Señor presidente: todos los días se aprende algo nuevo en esta Legislatura. En estos dos años y medio que llevamos aprendí que se dictan leyes inconstitucionales, que la Legislatura resigna funciones, que delega facultades en beneficio del Poder Ejecutivo. Ahora, que la Legislatura dicte leyes por las dudas, o por picardía, colma mi capacidad de asombro y es decididamente insólito. Espero que los periodistas que aún permanecen estoicamente en este recinto sean contemplativos con nosotros y mañana no digan que la Legislatura –como propone el legislador Dante Heredia- dicta leyes por las dudas o porque somos más pícaros que los de la Nación...
Quiero agregar dos o tres datos que tienen que ver con algunas precisiones que pueden ayudar a entender mejor una posición. Cuando tuvimos en nuestras manos por primera vez esta iniciativa la vimos con buenos ojos, porque está claro que cualquier atisbo de cumplir con un derecho humano básico, como es el de tener una vivienda, uno lo mira de esa forma. Pero a poco de andar, viendo la desastrosa técnica legislativa que tiene este proyecto, se empezó a tornar naturalmente inviable. Por lo menos debería haber tenido dos normativas, una que se refiriera solamente a la adhesión al Programa de Reconversión, y otra que planteara la constitución del fideicomiso, y quizá podría haber sido distinto el análisis hecho por los bloques de la oposición.
También debo señalar que quedé abrumado, porque estuve sacando cuentas con los números que dio el legislador del oficialismo que nos antecedió en el uso de la palabra, y no fueron 19.500 sino que sumó como 30 ó 40 mil viviendas construidas bajo la gestión de su Gobierno. Entonces, me pregunto: ¿de qué se quejan los cordobeses? Son ingratos con un gobierno que, prácticamente, ha solucionado el tema del déficit habitacional, si se hubieran hecho la cantidad de viviendas a que se refiere el miembro informante del oficialismo. De ser así, los cordobeses no estarían reclamando hoy por este derecho humano básico como es el de la vivienda.
Después de escuchar al legislador Heredia, más que en la Provincia de Córdoba parece que estuviéramos en un cantón suizo, donde no se deben 14 millones de pesos, ni se está endeudado “hasta la cabeza” y por futuras generaciones, ni se debe entre 6 ó 7 meses o un año a los proveedores del Estado.
Originalmente, Córdoba tenía asignadas 16 mil unidades en toda la Provincia, hoy sólo contemplan resolver -en el marco absoluto de las hipótesis y en el mejor de los casos- la mitad, es decir, 8 mil. Nadie mencionó la propuesta para el resto. Además, el fideicomiso se constituyó con activos que suman 643 millones para realizar 8 mil unidades de baja calidad constructiva, porque una vivienda de 65 metros hoy cuesta alrededor de 120 mil pesos cada una, quiere decir que aún así el total afectado en fideicomiso no alcanzaría.
Tampoco se dice ni se ha manifestado que del Plan Federal I restan construir más de 2.000 unidades; no ha habido una sola explicación sobre este tema; sin embargo se plantea otro plan cuando el anterior no fue culminado.
El costo histórico de una vivienda del Plan Federal I era de aproximadamente 55.000 pesos, si uno toma las 2.000 unidades que no se construyeron, que no se ejecutaron, hay 110.000.000 de pesos de fondos enviados oportunamente pero que no fueron canalizados en la construcción de viviendas, y nadie dio una explicación sobre eso. Sí se dijo –aunque nunca lo escuché al Gobernador Schiaretti hacer ese reclamo– que es al revés, que la Nación le está debiendo 130.000.000 de pesos a la Provincia de Córdoba. Entonces, si fuese cierto, por qué nunca escuché al Gobernador –que ha hecho un eje de su gestión quejarse, tirarse al piso permanentemente por las asignaturas pendientes que tendría la Nación con la Provincia, donde ha reclamado siempre por la deuda con la Caja de Jubilaciones y por el PAF– hablar de esos 130.000.000 de pesos que la Nación le estaría debiendo a la Provincia.
En síntesis, señor presidente, la pérdida de credibilidad de un Gobierno que cotiza en baja como este es total. Está claro que es muy difícil que la Nación le crea y le vuelva a mandar recursos y que ningún partido de la oposición va a volver a firmarle un “cheque en blanco”, porque no hubo prácticamente una sola vivienda construida durante el Gobierno del contador Schiaretti, que ya va por su tercer año.
Hay planes de viviendas en los municipios que se las arreglan para resolver el déficit de sus vecinos cumpliendo una función que este Gobierno no cumple -porque no tiene una política habitacional y vende terrenos que son propios a bajos costos-, generando iniciativas solidarias, lo mismo que hacen las organizaciones no gubernamentales que se las ingenian para dar respuesta a personas de bajos recursos.
Está claro que un modelo que en tres años no ha hecho una sola vivienda no las va a hacer tampoco en los años que le quedan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: al sólo efecto de que el legislador Heredia no se vaya de la sesión sin enterarse por qué en Santa Fe se votó favorablemente la propuesta de reconversión, les informo que Santa Fe cumplió con el Plan Federal I y no se quedó con 110 millones de pesos que en Córdoba todavía no se sabe por dónde andan. Segundo, cuando el Gobernador Hermes Binner mandó la normativa al Poder Legislativo, no hizo un mamarracho como se hizo acá; tercero, en la Provincia de Santa Fe el oficialismo parlamentario no trata de llevar a los empujones a la oposición como ocurre en Córdoba. Por eso, en Santa Fe se votó unánimemente un proyecto parecido al que hoy estamos tratando.
miércoles, 16 de junio de 2010
Intervención del Legislador Birri al tratarse la creación de nuevo Juzgado en Río Cuarto
En lo que a nuestra circunscripción se refiere, esto resuelve un viejo anhelo, una vieja reivindicación, no de la comunidad judicial sino de todas las ciudades y pueblos cuyos trabajadores dependen, fundamentalmente, del único juzgado de conciliación que hay en los tribunales de Río Cuarto.
A quien les habla, en el período 1995-1997, le tocó presidir el Colegio de Abogados de Río Cuarto, cuando ésta era una de las principales gestiones que se llevaba a cabo. Tarde, pero la solución llegó; es una respuesta concreta a las más de 250 mil personas que están en el radio de competencia de este nuevo juzgado, que va a brindar una importante contribución para resolver la enorme saturación de causas que invaden al actual juzgado de conciliación.
Como se ha dicho, no se trata de una demora común sino que afecta a los reclamos de los trabajadores cuyo crédito tiene carácter alimentario, por lo que se hace doblemente grave la demora en la resolución de esas causas.
Por esos argumentos, y por todo lo que se ha expresado, reitero mi satisfacción y la de mi bloque respecto a la creación de estos nuevos juzgados en el ámbito del fuero del Trabajo.
miércoles, 9 de junio de 2010
PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DEROGA COMPETENCIAS QUE CORRESPONDIAN A LOS JUZGADOS DE MENORES
En el día de la fecha toma estado parlamentario el proyecto de ley que crea el sistema de proteccion integral de niñez y adolescencia de la Provincia. La normativa es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad.
El legislador Roberto Birri, autor del proyecto junto a la legisladora Coria, destacó la importancia de la iniciativa que contó con aportes muy importantes del Colectivo Cordobés por los Derechos de niñas, niños, y jóvenes (Cecopal, Sehas, Serviproh, Seap, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC- Programa del Sol, Foro de Ongs. de Promoción y Desarrollo ).- y acompañado por prácticamente todos los bloques de la oposición como la UCR, como Omar Ruiz (ARI) Liliana Olivero (IZquierda Socialista), Silvia Rivero (Concertación Plural), Nadia Fernández (Peronismo Militante).-
Explicó Birri que, entre otros aspectos, se deroga parcialmente la ley 9053, incluyendo las competencias de los Juzgados de Menores en todo lo que sea materia prevencional y que con este proyecto cualquier acción, decisión o medida administrativa o judicial que restablezca derechos vulnerados de un niño o adolescentes será adoptado por el órgano administrativo que recae en la Secretaria de la niñez, adolescencia y familia en articulación con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.
El legislador Roberto Birri, autor del proyecto junto a la legisladora Coria, destacó la importancia de la iniciativa que contó con aportes muy importantes del Colectivo Cordobés por los Derechos de niñas, niños, y jóvenes (Cecopal, Sehas, Serviproh, Seap, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC- Programa del Sol, Foro de Ongs. de Promoción y Desarrollo ).- y acompañado por prácticamente todos los bloques de la oposición como la UCR, como Omar Ruiz (ARI) Liliana Olivero (IZquierda Socialista), Silvia Rivero (Concertación Plural), Nadia Fernández (Peronismo Militante).-
Explicó Birri que, entre otros aspectos, se deroga parcialmente la ley 9053, incluyendo las competencias de los Juzgados de Menores en todo lo que sea materia prevencional y que con este proyecto cualquier acción, decisión o medida administrativa o judicial que restablezca derechos vulnerados de un niño o adolescentes será adoptado por el órgano administrativo que recae en la Secretaria de la niñez, adolescencia y familia en articulación con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.
PROYECTO DE LEY PARA PROHIBIR LAS FUMIGACIONES CERCA DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES
El legislador socialista Roberto Birri – Presidente del Bloque del Frente Cívico – presentó un proyecto de Ley que ya tiene estado parlamentario, impulsando modificaciones a la ley provincial que regula el uso de productos agroquímicos. de aprobarse, se prohibiría el uso del glifosato a menos de 800 metros de ejido municipal de cada pueblo o ciudad.
“Entre las principales modificaciones, proponemos concretamente extender la prohibición para la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1500 metros del ejido municipal, para los productos de mayor toxicidad (clases Ia, Ib y 2).”
“Asimismo, prohíbe la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del ejido municipal y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato.”
“La fundamentación del proyecto reconoce numerosos reclamos de las poblaciones del interior provincial particularmente, así como estudios médicos y biológicos y fallos jurisprudenciales que refieren a los graves riesgos para la salud que trae aparejado la utilización de los herbicidas cerca de las poblaciones, en particular el glifosato, expresó el Legislador Birri.”
bajar proyecto
“Entre las principales modificaciones, proponemos concretamente extender la prohibición para la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1500 metros del ejido municipal, para los productos de mayor toxicidad (clases Ia, Ib y 2).”
“Asimismo, prohíbe la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del ejido municipal y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato.”
“La fundamentación del proyecto reconoce numerosos reclamos de las poblaciones del interior provincial particularmente, así como estudios médicos y biológicos y fallos jurisprudenciales que refieren a los graves riesgos para la salud que trae aparejado la utilización de los herbicidas cerca de las poblaciones, en particular el glifosato, expresó el Legislador Birri.”
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miércoles, 2 de junio de 2010
Intervención en el recinto: Suspensión de ejecución de inmuebles de Clubes Deportivos y Entidades sin fines de lucro
Señor presidente: he pedido la palabra para expresar naturalmente la adhesión -por supuesto va de suyo con la coautoría- a este proyecto. La verdad es que aquellos a quienes en alguna oportunidad nos ha tocado estar muy cerca de alguna institución, fundamentalmente deportiva -como el caso de quien les habla en clubes de mi ciudad... tenemos absolutamente en claro cuàl es el rol que cumplen en la sociedad de Córdoba, de todo el país y de gran parte del mundo los clubes, las instituciones como asociaciones civiles sin fines de lucro, no solamente en lo deportivo sino también en lo social y en lo cultural, y basta con recorrer la geografía provincial para ver cómo, incluso en aquellas pequeñísimas comunas que existen en la geografía de Córdoba, siempre hay un club o un grupo de vecinos del lugar que se asocian en torno de una institución que, a veces, ni siquiera tiene personería jurídica pero que hace las veces de contenedora de las expectativas de los hábitos de la cultura popular.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.
Intervención en el recinto: venta de inmuebles provinciales para construir comisarías
Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza, provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.
martes, 1 de junio de 2010
El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.
El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.
El Legislador Roberto Birri, Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social, se expresó a favor de las propuestas y acciones que mejoren el servicio de seguridad pública, a la vez que rechazó enfáticamente la venta de los edificios donde funcionan las comisarías de la ciudad de Córdoba
Birri recordó que en Diciembre de 2008, cuando se aprobó la venta de innumerables y valiosos inmuebles del patrimonio provincial, se denunció la liquidación de los activos públicos: “no se trata de un acto administrativo como si fuera un estertor, ni mucho menos de un hecho espasmódico, se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada. Esta cronología de hechos, está muy claro de que hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que va cerrando eslabonadamente.”, expresó.
La secuela comenzó con la “Ley de Modernización del Estado” -para algunos debió llamarse de desguase del Estado-, por la que, entre otras cosas, crea CORINCOR (Corporación Inmobiliaria Córdoba), una suerte de inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes del erario público.
Luego, crearon el llamado Proceso de Mejoramiento de la Oferta Continúa, que permite vender hasta un 30 por ciento inferior al precio de la tasación.
Posteriormente, vino un tercer paso, antes de llegar al que nos ocupa hoy, cuando se agrega a la Ley de Contrataciones poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones pendientes de pago con los proveedores.
Hoy continúa con la venta de las comisarías. La pregunta es si mañana serán los institutos de menores y pasado los hospitales.
Es el sistema de venta del patrimonio de todos los cordobeses que impera desde el año 1999 de un gobierno neoliberal en retirada, que, ante la impotencia marcada por sus propias limitaciones, hace lo único que sabe bien: seguir vendiendo los bienes públicos para tener sobrevida hasta fin de 2011.
El Legislador Roberto Birri, Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social, se expresó a favor de las propuestas y acciones que mejoren el servicio de seguridad pública, a la vez que rechazó enfáticamente la venta de los edificios donde funcionan las comisarías de la ciudad de Córdoba
Birri recordó que en Diciembre de 2008, cuando se aprobó la venta de innumerables y valiosos inmuebles del patrimonio provincial, se denunció la liquidación de los activos públicos: “no se trata de un acto administrativo como si fuera un estertor, ni mucho menos de un hecho espasmódico, se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada. Esta cronología de hechos, está muy claro de que hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que va cerrando eslabonadamente.”, expresó.
La secuela comenzó con la “Ley de Modernización del Estado” -para algunos debió llamarse de desguase del Estado-, por la que, entre otras cosas, crea CORINCOR (Corporación Inmobiliaria Córdoba), una suerte de inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes del erario público.
Luego, crearon el llamado Proceso de Mejoramiento de la Oferta Continúa, que permite vender hasta un 30 por ciento inferior al precio de la tasación.
Posteriormente, vino un tercer paso, antes de llegar al que nos ocupa hoy, cuando se agrega a la Ley de Contrataciones poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones pendientes de pago con los proveedores.
Hoy continúa con la venta de las comisarías. La pregunta es si mañana serán los institutos de menores y pasado los hospitales.
Es el sistema de venta del patrimonio de todos los cordobeses que impera desde el año 1999 de un gobierno neoliberal en retirada, que, ante la impotencia marcada por sus propias limitaciones, hace lo único que sabe bien: seguir vendiendo los bienes públicos para tener sobrevida hasta fin de 2011.
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