Ley de Bosques”. Esto decía Palacios hace 96 años.

Y continuaba diciendo: “La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación las facultades del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.

En el quinquenio 2002-2006 el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto al 1998-2002, conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin incluir Misiones y los bosques de Caldenes en La Pampa, este desmonte creció el 42 por ciento.
Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, a la que lamentablemente Córdoba contribuyó en grado sumo, que mide el porcentual de pérdida anual respecto a la superficie remanente, estamos seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación.

Dice la fundamentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia de Córdoba, los bosques nativos originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie.
Hoy los bosques solamente ocupan el 3.6, 594.000 hectáreas. Por eso hablamos de emergencia forestal.

Estos datos, y otros de los que dieron cuenta las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, revelan lo que nosotros ya constatamos en nuestra Provincia. Basta ir al norte y al noroeste de Córdoba para ver que se han barrido campos enteros.

Este debate tiene muchas similitudes con el que hubo en ocasión de la Ley Bonasso. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, como en ese entonces, el debate es jurídico, ambiental y económico porque estamos hablando de desarrollo sostenible.

Como corresponde en un acto de responsabilidad legislativa, me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del debate de la Ley Bonasso.

La verdad es que también me sentí identificado con muchos legisladores, en este caso nacionales. Por ejemplo, el legislador Giustiniani decía que había un tema fundamental en este debate, y lo comparto. Decía: “se habla mucho de neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero en la práctica se vuelve siempre a él; esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada.” Decía también que “al derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente, sino además en la manifestación concreta.” Señor presidente, queridos legisladores, ¿saben cuánto pagaron hace algunos años capitales porteños o algunos capitales del sur de la Provincia, de mi sur verde y de llanura, por esos campos del norte o del noroeste donde hoy se siembra soja con una gran rentabilidad por el valor dólar de ese grano? ¡Pagaron monedas, cuatro pesos pagaron! (Aplausos).
¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos esas cuestiones que hoy son trascendentes y no sólo demos el discurso de estar en contra del neoliberalismo que tanto daño hizo en la nefasta época de los ’90, mientras los grandes grupos económicos concentrados se seguían y se siguen quedando con la mayor tajada de la torta de Córdoba y de la República Argentina.

Estos son los asuntos trascendentes que tenemos que discutir. Estamos ante una ley que debe regular en forma correcta porque el mercado discrimina. El mercado indiscriminado sin regulación nos ha demostrado y nos va a seguir demostrando que lleva a catástrofes económicas, sociales y ambientales. (Aplausos).

Seguía diciendo este senador de la Nación: “La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del ’60, que echaron a andar, como adelantados, el reclamo por un mundo vivible. Hoy ya estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de Derecho Ambiental estamos hablando de algo muy serio, por eso es fundamental la regulación, para que cada uno no pueda hacer cualquier cosa en el lugar donde habita.” (Aplausos).

Quiero volver al concepto de derecho de propiedad porque la regulación no es ningún invento que se esté discutiendo en una ley ambiental; por ejemplo, si una persona tiene un terreno en una ciudad no puede hacer un edificio de cuarenta pisos porque quiera; y si quiere hacerlo y el municipio no lo deja no le puede pedir que le dé el dinero que podría haber ganado por haber construido ese edificio. No puede hacerlo en cualquier lado. (Aplausos). Está claro, y esto es fundamental, que nadie puede instalar una fábrica en cualquier parte. Es cierto, estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Señor presidente: creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. La eliminación del bosque reduce en gran medida la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación en los procesos erosivos, esto ya se ha dicho y hay que volver a repetirlo.

La razón fundamental de la necesidad de aprobar un buen proyecto sobre la conservación del bosque nativo es que la explotación de dichos bosques se ha desarrollado –y se sigue desarrollando- a pesar de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene una herramienta como es la Ley de Prohibición de Desmonte sin observar, lamentablemente, los presupuestos mínimos de desarrollo sustentable.

Con este criterio, y con muchos otros que por honor a la brevedad, a la hora y al reconocimiento de las virtudes de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no reiteraré, es que asumí el desafío de afrontar el análisis de este proyecto. A pesar de mi optimismo inicial, creo que la ley que propone el bipartidismo legislativo no es buena.
Escuché atentamente al legislador Sella –a quien aprecio- y en verdad se esmeró; ahora, discurso raro si los hay porque hubo …

Sr. Presidente (Busso).- Disculpe legislador, le solicitan una interrupción.


Sr. Birri.- Señor presidente, ya termino.


Sr. Presidente (Busso).- Continúe en el uso de la palabra.


Sr. Birri.- Decía, discurso raro si lo hay, porque si tuviera que suscribirlo lo haría, como también al de la legisladora Rivero. Pero hay una distancia tan grande entre el discurso y la acción, entre el diagnóstico que ofreció el legislador Sella que –repito- se esmeró para hacerlo, con lo que va a votar que, en verdad, como ciudadano formado en Derecho –y acá hay varios por eso me permito hacer esa alusión jurídica- se me viene a la cabeza cuando los abogados debemos fundar un recurso y atacamos los defectos de la resolución que estamos infundando judicialmente, decimos que viola el principio de congruencia, y éste quiere decir precisamente eso: la incoherencia entre el discurso y la acción. Cuando un juez desarrolla todo un fundamento que parece que va a terminar en una resolución determinada, y la resolución es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que escribió antes. Eso es lo que le pasó a Sella. (Aplausos). Sella, lo digo a través suyo, señor presidente, aparte él sabe la consideración que tengo sobre su persona, sabe perfectamente que ha violado el principio de congruencia.

Tampoco coincido, lamento decirle porque le tengo estima, con quien ha sido largamente halagado en este recinto; no es que no coincida con lo que hizo antes -él sabe que coincido- sino que no coincido con lo que dijo ahora. Me refiero, por supuesto, al miembro informante. No coincidí en dos oportunidades: primero, porque no me gustó -y se lo voy a decir como corresponde, a través suyo señor presidente- cuando en no menos de dos o tres oportunidades -o al menos así lo entendí yo- solapadamente, con ese particular estilo que tiene él en sus dichos, casi acusó a ocho legisladores que firmaron el proyecto que dice debió firmar él. Es cierto que debió firmarlo él, lo que no es cierto es que esos ocho legisladores hayamos arrebatado ese proyecto. En todo caso, lo que hicieron esos ocho legisladores antes de firmarlo, fue pedirle, invitar al legislador Falo a que nos acompañara, y él no lo quiso hacer. (Aplausos).

Tampoco coincido con su final cuando afirma que esta era la única ley posible. No es así, no sólo porque es una ley que, como aquí bien se ha dicho, está claramente por debajo de los presupuestos mínimos de la “Ley Bonasso”, sino porque, lamentablemente, es un final que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad. (Aplausos).

También porque, como lo han explicado y me lo han hecho entender, y porque en este tema sufro la misma “capitis diminutio” que plantea o que sufre -pero la sufrimos con altura- la legisladora Olivero cuando dice “la pucha. si este es un tema complejo”. A mí me costó muchísimo entenderlo y me sigue costando. La verdad es que me siento un irrespetuoso hablando de este tema cuando hay tantos que lo conocen, que tienen autoridad moral e intelectual, y muchos de ellos están acá presentes pero no tienen un micrófono. Ellos me hicieron entender que, lamentablemente, esta ley incluso es más permisiva que la Ley 9219, que prohíbe los desmontes desde hace cinco años. (Aplausos).

No sólo por todas esas cosas no es la única ley posible, sino también porque creo que marca un pésimo antecedente.

Creo que no hubo un solo legislador de los que intervinieron que no destacara la participación ciudadana y popular, pero estamos dando un pésimo ejemplo porque durante un año y medio la participación ciudadana y la popular transpiró la camiseta para alumbrar una buena ley, y el proyecto que termina alumbrándose esta noche vacía de contenido esa participación. (Aplausos).

¿Cómo hacemos para recrear la confianza de la sociedad civil cuando la sociedad política –aunque no me gusta el término-, cuando la dirigencia política la vuelva a convocar para participar?
No solamente por todo eso estoy convencido de que esta ley no es la ley posible, sino que estoy absolutamente convencido –y a las pruebas me remito- de que este proyecto de ley está por debajo de los presupuestos mínimos y todo lo que he tratado de fundamentar, y además –esto es lo más grave- por debajo de los consensos que hasta hace una semana se habían logrado en la Legislatura. (Aplausos).

¿Sabe cuál es la pregunta que no me puedo contestar? ¿Sabe cuál es el interrogante que acá nadie develó?, ¿qué fue lo que pasó en esta semana?, ¿qué fue lo que hizo que tanto Unión por Córdoba como la Unión Cívica Radical y otros legisladores que de absoluta buena fe y de buena voluntad -legisladores como los de mi bloque que participaron activamente en un trabajo colectivo de concertación, de participación y de consensos- llegaron a un punto alto hasta el día anterior, cuando un grupo de legisladores decidimos presentar este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la cola para que se desandara ese camino, para que se retrocediera varios pasos en el casillero y esta propuesta legislativa no alcance ni siquiera a verificar esos niveles de consenso que se habían obtenido una semana atrás?

Señores legisladores, este proyecto de ley que va a alumbrar esta Legislatura, si es que la reflexión no nos marca un derrotero mejor, es menos, es mucho menos que la ley posible.

Por eso, y con el absoluto respeto que me merecen aquellos que lo van a acompañar de buena fe, de buena voluntad, reitero que –y en definitiva termino como empiezo- es bueno que tratemos la ley, es un buen acontecimiento legislativo el de hoy y, como decía mi amigo Osvaldo Wehbe, “Hoy ya es mañana”, porque son las 0.30 de un nuevo día. Hace dos días que estamos debatiendo esta ley. Esto es mucho para nuestro uso y buenas costumbres, y poco o nada para el año y medio que trabajaron decenas de miles de cordobeses e instituciones prestigiosas de nuestra Provincia.(Aplausos).

Pero tengo una tranquilidad de conciencia enorme al saber que la ley que firmé la semana pasada es la mejor. Creo que con ella habíamos logrado una síntesis casi perfecta. Al ser yo un persistente ejercitador del consenso, sé que el mismo es difícil de lograr en su totalidad.

Considero haber votado la síntesis casi perfecta del trabajo que con ahínco, dedicación e inteligencia, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos llevó adelante durante un año y medio; a ese proceso de elaboración participativa y popular se le sumaron más de seis meses de consenso legislativo. Deseo sumarme a estos actos de estricta justicia y reconocimiento y así como reproché algunas cosas, es justo decir que fue magníficamente ejercida la dirección de la Comisión de Asuntos Ecológicos por el legislador Falo.

Habíamos encontrado la síntesis perfecta pero, lamentablemente, alguien “metió la cola”; esa iniciativa que era la adecuada y que hablaba de una ley posible se había materializado en un proyecto que quedará en los anales legislativos, es el número 6652, y que mediante este acto ratifico con mi voto.

Muchas gracias. (Aplausos).

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
29º REUNIÓN
26º SESIÓN ORDINARIA
4 de agosto de 2010
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

En apoyo a la ley de bosques para córdoba

Fue presentado al mediodía el proyecto de Ley de Bosques, que incluye los consensos logrados hasta último momento, y fue suscripto por el legislador socialista Roberto Birri, Adela Coria, Nadia Fernández, Liliana Olivero, Omar Ruiz, Silvia Rivero, Modesta Stabio y Pedro Ochoa Romero.– Piden su urgente tratamiento..

Birri manifestó que “el debate está prácticamente agotado, cualquier dilación en el tratamiento de la ley, pone en riesgo los consensos alcanzados y, en definitiva la posibilidad de que córdoba avance en la protección y recuperación de sus bosques. Por ello hemos pedido el tratamiento sobre tablas del proyecto para que sea debatido en la sesión del día de mañana. La cuestión será tratada en la comisión de Labor Parlamentaria, ha desarrollarse en las últimas horas del día de hoy”.

Cabe destacar que, si bien este proyecto se viene discutiendo en el seno de la legislatura desde hace varios meses, nunca había tomado formalmente estado parlamentario, ya que dicho proyecto nunca había sido ingresado para su tratamiento.

Este proceso de debate lleva más de dos años, entre el trabajo que llevó adelante la COTBN, integrada por diversos actores sociales, académicos y políticos de la provincia y recientemente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura Provincial.

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

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Roberto Birri:
0351-152087939
0358 – 156027510

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LEGISLADOR SOLICITA EL URGENTE TRATAMIENTO DE LA LEY DE ABORTOS NO PUNIBLES EN CÓRDOBA

A raíz de la polémica desatada en el orden nacional sobre el protocolo sanitario en materia de abortos no punibles, el legislador socialista Roberto Birri solicitó el urgente tratamiento del proyecto de ley de su autoría, que propone establecer este protocolo obligatorio para los efectores de salud en toda la provincia de córdoba y que lleva 2 años en la legislatura.

Los principales puntos del proyecto en cuestión son los siguientes:

objeto:
Articulo 1ro.: regular el procedimiento a llevar a cabo por los/as médicos/as en los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, respecto a la atención de abortos no punibles contemplados por los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal de la Nación, para garantizar la salud integral de las mujeres.
Artìculo 2do.: “ En los casos de aborto no punible enunciados en la presente ley, los servicios de salud deberán garantizar:
a. La realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo sin riesgos.
b. La atención médica y psicológica a la mujer pre y post aborto.
ARTÍCULO 3ro: Las prácticas profesionales referidas en esta ley no configuran casos judicializables y por consiguiente se efectivizarán sin requerir autorización judicial previa.

En sus fundamentos, el legislador Birri afirma que “En los últimos tiempos han llegado a la escena pública, a través de los medios de comunicación situaciones terribles y complejas que ponen en crisis los sistemas de salud al no tener resuelto previamente cuál es el rumbo a tomar.
Embarazos de fetos anencefálicos, niñas violadas, mujeres gravemente enfermas luchando por vivir se suceden en la escena pidiendo respuestas urgentes.
Por ello el objetivo de la presente ley es implementar un procedimiento claro para la realización de abortos no punibles en el sistema de salud pública de la Provincia de Córdoba, como así también garantizar un marco adecuado a los profesionales médicos que intervienen en dichas situaciones.

Es necesario garantizar el efectivo goce por parte de las mujeres del derecho a la salud, eliminando para ello los obstáculos que les impiden acceder a prácticas médicas autorizadas como la interrupción del embarazo en los casos expresamente autorizados por el Código Penal”.

Agrega que: “Es importante destacar que si bien no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que debe pedirse autorización judicial para realizar un aborto contemplado dentro del artículo 86 del Código Penal de la Nación, en la práctica estos abortos no se realizan”.
Concluye el legislador socialista diciendo que “Para muchos especialistas y organizaciones de derechos humanos, la negativa a realizar el aborto terapéutico, transgrediendo la obligación legal del Código Penal significa una violación a los derechos humanos de la mujer”.

Finalmente se introduce una modificación en el art. 7mo. de la ley 6222 que regula la actividad profesional de los médicos que garantiza un marco adecuado para dichos profesionales, el que queda redactada de la siguiente manera: Les está prohibido:

d) Practicar, colaborar, propiciar o inducir la interrupción de la gestación por cualquier procedimiento realizado con ese fin; excepto para el supuesto que el embarazo provenga de una violación
o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente; en este caso, el consentimiento de su representante legal será requerido para el aborto; o deba ser realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Leg. Roberto Birri
T.E. 0351-152087939
T.E. 0358-156027510

Intervención en el recinto sobre Plan Federal de Viviendas

Señor presidente: todos los días se aprende algo nuevo en esta Legislatura. En estos dos años y medio que llevamos aprendí que se dictan leyes inconstitucionales, que la Legislatura resigna funciones, que delega facultades en beneficio del Poder Ejecutivo. Ahora, que la Legislatura dicte leyes por las dudas, o por picardía, colma mi capacidad de asombro y es decididamente insólito. Espero que los periodistas que aún permanecen estoicamente en este recinto sean contemplativos con nosotros y mañana no digan que la Legislatura –como propone el legislador Dante Heredia- dicta leyes por las dudas o porque somos más pícaros que los de la Nación...

Quiero agregar dos o tres datos que tienen que ver con algunas precisiones que pueden ayudar a entender mejor una posición. Cuando tuvimos en nuestras manos por primera vez esta iniciativa la vimos con buenos ojos, porque está claro que cualquier atisbo de cumplir con un derecho humano básico, como es el de tener una vivienda, uno lo mira de esa forma. Pero a poco de andar, viendo la desastrosa técnica legislativa que tiene este proyecto, se empezó a tornar naturalmente inviable. Por lo menos debería haber tenido dos normativas, una que se refiriera solamente a la adhesión al Programa de Reconversión, y otra que planteara la constitución del fideicomiso, y quizá podría haber sido distinto el análisis hecho por los bloques de la oposición.
También debo señalar que quedé abrumado, porque estuve sacando cuentas con los números que dio el legislador del oficialismo que nos antecedió en el uso de la palabra, y no fueron 19.500 sino que sumó como 30 ó 40 mil viviendas construidas bajo la gestión de su Gobierno. Entonces, me pregunto: ¿de qué se quejan los cordobeses? Son ingratos con un gobierno que, prácticamente, ha solucionado el tema del déficit habitacional, si se hubieran hecho la cantidad de viviendas a que se refiere el miembro informante del oficialismo. De ser así, los cordobeses no estarían reclamando hoy por este derecho humano básico como es el de la vivienda.
Después de escuchar al legislador Heredia, más que en la Provincia de Córdoba parece que estuviéramos en un cantón suizo, donde no se deben 14 millones de pesos, ni se está endeudado “hasta la cabeza” y por futuras generaciones, ni se debe entre 6 ó 7 meses o un año a los proveedores del Estado.
Originalmente, Córdoba tenía asignadas 16 mil unidades en toda la Provincia, hoy sólo contemplan resolver -en el marco absoluto de las hipótesis y en el mejor de los casos- la mitad, es decir, 8 mil. Nadie mencionó la propuesta para el resto. Además, el fideicomiso se constituyó con activos que suman 643 millones para realizar 8 mil unidades de baja calidad constructiva, porque una vivienda de 65 metros hoy cuesta alrededor de 120 mil pesos cada una, quiere decir que aún así el total afectado en fideicomiso no alcanzaría.
Tampoco se dice ni se ha manifestado que del Plan Federal I restan construir más de 2.000 unidades; no ha habido una sola explicación sobre este tema; sin embargo se plantea otro plan cuando el anterior no fue culminado.
El costo histórico de una vivienda del Plan Federal I era de aproximadamente 55.000 pesos, si uno toma las 2.000 unidades que no se construyeron, que no se ejecutaron, hay 110.000.000 de pesos de fondos enviados oportunamente pero que no fueron canalizados en la construcción de viviendas, y nadie dio una explicación sobre eso. Sí se dijo –aunque nunca lo escuché al Gobernador Schiaretti hacer ese reclamo– que es al revés, que la Nación le está debiendo 130.000.000 de pesos a la Provincia de Córdoba. Entonces, si fuese cierto, por qué nunca escuché al Gobernador –que ha hecho un eje de su gestión quejarse, tirarse al piso permanentemente por las asignaturas pendientes que tendría la Nación con la Provincia, donde ha reclamado siempre por la deuda con la Caja de Jubilaciones y por el PAF– hablar de esos 130.000.000 de pesos que la Nación le estaría debiendo a la Provincia.
En síntesis, señor presidente, la pérdida de credibilidad de un Gobierno que cotiza en baja como este es total. Está claro que es muy difícil que la Nación le crea y le vuelva a mandar recursos y que ningún partido de la oposición va a volver a firmarle un “cheque en blanco”, porque no hubo prácticamente una sola vivienda construida durante el Gobierno del contador Schiaretti, que ya va por su tercer año.
Hay planes de viviendas en los municipios que se las arreglan para resolver el déficit de sus vecinos cumpliendo una función que este Gobierno no cumple -porque no tiene una política habitacional y vende terrenos que son propios a bajos costos-, generando iniciativas solidarias, lo mismo que hacen las organizaciones no gubernamentales que se las ingenian para dar respuesta a personas de bajos recursos.
Está claro que un modelo que en tres años no ha hecho una sola vivienda no las va a hacer tampoco en los años que le quedan.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: al sólo efecto de que el legislador Heredia no se vaya de la sesión sin enterarse por qué en Santa Fe se votó favorablemente la propuesta de reconversión, les informo que Santa Fe cumplió con el Plan Federal I y no se quedó con 110 millones de pesos que en Córdoba todavía no se sabe por dónde andan. Segundo, cuando el Gobernador Hermes Binner mandó la normativa al Poder Legislativo, no hizo un mamarracho como se hizo acá; tercero, en la Provincia de Santa Fe el oficialismo parlamentario no trata de llevar a los empujones a la oposición como ocurre en Córdoba. Por eso, en Santa Fe se votó unánimemente un proyecto parecido al que hoy estamos tratando.

Intervención del Legislador Birri al tratarse la creación de nuevo Juzgado en Río Cuarto

No hay dudas de que se trata de una excelente noticia para la comunidad judicial de la Segunda Circunscripción con asiento en Río Cuarto, y seguramente también lo será para la Primera Circunscripción con asiento en Córdoba...

En lo que a nuestra circunscripción se refiere, esto resuelve un viejo anhelo, una vieja reivindicación, no de la comunidad judicial sino de todas las ciudades y pueblos cuyos trabajadores dependen, fundamentalmente, del único juzgado de conciliación que hay en los tribunales de Río Cuarto.
A quien les habla, en el período 1995-1997, le tocó presidir el Colegio de Abogados de Río Cuarto, cuando ésta era una de las principales gestiones que se llevaba a cabo. Tarde, pero la solución llegó; es una respuesta concreta a las más de 250 mil personas que están en el radio de competencia de este nuevo juzgado, que va a brindar una importante contribución para resolver la enorme saturación de causas que invaden al actual juzgado de conciliación.
Como se ha dicho, no se trata de una demora común sino que afecta a los reclamos de los trabajadores cuyo crédito tiene carácter alimentario, por lo que se hace doblemente grave la demora en la resolución de esas causas.
Por esos argumentos, y por todo lo que se ha expresado, reitero mi satisfacción y la de mi bloque respecto a la creación de estos nuevos juzgados en el ámbito del fuero del Trabajo.

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DEROGA COMPETENCIAS QUE CORRESPONDIAN A LOS JUZGADOS DE MENORES

En el día de la fecha toma estado parlamentario el proyecto de ley que crea el sistema de proteccion integral de niñez y adolescencia de la Provincia. La normativa es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad.


El legislador Roberto Birri, autor del proyecto junto a la legisladora Coria, destacó la importancia de la iniciativa que contó con aportes muy importantes del Colectivo Cordobés por los Derechos de niñas, niños, y jóvenes (Cecopal, Sehas, Serviproh, Seap, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC- Programa del Sol, Foro de Ongs. de Promoción y Desarrollo ).- y acompañado por prácticamente todos los bloques de la oposición como la UCR, como Omar Ruiz (ARI) Liliana Olivero (IZquierda Socialista), Silvia Rivero (Concertación Plural), Nadia Fernández (Peronismo Militante).-

Explicó Birri que, entre otros aspectos, se deroga parcialmente la ley 9053, incluyendo las competencias de los Juzgados de Menores en todo lo que sea materia prevencional y que con este proyecto cualquier acción, decisión o medida administrativa o judicial que restablezca derechos vulnerados de un niño o adolescentes será adoptado por el órgano administrativo que recae en la Secretaria de la niñez, adolescencia y familia en articulación con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.

PROYECTO DE LEY PARA PROHIBIR LAS FUMIGACIONES CERCA DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES

El legislador socialista Roberto Birri – Presidente del Bloque del Frente Cívico – presentó un proyecto de Ley que ya tiene estado parlamentario, impulsando modificaciones a la ley provincial que regula el uso de productos agroquímicos. de aprobarse, se prohibiría el uso del glifosato a menos de 800 metros de ejido municipal de cada pueblo o ciudad.

“Entre las principales modificaciones, proponemos concretamente extender la prohibición para la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1500 metros del ejido municipal, para los productos de mayor toxicidad (clases Ia, Ib y 2).”

“Asimismo, prohíbe la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del ejido municipal y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato.”

“La fundamentación del proyecto reconoce numerosos reclamos de las poblaciones del interior provincial particularmente, así como estudios médicos y biológicos y fallos jurisprudenciales que refieren a los graves riesgos para la salud que trae aparejado la utilización de los herbicidas cerca de las poblaciones, en particular el glifosato, expresó el Legislador Birri.”

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Intervención en el recinto: Suspensión de ejecución de inmuebles de Clubes Deportivos y Entidades sin fines de lucro

Señor presidente: he pedido la palabra para expresar naturalmente la adhesión -por supuesto va de suyo con la coautoría- a este proyecto. La verdad es que aquellos a quienes en alguna oportunidad nos ha tocado estar muy cerca de alguna institución, fundamentalmente deportiva -como el caso de quien les habla en clubes de mi ciudad... tenemos absolutamente en claro cuàl es el rol que cumplen en la sociedad de Córdoba, de todo el país y de gran parte del mundo los clubes, las instituciones como asociaciones civiles sin fines de lucro, no solamente en lo deportivo sino también en lo social y en lo cultural, y basta con recorrer la geografía provincial para ver cómo, incluso en aquellas pequeñísimas comunas que existen en la geografía de Córdoba, siempre hay un club o un grupo de vecinos del lugar que se asocian en torno de una institución que, a veces, ni siquiera tiene personería jurídica pero que hace las veces de contenedora de las expectativas de los hábitos de la cultura popular.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.

Intervención en el recinto: venta de inmuebles provinciales para construir comisarías

Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza, provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.

El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.

El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.

El Legislador Roberto Birri, Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social, se expresó a favor de las propuestas y acciones que mejoren el servicio de seguridad pública, a la vez que rechazó enfáticamente la venta de los edificios donde funcionan las comisarías de la ciudad de Córdoba

Birri recordó que en Diciembre de 2008, cuando se aprobó la venta de innumerables y valiosos inmuebles del patrimonio provincial, se denunció la liquidación de los activos públicos: “no se trata de un acto administrativo como si fuera un estertor, ni mucho menos de un hecho espasmódico, se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada. Esta cronología de hechos, está muy claro de que hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que va cerrando eslabonadamente.”, expresó.

La secuela comenzó con la “Ley de Modernización del Estado” -para algunos debió llamarse de desguase del Estado-, por la que, entre otras cosas, crea CORINCOR (Corporación Inmobiliaria Córdoba), una suerte de inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes del erario público.

Luego, crearon el llamado Proceso de Mejoramiento de la Oferta Continúa, que permite vender hasta un 30 por ciento inferior al precio de la tasación.

Posteriormente, vino un tercer paso, antes de llegar al que nos ocupa hoy, cuando se agrega a la Ley de Contrataciones poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones pendientes de pago con los proveedores.

Hoy continúa con la venta de las comisarías. La pregunta es si mañana serán los institutos de menores y pasado los hospitales.

Es el sistema de venta del patrimonio de todos los cordobeses que impera desde el año 1999 de un gobierno neoliberal en retirada, que, ante la impotencia marcada por sus propias limitaciones, hace lo único que sabe bien: seguir vendiendo los bienes públicos para tener sobrevida hasta fin de 2011.

Si la provincia piensa en aumentar los peajes en la RAC, esto se parece más a un robo que a una política equivocada

El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, criticó en duros términos los dichos del Ministro de Obras Públicas sobre los posibles aumentos en los peajes de la RAC y expresó que “tratan de dibujar una noticia negativa como lo es el aumento que se proyecta en la mayoría de las rutas de la RAC, diciendo que no aumentaría en dos rutas, como si eso fuera positivo. No es más que una forma de engañarnos a todos los cordobeses, acá lo importante es que durante más de 10 años nos estuvieron robando plata a cambio de promesas de obras que nunca cumplieron, y la provincia ha sido y sigue siendo cómplice de un gran negociado”...

Por otra parte, Birri adelantó que van a impulsar “la investigación a fondo de los responsables de este negociado y la creación de un ente autárquico, con participación de la provincia, de los municipios y de los usuarios, para que se haga cargo de la RAC con un plan de obras serio, que no implique que los cordobeses sigamos poniendo plata a cambio de promesas”.

“Si recordamos las obras prometidas cuando se instaló el peaje y las comparamos con las existentes en la actualidad, la realidad parece un chiste de pésimo gusto, similar al dislate de Carlos Menem cuando nos hablaba de una nave que viajaría por la estratósfera para aterrizar en un santiamén en Japón, con la diferencia de que en el caso de la RAC, los cordobeses hemos entregado miles de millones de pesos al concesionario, a cambio de nada. Y por si la burla fuera corta, deberemos pagar además setenta y seis millones de dólares durante los próximos 8 años en concepto de indemnización. Un “negocio redondo” para quienes no cumplieron con las exigencias de la concesión.”


AGRADECEMOS LA DIFUSIÓN DE ESTA GACETILLA

Contacto: Roberto Birri

Celular de Río Cuarto: 0358-156027510

Celular de Córdoba: 0351-152087939

LEY DE BLANQUEO: EL FRENTE CÍVICO SOLICITARÁ LA DEROGACIÓN DE LA EMERGENCIA PREVISIONAL Y EL CESE DE LA INTERVENCIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES.

En el tratamiento del proyecto que establece la conversión de las cifras no remunerativas en remunerativas -que se realizará en la sesión de mañana en la Legislatura Provincial-, el Bloque del Frente Cívico y Social, presentará un dictamen propio, incluyendo propuestas como la derogación de la emergencia previsional y el cese de la intervención en la Caja de Jubilaciones, entre otras.

El presidente de este bloque, Roberto Birri, expresó que “el hecho de que este gobierno asuma la responsabilidad que le asigna la ley y los fallos de la justicia en el sentido de dejar de pagar el salario en negro a los trabajadores es un avance, pero también entendemos que están dadas las condiciones para avanzar aún más en la regularización del sistema previsional, a través de la derogación de la emergencia, el cese de la intervención de la Caja y la exigencia de que en el futuro todos los aumentos que se otorguen a los trabajadores sean incorporados al básico para no caer otra vez en la misma situación”.

Además, desde el Frente Cívico se opondrán al recorte que plantea el proyecto del ejecutivo en los aportes para la obra social Apross, por considerar que “no puede vestirse un santo desvistiendo a otro. La obra social no solo que no soporta un recorte, sino que necesita mayores recursos para hacer frente a las necesidades de miles de afiliados que hoy en la práctica se encuentran sin cobertura. Basta recorrer los pueblos del interior para saber que la Apross está en una situación gravísima”, expresó el legislador socialista Roberto Birri.


SE AGRADECE SU DIFUSIÓN
Contacto:
Roberto Birri:
0351-152087939
0358 – 156027510

roberto.birri@gmail.com

EL LEGISLADOR ROBERTO BIRRI SOLICITÓ QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA INFORME DE MANERA URGENTE A LA LEGISLATURA SOBRE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE TORTURA EN LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA

CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO PROVINCIAL:

El Legislador socialista Roberto Birri (Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social), presentó un proyecto de resolución para que el Ministro de Justicia informe de manera urgente al Poder Legislativo sobre la presunta existencia de elementos de tortura en las cárceles de la provincia y otros aspectos que “muestran una gravísima situación del sistema carcelario provincial, incluyendo la duda sobre presos posiblemente asesinados o torturados en ámbitos de responsabilidad del Estado Provincial”, según expresó en sus fundamentos...
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Además de este hecho que tomó estado público, el legislador socialista viene denunciando hace tiempo la violación de los derechos humanos en las cárceles, especialmente en la Penitenciaría de Río Cuarto, donde hace pocos días se encontró un recluso muerto.

“La situación en Río Cuarto es gravísima, incluso tenemos información de que en los últimos días estarían trasladando a otros reclusos que fueron testigos de los hechos donde falleció un recluso, con el objetivo de evitar que brinden información sobre lo ocurrido”, expresó Birri.

El articulo 18 de la Constitución de la Nación en su parte final, reza: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de preocupación conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” esta máxima, es la base fundamental de una idea respecto al sistema carcelario argentino, porque ya desde 1853 se plantea que dicho sistema debe resocializar; no ser permisivo con el delito, pero tampoco extralimitarse con el castigo, debe generar las herramientas para que quien actuó de manera contraria a la ley cumpla una condena, pero luego de ella debe tener la posibilidad de ser parte de la sociedad como cualquier otro ciudadano.

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

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roberto.birri@gmail.com

Quiero solicitar la reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas del expediente 5008, a partir de los siguientes fundamentos: seguramente, el mes de enero próximo pasado va a ser recordado por los cordobeses como uno de los más impiadosos de los últimos tiempos como consecuencia de la feroz crisis energética que asoló a los pobladores de la Provincia de Córdoba..., con consecuencias que son de público conocimiento en términos de afectación de calidad de vida de la gente, fundamentalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, de afectación al sector productivo de la Provincia, y con las gravosas consecuencias económicas que nos animábamos a presagiar, en aquel entonces, que iban a venir para el erario público.
Como consecuencia de eso, el Gobernador remitió a este Poder Legislativo el Decreto 44, del año 2010, por el que, entre otras cosas, instruía a EPEC a efectuar todas las reclamaciones legales correspondientes contra Transener, incluida la de demandar judicialmente a la misma por daños y perjuicios.
El presidente de EPEC, envalentonado por el decreto del Ejecutivo, durante una reunión que se realizó en la Sala Regino Maders los primeros días del mes de febrero, cuando la crisis todavía continuaba –en rigor de verdad, la crisis continúa porque sigue habiendo cortes en distintos lugares de la geografía provincial-, dijo textualmente: “Estimamos que los 8 millones de multa que le van a poner a Transener -en realidad que tiene que pagar Transener por los días que no hubo provisión de energía- no alcanzan, por eso he dicho, más allá de que alcancen o no, que creo que Transener, además de hacerse responsable de esto, tiene que pagar los daños y perjuicios que esta situación nos ha provocado”. A continuación, decía: “le vamos a presentar una demanda a Transener, y la intención, más allá del resultado de la misma es que esto nos sirva para resarcir los daños que nosotros, como distribuidora, hemos tenido”.
Ergo, ¿qué decía Bonetto? –que a esta altura del partido tendría que haber renunciado. Primero: “no tenemos la culpa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros”. Segundo: “con los 8 millones de multa que automáticamente –no hace falta ni una carta documento- Transener le tiene que pagar a la Provincia vamos a resarcir a la totalidad de los usuarios. Pero, como eso no es suficiente, le vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios a Transener”.
El proyecto que planteamos en febrero no abarca el primer tema, porque a esta altura del partido no hay duda de que la crisis se debe a la ineficacia del Gobierno, a través de EPEC, por desinversión, por falta de planificación y por una pésima administración que tuvo con Bonetto a la cabeza, con lo cual sobre ese tema ya no hay ninguna duda y no vamos a volver. Simplemente cabe saber dónde está la responsabilidad política del presidente de EPEC, porque en todos los lugares del mundo, menos en la Provincia de Córdoba, parece ser que los que hacen desastres, los que fracasan en sus políticas, algún costo pagan.
Sobre los otros dos temas, son a los que apunta el pedido de informes, porque debiéramos conocer los usuarios y las familias de la Provincia de Córdoba qué es lo que pasó. Primero, saber si Transener pagó la multa que tenía que pagar, si la Provincia inició el juicio que había prometido el Gobernador y fundamentalmente Bonetto, y tomar conocimiento de esto. Si aún no se inició, a pesar del decreto gubernamental, me parece que estamos ante una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, si se decidió no iniciarlo porque jurídicamente se valoró que no corresponde, de nuevo estaríamos ante una tamaña irresponsabilidad por parte de quienes, marketineramente, quisieron salir de cualquier manera del enorme costo que generó la crisis energética.
Por último, también nos interesa saber cuál es la incidencia que ha generado en el erario público la crisis energética del verano pasado. Digo esto para saber si, tal cual lo prometió Bonetto, alcanzan o no los 8 millones de pesos que le iba a cobrar de multa a Transener para pagar los reclamos que hicieran los usuarios. Adelanto que me parece que no le van a alcanzar, porque un solo usuario industrial del interior de la Provincia ya le ha reclamado 5 millones de pesos, y son miles los usuarios que reclaman.
En consecuencia, como no queremos conjeturar, nos pareció atinado, prudente y conveniente que rápidamente EPEC conteste este pedido de informes.
Muchas gracias.

EL LEGISLADOR BIRRI PIDIÓ AVANZAR HACIA LA DEROGACIÓN DE LA EMERGENCIA PREVISIONAL Y SE MOSTRÓ CONFORME CON LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR DE DEJAR DE PAGAR EN NEGRO A LOS TRABAJADORES PROVINCIALES.

El legislador del socialismo Roberto Birri, dijo que “si existe la decisión de dejar de abonar en negro parte del salario de los trabajadores provinciales, sin duda es un hecho positivo que vamos a apoyar desde nuestro bloque”, y recalcó que “hace más de 6 meses iniciamos un proyecto similar, incluso antes de los fallos del Tribunal Superior; hoy el Gobierno no tiene otra alternativa que cumplir con la constitución. Debe garantizarse realmente el 82% móvil a los jubilados, para lo cual habrá que pensar en derogar la emergencia previsional.”

Por otra parte, expresó que “sería muy positivo que en pocos días podamos aprobar una ley que ponga fin a una situación irregular que lleva décadas en nuestra provincia. Resulta una verdadera paradoja que sea el propio Estado el que está abonando en negro el salario a sus trabajadores, desfinanciando los organismos de seguridad social y provocando una enorme injusticia a los jubilados”.

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN
Contacto:
Roberto Birri:
0351-152087939
0358 – 156027510

roberto.birri@gmail.com

Proyecto en apoyo a la lucha de las trabajadoras sexuales contra la discriminación y la represión.

Entrevista en el Programa "El Show de la Mañana" (15/04/2010)

Intervención en el recinto: Pedido de Juicio Político al Ministro de Salud

Sr. Birri.- Señor presidente: en el día de la fecha, antes de las 9 y 30, que es el horario acordado para que los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas sean receptados como tales, el bloque del Frente Cívico presentó un pedido de informes requiriendo la presencia del Ministro de Salud Pública en el ámbito de esta Legislatura...

Es cierto que no pudo ser anunciado, como es de costumbre, en la reunión previa de la Comisión de Labor Parlamentaria porque ésta comenzó en un horario en el que nuestro bloque todavía no se había reunido, quedando en una suerte de zona gris, por lo que le voy a pedir una autorización particular para este caso y que en un breve término, que no exceda lo que puede ser el de un pedido de reconsideración, podamos explicar los motivos de urgencia en el tratamiento del tema. ¿Me otorga la autorización?

Sr. Presidente (Campana).- Si, señor legislador.

Sr. Birri.- Señor presidente, una breve mirada retrospectiva nos lleva al inicio de la sesión inaugural de esta Legislatura, cuando el señor Gobernador de la Provincia, en un anuncio que este bloque recibió auspiciosamente, nos decía que las tareas realizadas en el área de la Salud han sido muchas y muy importantes, tanto que podemos hablar de una revolución en silencio de la salud pública de nuestra Córdoba.
La verdad, señor presidente, que nuestra reflexión nos indica que, a poco de haber ocurrido este acontecimiento, la realidad nos muestra que más que una revolución en el campo de la Salud, a lo que estamos asistiendo es a una suerte de verdadera pesadilla.
El fallecimiento de dos turistas en Carlos Paz y de un vecino de la localidad de Capilla del Monte son –a nuestro juicio– la punta del iceberg por donde aflora una muestra patente de la gravísima situación sanitaria por la que atraviesa la Provincia de Córdoba, y el producto de uno de estos acontecimientos fue tapa de los diarios nacionales, principal espacio en las pantallas de televisión, quedando Córdoba como un reflejo de lo que no debe ocurrir en ningún lado en materia de salud pública.
En cualquier lugar del mundo, señor presidente, ante esta situación un Ministro de Salud lo que hace es salir a explicar la situación y hacerse cargo de sus responsabilidades, menos en Córdoba, y menos para González, porque el Ministro de Salud, en realidad, lo que hizo fue marcar responsabilidades, desde que los culpables de esta situación absolutamente infortunada fueron los médicos a cargo de las terapias de los hospitales hasta que la culpa la tenían los familiares de las víctimas, pasando por una grilla de, por ejemplo, falta de colaboración de los trabajadores de la salud, reclamos gremiales en los distintos hospitales –en el Neonatal, en el Tránsito, en el Misericordia. O sea, cualquiera menos él.
En realidad, ese “cualquiera menos él” se extiende también -y ha sido motivo de requerimiento por nuestra parte- al lujo que se da al rehuir a dar explicaciones ante los requerimientos de esta Legislatura, que hace prácticamente un mes que está pidiendo su presencia.
En realidad, la pregunta es si se podía esperar otra cosa de un ministro que está más preocupado por su candidatura a gobernador que por resolver los problemas que tiene la gente en materia de salud pública. La verdad es que la reflexión es que Dios nos libre si este hombre llega a conducir los destinos de la Provincia como lo está haciendo con los destinos de la salud pública.
Hoy la situación es de extrema gravedad. La lista es larga, ejemplos: el servicio del 136 está prácticamente desmantelado; carencia de insumos básicos por falta de pago a los proveedores; falta de recursos humanos en los hospitales, sanciones y traslados arbitrarios, pago en negro a los trabajadores de los equipos de salud que hoy son el único sostén de los servicios sanitarios, y que ni siquiera son recibidos por los directores de los hospitales, eso es moneda corriente, y algunos hospitales que debieran ser un verdadero lujo, como materia de trabajo de excelencia, más que hospitales parecen hospicios del siglo XIX.
Señor presidente: es imperioso un cambio sustancial de 180 grados en la política de salud provincial. Lamentablemente, las muertes y el desamparo de nuestros ciudadanos no pueden seguirse, siendo el precio a pagar por la falta de respuesta de la máxima autoridad de salud de la Provincia.
Concluyo informando que, por estos motivos y por otros que serán expresados por escrito, más de un bloque legislativo pedirá que se active el mecanismo previsto en el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba para que el señor Oscar González, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, sea sometido a juicio político, a fin de que sea destituido por mal desempeño de sus funciones.
Muchas gracias.

Apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo

Escuchar audio del programa "radioinforme 3"
La fiscal Silvia Barrigó avaló el planteo de "inconstitucionalidad" de la ley de matrimonio civil 2.393 presentado por una pareja gay en Córdoba, luego de que en diciembre le fuera denegado un turno para contraer matrimonio en el Registro Civil....

Ahora el caso "Palavecino contra el Gobierno de Córdoba" quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial de 30ª Nominación.

La magistrada sostiene que es "inconstitucional" la normativa vigente que impide el matrimonio a personas del mismo sexo.

Al respecto, el legislador Roberto Birri (Frente Cívico) apoyó el planteo de la pareja en condición de "amicus curiae", postura que compartieron los parlamentarios Liliana Olivero, Omar Ruiz, Cecilia Merchán y Norma Morandini, además de la investigadora docente Adela Coria.

Entrevistado por "Radioinforme 3", Birri señaló: "Creemos que el artículo 172 de la ley de matrimonio civil violenta la Constitución. Proponemos su modificación, porque expresa que para contraer matrimonio se debe dar la existencia de un hombre y una mujer".

"Planteamos que se cambie por la denominación de 'contrayentes' del mismo o de distinto sexo", explicó Birri.

El parlamentario puntualizó que "la unión civil es un paso previo, pero no permite lograr el estatus jurídico del matrimonio, con implicancias en la herencia, pensión, adopción, alimentación y divorcio".

"Creemos que el nuevo concepto de familia se ha modificado a partir de las uniones homoparentales, de la fertilización asistida, del divorcio, etcétera. El matrimonio homosexual ya está permitido en Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Suecia y Noruega", puntualizó Birri.

Por último, consideró que "las personas del mismo sexo son tan capaces como los esposos de expresar y compartir el amor" y destacó que "la ley de matrimonio civil es del siglo 19".

Proyecto de ley para evitar el pago en negro a los trabajadores provinciales y garantizar el 82% real a los jubilados

El legislador Roberto Birri, presidente del Bloque del Frente Cívico y Social acompañó hoy al mediodía a los jubilado provinciales que reclamaron en la legislatura por el fin de la intervención a la Caja y la plena vigencia del 82% móvil, y comunicó su proyecto de ley que deroga el inciso “e” del art. 9 de la ley 8024 que permite al gobierno pagar en negro a los empleados públicos.

“El gobernador es responsable de evitar una catarata de jucios por parte de los jubilados provinciales y debe convocar a todos los sectores a buscar soluciones de largo plazo garantizando por ley el 82% real que hoy está reconociendo la justicia.”

En dicho acto expresó que “los legisladores oficialistas y el Gobernador tienen la obligación de modificar la ley previsional y evitar una catarata de juicios por parte de los jubilados provinciales. Es imprescindible que a los trabajadores se les deje de pagar en negro y que a los jubilados se les garantice su derecho a percibir el 82% real de lo que cobran los activos, porque para eso aportaron toda la vida”.

El legislador del socialismo destacó que “desde nuestra banca, no solo nos hemos opuesto a una política sistemática de vaciamiento y de reformas a espaldas de los trabajadores, sino que hemos impulsado a fines del año 2009, cuando aún no estaban los fallos del Tribunal Superior, un proyecto de Ley para terminar con esta verdadera paradoja de que sea el propio Estado el que está abonando “en negro” el salario a sus trabajadores, desfinanciando los organismos de seguridad social y provocando una enorme injusticia a los jubilados”.

Sobre este proyecto que tiene estado parlamentario expresó que “aún no hemos logrado que el oficialismo lo apruebe, pero creemos que ahora estamos más cerca, porque se complementa con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en el fallo “Abaca” y el gobierno no se puede hacer el distraído”.

Y agregó que “en todo caso, si faltan recursos, deberían blanquear la situación de la caja y sentarnos todos, incluyendo a los trabajadores y a los jubilados, para buscar alternativas superadoras. Pero el objetivo debe ser garantizar jubilaciones dignas y no seguir cortando el hilo por lo más delgado como han hecho hasta ahora los últimos gobiernos. Desde nuestra fuerza política estamos dispuesto a participar en la búsqueda de soluciones a este tema tan importante.”

Ver proyecto de Ley Nº 3970/2009, de fecha 04/11/2009

Interpelación al Ministro de Salud de la Provincia.

Se solicita la interpelación del Ministro para contar con información sobre la situación del sistema de salud provincial, específicamente sobre la disponibilidad de camas de terapia intensiva en distintas zonas de nuestra provincia. Además se pretende aclarar la situación y la respuesta que dió el sistema de salud ante el caso del turista fallecido por falta de atención.

ver proyecto completo ...

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Citar al Sr. Ministro de Salud, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:

1) Cuál es el número de camas para terapia intensiva con que cuentan los Hospitales Públicos en toda la provincia de Córdoba, distinguiendo entre Córdoba Capital e Interior.

2) Si considera que el número de camas para terapia intensiva que tiene la provincia es adecuada a la demanda y el número de ciudadanos. Caso contrario explicite cuáles son las necesidades más urgentes en este sentido en las distintas zonas de la provincia y si existe un plazo estimado para cubrirlas.

3) Cuál fue la respuesta que le brindó el sistema público de salud de nuestra provincia al Sr. José Fortina, turista entrerriano, quien lamentablemente perdiera la vida en Córdoba, presumiblemente por no haber sido atendido en un hospital público por falta de camas de terapia intensiva. Explicite ampliamente sobre la situación, brindando los detalles necesarios para un esclarecimiento de la misma.

4) Qué medidas se toman o tomaron a efectos de esclarecer el hecho y además prevenir que una situación similar ocurra en el futuro.

5) Explicite detalladamente qué es y cómo funciona el Centro de derivación del paciente y si considera que es correcta la articulación.

6) Con cuántas camas de terapia intensiva cuenta el Hospital de Río Cuarto.

7) Con cuántas camas de terapia intensiva cuentan los hospitales públicos de los Departamentos Punilla, Colón, Roque Sáenz Peña y General Roca.

8) Si los hospitales públicos de los Departamentos Sáenz Peña y General Roca cuentan con Unidad Coronaria.

9) Si tiene conocimiento que los pacientes del Departamento Roca son derivados a la unidad coronaria de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa.






FUNDAMENTOS

Parece ser que, desde el comienzo del año, una serie de sucesos desafortunados se abaten sobre la provincia de Córdoba. Desde enero en adelante todos los ciudadanos debimos soportar la interminable ola de cortes imprevistos, causando angustias y daños en la población. Más allá de las culpas e imputaciones recíprocas con el gobierno nacional, el hecho desnudó una realidad insoslayable: una vez más, el Gobierno provincial no realizó las previsiones ni inversiones del caso para evitarlo.

Esta semana, en otro lamentable hecho, un turista murió en la madrugada del domingo en la ciudad de Córdoba, según lo informado por la prensa, luego de que sus familiares peregrinaran durante cuatro horas para conseguirle cama en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para tratarlo de un infarto de miocardio.

Ello habría comenzado alrededor de las dos de la mañana del domingo cuando el ciudadano entrerriano, Sr. José Fortina, quien estaba de vacaciones en Villa Carlos Paz, sufrió una descompensación al salir de un teatro; y habría tenido que esperar cuatro horas para conseguir una cama de terapia intensiva en la ciudad de Córdoba. Cuando llegó al Sanatorio Francés, ya era muy tarde. Murió a los minutos.

Según indicaron los medios de información, los hospitales provinciales no tenían lugar y los privados sólo lo aceptaban si pagaba por adelantado entre ocho mil y 12 mil pesos

Por otra parte, el cuñado de la víctima se refirió a los argumentos utilizado por el titular de Salud de la Provincia, Oscar González, y señaló: “El ministro no sabe que el paciente tenía un convenio con la Apross, nada más y nada menos que la obra social de la Provincia”. Por último y, según la información circulante, el Sr. Ministro de salud habría declarado que: “Vamos a iniciar un sumario. Es una barbaridad, es una conducta inaceptable. Eso no debe quedar así”, remarcó el funcionario en declaraciones radiales. Recordó, además, que Fortina tenía obra social. González admitió la falta de camas de terapia en la Capital, pero dijo que este año se inaugurarán 80 nuevas salas en el Hospital Misericordia y en el Hospital Córdoba.

Hasta ahí lo informado por la prensa.
Este hecho, (de haber ocurrido del modo descripto por los medios) no solo pone de relieve la improvisación y falta de articulación de medios que contengan una situación determinada, como la ocurrida, sino que desnuda todo un trasfondo del estado de los hospitales y la salud pública en la provincia de Córdoba.

Por ello, es necesario que el Sr. Ministro venga a la Legislatura a explicarnos la realidad de los hechos, la realidad de los hospitales públicos de la provincia; todo ello a fin de tener conocimiento directo de lo ocurrido, por medio de la autoridad correspondiente.-
Por ello, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de Resolución.

Denuncia por posible abuso sexual y venta de drogas en la Policía de Río Cuarto

A raíz del escándalo en el que se encuentra envuelta la Departamental Río Cuarto de la Policía de la Provincia, Birri pidió el desplazamiento de la cúpula policial departamental, la interpelación del Ministro de Gobierno y el urgente traslado de la Sede Policial.

La denuncia incluye una causa judicial donde se investiga a miembros de la fuerza por posible abuso sexual y venta de drogas en la sede policial, el Presidente del Bloque de Legisladores del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, ha solicitado se lleven adelante de manera urgente las siguientes medidas: ....

1) El apartamiento temporal de la cúpula de la Jefatura de la Departamental; medida cuya vigencia como mínimo debe ser el del tiempo que dure la investigación del caso Auci.

Al respecto, el dirigente socialista fundamento su pedido en que la imputación del fiscal Julio Rivero dio crédito a la denuncia de la víctima, y ante la pobre respuesta de las autoridades en ejercicio; entiende que “la contestación de la autoridad policial nunca puede ser corporativa”, y agrego: “Ya parece ser un secreto ‘a voces’ que en los lugares de detención de la policía se comercializan medicamentos y pastillas adictivas, y resulta poco creíble que desde la cúpula de la fuerza se desconozca todo; la jefatura departamental no ha tenido capacidad de respuesta, incluso semanas atrás se fugo un recluso y lo único que reino fue el silencio”.

2) Avanzar en la inmediata interpelación al Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Caserio, responsable político del área, quien no ha contribuido en absoluto a aclarar este preocupante suceso. “Es un hecho de inusitada gravedad institucional, la posibilidad de la existencia de la venta de estupefacientes por parte de integrantes de la propia fuerza, y queremos saber si se está investigando el tema, cuáles son los resultados a los que se han arribado y las sanciones previstas y a ejecutar, a cuyo fin se presentó el viernes próximo pasado un proyecto de Resolución para conocer de manera pormenorizada tales extremos”.

3) Solicitamos a la Administración de Juan Schiaretti que se lleve adelante la inmediata relocalización de la Sede policial: “Es necesario avanzar en dicha modificación, la actual ubicación cuenta con toda clase de vicios, es inadecuada, inapropiada, no resulta funcional, y es de excesiva peligrosidad incluso para los ciudadanos que transitan en sus inmediaciones, teniendo como ejemplo los hechos antes referidos”; y termino manifestado que “urge crear un plan serio en materia de infraestructura edilicia, acorde a la importancia que debe otorgársele a las políticas publicas de seguridad”.-

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN.

ver proyecto de resolución >>

CONTACTO: Leg. Roberto Birri 0358 - 156027510

Inhabilitación de genocidas para acceder a cargos públicos

Mediante este proyecto de Ley, proponemos modificar la legislación electoral y de partidos políticos de nuestra provincia, para que los acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, como así también quienes se desempeñaron en altos cargos (nacionales, provinciales o municipales) en el periódo de la última dictadura militar, queden inhabilitados para ser afiliados a los partidos políticos y candidatos a cargos públicos.

Esta norma armoniza la legislación, ya que una similar fue aprobada durante el año 2009 a nivel nacional.

ver proyecto...

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA SANCIONA CON
FUERZA DE LEY

Artículo 1º: MODIFÍCASE el artículo 37 de la ley 9572 e incorpóranse al mismo los incisos 5º; 6º; 7º y 8º.

El artículo 37 de la ley 9572, que establece el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 37: No podrán ser afiliados, precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos provinciales ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

1) Los excluidos del Registro Nacional y Provincial de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

2) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio;

3) El personal superior o subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o retirado llamado a prestar servicios, y

4) Los magistrados y funcionarios en actividad del Poder Judicial Nacional y Provincial.

5) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

6) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

7) las personas que hayan usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983

8) las personas que hayan ejercido los cargos de Ministro, Secretario, Subsecretario o Director en cualquier dependencia del Estado Nacional, Provincial o Municipal , o equivalentes en jerarquía y rango, durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983.

No quedarán comprendidos en el presente supuesto de inhabilitación, aquellas personas que hubieren accedido a los cargos de Director en virtud de carrera administrativa previa.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales en violación a lo establecido en el presente artículo.

ART. 2º) De forma.-



FUNDAMENTOS

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el pueblo argentino, encabezado por los organismos de derechos humanos, reclamó cada vez con más fuerza Verdad y Justicia para con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio producido por la Dictadura Cívico Militar que usurpó el poder el 24/03/76.

También desde ese mismo momento sectores cómplices y beneficiarios del modelo de hambre impuesto por el régimen militar, empezaron a plantear que lo que correspondía era un proceso de Reconciliación Nacional, cuyo supuesto objetivo era sepultar el pasado que nos había dividido, instalando la impunidad y el olvido como ejes fundamentales.

Las llamadas Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y más tarde los indultos, fueron las herramientas legales utilizadas para imponer, contrariando toda la legislación nacional e internacional, la impunidad como politica de estado y la negación del derecho fundamental a la justicia a las víctimas y a la sociedad toda. Durante más de 20 años, este andamiaje legal, permitió a miles de genocidas reciclarse y ocupar lugares de relevancia en distintos sectores del Estado a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Un triste ejemplo de ello fue el cargo de gobernador y más tarde su intento de ingresar al Congreso Nacional, del ex General Bussi y Luis Abelardo Patti entre muchos, quien en la actualidad se encuentra detenido y condenado en el primer caso y procesado por crímenes de lesa humanidad en el segundo.

Sin embargo, desde el año 2003, con la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, más conocidas cómo Punto Final y Obediencia Debida, una nueva etapa ha comenzado en nuestro país, el principio del largo y arduo proceso de poner fin a la más cruel de las impunidades y a la falta de justicia.

No obstante, respecto de las personas involucradas en el terrorismo de estado, recordemos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó ya en el año 1995 en su informe sobre nuestro país, que "... se establezcan procedimientos adecuados para asegurar que se relevará de sus puestos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad contra los que existan pruebas suficientes de participación en anteriores violaciones graves de los derechos humanos...".
Se sindicaba de esta forma que el mantenimiento en la estructura estatal y en el diseño de las políticas públicas de quienes años antes, han utilizado esa misma estructura como maquinaria de persecución terror y exterminio, constituía un grave error.

Asimismo, dicho Comité en su informe sobre la Argentina en el año 2000, destacó que: "Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan incluso obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las Fuerzas Armadas o en la administración pública".
Del mismo modo, numerosos fallos judiciales de tribunales nacionales y extranjeros, han señalado que, durante el período de ruptura institucional comprendido entre el 24/03/1976 y el 10/12/1983, ha ocurrido en nuestro país un genocidio planificado, preparado y ejecutado desde el Estado, que presenta características comunes a todo delito de lesa humanidad.

Esta afirmación emana de precedentes jurisprudenciales, pero también del consenso generalizado de nuestro pueblo que ha sido partícipe de las luchas para revertir el encubrimiento y la impunidad de estos crímenes.
Respecto de los primeros y más recientes, podemos destacar las condenas a Luciano Benjamín Menéndez y toda su patota, Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, emanadas del Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de la Plata y la del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España en la condena contra Adolfo Scilingo.

Los miembros del Tribunal Oral Federal N°1 sostuvieron en la fundamentación del fallo que condenó al ex - comisario Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua por delitos cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la Argentina entre los años 1976 y 1983 que:
"...no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión, mas allá de la calificación legal que en esta causa se haya dado a esos hechos a los efectos de imponer la condena y la pena.

La afirmación que antecede proviene del análisis que sigue y es el resultado de la utilización de la lógica más elemental.
Ya en la sentencia de la histórica causa 13 se dió por probada la mecánica de destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron "Proceso de Reorganización Nacional".

Así, en la causa 13/84 donde se condenó a los ex integrantes de las Juntas Militares se dijo: "El sistema puesto en práctica -secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad y, en muchos casos eliminación de las víctimas-, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo" .

Esta definición fue reproducida en la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 por la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la causa nº 44, introducidas ambas al debate por su lectura. Cabe agregar que en la misma causa 13 se aclaró luego que ese "sistema" se dispuso en forma generalizada a partir del 24 de marzo de 1976 (cap. XX causa 13/84)...

...Es precisamente a partir de esa aceptación tanto de los hechos como de la responsabilidad del Estado argentino en ellos, que comienza, a nuestro entender, el proceso de "producción de verdad" sin el cual sólo habría retrocesos e impunidad"

Llegados a este punto, analizando en contexto los fallos argentinos citados (causa 13, 44, Etchecolatz y Von Wernich), surge sin dificultad que no estamos frente a la mera suma de delitos, sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar "genocidio" en los términos del artículo II) de la Convención Para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del año 1948, suscripta y ratificada por la Argentina por el Decreto Ley N° 6286 del 9 de abril de 1956, y que hoy goza de jerarquía constitucional a partir de su expresa incorporación a la Carta Magna por vía del art. 75 inc. 22.

Dicho esto, consideramos de suma urgencia e interés institucional la aprobación de una norma que impida a los autores, participes o que de cualquier manera hayan tenido participación en graves violaciones a los derechos humanos puedan ser candidatos a cargos electivos o accedan a cargos públicos por cualquier vía.

Las restricciones e inhabilitaciones que pretende implementar el presente proyecto de ley deben ser interpretadas a la luz del contexto histórico vivido en nuestro país que ha diezmado a toda una generación, pero cuyos efectos continúan, se proyectan y se sufren hasta nuestros días.
Estos hechos por su sistematicidad, generalidad y profunda crueldad agravian a la humanidad toda y exigen, por lo tanto, la instrumentación de mecanismos legales idóneos para evitar su impunidad a los ojos de la comunidad de naciones. En esa búsqueda se enmarca la presente propuesta de ley, que tiene en mira, no solo el pasado, sino las generaciones que vendrán. Pues ellas, sabrán con certeza que nadie que sea capaz de torturar salvajemente, asesinar, o peor aún, desaparecer sin rastro a un ser humano, dentro de un plan sistematico de terrorismo estatal, podrá luego, aspirar a cargos públicos o a definir políticas públicas.

Esto constituye lisa y llanamente garantía de protección de convivencia pacífica de los pueblos.

Para ello hay que comenzar por manifestar que la norma propuesta guarda lógica y coherencia en el plexo normativo vigente, pues, el articulo 16 de la Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos "sin otra condición que la idoneidad".

Esta idoneidad exigida por el precepto constitucional sin duda debe ser entendida e interpretada a la luz del nuevo paradigma ético-jurídico expresado en la Reforma Constitucional del año 1994, a través de la cual los constituyentes han expresado con elocuencia el valor que se le asigna a la protección del sistema democrático y al respeto de los derechos humanos del que este es garante.

En este sentido cabe recordar las palabras del prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos, quien afirma respecto de la idoneidad, que:

"La Constitución no establece contenidos específicos para la idoneidad, por lo cual, ésta debe ser valorada de acuerdo con las pautas éticas vigentes. Sin duda, entre dichas pautas tiene un valor supremo la democracia en tanto sistema para la vigencia y protección de los derechos humanos. La esencia constitutiva de la democracia radica en el reconocimiento, el respeto, la tutela y la promoción de los derechos humanos".

No se trataría entonces de un concepto abstracto o sustituible según marchara el gobierno de turno, sino una firme expresión de voluntad sobre el compromiso de respecto de los derechos humanos, tal como ha evolucionado en el orden internacional del que nuestro país forma parte, desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas hasta nuestros días.
En ese sentido, y para hacer plenamente operativos todos los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, y que hoy integran el plexo jurídico constitucional, así como los principios generales del derecho, que son fuente de derecho internacional de los derechos humanos, es nuestro deber como legisladores, adecuar la legislación interna y considerar inhabilitadas para ejercer cargos públicos a todas las personas que habiendo sido condenadas, o sometidas a proceso por graves violaciones a los derechos humanos, o sobre las cuales existan pruebas suficientes de participación en gravísimas violaciones a los derechos humanos de entidad tal que constituyan delitos de lesa humanidad, como así también aquellos que hayan tenido responsabilidad política por usurpar cargos de alta jerarquía y hayan tolerado, en el menor de los casos, el genocidio en marcha, no posean la exigencia de idoneidad requerida por nuestra Constitución Nacional.

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 10.804 "Rios Montt v. Guatemala" estableció que "El derecho a la participación como candidato en una contienda política surge del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y si bien el Estado puede reglamentar estos derechos y oportunidades por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal, no es menor cierto que el artículo 32 de la Convención establece un marco de interpretación aplicable cuando dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática...

En este aspecto considera la Comisión la relevancia para el análisis de los otros instrumentos del sistema interamericano, en primer lugar la Carta de la Organización de Estados Americanos y los numerosos pronunciamientos a lo largo de la centenaria historia de la Organización, en cuanto reafirman al sistema democrático constitucional como base y objetivo de la acción del sistema y de sus Estados componentes.

A partir de esta premisa, considera la Comisión que el contexto del derecho constitucional guatemalteco e internacional en que se ubica esta condición de inelegibilidad es la dimensión apropiada para el análisis de la aplicabilidad de la Convención en general, y de sus artículos 23 y 32 al caso sub-judice, y de la cual puede surgir el margen de apreciación permitido por el derecho internacional"

En el caso expuesto se consideró que "los principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional, inhabilitación de sus líderes para altas magistraturas, y no reelección, fueron adoptados por considerarse principios jurídicos de relación internacional y de defensa común de la consolidación democrática de la región".

Así también al considerar la Comisión "si en este mismo contexto jurídico esta norma establece un principio discriminatorio individual o general que sería contrario no sólo al artículo 23, Derechos Políticos, de la Convención Americana, sino a los principios generales de la misma ... recuerda la Comisión que esto debe analizarse de acuerdo a las circunstancias del caso y las concepciones jurídicas prevalecientes en el período histórico. Nuevamente aquí la Comisión debe reafirmar el carácter restrictivo con que debe utilizar ese margen de apreciación, el cual debe ser siempre concebido tendiente al refuerzo del sistema y sus objetivos..."
Veinte años de impunidad garantizada por las trabas legales y políticas del mismo Estado que masacró a su pueblo, ameritan una serie de medidas tendientes a restituir el verdadero estado de derecho que todos los ciudadanos del mundo merecen. La modificación propuesta se inserta en ese propósito y guarda razonabilidad, equidad y plena compatibilidad con el esquema democrático.

Asimismo es muy importante destacar que ya existe jurisprudencia internacional vinculada a este tipo de restricciones e inhabilitaciones, emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmando que mientras este tipo de medidas satisfagan los requisitos de no arbitrariedad, proporcionalidad y sean susceptibles de revisión judicial, estas medidas son compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos (El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso "Zdanoka v. Latvia" [Caso nº 58278/00 [2006], ECHR 231, 16 Marzo de 2006], sostuvo que la restricción contemplada en la legislación de Letonia era legítima ya que resultaba lo suficientemente clara y precisa en la definición de las personas afectadas y permitía a los tribunales ejercer una revisión sobre la decisión de excluirlas).

Es por ello, que el carácter restrictivo de las exclusiones presentadas por este proyecto se refiere a quienes han participado directamente en las graves violaciones a los derechos humanos, o a quienes hayan tenido responsabilidad política en las mismas por usurpar cargos de alta jerarquía durante el periodos de interrupción institucional, a los que cabe endilgarle la responsabilidad de tolerar, en el menor de los casos, el genocidio en marcha. Estas restricciones no pueden considerarse injustificadas ni arbitrarias a tenor de la historia nacional y todas las dificultades que se han suscitado para concretar la condena de quienes fueron instigadores, autores, participes y encubridores de estos terribles sucesos.

Entonces, de acuerdo a lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el modelo que se exige para inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos, puede ser menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe principalmente a dos razones: por un lado, a impunidad en las que se desenvuelven las instituciones del Estado durante los gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que se enfrentan los intentos por posteriores por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos como a los integrantes del régimen saliente con responsabilidades en dichas violaciones.

En nuestro país, esta excepcionalidad acontecida durante la última dictadura militar toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta excepcionalidad, como ya hemos visto, ha sido en los últimos tiempos objeto de reconocimiento por parte de los poderes del Estado, fundamentalmente por numerosos fallos judiciales y por la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes que consagraron la impunidad.

A su vez, en los fundamentos de la mencionada Ley, se sostuvo que "Los órganos supranacionales se han expresado en el sentido indicado, advirtiendo que los compromisos asumidos por el Estado no comprometen tan sólo al Poder Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativo y Judicial. Al respecto, el juez de la Corte Interamericana Cançado Trinidade en el caso "Caballero Delgado y Santana" expresó: "Como estas normas convencionales vinculan a los Estados partes -y no solamente a sus gobiernos-, también los poderes Legislativo y Judicial, además del Ejecutivo, están obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convención Americana en el plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado, por actos u omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial".
Es de destacar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su documento "Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2007" sostiene al analizar el proceso de impugnación de los títulos de los diputados electos Bussi y Patti, por ante la Cámara de Diputados, revela " la necesidad que tienen los distintos órganos del Estado de buscar mecanismos que permitan tomar decisiones transparentes con relación a personas que buscan ocupar cargos públicos y que se encuentran sospechadas de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Los hechos que se hicieron públicos durante las sesiones de la Comisión sobre la participación de Luis Patti en actos delictivos durante la década del 70, los debates y conformación de las mayorías en la Cámara de Diputados, los argumentos jurídicos afirmados por las partes, así como las reacciones judiciales ante estas atribuciones de la Cámara, dan cuenta de la importancia que tiene el establecimiento de mecanismos eficaces para responder a los parámetros de idoneidad ética y moral que establece la Constitución Nacional."

En definitiva, nuestra propuesta es solo armonizar la norma provincial de acuerdo a los estándares jurídicos vigentes establecidos por el artículo 15 de la ley Nacional 26571.

Como cuestión formal, nos queda agregar que, proponemos modificar el texto del comienzo del artículo 37 de la ley en cuestión pues, nos parece resultar insuficiente la actual redacción al los efectos de la presente modificación.

Por todo lo antedicho, pero sobre todo por el respeto a los derechos humanos que merece nuestro pueblo, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de ley.