En síntesis, la dificultad para gobernar la Policía y las sospechas de connivencia entre sectores de esta y el delito son aspectos de una crisis en materia de seguridad que afecta a todas las provincias.
En el curso del corriente año, dos provincias argentinas
de similar perfil territorial
y demográfico estuvieron envueltas en sendas crisis policiales que pusieron en jaque a sus administraciones.
Santa Fe y Córdoba vieron cómo integrantes de las fuerzas de seguridad eran investigados por su vinculación con el narcotráfico y por la utilización de mecanismos ilegales en sus procedimientos.
Sin embargo, a similar escenario de partida, se presentaron diferentes soluciones.
Sin respuestas
El gobierno de José Manuel de la Sota lució desde el principio atribulado y sin capacidad de respuestas ante una investigación judicial que se asemeja a una caja de Pandora de donde no dejan de salir malas noticias para una gestión que hizo de las políticas de seguridad un aspecto clave de su gobierno.
Desde la primera reacción con la que se defendió a la Policía de las “calumnias del periodismo”, hasta el retiro del proyecto para modificar la Ley de Seguridad Pública, transcurrieron marchas y contramarchas que no parecen tener fin.
Como una muestra de esto, está el momento en que el mismo jefe de Policía, con la mirada complaciente del poder político, utilizó el velatorio de un agente –cuya muerte aún no está clara– para arengar a la tropa en contra de quienes investigan el accionar policial, en un claro acto de provocación y desafío a las autoridades judiciales.
La crisis policial que sacude al gobierno que encabeza José Manuel de la Sota va mucho más allá de la detención de un grupo aislado de narcopolicías.
Se trata del fin de un paradigma que caracterizó las políticas públicas de seguridad en los 14 años de gestión de Unión por Córdoba, consistente en la falta de control político de la seguridad y la transferencia del diseño y la planificación de la seguridad pública y de la conducción policial a favor de la Policía misma.
Mientras en los países del mundo occidental se debate la necesidad de profundizar el control político
de las fuerzas de seguridad, Córdoba adoptó el camino inverso. Hasta el propio ministro de Seguridad era un hombre de las filas policiales. Es como la legitimación del desgobierno. La confirmación de que el poder está en la Policía.
Como lo afirmara Alberto Binder en el seminario de seguridad pública que organizáramos a principio de este año, algunos gobiernos, entre ellos el de Córdoba, apostaron
a la lógica del “doble pacto” entre
la dirigencia política y la Policía y, a su vez, entre esta y la delincuencia. La resultante debía ser que la criminalidad no afectara la gobernabilidad.
Una oportunidad
La respuesta del gobierno santafesino encabezado por el socialismo fue diferente: superado el impacto inicial y la embestida del Gobierno nacional, la crisis debía ser una oportunidad para lograr una profunda reforma, desde un paradigma de seguridad democrática.
Los policías sospechados fueron separados de inmediato de la fuerza y puestos a disposición de la investigación judicial; se convocó a todas las organizaciones políticas para buscar consensos duraderos en las políticas de lucha contra el narcotráfico; el ministro de Seguridad, que no proviene de las filas policiales, concurrió al Poder Legislativo para dar detalles de las políticas y decisiones de su cartera ante los requerimientos de los representantes del pueblo.
A su vez, y aun con severas dificultades por la resistencia que el cambio genera, está en plena ejecución una reforma de la institución policial y de la ley de seguridad pública de la Provincia, que transcurre desde la reorganización de la fuerza en unidades más pequeñas que permitan un mayor control político hasta la jerarquización al personal policial, valorando la capacitación dentro de la fuerza mediante ascensos por concurso.
En síntesis, la dificultad para gobernar la Policía y las sospechas de connivencia entre sectores de esta y el delito son aspectos de una crisis en materia de seguridad que afecta a todas las provincias.
La diferencia consiste en si contamos con gobiernos que enfrentan esta crisis con decisión y voluntad de cambio o con gobiernos que parecen cerrar filas junto a los sectores más sospechados de las fuerzas policiales, con alguna que otra iniciativa que sólo maquillan la realidad para que nada cambie.
Como se ve, a escenarios parecidos, las respuestas fueron distintas. Urge que, en lo inmediato, el gobernador De la Sota convoque a todos los sectores a enfrentar a las mafias en Córdoba, estén donde estén, incluso en el propio Estado o en la Policía.
De ser así, lo vamos a acompañar sin ninguna especulación política, porque está en juego el futuro de la sociedad cordobesa en su conjunto.
*Legislador provincial por el Partido Socialista
Nota publicada en La Voz del Interior el 30/09/2013
