Roberto Birri

“EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL DEBERÍA DECLARAR DE MANERA URGENTE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA”

2012-01-10T10:06:00.000-08:00

Ante la grave situación por la que atraviesa el sector agropecuario de la provincia a raíz de la sequía, el Legislador socialista y presidente del bloque del Frente Cívico Roberto Birri reclamó que “el Poder Ejecutivo Provincial declare la emergencia y/o desastre agropecuario en forma urgente ya que ha sido seriamente afectada la producción agrícola-ganadera, con daños totales e irreversibles que incluso podrían seguir agravándose si la sequía continúa.”...

Y agregó que, “según los cálculos que realizan las entidades agropecuarias, la Bolsa de Cereales de Córdoba y el INTA, en nuestra provincia ya se han perdido 7 millones de toneladas entre soja y maíz y aún queda más de 1 millón de hectáreas sin sembrar que corren el riesgo de no poder hacerlo. Esta situación exige que tanto la Nación como la Provincia se involucren de manera directa para proteger a los productores que se encuentran en serios problemas”

Asimismo el Legislador riocuartense se manifestó a favor de efectuar las correcciones presupuestarias correspondientes que permita contemplar las necesidades económicas de los productores afectados por la sequía tal como lo solicitaran los productores en el documento denominado “declaración de Río Cuarto”.

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

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LO QUE NOS DEJÓ EL 2011 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

2011-12-30T12:51:00.001-08:00

Delrepaso de los principales hechos del 2011, se concluye que fue un año muyintenso políticamente, quizá el más intenso en mucho tiempo. Los cordobesesconcurrimos en varias oportunidades a las urnas para elegir a nuestrosgobernantes, arrojando en ambos niveles, provincial y nacional, resultadosincuestionables que legitiman a las autoridades electas por el voto popular,alejando las dudas que existieron en otras oportunidades, fortaleciendo así lademocracia.

Unhecho sumamente auspicioso resultó la aparición del Frente Amplio Progresistaliderado a nivel nacional por Hermes Binner, que quedó posicionado como unaverdadera alternativa para gobernar la argentina. Logró construir una fuerzaplural que en pocas semanas de campaña logró más de 3,6 millones de votos, cosechaa la que los cordobeses aportamos una buena parte.

En la Provincia el gobernadorasumió con un nuevo organigrama que tiene exactamente el doble de Ministerios(16), que los 8 que propuso el mismo Dr. De la Sota hace 12 años atrás cuando asumió embanderadocon las consignas de privatización y achicamiento del Estado. Aparece como unaorgánica desproporcionada y fastuosa para tiempos que requieren austeridad yracionalidad.

A poco de iniciarse sugestión debe anotarse en el casillero de los hechos positivos la confirmaciònde la puesta en marcha del boleto educativo, promesa de campaña de Uniòn porCòrdoba.

Enel “debe” del balance aparece el agravamiento de las finanzas públicas, soloamortiguado en parte por la prórroga en dos años de los vencimientos con elEstado Nacional. El nivel de deuda ya era muy importante, pero en el 2011 seaumentó aún más y con fines evidentemente electoralistas, para terminar obrasde poca utilidad y en los momentos previos a la campaña electoral. Estasituación se hace más grave cuando pensamos en un escenario nacional einternacional que aparece complicado, alumbrando un 2012 con horizontes de ajustesque lamentablemente siempre recae sobre los sectores medios y de menoresingresos, cuadro que aparece mas preocupante si se tiene en cuenta que córdobatermina el año e inicia el nuevo con fuertes conflictos con los gremiosestatales.

Mientras tanto, todoparece indicar que una de las grandes asignaturas pendientes, las viviendassociales y para la clase media, deberán seguir esperando y que sólo lamovilización multisectorial de las comunidades del sur provincial ha logrado avolver a poner en la agenda pùblica otra gran asignatura postergada como es la construcciònde la autovia ruta 36.

Por otra parte, secierra otro año con el eterno déficit de la Caja de Jubilaciones sin resolver yconcluído el convenio suscripto con la Nación. Mientras, a un indicador sumamentesensible como el aumento de la mortalidad infantil se le responde con laeliminación inexplicable de la Secretaria de la niñez, adolescencia y familia, uno de lospuntos mas destacables de la gestión Schiaretti.

En la agenda de lostemas a abordar en el próximo año también se anota la modificación integral delCódigo de Faltas, verdadera rémora de la democracia que avergüenza al sistemapenal cordobés.

El finaldel 2011 y comienzo de un nuevo año deja a Córdoba librada a políticaserráticas, de coyuntura y al éxito económico relativo de algunas variablesajenas a la certeza que en politica impone el manejo responsable de lascuentas. Dependemos del éxito que hasta el presente acompaña a la explotaciónde recursos naturales no renovables, al cultivo de soja y a la voluntad políticadiscrecional del Ejecutivo de la Nación.

Roberto Birri: Legislador Provincial.-

BOLETO EDUCATIVO: LAS PROMESAS DE DE LA SOTA TIENEN PATAS CORTAS.

2011-12-21T07:18:00.000-08:00

El presidente del Bloque del Frente Cívico, el legislador socialista Roberto Birri, manifestó que la principal promesa de campaña del gobernador De la Sota está a punto de naufragar al no contar con los recursos suficientes para afrontar esa erogación y pretende obligar a los municipios a adherir para lograr el beneficio y luego a aportar fondos para que los estudiantes, docentes y auxiliares puedan viajar sin costos a las aulas...
Hasta aquí, quien fuera candidato a Gobernador por Unión por Córdoba nunca había manifestado que una parte de los recursos debía ser afrontado por los Municipios, lo que podría explicar la diferencia que existía entre las previsiones que tenía la administración de De la Sota y la que trazaban los empresarios del transporte cuando aseguraban que el boleto gratuito costaría más del doble que lo anunciado oficialmente.

Agregó Birri que el tema es doblemente grave, por un lado por haberle mentido a los cordobeses ya que nunca se anunció que el financiamiento sería compartido con los municipios y luego porque pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la iniciativa toda vez que estos no tienen los recursos para ello, mas aún cuando se les está detrayendo sin su anuencia mas de 200 millones de pesos para el fondo educativo provincial cuyo financiamiento es de competencia exclusiva de la Provincia y esta lo hace compartir a las municipalidades.

Agregó Birri que si no se modifica el articulado del proyecto que intenta obligar a los municipios a afrontar parte del financiamiento, su bloque votará en contra del proyecto por resultar una estafa a la comunidad educativa y la sociedad en general.

Es ilegal que les descuenten recursos a los municipios

2011-11-21T07:26:00.000-08:00

Roberto Birri, legislador del Frente Cívico, presentó un proyecto para que no se les saquen 250 millones de pesos a los pueblos y ciudades de Córdoba. Es para formar un fondo educativo. “Esa es una obligación exclusiva de la Provincia”, indicó. Cuestionó el aumento de impuestos previsto para el 2012.

Río Cuarto perderá 10 millones de pesos el año próximo por el fondo educativo que la Provincia conformó con fondos que les descontará a los municipios. En total, serían 250 millones escatimados a los pueblos y ciudades de Córdoba. Por eso, en las últimas horas, el Frente Cívico presentó un proyecto para prohibir que se afecten los recursos coparticipables y que los recursos para sostener la educación salgan enteramente de la porción de coparticipación que le corresponde al Estado provincial.

Roberto Birri, presidente del bloque de legisladores del grupo opositor, detalló que recibió innumerables quejas de intendentes, incluso de Juan Jure. También Eduardo Accastello, de Villa María, habría hecho un planteo ante el gobierno de Juan Schiaretti.

“Recibimos el reclamo de muchísimos intendentes porque mes a mes ven cómo se les detraen los fondos coparticipables. La Provincia les hace soportar a los municipios el esfuerzo de tener un fondo educativo que le permita llegar al 35 por ciento que establece la ley de educación. Está muy bien tener un presupuesto educativo alto pero lo cierto es que, para 2012, está previsto que 250 millones de pesos les serán detraídos a los municipios porque ese porcentual del 35 por ciento se paga con fondos que son coparticipables. Río Cuarto se vería afectado en unos 10 millones de pesos”, manifestó el legislador del Frente Cívico.

Agregó que no sólo se le quita una suma importante a los municipios, que ya de por sí tienen complicaciones financieras por el aumento constante de los costos, sino que además sostuvo que la quita es ilegal.

“Es una detracción ilegal porque, de acuerdo a la Constitución de Córdoba, la competencia y la jurisdicción de las políticas educativas pertenece exclusivamente a la Provincia. Por lo tanto, el Estado cordobés debe ser el que absorba el impacto presupuestario. Por eso el proyecto que presentamos hace un análisis en ese sentido y, concretamente, incorpora en dos artículos la prohibición de que esos recursos afecten fondos coparticipables de los municipios. Imaginamos tener el apoyo de muchos intendentes y ojalá ellos les transmitan a sus legisladores que acompañen el proyecto de devolver la federalidad que se está perdiendo”, planteó Birri.

Y agregó: “Lo que dice La ley de Educacion es que para llegar al 35 por ciento que se puso como obligación, el estado provincial puede obtener recursos de donde sea necesario. Lo que ocurre es que eso no quiere decir que se incurra en algo que está prohibido por ley. Los municipios no tienen que aportar para la educación; pueden hacerlo para la educación no formal, para la extensión de jornada pero son programas socioeducativos que tienen impacto de inclusión social pero no en el marco de la educación formal, que es competencia provincial y no debe afectar recursos municipales”.

Un año difícil

El jefe del Frente Cívico en la Legislatura -que fue reelecto para el próximo período- realizó además un análisis del presupuesto para el año próximo en la provincia. Planteó que, en términos reales, en 2012 se harán menos obras que durante este año, que queda reflejada la debilidad estructural de las finanzas y la necesidad de endeudamiento para pagar sueldos y la absoluta dependencia con respecto a la Nación.

“Hoy, de nuevo, en los pasillos del poder empieza a sobrevolar el fantasma de la dificultad para pagar el sueldo, para pagarles a los jubilados ¿Cómo resuelve el oficialismo esta situación de ahogo económico? De dos maneras: primero, con más endeudamiento, que ha sido una piedra basal en el modelo de gestión de Unión por Córdoba en 12 años. Va a haber emisión de letras por 1.400 millones de pesos a una tasa muy alta, como me reconoció el propio ministro de Finanzas (Angel Mario Elettore).

Hoy calculamos que la deuda provincial está cerca de los 20 mil millones de pesos, lo que la convierte en una de las tres deudas más altas del país. Por el otro lado, recurre al aumento de impuestos. No sé si la gente lo ha percibido en toda su dimensión pero cerca del 30 por ciento de los propietarios de Río Cuarto, si tomamos el incremento que tuvieron a principios de 2011 y al que se sumará el de 2012, van a sufrir un ajuste del 80 por ciento en sólo un año. Es un verdadero impuestazo, teniendo en cuenta la situación económica, la inflación, las dificultades en los sectores asalariados”, manifestó Birri.

Además, cuestionó la dependencia que tendrá la Provincia con respecto a los fondos que lleguen desde la Nación. “Ya cometió esta gestión la ingenuidad de esperar recursos del gobierno nacional. Como no llegaron tuvo que salir a cubrir obras con presupuesto propio. Eso empeoró aún más la situación de las cuentas”, dijo.

Birri manifestó que así como elogia la inversión en educación que está prevista para el año próximo, a la vez cuestiona el bajo presupuesto asignado para la salud pública. “Hoy está recuperándose lentamente de la paralización que generó el paro; sin embargo, para el año próximo sólo está previsto un aumento salarial del 15 por ciento, una cifra que, seguramente, no conformará a ningún empleado público”, indicó el legislador.

Además, cuestionó que las partidas destinadas a Promoción y Asistencia Social representen apenas el 2,7 por ciento del presupuesto.

FUENTE: DIARIO PUNTAL

Birri, reelecto: “Seremos una oposición responsable”

2011-11-16T07:24:00.000-08:00

El legislador riocuartense será nuevamente el presidente de la bancada del Frente Cívico. Montero fue elegida como vicepresidenta y Fonseca, como vice segundo de la Legislatura Unicameral

El riocuartense Roberto Birri fue elegido para seguir desempeñando el cargo de presidente del bloque del Frente Cívico en la Legislatura de Córdoba.

De este modo, el socialista seguirá al frente de su bancada por un período más desde el 10 de diciembre próximo, fecha en que asuman los 13 legisladores que tendrá el juecismo en la legislatura.

“No es una tarea nueva y la asumo con renovado entusiasmo y compromiso con los principios fundacionales del Frente Cívico y que son también los de mi partido socialista, es decir, la transparencia y austeridad en la gestión pública. Y ver a la política como herramienta de transformación”, señaló el legislador a PUNTAL respecto del cargo legislativo.

Como segunda fuerza en la Unicameral, el Frente Cívico además tiene la posibilidad de imponer autoridades legislativas.

Así, los cargos quedaron en manos de Liliana Montero, representante del sector de Marcelino Gatica y de Ricardo Fonseca. “Quedó la legisladora electa Montero como vicepresidenta del bloque y Fonseca como vicepresidente segundo de la Unicameral”, confirmó Birri.

El socialista además explicó cuál es el mecanismo de elección de autoridades, que en su bloque se define por la votación de sus integrantes. “En nuestro caso nos reunimos los trece legisladores y decidimos por consenso, acordamos y definimos nuestras autoridades. También fueron consultados Juez y Gatica, pero son dos opiniones más”, dijo.

Además de Birri, Montero y Fonseca, el legislador José María Las Heras también fue elegido para ocupar un lugar estratégico en la Legislatura. Las Heras será el representante del bloque en el Jury de Enjuiciamiento, como vocal de la primera minoría de la Legislatura.

Una vez más, el Frente Cívico será el encargado de ejercer el rol de primera fuerza de la oposición en la Unicameral.

Si bien el oficialismo cuenta con la cantidad de legisladores suficiente para aprobar sus propias leyes, la primera minoría ejerce siempre un papel importante.

“La sociedad nos ha puesto nuevamente como la principal fuerza de la oposición. Vamos a tratar de ser una oposición responsable, propositiva pero también inflexible con lo que no compartamos, vaya en contra de los intereses populares o traicione las promesas electorales que hizo (José Manuel) De la Sota durante su campaña. Y en ese rol seguramente nos encontrará el año que viene como presidente de la principal fuerza de la oposición en la Legislatura”, consideró Birri.

Birri no es ajeno a la lectura que indica que su continuidad en el cargo de presidente de bloque también obedece a la alianza establecida con el Frente Amplio Progresista a nivel nacional.

Como representante del socialismo en el Frente Cívico, su cargo es un guiño al santafesino Hermes Binner.
“Creo que hoy el Frente Cívico tiene tres grandes patas: una es el Partido Nuevo, lo que sería el juecismo; el otro, el sector que encarna Marcelino Gatica; y, después de la muy buena elección que hizo Binner, la tercera pata es el FAP. Y en este caso, teniendo en cuenta que Binner es el referente nacional del espacio, la participación mía como presidente de bloque también es un reflejo del crecimiento que ha tenido el FAP en la provincia. Seguramente esa lectura se ha hecho y expresa la diversidad que tiene el Frente Cívico en la provincia”, concluyó.

FUENTE: DIARIO PUNTAL

EL LEGISLADOR BIRRI CALIFICÓ COMO VERGONZOSA Y UN ACTO DE PROVOCACIÓN LA DECISIÓN DE CONSTRUIR UN HELIPUERTO PARA QUE SE TRASLADE DE LA SOTA EN HELICÓPTERO, CUANDO LA RUTA 36 ESTÁ EN ESTADO DE COLAPSO.

2011-11-06T14:13:00.000-08:00

El Legislador socialista Roberto Birri, Presidente del Bloque del Frente Cívico, calificó como “vergonzosa y provocadora” la decisión del gobierno provincial de construir un helipuerto en la sede del Centro Cívico de Río Cuarto, a poca distancia del barrio privado donde reside De La Sota, para que el futuro mandatario haga su recorrido uniendo ambas capitales provinciales en helicóptero.

Agregó Birri que el futuro gobernador “hará recaer sobre el conjunto de los cordobeses el altísimo costo de ese transporte personal y de paso eludir el tránsito que hace el resto de los mortales (que no son gobernadores ni tienen helicópteros para uso personal) por esa verdadera ruta de la muerte en la que se ha transformado la ruta 36, en estado deplorable y al borde del colapso”.

Respecto a la mencionada arteria vial, De La Sota anunció en el año 2005 la construcción de una autovía y luego también el entonces presidente Kirchner sin que hasta la fecha se haya realizado un solo metro de la anunciada obra.

“Va de suyo que un buen gobernante es el que hace un adecuado ordenamiento de las prioridades y en ese sentido De La Sota debe saber que la autovía lo es, por lo que su postergación y el anuncio de la construcción de un helipuerto y el uso de un transporte de altísimo costo para trasladarse desde su casa hasta la casa de gobierno es una verdadera provocación para los cientos de miles de cordobeses que la transitan y sufren los riesgos propios de una ruta absolutamente colapsada”

La Ruta 36 es utilizada por dos millones de personas anualmente y la transitan más de cinco mil vehículos por día. Se estima que el tráfico se duplicó en los últimos años y es probable que sea cuatro o cinco veces superior al de hace 30 años.

Recientemente, el legislador Birri presentó un proyecto de resolución en la Unicameral instruyendo a los Senadores Nacionales y aconsejando a los Diputados que representan al Estado Provincial y al pueblo de Córdoba en el Honorable Congreso Nacional, que en el tratamiento del Presupuesto del Estado Nacional para el ejercicio 2012 lleven adelante todas las acciones conducentes a la incorporación en dicho instrumento de la obra Autovía Río Cuarto – Córdoba.

Jornada de Debate sobre Modificación del Código de Faltas

2011-11-01T19:19:00.000-07:00

Durante la tarde del martes 01 de noviembre, se realizó en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial una Jornada de Debate sobre "Proyecto de Ley de Modificación Integral del Código de Faltas. Derogación del Merodeo".

En la misma participaron como disertantes el Dr. Horacio Javier Etchichury (Doctor en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional de la UNC), Oscar Arias (Director de La Lucíérnaga) y el Legislador Roberto Birri, autor del proyecto de Ley.

Esta Jornada se realizó en el marco de una serie de actividades similares que se vienen desarrollando en distintas ciudades de la provincia de córdoba, a los fines de instalar en la agenda pública el debate sobre este tema.

Repercusiones en los medios:

La Mañana de Córdoba: Reforma por un Código de Faltas que garantice un justo proceso al imputado

Hoy Día Córdoba:

Más...

- Una policía denuncia detenciones ilegales
- Para los abogados el merodeo es inconstitucional.

EL PRESIDENTE DEL BLOQUE DEL FRENTE CIVICO ROBERTO BIRRI, PIDIO LA RENUNCIA DEL MINISTRO DE SALUD OSCAR GONZALEZ ANTE LA MANIFIESTA INCAPACIDAD PARA RESOLVER EL CONFLICTO SANITARIO.

2011-10-28T00:10:00.000-07:00

El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico, Roberto Birri pidió la renuncia del Ministro de Salud, Oscar González, ante lo que calificó como un “virtual estado de emergencia y colapso de la salud pública provincial, tras 50 días de conflicto en los hospitales y su manifiesta incapacidad para resolver o al menos encauzar dicho conflicto”.

Para Birri, el Ministro González “no habla, no escucha, no da audiencias, no concurre a la Legislatura donde ha sido convocado desde hace un mes, ni recibe a los gremios. En cualquier lugar del mundo ante esta situación un Ministro de Salud lo que hace es salir a explicar la situación y hacerse cargo de sus responsabilidades, menos en Córdoba, y menos para González”.

“En realidad, la pregunta que nos hacemos es si se podía esperar otra cosa de un funcionario que está más preocupado por asumir como Ministro coordinador a partir del 10 de diciembre que por resolver los problemas que tiene la gente en materia de salud pública.”

Agregó el Legislador Birri que “hoy se encuentra seriamente comprometido el servicio esencial de asistencia médica y la garantía del acceso de la población a los hospitales públicos provinciales, por un conflicto que ha sobrepasado los límites razonables y que tiene a los ciudadanos como auténticos rehenes. Es demasiado el daño que se le está produciendo a uno de los derechos humanos esenciales de toda persona como lo es el derecho a la salud y por ende a la atención médica, mientras el responsable de garantizar el servicio de salud se mantiene impasible ante esta situación".

Concluyó en que “pareciera que el conflicto esconde la pelea entre el que se va y el que viene del gobierno provincial como si no fueran parte de un mismo proyecto”.

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PRESENTAN PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION INTEGRAL DEL CODIGO DE FALTAS.

2011-10-12T09:27:00.000-07:00

El Legislador Roberto BIRRI impulsa la derogación del merodeo, la asistencia letrada obligatoria y que las sentencias las dicte un Juez .

El Legislador socialista y presidente del bloque del Frente Cívico Roberto Birri ingresará en el día de la fecha un proyecto de modificación integral del Código de Faltas que fue elaborado con la participación de decenas de organizaciones sociales de toda la provincia y aporte de ciudadanos, especialistas y académicos.

Se expresa en sus fundamentos que “El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba fue sancionado el 17 de noviembre de 1994 y promulgado el 07 de diciembre de ese mismo año como ley Nro. 8431. En la actualidad existe un texto ordenado aprobado por la ley Nro. 9444. La norma citada reemplazó al Código de convivencia de la dictadura, aprobado en el año 1980.

A pesar de que al momento de su sanción los legisladores valoraron al nuevo código como un hecho positivo frente al que se había impuesto en tiempos de la dictadura, hoy existen fuertes fundamentos para sostener que este cuerpo legal violenta diversos principios democráticos y normas constitucionales, que le son aplicables en virtud del principio de supremacía constitucional.

Además de argumentos académicos, tomamos conocimiento día a día de casos que a lo largo de los años suman decenas de miles, en donde el actual Código de Faltas es utilizado como una herramienta de disciplinamiento social por las fuerzas de seguridad para violar sistemáticamente los derechos de las personas, principalmente de jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Esta situación, nos ha llevado a sostener que la mejor solución es la reforma integral del mismo.

En toda la provincia, la Policía efectuó en el año 2009, 54.223 arrestos. Cerca de la mitad (un 49%) afectaron a jóvenes menores de 25 años. Esto se acentúa en la ciudad de Córdoba, donde el porcentaje se eleva hasta casi el 70%”.

El proyecto, que consta de 31 artículos fue elaborado con la participación de decenas de organizaciones sociales de la Provincia de Córdoba y de centenares de ciudadanos mediante mecanismos de debates, talleres y consultas a lo largo de dos años de trabajo. El proyecto será ingresado con la firma de legisladores de distintos bloques que acompañarán al autor del mismo.

Los principales puntos que se propone reformar:

Articulo 15 (Asistencia letrada)

Actualmente este artículo permite que el proceso contravencional se lleve a cabo sin abogado defensor. Un proceso que puede culminar en la pérdida de libertad (por arresto u otra pena) o de propiedad (por multa) puede transcurrir sin que un abogado deba asistir al acusado. Nuestro proyecto propone que la presencia de un abogado defensor, sea de carácter obligatoria.

Derogación del artículo 98 (Merodeo).

Aquí se evidencia la más clara violación a los principios de legalidad (CN, artículos 18 y 19) y razonabilidad (CN, artículo 28). La figura habilita, en los hechos, la detención y sanción de ciudadanos por la mera voluntad del personal policial actuante. Viola, además, el derecho a circular (CN, articulo 14).

El legislador sanciona con multa o arresto a quienes “merodearen edificios o vehículos, establecimientos, agrícolas, ganaderos, forestales o mineros, o permanecieran en las inmediaciones de ellos en actitud sospechosa, sin una razón atendible, según las circunstancias del caso, o provocando intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos”.

En primer lugar, el concepto de “merodeo” resulta extremadamente vago. El Código elige no dar mayores precisiones en cuanto al significado.

Se violenta el principio de legalidad. La conducta se vuelve punible de acuerdo a la opinión del agente de policía, “según las circunstancias del caso”, tal como indica el artículo.

No hay forma de que el ciudadano pueda prever qué circunstancias tendrán el efecto de incriminar su circulación, convirtiéndolo en un contraventor. Se trata, de una figura extremadamente ambigua, abierta a la arbitrariedad.

El personal policial puede arrestar al supuesto merodeador si observa en él una “actitud sospechosa”. Otra vez: la contravención se termina de configurar en la mente del observador, esto es, del policía.

En otros casos, el observador son terceros en los que se genera inquietud. Pero no hay forma de volver objetiva la conducta punible. Tampoco hay manera de que quede definida con precisión. Esto infringe, claramente, el principio de legalidad.

Además, el artículo viola el principio de inocencia. El acusado de merodeo sólo puede librarse de la sanción si ofrece una “razón atendible” para hallarse en el lugar. Sin embargo, esto también depende de la discreción policial. En efecto: la razón debe resultar “atendible” según el criterio del agente de la repartición.

No hay, por supuesto, razonabilidad alguna en esta figura. Se confiere enorme poder a la policía, no se establecen requisitos objetivos para la imputación, y se fundamenta la sanción explícitamente en estados mentales de terceros, o en prejuicios o suposiciones del agente policial. Cuesta imaginar un ejemplo más claro de violación del artículo 28 de la CN.

Artículo 114 inc. 1 (competencia para instruir y juzgar)

En este artículo se consagra el corredor de arbitrariedad en la aplicación del Código. En efecto: confiere la autoridad para instruir y juzgar a la misma institución, a saber, la Policía de la Provincia.

Así, la Policía detecta, investiga, colecta pruebas, acusa y juzga. Todo ello sin necesidad de asistencia letrada (Articulo. 15 del Código). Cuesta poco imaginar el grado de arbitrariedad posible con esta organización procesal.

El artículo, además, viola el requisito de juez “imparcial e independiente”, fijado en el artículo. 8.1 del Pacto. En efecto: no basta que sea “juez natural”, de acuerdo al artículo. 18 de la CN. El Pacto exige que se trate de un juez que reúna otras condiciones objetivas: imparcialidad e independencia.

En el Código, no se asegura la imparcialidad, ya que no hay separación entre el órgano que acusa y el que juzga. Tampoco se garantiza la independencia, ya que el “juzgador” pertenece a una institución jerárquica, regida por el principio de obediencia funcional.

En el proyecto que se propone se restituye al ámbito del Poder judicial el juzgamiento y sanción.

Co-culpabilidad social.

Hemos incorporado también en el proyecto esta figura que, entre otros, es receptado por el Código de Faltas de la Provincia de Chubut. “El estado de cosas socioeconómico- cultural pasa, entonces, a primer plano. Suele decirse que aquí hay una co-culpabilidad con la que debe cargar la sociedad misma” Podemos sostener que en nuestro Código Penal hay una clara aplicación del principio de co-culpabilidad en el Art. 41, cuando se exige que para graduar la pena se tome en cuenta “la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos”.

Mecanismos alternativos de resoluciòn de conflitctos

Se propone la inclusión de la mediación y de los trabajos comunitarios como procesos alternativos de desjudicialización de los conflictos.

BINNER EN RIO CUARTO

2011-09-28T06:00:00.000-07:00

Gran numero de dirigentes del Frente Amplio Progresista (FAP), militantes y ciudadanos se concentraron el pasado luenes 26 de Septiembre en la Sede del Partido Socialista de Río Cuarto, sito en Alberdi 575 ,con motivo de la visita del candidato a Presidente, HERMES BINNER.

En la oportunidad, el Gobernador de Santa Fe expreso: “Contamos con un programa propio, que es mejor que el del gobierno y además estamos en condiciones de gobernar “.

Seguidamente manifesto: “Nos preocupa la inseguridad, la pobreza y la desocupación, por ello hay que avanzar sobre un país normal, donde funcionen los poderes y se rescate a las provincias; Argentina necesita crecer con valores como la solidaridad, la participación y la transparencia”, precisó.
Es necesario tener presente que: “dando trabajo y educación se logra la redistribución de la riqueza”, y añadió que “hacen falta viviendas”.
Se pronunció también por “la conformación de una mesa de diálogo entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT” y agregó que “la inflación se combate con políticas activas”. En este sentido acotó: “El actual no es un modelo económico sustentable en el tiempo, hay que generar confianza y producción” hoy “2 mil millones de dólares se van de la Argentina por mes”.

Para concluir dijo: “Estamos creciendo. Nosotros queremos ser primeros”,

En la oportunidad estuvo acompañado por el senador nacional del Frente Cívico Luis Juez, el legislador reelecto Roberto Birri, y los candidatos a diputados Walter Nostrala y Betiana Cabrera Fasolis.

Para cerrar su agenda en la ciudad del sur cordobés, Binner se reunió con el Rector y el Vicerrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

PROPONEN QUE SE IMPLEMENTE EL SISTEMA DE BOLETA ÚNICA POR CATEGORÍAS, AL IGUAL QUE EN SANTA FE

2011-08-23T13:45:00.000-07:00

El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, presentará durante esta semana un proyecto de ley para modificar el sistema de boleta única implementado a nivel provincial.

La propuesta consiste en “implementar una boleta única por cada categoría de cargos a elegir, para facilitar la visualización de los candidatos por parte de los electores y el posterior escrutinio”, expresó Birri, quien fundamentó esta propuesta en que “el voto por categoría electoral permite una mayor selección de los candidatos por parte de los electores, evitando la confusión y el efecto arrastre”.

El Legislador autor de la iniciativa agregó que “haciendo un análisis comparativo de la implementación de la boleta única en Santa Fe y en Córdoba, vemos que en nuestra provincia el hecho de haber incluido a todos los candidatos en un solo papel y la existencia de una opción de voto lista completa, han dificultado la correcta elección de candidatos por parte de la ciudadanía – lo que se manifiesta en el importante porcentaje de votos nulos y blancos- y ha dificultado el escrutinio, que tardó el triple que en la provincia de Santa Fe”.

La votación del Frente Amplio Progresista: ¿Qué tenemos, qué nos faltó?

2011-08-16T05:22:00.000-07:00

CARTA DEL COMPAÑERO HERMES BINNER

En las elecciones internas realizadas el domingo con el Frente Amplio Progresista obtuvimos 2.122.861 votos, que representa un 10.27%. Con cinco semanas de campaña y de existencia del FAP, lo consideramos un resultado muy positivo.

Y así lo consideró nuestra gente, que festejaba y reafirmaba su compromiso en todas nuestras sedes. Los tweets y los mensajes que nos llegan nos confirman este balance. Pero no debemos ni podemos quedarnos en esta primera mirada.

La gente nos votó para cambiar, porque quiere cambiar y superar lo que existe, y para ello hay que mirar la realidad cara a cara, y sin superficialidad ni conformismo.

Del otro lado tenemos una votación muy elevada de la Presidenta que superó el 50%. Y decimos una votación a la Presidenta porque estamos convencidos que fue un voto con una alta componente personal, de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Las cosas que uno piensa hay que decirlas.

Nosotros hicimos una campaña claramente opositora al actual modelo y de propuestas en un doble sentido: por un lado elaboramos propuestas, ideas que partían de nuestra experiencia de gestión, de nuestra visión del país, y por otro lado elaboramos un proyecto de cambio político progresista para nacionalizar y democratizar el gobierno. Ambas cosas son inseparables.

El Frente Amplio Progresista es la novedad de esta elección, pero también es una esperanza.

¿Qué tuvimos en esta campaña y que tenemos en la nueva realidad que surge de las elecciones?

Tenemos un Frente Amplio Progresista que no es sólo electoral, que es coherente, que acepta los orígenes diferentes de sus integrantes como partidos y grupos políticos y formaciones de la sociedad civil, que tiene un programa para llevar adelante y que en su primera experiencia nacional y con muy poco tiempo y recursos obtuvo un muy buen resultado. Un resultado alentador y que además nos obliga, es un nuevo compromiso.

Tenemos una elaboración programática seria, en base al trabajo de muchos dirigentes, técnicos, legisladores y organizaciones sociales, que es una excelente base para nuestro trabajo.

Tenemos un conjunto de figuras políticas y sociales importantes, que hoy se conocen mucho más a nivel nacional y local que demostraron capacidad, audacia y compromiso con el proyecto de cambio y con el Frente.

Tenemos la experiencia y los resultados del gobierno de Rosario y de la Provincia de Santa Fe a partir de un frente plural que tiene una larga trayectoria. Y la seguiremos gobernando por otros cuatro años.

Y tuvimos y tenemos coherencia a la hora de hacer alianzas, de asumir compromisos, de recorrer el país para promover un verdadero proyecto progresista. Y esto lo decimos porque a pesar de la gran votación del gobierno, seguimos creyendo que en su conjunto el modelo que se aplica no es progresista.

¿Qué nos faltó? Nos faltó tiempo, para recorrer el país y dialogar en todas las provincias, para ampliar nuestros contactos con la gente, para construir una presencia territorial mucho más sólida en toda la nación.

Nos faltó presencia en los sectores más humildes, que más sufren y están más postergados, allí donde la Argentina que crece hace 8 años no les llega y sin embargo han sido una base muy importante de la votación a favor del gobierno. Todos sabemos que no es una paradoja, es un sistema y para luchar por los derechos de todos, tenemos que estar mucho más presentes en esos territorios geográficos y sociales. No es tarea fácil.

Nos faltó una propuesta mucho más incisiva y central para la Provincia de Buenos Aires y para apoyar desde la campaña nacional a nuestra compañera Margarita Stolbizer y al FAP en esa provincia clave. No es clave sólo electoralmente, sino en la producción, en la seguridad o la inseguridad, en la honestidad, en la educación y la salud.

Y así como tenemos que proseguir y darle continuidad al debate sobre el verdadero progresismo y sus significados, tenemos que continuar el camino que conduce a la honestidad, por la decencia en la política y en la gestión del poder. No debemos acostumbrarnos y resignarnos a la manipulación de la información estadística o a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

Por aquello que decía Belgrano: El miedo sólo sirve para perderlo todo.

Y los argentinos que tenemos esta tierra maravillosa y llena de posibilidades no tenemos derecho a no aprovecharlo todo y con justicia para todos.

Afectuosamente

Debate frustrado

2011-07-29T05:26:00.000-07:00

En la jornada del miercoles 27 de Julio, en horas de la noche participe del debate organizado por el Obispado, el cual tenia como objeto conocer las propuestas de los candidatos a legisladores por el distrito unico de las principales fuerzas politicas de la Provincia.

Lamentablemete la candidata Chiofalo de UPC no asistio a tan importante reunion, lo que claramente se trasluce como un acto de cobardía intelectual ya que se podria haber aprovechado la ocasion no solo para que conozcamos sus propuestas, sino tambien para pedirle opinion sobre la gestion del partido al cual pertenece, y que gestiona la Provincia desde hace doce años.

Esta ausencia nos causa un fuerte malestar causó, no obstante no nos sorprende, es evidente que la línea que se sigue es la de la campaña electoral de De la Sota que no se agota en él como candidato sino que se expande al resto de los postulantes en danza.

Estas conductas privan a los riocuartenses del derecho que tienen de ver confrontar programas y proyectos; lo que debio ser un aporte a la consolidacion democratica se convirtio en un acto de cobardía intelectual de rehuir de un debate”.

En lo referido estrictamente al debate, las lineas que se desarrollaron fueron desarrollo económico, seguridad e infraestructura.

En la oportunidad desde nuestro lugar compartimos nuestras propuestas tales como la creacion de 100 polos productivos, la re funcionalizacion de las rutas productivas del sur, como la Ruta N° 35 que une Río Cuarto - Huinca Renanco.

Asimismo, pudimos explayarnos sobre la generacion de politicas publicas sociales en la prevencion del delito, los limites del juego (slots y tragamonedas), la necesidad de un cambio de paradigma en el rol y el accionar de la policia provincial, como para realizar una pequeña sintesis.

Carta de Hermes Binner luego de la visita de Cristina Fernandez a Santa Fe.

2011-07-21T11:03:00.000-07:00

20 de julio de 2011
Estimados amigos,
La Presidenta de la Nación nos visitó para colocar la piedra fundacional de la ampliación de la planta de Biodisel de Puerto San Martín. Estuvimos presentes varios miembros del gabinete provincial y yo personalmente. Hemos cumplido siempre con los aspectos protocolares e institucionales. Además fuimos invitados a hacer uso de la palabra. A través de la red y en nuestras palabras le dimos la bienvenida la presidenta Cristina Fernández y le deseamos que retorne a nuestra provincia a inaugurar obras construidas por los santafesinos.
Los inversores y las empresas eligen frecuentemente nuestra provincia. Obviamente hay razones para ello. Somos confiables, transparentes, invertimos mucho a nivel provincial para construir infraestructura, tenemos una economía pujante y vamos a repetir algo que dijimos ayer en el acto en el que participó la Presidenta Cristina Fernández: “El campo da mucho más de lo que se imaginan los que se la pasan denostando esta actividad” Y reiteramos este concepto a pesar de los chiflidos y los gritos. Transformar la inauguración de una empresa privada en acto electoral, es una oportunidad perdida de respetarnos entre los argentinos y de buen funcionamiento de la democracia. No debemos acostumbrarnos, de ninguna manera a confundir el estado, el gobierno, las empresas y el partido, todo entreverado. Eso le hace mal a la democracia y a la imagen del país. Y no se arregla con chiflidos contra nosotros e insultos contra los empresarios. Cuando se dedica una parte del discurso a convocar a todos los sectores políticos y sociales a un consenso para las políticas nacionales sobre temas trascendentes para el país, nos alegramos.
Finalmente, esperemos que no sea un discurso electoral, porque hasta ahora desde el gobierno nacional se ha practicado una política permanente de confrontar el país en blanco y negro, entre amigos y enemigos. Y eso le ha hecho muy mal, siempre, a la Argentina. Nosotros confiamos en el país celeste y blanco. El clima que se vivió en el acto de ayer, los retos contra toda nuestra provincia porque tenemos que crecer más, no son ni institucionalmente ni humanamente el mejor clima para impulsar dialogo, acuerdos y políticas nacionales. Los santafesinos elegiremos el domingo próximo nuestro gobernador y lo haremos libremente, juzgando lo que se ha hecho, lo que nos falta por hacer y quien es el más preparado y capaz para gobernar. Lo que no necesitamos son “normalizadores” enviados por el gobierno nacional. Santa Fe necesita un gobernante. Por eso elegiremos a Antonio Bonfatti.
En Santa Fé, somos grandecitos.
Cordialmente
Hermes Binner

El cambio es posible

2011-07-20T13:49:00.000-07:00

Acto central del Frente Civico en Vecinal Fenix - Rio Cuarto

2011-07-19T12:33:00.000-07:00

En la tarde noche del pasado viernes 15 de julio nos reunimos en un acto popular maravilloso en Vecinal Fenix, en la ciudad de Río Cuarto, la militancia de las distintas expresiones politicas que confluyen en el Frente Civico. En dicha oportunidad tuvimos el grato de honor de dirigir nuestra propuesta a todos los presentes, el candidato a Legislador por el Departamento Río Cuarto Ing. Humberto Benedetto, el candidato a Gobernador Dr. Luis Juez y el Presidente del Bloque de Legisladores del Frente Civico, Dr. Roberto Birri.

El acto, que conto con una asistencia de mas de 500 personas, conta con espectaculos de baile y show en vivo de artistas locales, lo que sin duda incentiva a poner toda la energia en estos ultimos dias de campaña electoral para la eleccion del 07 de Agosto.

El cambio esta cerca, en Cordoba, con solidaridad, participacion y decencia, ya soplan nuevos aires.

Es un acto de cobardìa intelectual que DE LA SOTA no acepte debatir.

2011-07-14T11:48:00.000-07:00

El legislador y candidato a su reelección por el Frente Cìvico, Roberto Birri, fustigo al ex gobernador De la Sota al rehusar debatir con otros candidatos, y sostuvo que " Es claro el motivo por el cual De la Sota no va a participar de un debate con Luis Juez, teme enfrentarlo y dar cuenta del daño que le ha propiciado a nuestra Provincia con su modelo del “Nuevo Estado” tras 12 años de gobierno.

“De La Sota encubre su cobardìa intelectual con un obsceno gasto en publicidad electoral, impidiendo a los cordobeses la posibilidad de la confrontación de ideas y propuestas que es uno de los mejores caminos para que la poblacion pueda realizar su opciòn electoral de manera libre y soberana".

BOLETA UNICA: UN PASO ADELANTE

2011-07-12T18:45:00.000-07:00

Por Roberto Birri: Presidente del bloque del Frente Cívico

El próximo 7 de agosto, en oportunidad de la elección de autoridades provinciales, Gobernador, Legisladores departamentales y por distrito único, miembros del Tribunal de cuentas y en algunas localidades autoridades locales se producirá un hecho histórico para Córdoba, en dicha jornada hará su debut la boleta única como instrumento único de sufragio. El camino recorrido hasta su implementación no ha sido fácil, por el contrario las marchas y contra marchas han caracterizado todo el proceso desde los primeros debates, hasta el día de hoy cuando radican importantes dudas a cerca de cómo la población recibe la información de esta novedad, en que cantidad y de que calidad lo hace, y además quienes son los responsables de transmitir ese conocimiento.

La reforma electoral sancionada por el Poder Legislativo de la Provincia tiene, en el marco de un saldo favorable, sus luces y sus sombras. En el haber se anota claramente la denominada boleta única que posibilitará resolver algunos de los problemas que sufrimos el 2 de septiembre de 2007. Este sistema comenzó a usarse en Australia en 1856, y el Estado de Nueva York empezó a aplicarlo en 1889. La mayoría de los países de América latina lo adoptaron, excepto Uruguay que tiene Ley de Lemas y nuestro país que en cada elección, con la sola excepción de los extranjeros y los presos sin condena, sigue acumulando toneladas y toneladas de papel -las boletas por partidos-, a esta altura casi una excentricidad argentina..

En esta modalidad, el ciudadano elija sus candidatos o el número de la lista a través de un sistema de marcas, a la vez que se .delega en el Poder Judicial la impresión y distribución de boletas como ocurre en España.

Las ventajas son varias: La primera es una significativa disminución del gasto electoral, toda vez que se imprimen solo un poco más de boletas de la cantidad total de electores, las suficientes para todos los votantes y dotadas de un mecanismo de seguridad que impida su reproducción.

Luego, es el propio Estado el garante de que la gente pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa. Actualmente la responsabilidad de que estén las boletas de sufragio en el cuarto oscuro recae sobre los partidos políticos, y va de suyo que solo los partidos grandes o los que estàn en el poder cumplen con ese cometido. Los mas chicos tienen serias dificultades por falta de personal y de recursos.

A su vez, elimina de cuajo la sumatoria de votos, puesto que solo puede ir un candidato por partido político o alianza, como dice la Constitución, a la vez que imposibilita que varios candidatos puedan recolectar votos para una categoría electoral superior.

Finalmente también se limita el clientelismo politico y la irrupción de los aparatos partidarios, a travès de la distribución previa de boletas, el "voto cadena" o el trabajo de fuerzas políticas que el día anterior entregan el voto a la gente. La implementación de una Boleta Única impide, además, la práctica ilegal, pero frecuente, del robo de boletas.

Los mencionados son los aspectos positivos de su implementación que para ser plenamente eficaz requiere de una activa y decidida tarea de difusión por parte del gobierno provincial, para que sea asimilado por la totalidad de los electores, lo que hasta el momento no ha ocurrido. De lo contrario el próximo 7 de agosto a la hora del escrutinio nos podemos encontrar con un altísimo porcentaje de votos nulos que neutralizará las bondades del nuevo sistema

Como oportunamente fuera planteado por el bloque del Frente Cívico, la propuesta de boleta ùnica fue acompañada por otra reforma superadora como lo es la confección de padrones mixtos y eliminar una rémora del pasado como es la división de los padrones por sexo.

Un ordenamiento por orden alfabético, suprime una discriminación entre hombres y mujeres que resulta injustificable ante la garantía de igualdad reforzada en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, CN) por la reforma de 1994.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo reiterar que cualquier avance parcial que se pretenda realizar serà insuficiente, sinò se produce la modificaciòn del sistema de representación de mayorías y minorias, que, sin vicios de hegemonìa, expresen la representación de la voluntad de los ciudadanos con un sano criterio de proporcionalidad, que evite la reproducción de situaciones como la producida en las elecciones del 02 de septiembre de 2007, cuando la fuerza electoral que obtuvo menos de un punto porcentual de diferencia sobre la segunda, obtiene 37 legisladores contra 17 de su inmediato perseguidor.

Un socialista al frente de un frente

2011-07-11T05:57:00.000-07:00

Por Miguel Jorquera (Página 12 - 12/06/2011)

Aunque aún no tiene nombre, el frente de centroizquierda ya tiene fórmula presidencial. El congreso extraordinario del Partido Socialista consagró ayer y “por aclamación” al gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner, como candidato a presidente en una decisión sobre la que no había misterios. La sorpresa, para propios y extraños, fue la designación de Norma Morandini como la postulante a la vicepresidencia, después de que la líder del GEN, Margarita Stolbizer, le comunicara a Binner –el viernes a última hora– su decisión de pelear por la gobernación bonaerense, y sugirió a la senadora juecista como su compañera de fórmula. Sus socios, Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Víctor De Gennaro (Unión Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur), Alejandro Bodart (MST) y la propia Stolbizer bendijeron con su presencia al binomio presidencial. “Este espacio es una verdadera oportunidad y una necesidad frente a los grandes partidos que se están resquebrajando como gigantes de barro”, soltó Binner como una propuesta frente al bipartidismo tras su ruptura con la UCR.

“No es Cristina ni Alfonsín, es Hermes Binner conduciendo el país”, fue la consigna más tarareada por la juventud socialista. La decisión estaba tomada, el congreso del PS sólo debía formalizarla. El encargado de hacer la propuesta ante 500 congresales que se reunieron en el recuperado Hotel Bauen fue el intendente de Rosario, Miguel Lifschitz.

Señaló a Binner como el constructor de un “liderazgo democrático” en el PS y el Frente Progresista y que condujo “con mano férrea el timón de la intendencia rosarina y Santa Fe”.

Con las acreditaciones de congresales en alto, los socialistas aprobaron por aclamación la candidatura presidencial de Binner. Pero Lifschitz fue más allá de las atribuciones del congreso partidario y también pidió la proclamación de Morandini como compañera de fórmula de Binner.

Ya desde el palco, micrófono en mano y bajo la consigna “solidaridad, participación y transparencia”, Binner repasó la historia del PS y de sus fundadores y remarcó que el norte partidario fue siempre el de “derechos para todos”. “La igualdad es como la utopía, siempre que se está por alcanzar aparece otro derecho al que hay que responder”, concluyó. “Binner corazón, acá están tus pibes para la liberación”, respondieron los jóvenes partidarios. Binner los convidó a “estudiar y participar” porque “no es mirando televisión como se generan los cambios”.

“¿Por qué Morandini?”, se preguntó públicamente Binner para dar paso a su propia respuesta: “Por sus profundas raíces humanas y no como otros que usan las cuestiones humanas para usos particulares”, soltó como crítica hacia el gobierno nacional en medio de la investigación judicial sobre el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

Después, el gobernador santafesino dio la versión que lo llevó a definirse por la senadora cordobesa. Agradeció la “generosidad de Marga”, que le comunicó su decisión de aportar al frente electoral dando pelea en la provincia de Buenos Aires, “dejando de lado un lugar que por todo su trabajo le correspondía a ella”; y que fue la propia Stolbizer quien sugirió a Morandini. Stolbizer fue la última en llegar al Bauen, donde también se proclamó su candidatura a gobernadora. Sus socios, Solanas, De Gennaro, Claudio Lozano, Eduardo Macaluse, Tumini, Victoria Donda, Mario Mazzitelli, entre otros, la acompañaron con aplausos.

Stolbizer debatió el tema el viernes con los principales referentes del GEN. Se lo comunicó a Binner esa misma noche.

La senadora juecista fue la primera aliada en llegar al congreso del PS, “sorprendida” por la noticia y ante la ausencia de Luis Juez, que no pudo viajar desde Córdoba. “Pertenezco a la gran familia del dolor”, dijo la periodista sobre el escenario en referencia a sus hermanos desaparecidos. “Creo con el corazón que mi generación se inmoló para que los argentinos sepamos realmente vivir en democracia”, agregó como definición antes de remarcar que “no se construye con ira una Argentina democrática”. Luego, Morandini contó que le pidió a Hermes que le levantara el brazo izquierdo “porque el derecho lo tengo quebrado”, y no se trataba de una chanza.

En rueda de prensa, Binner volvió a mostrarse para la foto con todos los dirigentes que comparten el frente electoral de centroizquierda. Allí insistieron en remarcar que la fórmula presidencial acompañará las campañas de Solanas en Capital, de Antonio Bonfatti en Santa Fe y de Juez en Córdoba, además de Stolbizer en la provincia de Buenos Aires. Afuera, en la calle (sobre la avenida Callao) lo esperaban un acoplado de camión como escenario y centenares de jóvenes haciendo flamear banderas rojas con el puño y la rosa que identifica a los socialistas.

CONSULTA POPULAR: TRAGAMONEDAS

2011-05-04T08:38:00.000-07:00

El legislador Roberto Birri presentó a la Legislatura de Córdoba un proyecto de Ley por el cual se propone convocar a todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba a una Consulta Popular, a fin que expresen su opinión respecto de la propuesta de limitar la instalación de máquinas tragamonedas en localidades no turísticas.

Expte. 7436/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Articulo 1°.- CONVÓCASE a todos los ciudadanos de la Provincia de Córdoba a una Consulta Popular, a fin que expresen su opinión respecto de la propuesta de limitar la instalación de máquinas tragamonedas en localidades no turísticas.

Artículo 2°.- La consulta se realizará el día 7 del mes de agosto del corriente año, entre las 8 las 18 horas, de acuerdo a los procedimientos que establecen las leyes 7811 y 9571.

Artículo 3º- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 7811, se solicitará a los sufragantes una respuesta afirmativa o negativa sobre la siguiente propuesta: ¿Está de acuerdo con la radicación de máquinas tragamonedas en localidades no turísticas?.

Artículo 4º- Deberán sufragar todos los ciudadanos que se encuentren incluidos en los padrones utilizados en la elección de Gobernador y Legisladores provinciales previstas para el 7 de agosto de 2011.

Artículo 5º- Los Partidos Políticos reconocidos en la Provincia gozarán de todas las garantías que prevé la ley electoral para hacer conocer su opinión y fiscalizar la votación y escrutinio.

Artículo 6º- Dese al Tribunal Electoral Provincial Ad hoc, a los fines del artículo 3 de la Ley 9840 y al Poder Ejecutivo a los fines del artículo 15 de la Ley 7811.

Artículo 7º- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas deberá realizar las previsiones presupuestarias que resulten necesarias para atender los gastos que demande la ejecución de la de la Consulta Popular que se que se convoca por el presente instrumento.

Artículo 8º.- De forma.

Fdo.: Roberto Birri

FUNDAMENTOS

La consulta popular es de una de las formas semi directas de democracia, junto con el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.

El concepto de consulta popular hace referencia a la facultad del pueblo para expedirse mediante votación acerca de proposiciones que le son presentadas por los órganos legislativos o ejecutivos, sin que su pronunciamiento obligue jurídicamente a los órganos del Estado; su finalidad es dar a conocer la expresión de la opinión popular sobre determinados problemas o cuestiones políticas de trascendencia.

La consulta popular tiene carácter “facultativo, ante legem y no decisorio”. Es “facultativo”, porque los órganos que tienen la atribución de convocarla no están obligados a hacerlo; es “ante legem”, porque primero se consulta la opinión popular y luego se dicta la ley o acto administrativo que corresponda; y es “no decisorio” o “no vinculante”, porque el resultado obtenido no vincula, es decir, no obliga a los órganos de gobierno a seguir la voluntad popular expresada por la votación.

El Articulo 32 de la Constitución Provincial establece que “Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular, de acuerdo con lo que determine la ley...”, la norma recoge su antecedente en la Constitución de 1923, y en el marco del principio de participación receptado en la parte dogmática de la misma Constitución.

Esta fórmula es reproducida textualmente por el Artículo 13 de la ley provincial Nº 7811, que regula los institutos de democracia semi directa. Se establece allí que la consulta puede ser convocada tanto por el Poder Ejecutivo, como por el Poder Legislativo o por Iniciativa popular. En todo caso, la convocatoria se formaliza con un Decreto del Poder Ejecutivo que debe consignar con precisión el texto sobre el que se requiere la opinión de la ciudadanía y contener el texto de la propuesta a consultarse.

En este transito en el cual tratamos de desmenuzar el concepto del instituto en cuestión no podemos dejar de citar aquella frase del gran politólogo Norberto Bobbio : "La democracia directa, es decir, el sistema en el que los ciudadanos tienen el derecho de tomar las decisiones que les atañen, y no sólo el de elegir a las personas que decidirán por ellos, ha quedado como un ideal límite, cuya fuerza propulsiva no ha decaída". La cita viene valida cuando la discusión gira en torno a la profundización del proceso de democratización. Mientras que la tendencia actual apunta a una "democracia electoral", creemos pertinente explorar su potencial como principio de organización. Nun destaca que los derechos políticos no consisten solamente en el derecho al voto, sino que comprenden el derecho a ser elegido, a hacer propaganda política, a acceder a la información política y a participar en el espacio público, por lo que "la ciudadanía no está asegurada si no se dan determinadas condiciones sociales que permitan ejercer los derechos".( NUN, José: "La ciudadanía política no está asegurada si no se dan determinadas condiciones sociales"; entrevista realizada por Quiroga y Lazzetta, Estudios Sociales, Año VIII, N°14, Santa Fe, 1998), desde nuestra óptica la ciudadanía va algo mas allá, y se cristaliza en el hecho de poder contar con diversos mecanismos de participación en la toma de decisiones, sobre todo en temas particulares que pueden influir de manera drástica en la vida de cada cordobés.

Creemos es el caso puntual de la radicación de los denominados tragamonedas (máquinas que a cambio de una cantidad de dinero apostada dan un tiempo de juego y eventualmente un premio en efectivo. Pueden ser de dos tipos: Máquinas programadas. En estas máquinas el premio depende de un programa interno en la máquina, de tal forma que al cabo de una secuencia de jugadas la máquina ha de devolver una cantidad determinada de lo que se ha introducido en ella. Este tipo de máquinas son habituales de los salones de juego y en algunos países también en bares o cafeterías. Máquinas de azar. En ellas los premios dependen exclusivamente del azar. Para conocer el porcentaje de pago de estas máquinas hay que acudir a la estadística y la probabilidad. Sólo se suelen encontrar en salones de juego de los casinos. Es un tema que justificaba, por lo menos en su instalación en localidades que no tienen como principal fuente de ingreso al turismo, realizar una consulta en principio a todo el pueblo de Córdoba para saber si aceptaba y compartía la idea de instalar este tipo de emprendimientos en el territorio provincial y luego en cada lugar en el que se pretendía situarlos, ya que el impacto que generan estos negocios son por demás importantes.

El caso paradigmático para nosotros es la ciudad de Río Cuarto; la capital alterna de la Provincia convive con las “slots” desde 2004, al principio las mismas fueron instaladas frente a la plaza central de la ciudad, y luego se trasladaron a metros de la costanera sur en instalaciones de un hotel.

¿Por qué decimos que es un caso paradigmático? Porque Río Cuarto no es un icono del turismo provincial, todo lo contrario, año a año, sobre todo en época estival, el Estado municipal así como las cámaras empresariales relacionadas al turismo diversifican sus esfuerzos a fin de poder generar ofertas que incentiven a la población a visitar la ciudad, lo que es siempre una tarea al menos de grandiosa dificultad. Sin embargo, por iniciativa de las autoridades de aquel entonces (Gobernador José Manuel De la Sota e Intendente Alberto Cantero) se avanzo con la instalación de este tipo de entretenimientos en la ciudad. Al comienzo el numero de maquinas fue de 176 llegando a 282 (41 de ellas fueron sacadas en 2011 a raíz de una intimación por parte del Ente Descentralizado de Control Municipal).

Vale decir que en el periodo comprendido desde el inicio de la actividad de los tragamonedas en la ciudad, hasta la fecha (Año 2011), la cifra por la cual le han ingresado ganancias a la Concesionaria (CET entretenimientos) ronda los 210 millones de pesos, algo así como el equivalente a la construcción de 1300 viviendas para la clase media.

¿A que apuntamos con lo antes analizado? Mas allá del juicio de disvalor que se pueda tener acerca de los juegos de azar y de la participación del Estado sobre el mismo (como su promotor), tema que supera esta iniciativa legislativa, en el tópico en cuestión es claro que creemos ha faltado la participación popular ab initio en todo el proceso de licitación e instalación de las tragamonedas. Sin embargo dicha situación, si al menos hoy no puede solucionarse desde su propia raíz, puede ser enmendada parcialmente, al participar al pueblo de Córdoba acerca de si acompañan o no la instalación de dos mil cien maquinas tragamonedas mas de las ya instaladas (lo que eleva el stock a cinco mil en todo el territorio) y además establecer los mecanismos mediante los cuales se obste la instalación de este tipo de emprendimientos en ciudades (léase comunas y/o municipios), que no encuentran en el turismo su principal fuente del ingresos (tal el caso de Río Cuarto, Morteros, San Francisco, Laboulaye, etcétera).

Las consecuencias dañosas de estos emprendimientos está a la vista, para el caso de Río Cuarto, a través de una encuesta de opinión realizada en 2010 por la Secretaria de Desarrollo Municipal, se da a conocer que el 50% de los encuestados concurrió al casino, que el 83% de los encuestados apuesta cifras que oscilan entre $50 y $100, que el primer lugar dentro de los juegos elegidos lo tienen los slots (32%) y que el 97% de los encuestados reconocen la enfermedad del juego y que la disponibilidad tanto de horarios como de lugares aumenta la posibilidad de riesgo para que aparezca la enfermedad.

De lo manifestado resulta que debemos avanzar con la tarea que la Constitución provincial le otorga al Estado, de prevenir los riesgos que pongan en riesgo la salud de la población, tratando de enervar y concientizar sobre aquellas conductas que significan un potencial daño a los cordobeses, razón por la cual se propone consultar a la comunidad, y en caso de que esta no esté de acuerdo tomar la decisión política de encontrar las herramientas jurídicas y económicas para caminar hacia el bienestar común; que según nuestra óptica no es otra que regular el juego, no incentivarlo, e invertir en programas de alto contenido social.

Por todo lo antes referido es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Ley.

Fdo.: Roberto Birri

"30 de abril: Dia de la Lucha Civil"

2011-04-30T08:47:00.000-07:00

Fue aprobado el Proyecto de Declaración presentado por el Legislador Birri por el cual DECLARA

Su adhesión al “Día del Coraje Civil”, establecido en recuerdo y homenaje de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, el 30 de abril de 1977, alrededor de la Pirámide y como reacción a la desaparición de sus hijos.

Expte. 7394/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Fdo.: Roberto Birri

FUNDAMENTOS

Hace 34 años, un puñado de madres de desaparecidos encabezados por Azucena Villaflor daba su primera vuelta a la Pirámide de Mayo. cuando un grupo de ellas se reunió en ese lugar y ante la orden de "circulen" de la policía decidió hacer caso, dando vueltas alrededor de la pirámide.

El comienzo del reclamo nació como una iniciativa de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial, - según la propia página oficial de Madres- era poder tener una audiencia con el presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.

La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Vicenti, propuso entonces: «Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos».

Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata (originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron «circular» por causa del estado de sitio) alrededor de la pirámide central de la plaza.

Entre aquellas primeras Madres estuvieron Azucena Villaflor de Vicenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa García de Noia,2 Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y una joven que no dio su nombre. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre ellas Hebe de Bonafini, de la ciudad de La Plata. La presencia de las madres en la Plaza era conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como no existían los «desaparecidos» para la prensa, tampoco existían las Madres. Al tercer día se cambió el viernes por el jueves. Acordaron que fueran los jueves de 15:30 a 16:00 h de la tarde por ser un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la Plaza. Ellas permanecían en grupo y de pie sin caminar. Fueron los policías que custodiaban la plaza quienes les indicaron que marcharan de a dos porque como el país estaba bajo estado de sitio estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. Por lo tanto y dadas esas condiciones, comenzaron las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de la libertad. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza hecho en un principio con tela de los pañales que se usaban para bebés, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Las Madres intentaron dar a conocer sus dramas y así participaron de marchas religiosas numerosas y populares en las cuales era conveniente que pudieran reconocerse.

Nuestro homenaje y reconocimiento por siempre, a las Madres que fueron y son la consciencia de la Nación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Declaración.

Fdo.: Roberto Birri

Sala Alicia Moreau de Justo

2011-03-31T06:26:00.000-07:00

Fue aprobado por unanimidad el proyecto por el cual se designa con el nombre de Alicia Moreau de Justo a la Sala del Edificio del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba identificada como “Sala de Jury”.

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Expte. 7229/L/11

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Designar con el nombre de Alicia Moreau de Justo a la Sala del Edificio del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba identificada como “Sala de Jury”.

Fdo.: Roberto Birri – Evelina Feraudo – Daniel Passerini – Silvia Rivero – Ana Dressino – Esmeralda Rodríguez – Nancy Lizzul – Omar Ruiz – Liliana Olivero – Sara Díaz – Modesta Genesio de Stabio – Pedro Ochoa Romero – José Maiocco – Hugo Pozzi – Kasem Dandach

FUNDAMENTOS

La construcción de una sociedad democrática supone, entre otras cosas, el permanente rescate de los valores cívicos para integrarlos a su cultura como patrimonio del mejor pasado, que permita dotar a las generaciones actuales y futuras de una visión progresista imprescindible para la continuidad de una tradición democrática.

Una de las formas de transmitir esos valores, a la que se ha apelado en distintos lugares del mundo y también en nuestro país, es reivindicando protagonistas de la historia que en alguna medida a través de su acción personifican tales valores.

Es el caso que venimos a proponer al designar la sala de reuniones citada de esta Legislatura con el nombre de la Dra. Alicia Moreau de Justo.

Alicia Moreau había nacido en Londres, Inglaterra, en 1885. Dicho lugar de nacimiento fue un accidente en la historia del matrimonio de Armand Moreau y María Denanpont expulsados de Francia después de de su participación en la Comuna de Paris en 1871 y la cruenta represión subsiguiente.

En 1890, el matrimonio y tres hijos, entre ellas la pequeña Alicia emigraron a la Argentina. Una vez establecido en Buenos Aires, el padre de Alicia se integró en los grupos socialistas que comenzaban a organizar el movimiento obrero argentino. Alicia solía acompañarlo a estas reuniones y actividades.

La joven Alicia realizó sus estudios secundarios en el Colegio Normal Nº 1 donde, ella misma recuerda, recibió una influencia decisiva de parte de Hipólito Yrigoyen, quien enseñaba allí como profesor de filosofía y que varios años más adelante se convertiría en el primer presidente democrático de la Argentina.

En 1906 cuando contaba con 21 años, Alicia Moreau fundó el Movimiento Feminista y el Comité pro-sufragio en Argentina junto a otras mujeres, como Sara Justo, la Dra. Rawson Dellepiane, la Dra. Lantieri, entre otras.

En 1907, siguiendo los pasos de Cecilia Grierson, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en una época en que la sociedad veía con rechazo que las mujeres estudiasen una profesión universitaria. Alicia Moreau perteneció al grupo de seis mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar medicina en Argentina. Desde sus años universitarios prestó atención a las enfermedades sociales relacionadas con la discriminación de la mujer y de los trabajadores. Se graduó de médica en 1913 con diploma de honor.

Entre 1906 y 1914, escribió varios artículos sobre educación y política en la Revista Socialista Internacional. Algunos de esos artículos se titularon: La escuela nueva, La Comuna y la educación, Liga Internacional para la educación racional de la infancia, Internacionalismo escolar, Las universidades populares de Noruega, etc.

Por entonces expuso su tesis sobre la escuela nueva, en la que cuestionaba profundamente la escuela pública argentina, sosteniendo que los niños solo se pertenecen a sí mismos, y que ni los padres, ni la Iglesia, ni el Estado, tienen derecho a imponerles sus dogmas y convicciones.

En 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, Alicia Moreau impulsó un amplio movimiento pacifista.

En 1920 fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional (UFN) con el fin de unificar las distintas organizaciones feministas que existían en ese entonces, como el Centro Socialista Femenino, la Agrupación Socialista Femenina, y el Consejo Nacional de Mujeres. La UFN tenía como objetivo organizar a las mujeres, a partir de centros en todo el país, para obtener la igualdad de derechos con los hombres, así como para mejorar las condiciones del trabajo femenino. La acción política de la UFN resultó decisiva para apoyar la sanción de muchas importantes leyes de reconocimiento de los derechos de la mujer y de protección del trabajo femenino. La UFN publicó mensualmente la revista Nuestra Causa. La UFN comenzó a organizar movilizaciones activas de mujeres durante los actos electorales, así como peticiones masivas dirigidos a los legisladores y acciones de lobby.

Ese mismo año Moreau es una de las creadoras del Comité Femenino de Higiene Social con el fin de combatir la trata de blancas.

Poco tiempo después la UFN establecía una alianza con el Comité pro Derechos de la Mujer, para reclamar activamente el reconocimiento del derecho a votar de las mujeres y apoyar al Partido Feminista Nacional que impulsaba la candidatura a diputada nacional de Julieta Lantieri. La prensa conservadora comenzó a utilizar el término "damas rojas" para referirse a las mujeres que reclamaban el derecho a voto.

En 1921 decide afiliarse al Partido Socialista y al año siguiente se casó con su fundador, Juan B Justo, que fallecerá siete años después, y con quien tuvo tres hijos. Alicia Moreau de Justo alcanzó en esas décadas a integrar el Comité Ejecutivo del Partido Socialista y se convirtió en la primera mujer argentina en ocupar un cargo político. Desde su cargo directivo en el PS organizó exitosamente las "Agrupaciones Femeninas" en cada Centro Socialista, con el fin de organizar la acción política de las mujeres. Algunas agrupaciones crearon centros para los niños, para que más mujeres pudieran acercarse a la actividad política. El Partido Socialista se diferenció de los otros partidos políticos de la época por la gran cantidad de mujeres que militaban en sus filas.

En 1925 las feministas obtuvieron su primer triunfo parlamentario al lograr la sanción de la Ley 11.317 reglamentando el trabajo de las mujeres y los niños, en la que se establecía que las mujeres no podrían trabajar más de 8 horas diarias y 48 horas semanales, prohibición del trabajo nocturno y en tareas insalubres, prohibición del despido de mujeres embarazadas, licencia para amamantar y obligación de las empresas de tener guarderías.

En 1926, las feministas obtienen un nuevo y resonante triunfo con la Ley de Derechos Civiles de la Mujer que aunque no establecía la igualdad plena entre hombres y mujeres, establecía por primera vez el principio de que las mujeres y los hombres debían ser equiparados en términos de derechos.

En 1932 Alicia Moreau de Justo elabora un proyecto de ley de sufragio femenino que obtiene la aprobación de los diputados, en medio de una amplia movilización de mujeres y presión de las organizaciones feministas. Sin embargo el proyecto fue rechazado por el Senado, donde predominaban ampliamente los conservadores.

Durante la década 1930-1940 se desempeñó activamente en las campañas de solidaridad argentina en apoyo de la República durante la Guerra Civil Española.

En 1946 escribió su libro La mujer en la democracia.

En 1947 el peronismo sancionó la ley del voto femenino, y en 1949 sancionó una nueva Constitución Nacional que establecía la igualdad plena de la mujer y el hombre y la responsabilidad compartida frente a la patria potestad. Alicia Moreau de Justo, a pesar de su oposición al peronismo, se alegró y apoyó esas decisiones, que concretaban el objetivo por el que había luchado durante 40 años.

En 1951, las mujeres argentina pudieron votar y ser votadas para cargos nacionales por primera vez en la historia. Alicia Moreau de Justo integró la lista de diputados nacionales.

Después del golpe militar, el Partido Socialista se dividió internamente en dos grupos: un ala conservadora encabezado por Américo Ghioldi, y otra ala más popular, que sospechaba de los militares en el gobierno y pretendían establecer buenas relaciones con un peronismo democratizado. Este último grupo tenía como cabezas más visibles a Alfredo Palacios y Alicia Moreau de Justo. Por entonces ella sostenía que peronistas y antiperonistas debían unirse para la transformación de una sociedad basada en la desigualdad económica.

En 1956 fue nombrada directora de la Vanguardia, un importante periódico del Partido Socialista, que tenía por entonces una tirada de 90.000 ejemplares. Moreau de Justo le imprimió al periódico partidario un contenido crítico del gobierno militar, que fue duramente cuestionado como populista por el ala conservadora del partido. Se mantuvo como Directora hasta 1960.

En 1975 fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), desempeñando un importante papel de resistencia al terrorismo de Estado durante la dictadura militar que se instauró entre 1976 y 1983. En esos años Alicia Moreau de Justo acompañaba a las Madres de Plaza de Mayo en sus famosas rondas frente a la casa de gobierno, y presentaba peticiones de libertad a la junta militar y a los jueces.

En 1979, cuando la actividad política estaba prohibida, participó junto a dirigentes de la Confederación Socialista Argentina y el Partido Socialista Popular, en un acto en el tradicional salón de la mutual socialista Unione e Benvolenza, de la Ciudad de Buenos Aires, convocando a la unidad del Socialismo en Argentina.

En 1980 fue una de las encargadas de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una de las acciones internacionales que más dañaron al Proceso de la Dictadura.

En 1983, con sus noventa y ocho años a cuestas, y en un acto que resume la síntesis de su experiencia histórica llega en un primero de Mayo más – de sus tantos primeros de mayo en los cuales manifestó con los trabajadores – al Estadio de Atlanta a encabezar el palco de la Confederación General del Trabajo en el día de los trabajadores.

Falleció a los 101 años, el 12 de mayo de 1986.

Cien años de una vida de lucha, de coherencia con los principios y valores que abrazó desde su juventud, con fuerza, con convicción, con grandeza, con generosidad, sin pedir ninguna figuración, ningún puesto, ninguna prebenda, pudiendo haber pedido todo, definen una personalidad gigantesca, parte insoslayable de lo mejor de nuestro pasado.

Por todo esto creemos que esta legislatura debe jerarquizarse recordando en forma permanente a la Dra. ALICIA MOREAU DE JUSTO, a través de estampar su nombre en la Sala mencionada.

Fdo.: Roberto Birri – Evelina Feraudo – Daniel Passerini – Silvia Rivero – Ana Dressino – Esmeralda Rodríguez – Nancy Lizzul – Omar Ruiz – Liliana Olivero – Sara Díaz – Modesta Genesio de Stabio – Pedro Ochoa Romero – José Maiocco – Hugo Pozzi – Kasem Dandach

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Creación de Juzgado Comercial en Río Cuarto.

2011-03-31T06:03:00.000-07:00

Fue presentado a la Legislatura Provincial un Proyecto de Ley, para crear en la Ciudad de Río Cuarto, segunda circunscripción judicial, un Jusgado Comercial con competencia exclusiva en materia de Concursos y Quiebras, dos Asesorías letradas y una Fiscalía de Instrucción .

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ARTICULO 1º.- CRÉASE en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto un Juzgado Comercial con competencia exclusiva en materia de Concursos y Quiebras, dos Asesorías letradas y una Fiscalía de Instrucción.

ARTICULO 2º.- El procedimiento se regirá en todo lo que corresponda por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

Disposiciones transitorias

Primera.- Las causas que pertenezcan a la materia de concursos y quiebras que estén en curso, serán fenecidas ante los tribunales que entendieron oportunamente en las mismas.

Segunda.- Todo aquello no previsto por la presente será reglamentado por el Tribunal Superior de Justicia en los limites de su competencia.

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fdo.: Roberto Birri

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El acceso a la jurisdicción como forma de lograr la materialización de un derecho, constituye una de las bases de nuestro Estado de Derecho; por ello es que ha constituido uno de las prioridades que desde antiguo se han puesto quienes tienen la responsabilidad de detentar alguna responsabilidad ligada a las manifestaciones del poder publico.

En ese camino es que creemos necesario avanzar cuanto antes con la creación de un nuevo Juzgado especializado en materia comercial, dos Asesorías letradas y una Fiscalía de Instrucción.

Nuestra iniciativa se basa en lo siguiente; es de publico y notorio el avance producido en gran parte del mundo (el que replica nuestro sistema de justicia claro está) hacia la especialización en la materia, poco a poco se va dejando atrás a ese Juez omnipotente que se creía con la capacidad para conocer todo el derecho de manera acabada, que contaba con la suficiencia de poder conocer en una causa de alimentos, como en un concurso preventivo y en un divorcio vincular, o en un reclamo por daño moral; la realidad nos demuestra que ello no es posible, que se pueden apreciar errores de derecho en algunos trámites y resoluciones, todo como resultado de tribunales conocidos como de competencia múltiple, que deben atender las mas variadas materias. Es por eso que estimamos como correcto realizar un aporte como el que se presenta, que si bien significa cuantitativamente un pequeño paso, su aprobación expresaría una importante señal de cambio en el sistema, y un incentivo en la búsqueda de la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

Respecto el segundo punto de esta propuesta, creemos es de vital importancia en el marco de la garantía que se hacia mención supra, las Asesorias Letradas como uno de los elementos mas importantes dentro de la actuación jurisdiccional, ya que a través de su accionar es que una porción importante de la sociedad puede acceder a la jurisdicción, canalizando las pretensiones de quienes no tienen recursos económicos para afrontar los gastos causídicos, lo que acontece tanto en materia civil como así también en lo penal. Para abundar vale recordar la función que le otorga el Código Civil como representante promiscuo de los incapaces y ausentes. Allí radica gran parte de su importancia, y del fundamento en crear dos nuevas para la circunscripción mas importante del interior provincial.

Por ultimo proponemos la creación de una nueva Fiscalía de Instrucción en la circunscripción segunda donde actualmente están funcionando cuatro. De acuerdo a la población que contiene dicha división administrativa, parece harto insuficiente. Es que si realizáramos una división solo de acuerdo a la densidad poblacional deberíamos concluir que cada fiscal tiene bajo su orbita alrededor de setenta y cinco mil habitantes. Es también materia sobre la cual estamos informados la mayoría, de que el Fiscal de Instrucción de acuerdo a nuestro sistema penal es el encargado de ejercitar la acción publica ante la posible comisión de delitos, por lo que no es difícil inferir que se encuentran abarrotados de trabajo lo que dificulta su accionar y que da como resultado -pese al enorme esfuerzo funcional- que ello atenta contra una eficiente investigación penal preparatoria.

Como venimos sosteniendo hace tiempo, es necesario hacer cuanto sea posible para materializar un beneficio de la sociedad toda de Río Cuarto a través de un mejor servicio de justicia.

Por las razones expuestas, es que solicitamos a los señores legisladores se dé aprobación al presente Proyecto.

Fdo.: Roberto Birri

Repudio al atentado contra la sede del Partido Socialista de Córdoba

2011-03-28T08:50:00.000-07:00

El Legislador Roberto Birri presentó un proyecto de Declaración, repudiando el atentado sufrido por el Partido Socialista de Córdoba, el cual fue aprobado por el pleno de la Legislatura Provincial .

Expte. 7212/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DELARA

Su solidaridad con el Partido Socialista de Córdoba, repudiando enérgicamente los atentados sufridos en su local partidario de la ciudad de Capital de la Provincia durante la noche del día 26 de marzo de 2011, instando a las autoridades competentes a esclarecer el hecho y condenar a los responsables.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En la sesión del día 23 de Marzo de 2011 este Poder Legislativo se hizo eco del atentado sufrido por el Partido Comunista de Córdoba en su sede partidaria. A pocos días de haberse perpetrado esos hechos repudiables, nos damos con la triste noticia de que el Partido Socialista también fue objeto de actos de esta naturaleza, lo que demuestra claramente que no se trata de hechos aislados ni casuales.

Durante el fin de semana en que el pueblo de córdoba y de todo el país realizara una enorme movilización repudiando el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Sede Provincial del Partido Socialista, sufrió la agresión por parte de desconocidos, que escribieron con pintura en aerosol la leyenda "vivan las FFAA" y el símbolo nazi de la cruz esvástica.

Sin duda hay sectores muy minoritarios de nuestra sociedad que reivindican hechos tan atroces como la desaparición de personas, el robo de bebés o el genocidio perpetrado por el nazismo, pero gracias a la lucha de miles de ciudadanos hoy en la argentina se está haciendo justicia y hay una conciencia masiva sobre la necesidad de cuidar y fortalecer la democracia.

Estas agresiones, como la que días atrás también sufrió el Partido Comunista, nos obliga a redoblar el esfuerzo para mantener viva la memoria y avanzar hasta el final con los juicios a los responsables de los delitos más atroces que se cometieron en la historia de nuestro país. Sin justicia hay impunidad, y un país no se construye sobre la impunidad. Debemos seguir soñando que es posible mejorar la democracia que supimos conseguir y garantizar todos los días el pleno respeto por los derechos humanos.

Adhesión al Acto de Lanzamiento de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la Vida”

2011-03-22T09:05:00.000-07:00

Fue aprobado por unanimidad el Proyecto de Declaración presentado por el Legislador Roberto Birri en Adhesión al Acto de Lanzamiento de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la Vida”.

Expte. 7167/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA

Su adhesión al Acto de Lanzamiento de la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas “Si a la Vida” promovida por la Red Argentina de Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito e impulsada por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel, con el lema “De vos depende no sumar una estrella más al cielo”, en la localidad de Las Higueras: enlace de Rutas 8 y 36 - frente a la Universidad Nacional de Río Cuarto; en fecha 2 de abril de 2011.

FUNDAMENTOS

En el año 1977, ocurrió una tragedia vial en Río Curto, cuando un colectivo colmado de estudiantes universitarios fue arrollado por un tren, tragedia que enlutó a la región y dejó un saldo de 16 víctimas.-

Por ello, se pintarán 16 estrellas amarillas, una por cada víctima de la tragedia vial sucedida en junio de 1977 Se pintarán las estrellas símbolo no sólo como un mensaje de concientización sino también a modo de recordatorio y en memoria de todas esas víctimas.

La campaña en sí consiste en pintar una Estrella Amarilla, símbolo que representa a una victima de accidente de tránsito, en el lugar del accidente mediante la cual se procura, como indica el Señor Julio Ambrosio “llamar la atención para que otro no pase por esta experiencia, es necesario que comprendamos que allí se fue una vida inútilmente, ese es el verdadero sentido de la campaña”.

Su finalidad es de concienciar a la población en general sobre un problema que nos afecta a todos los argentinos como son los accidentes de tránsito, “hechos de transito evitables” en palabras de Julio Ambrosio Presidente de la Fundación, problema del cual la ciudad de Las Higueras no es ajena.

Las acciones llevadas a cabo por la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel y la Asociación Argentina Familiares y Amigos Víctimas de Tránsito, tiene por finalidad no sólo recordar a las víctimas sino sobre todo generar conciencia para la asunción de conductas responsables y la consecuente disminución de siniestros evitables, por ello declaramos de interés municipal a la Campaña Nacional de Concientización Vial Estrellas Amarillas”, por lo cual se promueve a la adhesión de la misma.pues, educación y concientización de la sociedad son indispensables para terminar con este tipo de desgracias, ya que la mayoría se produce por factores evitables; por otro lado debemos tener memoria de aquellos que podrían estar acompañándonos hoy y no están.

Por ello, solicito el acompañamiento de mis pares del presente proyecto de Declaración.

Fdo.: Roberto Birri

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Río Cuarto: sistema de desagües en el barrio Banda Norte

2011-02-14T08:53:00.000-08:00

El Legislador Roberto presentó un proyecto a fin de: "Solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia disponga con urgencia los fondos necesarios a la Municipalidad de Río Cuarto, para financiar la ejecución de las obras vinculadas al sistema de desagües en el barrio Banda Norte de esa ciudad, considerando la importancia de las mismas y la situación de emergencia que viven sus vecinos.

Expte. 6930/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Solicitar al Sr. Gobernador de la Provincia disponga con urgencia los fondos necesarios a la Municipalidad de Río Cuarto, a fin de financiar la ejecución de las obras vinculadas al sistema de desagües en el barrio Banda Norte de esa ciudad, considerando la importancia de las mismas y la situación de emergencia que viven sus vecinos.

Fdo.: Roberto Birri

FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento la necesidad de una urgente obra hidráulica de desagües para la ciudad de Río Cuarto. Si bien la Municipalidad de esa ciudad, por medio de un convenio de provisión de asistencia técnica, con la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Recursos Hídricos, ya cuenta con los proyectos para construir los desagües en 8 zonas claves, hasta el momento ninguno ha sido ejecutado.

Dadas las últimas precipitaciones registradas en la ciudad, una de las zonas mas afectadas fue la de Banda Norte. Este sector se encuentra en la margen izquierda de la ciudad, dentro del cual se distinguen, según afirma el estudio realizado por el Instituto de Recursos Hídricos de La Universidad Nacional de Córdoba, varios sectores críticos con inconvenientes de inundación, no solo asociado a las lluvias y eventos hidrometeorológicos, sino además, a la creciente urbanización y carencia de obras para captar, conducir y regular estos volúmenes de agua generados.

Del total de los 130 millones proyectados para el total de la obra hidráulica de la ciudad, 40 millones serán financiados por el Gobierno Nacional, quien aún no ha autorizado al municipio dar inicio a las obras.

Desde la municipalidad se está intentando gestionar la posibilidad que el gobierno provincial financie las obras destinadas para la zona de Banda Norte, considerando la especial y urgente situación que viven sus vecinos, tras las últimas inundaciones. Para ello, serán necesarios $17.000.000 aproximadamente.

En ese marco, el Sr., Intendente de Río Cuarto ha gestionado distintas reuniones con funcionarios provinciales con poder de decisión en la materia, solicitando como último recurso una audiencia con el Sr. Gobernador dada la urgencia de contar con fondos y terminar esa parte de la obra, a lo que todavía no se ha dado respuesta.

Es por esta razón que las autoridades del gobierno local y la ciudadanía toda de la capital alterna necesitan una urgente respuesta del gobierno de la Provincia de Córdoba y de sus representantes para que no solo se les conceda ser atendidos en audiencia, tal como ya ha sido solicitado, sino que considerando el antecedente de la puesta en marcha de las obras de ejecución que desde la provincia se llevan a cabo para auxiliar a la capital cordobesa y a 10 municipios del gran Córdoba con una inversión aproximada de $20.000.000, se le otorgue igual trato y atención a esta ciudad del sur cordobés.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.

Fdo.: Roberto Birri

Identidad de Género

2011-02-10T09:22:00.000-08:00

El legislador Roberto Birri, junto a otros Legisladores tanto del Frente Cívico y Social y como de otros bloques de la Cámara presentó un proyecto de Ley por el cual se "garantiza el respeto por la identidad de género y/o su expresión, de todas las personas que concurran o se desempeñen en las instituciones públicas de la provincia" .

Expte. 6962/L/11

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1º: La presente Ley tiene como objeto el reconocimiento a las identidades y expresiones de género de las personas transexuales, travestis y transgéneros cuya identidad no coincide con la registral hecha al momento del nacimiento.

ARTÍCULO 2º: La Provincia de Córdoba reconoce el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental y, en el marco de su competencia, garantiza a todas las personas el respeto de su identidad de género y/o su expresión.

ARTÍCULO 3º: Todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Entes Descentralizados de la Provincia de Córdoba, deberán, bajo cualquier circunstancia, respetar y garantizar el derecho a la identidad de género y/o su expresión.

ARTICULO 4º: En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2º, cuando una persona utilice un nombre distinto al impuesto en su documento de identidad, por considerarlo representativo de su identidad de género y/o su expresión, y a su solo requerimiento, dicho nombre deberá ser utilizado para su nombramiento, citación, registración, llamado y para todas aquellas gestiones asociadas a la administración que impliquen una interpelación a su identidad jurídica.

ARTÍCULO 5º: Con relación a los/as personas menores de dieciocho años de edad la solicitud del trámite a que refiere el artículo 2º deberá ser efectuada a través de sus representantes legales. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de ellos/as, se recurrirá a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas correspondientes declaren la irracionalidad del disenso o suplan el consentimiento, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

ARTÍCULO 6º: En toda aquella documentación que requiriese un registro fotográfico, deberá respetarse la identidad y/o expresión de género de esa persona.

ARTICULO 7º.- En aquellos registros en que por razones legales o de cobertura por terceros sea imprescindible la utilización del nombre que figura en el documento de identidad, se agregará el nombre elegido por razones de identidad de género, sí así fuera requerido por el/la interesado/a. Se hará constar por separado que ambos nombres pertenecen a una misma y única persona.

ARTICULO 8º.- De forma.

Fdo.: Roberto Birri - Raúl Jiménez – Eduardo Bischoff – Nancy Lizzul – Sara Díaz – Rodrigo Serna – César Seculini – Esmeralda Rodríguez – Liliana Olivero – Silvia Rivero – Omar Ruiz – Adela Coria

FUNDAMENTOS

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el respeto de la identidad de género y/o su expresión, de todas las personas que concurran o se desempeñen en las instituciones públicas de la provincia.

La identidad y expresión de género es uno de los aspectos más importantes de la identidad personal pues se halla presente en todas las manifestaciones de la personalidad del sujeto. "El derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no otro, lo que se ha denominado -con cita de Fernández Sessarego-" la mismidad de cada ser humano, absolutamente equiparable a la libertad o la vida"......se fue perfilando con caracteres autónomos, dentro de los derechos personalísimos. En un primer momento se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir del tiempo se le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la personalidad: la imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros. Lejos de constituir un numerus clausus, estos componentes están en continua evolución."

El de la identidad sexual es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia identidad, el que forma parte, a su vez, del plexo mayor de derechos humanos sustanciales. "Dentro de la teoría de la integralidad de los derechos humanos, un claro principio orientador es el de "la norma más favorable a la persona". Si asumimos que cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es la condición de nuestra particularidad, de nuestro ser concreto en el mundo. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad personal, a ser considerado como realmente es, a ser "el" y no "otro".

El derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona y cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la identidad personal.

Estos derechos están protegidos en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la misma.

El derecho a la identidad esta protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75 inc. 19 que en el párrafo 4 estatuye que el Congreso "debe dictar normas que protejan la identidad y pluralidad cultural", de donde el derecho a la identidad quedaría no sólo entre los implícitos del art. 33 sino que hay declaración expresa de su existencia y de la necesidad de su protección.

Asimismo la Constitución Nacional expresa en su art. 19: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. "Si una persona al construir su autobiografía realiza una determinada opción sobre su identidad sexual, esta decisión pertenece a ese ámbito de derecho infranqueable al Estado y a los particulares, que es la libertad de intimidad. Podrá molestar a algunos, escandalizar a otros, pero no existen razones jurídicas que permitan alguna clase de intromisión u obstrucción en el ejercicio del derecho a ser uno mismo sin causar un daño directo e inmediato a terceros."

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con rango constitucional, protegen un plexo de derechos con el fin de resguardar la dignidad del ser humano en virtud del reconocimiento y respeto de su identidad. Ilustra en este sentido : Convención Americana de DDHH, art. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), art. 5 (derecho a la integridad personal), art. 11 (protección de la honra y la dignidad) ; art. 24 (igualdad ante la ley) ; Pacto de Derechos Civiles y Políticos art. 7 (derecho a la integridad), art. 17 (protección a la honra y la dignidad) y la Convención de los Derechos del Niño al disponer que en todas las medidas que se adopten en los Estados parte concernientes a menores, deberá prestarse primordial atención a que se atienda el interés superior del niño (art. 3); el reconocimiento de su derecho intrínsico a la vida (art. 6), al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 24), a la no injerencia arbitraria en su vida privada (art. 16); a garantizarle al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que lo afecten, debiendo tenerse en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez, como así también el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte.

En el reconocimiento de la personería de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti-Transexual, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus fundamentos más importantes la tolerancia y la no discriminación como base de sociedades democráticas. Expresa: “que esta Corte ya ha subrayado el grave defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus decisiones no otorgan trascendencia alguna a una condición de base para la sociedad democrática, cual es la coexistencia social pacífica. La preservación de ésta asegura el amparo de las valoraciones, creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica. La renuncia a dicha función por parte de los tribunales de justicia traería aparejado el gravísimo riesgo de que sólo aquellas valoraciones y creencias de las que participa la concepción media o la mayoría de la sociedad encontraría resguardo, y al mismo tiempo, determinaría el desconocimiento de otros no menos legítimos intereses sostenidos por los restantes miembros de la comunidad, circunstancia ésta que sin lugar a dudas constituiría una seria amenaza al sistema democrático que la Nación ha adoptado (arts. 1 y 33, Constitución Nacional). Que el "bien común" no es una abstracción independiente de las personas o un espíritu colectivo diferente de éstas y menos aún lo que la mayoría considere "común" excluyendo a las minorías, sino que simple y sencillamente es el bien de todas las personas, las que suelen agruparse según intereses dispares, contando con que toda sociedad contemporánea es necesariamente plural, esto es, compuesta por personas con diferentes preferencias, visiones del mundo, intereses, proyectos, ideas, etc.

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos desarrolló una serie de principios legales denominados Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género que fueron presentados en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2007.

Esos Principios definen: la 'identidad de género' se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Nos interesa destacar, a los efectos del presente proyecto de ley, el Principio 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.

Recomienda a los Estados, entre otras medidas: Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para: respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona - incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros - reflejen la identidad de género que la persona defina para sí; velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada.

También nos interesa destacar que a nivel latinoamericano, el 7 de agosto de 2007, en el marco de la IX reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos de los países miembros y asociados del MERCOSUR, realizada en Argentina, se emitió una declaración reconociendo y promoviendo el fin de toda discriminación contra las minorías sexuales y de género. Esta declaración llama a los gobiernos, entre otras propuestas, a: revocar leyes que discriminan a las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero e intersex; poner fin al acoso y la persecución policial; promover políticas de sensibilización y educación públicas; crear dependencias gubernamentales para apoyar y proveer servicios a las personas LGBTTI y facilitar el cambio de nombre y registro de género a las personas trans.

Cabe señalar en el plano de las propuestas que en el Plan Nacional contra la Discriminación en las medidas de acción inmediata de la Administración Pública, se propone: Promover la adecuación procesal que posibilite el registro fotográfico en los documentos de identidad según el aspecto físico de personas con diversa orientación sexual e identidad de género y crear en todas las provincias y a nivel nacional programas específicos de capacitación laboral y profesional que promuevan la inserción laboral de personas en situación de trabajo sexual y/o con diversa orientación sexual e identidad de género.

En relación a la legislación comparada, muchos países han avanzado en esta temática. Las razones fundantes de diversas legislaciones como Noruega, Italia, Alemania, Suecia, Austria, Dinamarca, Sudáfrica, Holanda, Panamá, algunos de los Estados de Norteamérica, algunas provincias canadienses, tienen como hebra o hilo que permite enlazar a todas ellas, la preeminencia que brindan al sexo psicológico, (o mejor aún, socio- psicológico) sobre el sexo biológico en la configuración de la identidad sexual de la persona y, por ende, en la respuesta al problema del transexual. (Destacamos en este sentido, la creación en el ámbito de la Municipalidad de Rosario del Área de la Diversidad Sexual que cuenta con un consejo consultivo integrado, entre otros, por funcionarios de distintas áreas, colegios profesionales y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Entre sus objetivos específicos señalamos: promover la igualdad y la no discriminación hacia personas LGBT, crear un programa integral de atención e información para las mismas, facilitarles el acceso a los servicios de salud, culturales, educativos y recreativos.

También señalamos la Resolución que dictó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que indica a los trabajadores y profesionales de los hospitales de la provincia que designen a las travestís y transexuales que asistan como pacientes, por el nombre que ellas elijan y no por el que figura en el documento. Por lo general, al llamarlas por el nombre legal se generan situaciones que producen no sólo incomodidad, sino también faltas de respeto, bromas, actitudes violentas, transfóbicas y homofóbicas, en definitiva, discriminación. La medida apunta a evitar la exclusión que se genera cuando estas situaciones hacen que las personas trans prefieran no tratar sus problemas de salud para evitarlas.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se preparó un cuadernillo de capacitación para ayudar a los profesionales de la salud a bajar el nivel de prejuicios y aumentar el conocimiento clínico respecto a las personas trans. La iniciativa surge porque se detectó que por falta de capacitación del personal, se perdía la oportunidad de atender a travestís y transexuales cuando éstas se acercaban a los centros de salud a retirar preservativos, con el perjuicio que ello produce. Por ejemplo "un ginecólogo puede recibir personas de sexo biológico masculino en busca de hormonas femeninas. Son travestís que ya se han automedicado con hormonas, por recomendación de amigas, sin saber cómo ni en qué dosis, o junto con otros fármacos, desconociendo las interacciones; otras veces se han hecho implantes con siliconas industriales nocivas", advirtió el titular de Coordinación Sida y anunció "un proyecto para proveerles gratuitamente las hormonas, lo cual, incluso en términos de costo beneficio, resultaría preferible que atender las complicaciones que resultan de la automedicación. Se trata de unas 800 personas".

En la provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante resolución Nº 2272/2007, del Ministerio de Salud se establece que “Todas las dependencias de salud de este Ministerio deberán, bajo cualquier circunstancia, respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de quienes concurran a ser asistidos”. En el mismo sentido se ha pronunciado la provincia de San Luis, en donde desde el año 2008 el Ministerio de Salud reconoce el derecho a la identidad de género como un paso fundamental para promover el acceso a la salud de todas las personas. Dicha resolución estable en su art. 1º que: “Todas las dependencias de salud de este Ministerio deberán, bajo cualquier circunstancia, respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de quienes concurran a ser asistidos.”

La Provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Salud, desde el año 2009, también ha avanzado en el reconocimiento de este derecho humano, mediante Resolución Nº 1877/09 y Nº2183/09, de respeto a la Identidad de Género.

Todos los avances relacionados con los Derechos Humanos de las Comunidad LGTB, ya sea en las políticas públicas o en la legislación, se han realizado por la activa participación, reclamo y movilización de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con esta temática.

La transexualidad genera en nuestra sociedad historias de constante menoscabo de derechos de raigambre constitucional, que lleva a la persona que la "padece", a una verdadera "muerte civil", sin ver respetados sus derechos a la identidad personal, identidad sexual, al nombre, a la igualdad y la no discriminación, a trabajar, a la seguridad social, a sufragar, a la privacidad, a la salud integral y una adecuada calidad de vida, a la dignidad personal.

Para ilustrar esta situación citamos algunos resultados de una investigación sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y en localidades del Conurbano Bonaerense realizada bajo la coordinación de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual -ALITT- en el curso del año 2005 . Durante el trabajo se relevaron 420 nombres de amigas fallecidas, siendo el SIDA la principal causa de muerte (62%). Respecto a la edad, el 35% murió cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34% entre los 32 y 41 años, lo que muestra la cruda realidad que pone en juego la vida de estas personas. Otros resultados indican que el 87,7% de las travestis consultadas han modificado su cuerpo; entre ellas, el 82% se inyectó siliconas, el 66,3% realizó tratamientos hormonales y el 31,8% se implantó prótesis. Es necesario tener en cuenta los ámbitos en que se realizan estas modificaciones: el 97,7% de las que se inyectaron siliconas y el 92,9% de las que realizaron tratamiento hormonal, hicieron esas prácticas en un domicilio particular y en el caso del implante de prótesis, el 35% concurrió a un consultorio particular y el 59,5% a una clínica privada. En todos estos casos con mucha frecuencia, no existen condiciones adecuadas de asepsia, no hay internación ni control posterior a la intervención.

Otro aspecto importante de señalar es que el 79% de las personas relevadas recurren al trabajo sexual como medio de vida, a pesar que la gran mayoría de ellas si tuvieran opciones reales de trabajo las elegirían, señal clara de discriminación. El Plan Nacional contra la Discriminación citado, en su diagnóstico consigna: La discriminación y marginación se potencia cuando las personas con diversa orientación sexual o identidad de género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas críticas. Este es el caso de un gran número de travestis, para quienes -al cerrárseles toda otra opción- el trabajo sexual se convierte en la única salida laboral, aumentando la discriminación y la marginación.

Según propende ONUSIDA, la obligación de respetar y proteger estos derechos implica que los Estados se abstengan de interferir directa o indirectamente en su goce, así como propiciar acciones que eviten que terceras partes interfieran en el ejercicio de los mismos, a través de la adopción de medidas legislativas, presupuestarias, judiciales y toda otra necesaria para la plena realización de los derechos mencionados.

Desde el año 2003, con el apoyo de Argentina y otros países, dicha organización está promoviendo la inclusión de la no-discriminación por orientación sexual en los instrumentos de Naciones Unidas.

En el año 2006, nuestro país, junto a cincuenta y dos países, apoyó la iniciativa del Gobierno de Noruega, en la declaración oral al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, donde se reconoce que existe violación a los derechos humanos por orientación sexual e identidad de género.

Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares, el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Ley.

Fdo.: Roberto Birri - Raúl Jiménez – Eduardo Bischoff – Nancy Lizzul – Sara Díaz – Rodrigo Serna – César Seculini – Esmeralda Rodríguez – Liliana Olivero – Silvia Rivero – Omar Ruiz – Adela Coria

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Avenida de Circunvalación- Problema de Jurisdicción

2011-02-10T06:12:00.000-08:00

El Legislador Roberto Birri presentó un proyecto de Ley con motivo de suspender la reciente denominación de la Avenida de Circunvalación como "Avenida Gobernador Juan Bautista Bustos", la cual fue dada por ley provincial 9869, mientras tanto estaba vigente una ordenanza municipal que le daba el nombre de "Agustin Tosco" hasta tanto la Justicia determine quien tiene verdaderamente la jurisdicción para nombrar o cambiar el nombre de la Avda. Circunvalación.-
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Expte. 6932/L/10

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

ART. 1º) SUSPÉNDASE la aplicación de la Ley 9869 hasta tanto se resuelva en definitiva en Sede Judicial sobre la validez de la misma.

Fdo.: Roberto Birri

FUNDAMENTOS

En Diciembre de 2010, ésta Legislatura aprobó la ley 9869, por la cual se designó “Avenida de Circunvalación Gobernador Juan Bautista Bustos” a la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

En aquella oportunidad, advertimos que en la ciudad de Córdoba existía una Ordenanza, mas precisamente Nº 11.130, aprobada por el Concejo Deliberante de Córdoba en 2006, por la que se había designado al tramo Agustín Tosco.

Recuerdo la sesión del fecha 9 de Diciembre, donde expresara textualmente “…..Ahora bien, sin que esto implique mengua alguna a la figura del Brigadier General Juan Bautista Bustos y sin perjuicio de eventuales conflictos de competencia con relación a este tramo de avenida, estamos convencidos de que fue un acto de estricta justicia la denominación oportunamente asignada por el honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, por lo que consideramos inconveniente –representando, incluso, un atropello a la figura de Agustín Tosco– modificar aquella sanción legislativa que, por el contrario –en el marco de la eventual competencia que sobre el particular tiene la Provincia–, debiera ser ratificada precisamente para mantener el nombre de esta emblemática figura de los trabajadores argentinos para esa traza de la Avenida de Circunvalación…..”

Hace días, el juez de 21° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Julio Viñas, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los hijos de Agustín Tosco en contra del Gobierno de Córdoba para que no modifique el nombre de la avenida Circunvalación en cartelerías o mapas hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el pleito que tiene como eje el nombre del mítico dirigente sindical de Luz y Fuerza. Entre los argumentos de la familia para pedir el amparo, el más fuerte es sobre “la inconstitucionalidad de la ley aprobada el año pasado sobre tablas porque esa calle ya posee un nombre atribuido por Ordenanza N° 11.130 aprobada por el Concejo Deliberante de Córdoba en 2006.

La orden judicial, establece que la Dirección Provincial de Vialidad se abstenga de aplicar la Ley Nº 9.869 hasta que recaiga resolución en particular cuando dispone acerca de la “impresión de la denominación Avenida de Circunvalación gobernador Juan Bautista Bustos a la avenida de Circunvalación de la Ciudad de Córdoba en mapas, carteles, señales y toda otra indicación que sobre la mencionada avenida se efectué, de acuerdo a la Ley 8.555”.

En definitiva, la Justicia deberá determinar quién tiene verdaderamente la jurisdicción para nombrar o cambiar el nombre de la Avda. Circunvalación.- Hasta tanto ello ocurra, por orden judicial se suspende la aplicación de la ley 9869.

Atento ello, y ante la duda razonable de validez de la ley, es saludable institucionalmente acompañar el decisorio judicial en lo que compete a ésta Legislatura, es decir armonizar normativamente la resolución judicial, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.

Fdo.: Roberto Birri

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La Policía de Córdoba en una nueva "Escuela de las Américas"?

2011-02-05T13:04:00.000-08:00

BIRRI SOLICITA PRECISIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA EN UNA POLÉMICA ACADEMIA DIRIGIDA POR LOS ESTADOS UNIDOS EN EL SALVADOR

El Legislador Roberto Birri, presidente del bloque del Frente Cívico, presentará pedido de informes ante la Legislatura por el envió de integrantes de la fuerza policial al adiestramiento en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA) de El Salvador.

El Legislador socialista se mostró preocupado y sorprendido ante la noticia publicada por medios nacionales, donde se da cuenta de que integrantes de la Policía de Córdoba habrían participado del adiestramiento que se lleva a cabo en la ILEA, que se encuentra en El Salvador pero que depende de los Estados Unidos.

Al respecto Birri manifestó: “El próximo lunes ingresaré un pedido de informes para conocer los pormenores del caso, saber si es real que parte de nuestra Policía viajó, quién adoptó la decisión, con qué fines y los recursos insumidos, dado que la formación que allí se brinda seria al menos bastante particular”.

A su vez, agregó: “Por distintos medios se asevera que la ILEA es “la nueva Escuela de las Américas”, en esta última el tipo de capacitación era recibido por muchos dictadores y represores de la región. Por allí pasaron entre otros, Leopoldo Fortunato Galtieri, el panameño Manuel Antonio Noriega, el boliviano Hugo Banzer y el chileno Augusto Pinochet, entre otros; y que sus programas son similares a los de la institución que en los años ’70 entrenaba en técnicas de tortura a militares del Cono Sur.

En ese marco, concluyó, se conoció en los últimos días una declaración del Observatorio de Derechos Humanos porteño donde se indica que la Policía Metropolitana, quién también asistió, no tiene atribuciones en antiterrorismo y se cuestionó la decisión. En este transito, debemos resaltar que nuestra fuerza de seguridad provincial tampoco cuenta con dichas atribuciones, por lo que es necesario conocer a fondo el tema, para ver si existen responsabilidades y quien debe asumirlas.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

Contacto: Legislador Roberto Birri. 0351- 152087939 // 0358 - 156027510

Y esto el resto.

Palabras del Legislador Roberto Birri sobre el discurso de Schiaretti en la Apertura de sesiones de la Legislatura Provincial

2011-02-01T13:05:00.000-08:00

Córdoba, 01 de febrero de 2011

Palabras del Legislador Roberto Birri sobre el discurso de Schiaretti en la Apertura de sesiones de la Legislatura Provincial

“SCHIARETTI VE LA REALIDAD CON UN PRISMA DISTINTO AL DE LA GENTE”

El legislador socialista y presidente del bloque del Frente Cívico, se mostró satisfecho por el inicio de un nuevo periodo legislativo. Dijo que en un país con una historia institucional de tantas zozobras, un nuevo año parlamentario es una manifestación de consolidación democrática que hay que saludar.

Respecto al discurso del Gobernador, el legislador riocuartense expresó que Schiaretti ve una provincia que es invisible para los ojos de los cordobeses.

En la recta final de su mandato deja una Córdoba con muchísimas asignaturas pendientes, en especial en aquellas cosas que más preocupan a la gente. Una provincia endeudada al punto de constituir una verdadera hipoteca para el futuro de las próximas generaciones, una EPEC fundida que no puede solucionar los permanentes cortes de luz, un Banco de Córdoba que hace rato dejó de ser el banco que fomentaba el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, una caja de jubilaciones con un déficit de 1200 millones por año y la ausencia de políticas que resuelvan el grave problema de viviendas que padecen cientos de miles de cordobeses.

Finalmente Birri acusó a Schiaretti de tener como rehén a todos los cordobeses al mantener escondida la fecha de las elecciones provinciales como si fuera algo de su propiedad y utilizar una herramienta institucional con fines especulativos.

Acto socialista en Río Cuarto

2010-11-15T06:21:00.000-08:00

Al mediodía del domingo 14 de noviembre y con la presencia de más de 600 personas se llevó a cabo en el Club El Sol de la ciudad de Río Cuarto el acto organizado por el Partido Socialista.

Al compartir el almuerzo, se escucharon distintos grupos musicales y luego hicieron uso de la palabra el dirigente local Dante Monge, el Presidente del PS en la Provincia de Córdoba Eduardo Cañas y el Legislador Provincial Roberto Birri, quien convocó a "representar la voluntad de cambio que la mayoria de los cordobeses y argentinos expresan para el 2011."

La actividad es la puesta en marcha de un proceso de movilización partidaria que desembocará en las elecciones del año que viene. Birri expresó que "existe un a gran oportunidad de romper el bipartidismo que representan en la provincia Aguad y De La Sota", mientras que en el orden nacional se manifestó por la construcciòn de un Frente Amplio que nuclee al PS, a Proyecto Sur, al Gen de Margarita Stolbizer, el radicalismo de Alfonsin y a la CTA y que debe ser encabezado con la candidatura de Hermes Binner, gobernador de Santa Fé.

“EL GASTO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL ES DE UN NIVEL OBSCENO”

2010-11-10T04:19:00.000-08:00

A través de un proyecto de resolución que ya tiene estado parlamentario, el legislador Roberto Birri (Presidente del Bloque del Frente Cívico) denunciò el enorme y desproporcionado gastos en publicidad y propaganda del gobierno, a la vez que exigió que el Poder Ejecutivo “informe a la Legislatura sobre la cuantía y la orientación de los gastos de publicidad de todo el Estado Provincial durante el año 2010”.

“Según distintas estimaciones, sólo entre los meses de enero y septiembre de 2010, se han gastado cerca de 100 millones de pesos, sin contar a los organismos autárquicos y descentralizados y debemos recordar que son recursos de todos los cordobeses, no del Gobernador. Por supuesto que se deben dar a conocer los actos de gobierno, pero en este nivel se convierte en un virtual despilfarro de recursos en función de los intereses políticos del oficialismo e incluso como forma de presionar a los medios de comunicación”.

En sus fundamentos el legislador socialista expresó que “pretendemos evitar que los fondos públicos puedan ser utilizados en beneficio de un funcionario, partido político, agrupación o de cualquier otro sector, más teniendo en cuenta se avecina un año electoral y los enormes gastos que se realizan en este año puede brindarnos la pauta de que en 2011 el gasto puede ser por demás vergonzoso”.

Las cifras en que se sustenta el proyecto presentado por Birri, se han obtenido del propio Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Se adjunta proyecto de resolución presentado.

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN
Contacto: Legislador Roberto Birri 0351-152087939

Jornada de debate hacia una nueva ley de agroquímicos en córdoba

2010-09-18T06:01:00.000-07:00

Conferencia: "La democratizacón de la gobernabilidad y gestión del agua en América Latina: una exploración teórica y empírica"

2010-09-15T10:31:00.000-07:00

El legislador Roberto Birri participará de la conferencia "La democratizacón de la gobernabilidad y gestión del agua en América Latina: una exploración teórica y empírica", además se contará con la presencia del Dr. Esteban Castro de la Universidad de New Castle Inglaterra, Coordinador de la Red Waterlatel. La conferencia se llevará a cabo el día lunes 20 de septiembre a las 17 hrs y tendrá lugar en la sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
Y esto el resto.La misma es organizada por Proyecto Ciudadanía, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, Cátedra B Política y Comunicación, Escuela de Ciencias de la Información - UNC.
Entre los comentadores se encuentran: Por la Sociedad Civil: Arq. Gustavo Spedale, Cordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) y por la Universidad Nacional de Córdoba: Dr. Mauricio Berger y Mgter. Cecilia Carrizo.
El evento tiene como objetivo poner en común los saberes necesarios, desarrollados y en desarrollo, a fin de promover y proteger el derecho humano al agua potable y al saneamiento conforme a la reciente Declaración de la ONU.

Nota de Opinión: Las fumigaciones, la salud y la gente

2010-08-17T06:26:00.000-07:00

Los cordobeses nos hemos acostumbrado a asistir en forma casi pasiva a la utilización de herbicidas y pesticidas en la producción agropecuaria como una pràctica tan rutinaria que casi no reflexionamos sobre el tema. Sin embargo en forma periòdica los habitantes de las zonas urbanas limìtrofes con campos de producciòn se ven afectados por las fumigaciones de esos establecimientos y normalmente concurren con sus quejas al municipio donde encuentran poca o ninguna respuesta ya que los mismos no tienen potestad sobre las zonas rurales...

Así, en forma permanente el ambiente urbano, habitantes, flora y fauna se ven sometidos a los efectos de productos varios, principalmente las formulaciones comerciales de glifosatos, de potencial capacidad tóxica.-
Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental.

A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. También porque los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos.

El glifosato, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos. Se argumenta que la toxicidad aguda del glifosato es baja. Sin embargo, los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que elevan su potencialidad tóxica.

Estos productos llegan al ecoambiente urbano y a los cauces de agua principalmente por su dispersión en el aire en forma de microgotas producidas por los equipos de fumigación.

Fueron los vecinos de distintas localidades de la Provincia, alarmados por los efectos de los plaguicidas los que dieron la voz de alerta ante las consecuencias del uso de agroquímicos en el ambiente y la salud humana. Luego, agrupados en ONGs buscaron la mediación política y el tema ganó el apoyo de la opinión pública gracias a los medios de comunicación que tomaron como propio un tema de altísima sensibilidad social .

Tal como sucedió en las democracias desarrolladas del mundo, las causas ambientales son las que reúnen en una misma organización tanto a los expertos, a los ambientalistas, como a los buenos vecinos preocupados por la contaminación. Y en el tema en cuestión tambièn se sumaron fallos judiciales que acogieron demandas de particulares al dar por comprobado por los testimonios de los afectados y a través de innumerables investigaciones, que el daño existe, que es real y que el glifosato en distintos ambientes y organismos, afecta a la salud de personas, animales y al medio ambiente, aunque sus efectos no se vean en lo inmediato.

Por ello propiciamos la modificación de la ley 9164 y sus decretos reglamentarios, para establecer una restricción de fumigar con agroquímicos en una zona de 800 metros del límite comunal o zonas pobladas y de los cursos de agua por vía terrestre, y de 1500 metros por vía aérea.

Comparto con quienes piensan que lo que hace a una sociedad moderna no son los indicadores de consumo sino el respeto de sus derechos ciudadanos y su calidad institucional. Solo basta con mirar hacia Europa, donde en muchísimos países se consulta a los vecinos hasta para cortar un árbol.

Precisamente en estos conceptos hemos fundamentado nuestra iniciativa. El debate está abierto y nuestro punto de vista sostiene la preeminencia del medio ambiente y la salud pública por sobre los planteos productivistas.

La Ley de Bosques que no fue

2010-08-12T14:38:00.000-07:00

(nota de opinión por Roberto Birri – Legislador Provincial – Partido Socialista)

“La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos…es necesario sancionar una ley de bosques”. Esto es lo que decía el legislador socialista Alfredo Palacios en el Congreso de la Nación, en el año 1914...

En ese entonces los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional, y se redujo solamente al 14 por ciento en el año 1987. En nuestra provincia la situación aún es peor: De las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia, los bosques originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie, mientras que hoy ocupan el 3.6 por ciento (594.000 hectáreas). La tasa de deforestación de la Argentina, se ubica seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación: estamos ante una verdadera emergencia forestal.

A fines del año 2007, el Congreso de la Nación sancionó una ley de protección de los bosques nativos en nuestro país cuyo objetivo no sólo era poner freno al desmonte indiscriminado, sino generar un marco adecuado para su recuperación.

La ley nacional, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, establece los “presupuestos mínimos”, y las provincias deben dictar sus propias normas generando un marco de protección que no puede estar por debajo al establecido en la ley nacional.

En nuestra provincia, este proceso empezó bien, pero terminó mal, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que se ha sancionado una norma a la que el título de “ley de bosques”, en el mejor de los casos le queda grande.

El proceso se inició con la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en donde trabajaron más de 30 organizaciones sociales, académicas y del campo de la producción. Miles de cordobeses hicieron su aporte en talleres que se realizaron a lo largo y lo ancho del territorio provincial.

Esta etapa participativa insumió más de un año y medio y luego se trasladó la discusión al seno de la comisión de asuntos ecológicos de la Legislatura, donde todos los bloques más los representantes de la COTBN, durante siete meses de trabajo, arribò a consensos fundamentales para hacer de la ley de bosques la mejor ley posible.

Desde primer momento el objetivo fue construir un proyecto de ley que efectivamente pudiera proteger y recuperar los bosques nativos y, al mismo tiempo, garantizar las posibilidades productivas de nuestra provincia, no solo en el presente, sino sustentable en el tiempo.

Parecía que la conciencia ciudadana y de la dirigencia política sobre la necesidad de garantizar un ambiente sustentable iba a tener mayor peso que la presión de un reducido sector que llegó a decir que se estaba por aprobar un proyecto “ambientalmente extremista y contra la producción y las fuentes de trabajo”, y también que de las propias diferencias internas del oficialismo. Lamentablemente no fue así, y pocos días antes de su tratamiento, se introdujeron modificaciones a las apuradas que la desvirtuaron totalmente, haciendo de la misma una norma que se ubica por debajo de las exigencias de la ley nacional y no servirá para proteger los pocos bosques nativos que quedan ni, mucho menos, para lograr el declamado objetivo de recuperar una parte de los perdidos.

La ley reduce a un área insignificante los bosques a proteger, dando la posibilidad de eliminar todo lo que no sea considerado “bosque maduro”; permite el “aprovechamiento sustentable” de áreas en las que la ley nacional exige que se mantengan inalteradas; posibilita el desmonte de las áreas de mayor valor de conservación a través de la minería o cuando se instalen equipos de riego artificial, elimina la protección de las pendientes, lo que seguramente implicará mayores niveles de desertificación e inundaciones y menores posibilidades de acumulación de agua en las fuentes de agua potable; reduce el área de bosque a proteger en las riberas de diques, ríos y arroyos; y elimina o reduce las instancias de participación social en el control de la aplicación de la ley.

Los legisladores que defendieron la norma tal como fue sancionada, se esmeraron en explicar que es la mejor ley posible por tener los votos de la mayoría, lo que no pudieron explicar es cómo a través de esta ley se cumplirá el objetivo de proteger los bosques existentes y recuperar parte del bosque nativo perdido. No pueden ni podrán explicarlo, porque sencillamente será imposible con esta normativa que mas temprano que tarde será tachada de inconstitucional.

Más que desanimarnos, esta situación debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra práctica ciudadana, sobre el valor de lo público, sobre la democracia y animarnos a la participación activa, única herramienta con la que colectivamente podremos hacer frente a las enormes presiones sectoriales.

Estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. Cada día que pasamos sin revertir la situación, es irrecuperable, y hasta algunos especulan con cuál será el límite de la vida humana sobre el planeta si se continúa en este camino.

Intervención en el debate sobre ley de bosques

2010-08-05T01:20:00.000-07:00

Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social...

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social; pero debo adelantar que me he sentido particularmente representado por las expresiones de algunos legisladores y, por citar solamente a uno, por las expresiones de la legisladora Rivero, con lo cual muchas de las palabras que iban a formar parte de mi discurso, a partir de ello huelgan, para beneficio de ustedes. Eso significa que voy a acortar sustancialmente mi exposición y a agregar simplemente dos o tres conceptos que me parecen trascendentes.

El primero de ellos es celebrar que, después de dos años de un proceso de intenso trabajo social y político -en ese orden- resulta una buena noticia el que hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba trate este proyecto que, en la simplificación, los cordobeses han dado en llamar la “ley de bosques”. Ojalá que al final del debate, en la reflexión previa a la votación que ocurre cada vez que se trata un proyecto de esta envergadura, se termine alumbrando una buena “ley de bosques”.

algunos me dirán que ya sé lo que se va a votar. Pero también me digo que como la esperanza es lo último que se pierde (aplausos), no dejo de esperar, en algún rincón de mi compromiso con el medioambiente y la ecología, esta buena noticia de que en la Legislatura de la Provincia de Córdoba se trata este proyecto trascendente, y el mismo termine convirtiéndose en una buena ley.

Por otro lado, aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a ésta y a las generaciones venideras un proyecto para que el futuro también sea sustentable.

Quiero reconocer en la persona de la doctora Alicia Barchuk (aplausos) a más de 30 organizaciones y a decenas de miles de cordobeses que alguna vez participaron en algún taller, como lo hice yo en mi ciudad, Río Cuarto, que -quizás no casualmente- era presidido por un integrante de una entidad que representa al sujeto social del campo, con quien me siento representado, que es la Federación Agraria Argentina.

También quiero reconocer a esos cientos o miles de jóvenes cordobeses que apostaron a un futuro mejor, muchos de los cuales, a las doce de la noche, todavía le están poniendo “el pecho” al frío allá afuera (aplausos), para ser severos custodios de que el tema que insumió un año y medio de trabajo no sea distorsionado en una sesión legislativa.

Quiero valorar también –porque he dicho que voy a rescatar actos de estricta justicia- el aporte que ha propuesto con su incorporación la legisladora Chiofalo y aunque de la misma manera que lo valoro, debo decir que este proyecto, así como está presentado, no tiene remedio.

Quiero expresar mi profunda satisfacción, y en esto involucro a todos, por este proceso de democracia participativa que ha vivido la Provincia de Córdoba.

Señor presidente, soy de aquellos que está absolutamente convencido de que con la democracia representativa no alcanza. Si la democracia representativa solamente significa, nada más y nada menos, votar cada cuatro años, es insuficiente. Si nuestra democracia no se fortalece con la participación ciudadana y popular, seguramente va a languidecer.

También es cierto –y lo quiero destacar porque tiene que ver con el compromiso de una fuerza política- que me tomé el trabajo de fijarme en nuestras propuestas electorales del año 2007.

Para mi beneplácito, señor presidente, ya en aquella oportunidad el Frente Cívico y Social, antes incluso de la sanción de la ley nacional, propiciaba una Ley de Bosques para la Provincia de Córdoba.

Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Solo haré hincapié en algunos números que dan cuenta de por qué, aquellos que planteamos que en Córdoba y en el país hay una emergencia forestal, pretendíamos alumbrar esa ley que se presentó hace una semana.

Desde el año 2004 a la fecha 1.200.000 hectáreas se han deforestado en el país. Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional en 1914; en 1987 esa cobertura era solamente del 14 por ciento.

Hice referencia al año 1914 porque casi todos saben cuál es mi procedencia política: el Partido Socialista Argentino. Y fue justamente en 1914 que una de las máximas expresiones políticas partidarias de este centenario partido argentino, como fue Alfredo Palacios, decía: “Hay que conservar los bosques existentes; y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la Ley de Bosques”. Esto decía Palacios hace 96 años.

Y continuaba diciendo: “La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación las facultades del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.

En el quinquenio 2002-2006 el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto al 1998-2002, conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin incluir Misiones y los bosques de Caldenes en La Pampa, este desmonte creció el 42 por ciento.
Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, a la que lamentablemente Córdoba contribuyó en grado sumo, que mide el porcentual de pérdida anual respecto a la superficie remanente, estamos seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación.

Dice la fundamentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia de Córdoba, los bosques nativos originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie.
Hoy los bosques solamente ocupan el 3.6, 594.000 hectáreas. Por eso hablamos de emergencia forestal.

Estos datos, y otros de los que dieron cuenta las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, revelan lo que nosotros ya constatamos en nuestra Provincia. Basta ir al norte y al noroeste de Córdoba para ver que se han barrido campos enteros.

Este debate tiene muchas similitudes con el que hubo en ocasión de la Ley Bonasso. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, como en ese entonces, el debate es jurídico, ambiental y económico porque estamos hablando de desarrollo sostenible.

Como corresponde en un acto de responsabilidad legislativa, me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del debate de la Ley Bonasso.

La verdad es que también me sentí identificado con muchos legisladores, en este caso nacionales. Por ejemplo, el legislador Giustiniani decía que había un tema fundamental en este debate, y lo comparto. Decía: “se habla mucho de neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero en la práctica se vuelve siempre a él; esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada.” Decía también que “al derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente, sino además en la manifestación concreta.” Señor presidente, queridos legisladores, ¿saben cuánto pagaron hace algunos años capitales porteños o algunos capitales del sur de la Provincia, de mi sur verde y de llanura, por esos campos del norte o del noroeste donde hoy se siembra soja con una gran rentabilidad por el valor dólar de ese grano? ¡Pagaron monedas, cuatro pesos pagaron! (Aplausos).
¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos esas cuestiones que hoy son trascendentes y no sólo demos el discurso de estar en contra del neoliberalismo que tanto daño hizo en la nefasta época de los ’90, mientras los grandes grupos económicos concentrados se seguían y se siguen quedando con la mayor tajada de la torta de Córdoba y de la República Argentina.

Estos son los asuntos trascendentes que tenemos que discutir. Estamos ante una ley que debe regular en forma correcta porque el mercado discrimina. El mercado indiscriminado sin regulación nos ha demostrado y nos va a seguir demostrando que lleva a catástrofes económicas, sociales y ambientales. (Aplausos).

Seguía diciendo este senador de la Nación: “La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del ’60, que echaron a andar, como adelantados, el reclamo por un mundo vivible. Hoy ya estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de Derecho Ambiental estamos hablando de algo muy serio, por eso es fundamental la regulación, para que cada uno no pueda hacer cualquier cosa en el lugar donde habita.” (Aplausos).

Quiero volver al concepto de derecho de propiedad porque la regulación no es ningún invento que se esté discutiendo en una ley ambiental; por ejemplo, si una persona tiene un terreno en una ciudad no puede hacer un edificio de cuarenta pisos porque quiera; y si quiere hacerlo y el municipio no lo deja no le puede pedir que le dé el dinero que podría haber ganado por haber construido ese edificio. No puede hacerlo en cualquier lado. (Aplausos). Está claro, y esto es fundamental, que nadie puede instalar una fábrica en cualquier parte. Es cierto, estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Señor presidente: creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. La eliminación del bosque reduce en gran medida la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación en los procesos erosivos, esto ya se ha dicho y hay que volver a repetirlo.

La razón fundamental de la necesidad de aprobar un buen proyecto sobre la conservación del bosque nativo es que la explotación de dichos bosques se ha desarrollado –y se sigue desarrollando- a pesar de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene una herramienta como es la Ley de Prohibición de Desmonte sin observar, lamentablemente, los presupuestos mínimos de desarrollo sustentable.

Con este criterio, y con muchos otros que por honor a la brevedad, a la hora y al reconocimiento de las virtudes de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no reiteraré, es que asumí el desafío de afrontar el análisis de este proyecto. A pesar de mi optimismo inicial, creo que la ley que propone el bipartidismo legislativo no es buena.
Escuché atentamente al legislador Sella –a quien aprecio- y en verdad se esmeró; ahora, discurso raro si los hay porque hubo …

Sr. Presidente (Busso).- Disculpe legislador, le solicitan una interrupción.

Sr. Birri.- Señor presidente, ya termino.

Sr. Presidente (Busso).- Continúe en el uso de la palabra.

Sr. Birri.- Decía, discurso raro si lo hay, porque si tuviera que suscribirlo lo haría, como también al de la legisladora Rivero. Pero hay una distancia tan grande entre el discurso y la acción, entre el diagnóstico que ofreció el legislador Sella que –repito- se esmeró para hacerlo, con lo que va a votar que, en verdad, como ciudadano formado en Derecho –y acá hay varios por eso me permito hacer esa alusión jurídica- se me viene a la cabeza cuando los abogados debemos fundar un recurso y atacamos los defectos de la resolución que estamos infundando judicialmente, decimos que viola el principio de congruencia, y éste quiere decir precisamente eso: la incoherencia entre el discurso y la acción. Cuando un juez desarrolla todo un fundamento que parece que va a terminar en una resolución determinada, y la resolución es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que escribió antes. Eso es lo que le pasó a Sella. (Aplausos). Sella, lo digo a través suyo, señor presidente, aparte él sabe la consideración que tengo sobre su persona, sabe perfectamente que ha violado el principio de congruencia.

Tampoco coincido, lamento decirle porque le tengo estima, con quien ha sido largamente halagado en este recinto; no es que no coincida con lo que hizo antes -él sabe que coincido- sino que no coincido con lo que dijo ahora. Me refiero, por supuesto, al miembro informante. No coincidí en dos oportunidades: primero, porque no me gustó -y se lo voy a decir como corresponde, a través suyo señor presidente- cuando en no menos de dos o tres oportunidades -o al menos así lo entendí yo- solapadamente, con ese particular estilo que tiene él en sus dichos, casi acusó a ocho legisladores que firmaron el proyecto que dice debió firmar él. Es cierto que debió firmarlo él, lo que no es cierto es que esos ocho legisladores hayamos arrebatado ese proyecto. En todo caso, lo que hicieron esos ocho legisladores antes de firmarlo, fue pedirle, invitar al legislador Falo a que nos acompañara, y él no lo quiso hacer. (Aplausos).

Tampoco coincido con su final cuando afirma que esta era la única ley posible. No es así, no sólo porque es una ley que, como aquí bien se ha dicho, está claramente por debajo de los presupuestos mínimos de la “Ley Bonasso”, sino porque, lamentablemente, es un final que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad. (Aplausos).

También porque, como lo han explicado y me lo han hecho entender, y porque en este tema sufro la misma “capitis diminutio” que plantea o que sufre -pero la sufrimos con altura- la legisladora Olivero cuando dice “la pucha. si este es un tema complejo”. A mí me costó muchísimo entenderlo y me sigue costando. La verdad es que me siento un irrespetuoso hablando de este tema cuando hay tantos que lo conocen, que tienen autoridad moral e intelectual, y muchos de ellos están acá presentes pero no tienen un micrófono. Ellos me hicieron entender que, lamentablemente, esta ley incluso es más permisiva que la Ley 9219, que prohíbe los desmontes desde hace cinco años. (Aplausos).

No sólo por todas esas cosas no es la única ley posible, sino también porque creo que marca un pésimo antecedente.

Creo que no hubo un solo legislador de los que intervinieron que no destacara la participación ciudadana y popular, pero estamos dando un pésimo ejemplo porque durante un año y medio la participación ciudadana y la popular transpiró la camiseta para alumbrar una buena ley, y el proyecto que termina alumbrándose esta noche vacía de contenido esa participación. (Aplausos).

¿Cómo hacemos para recrear la confianza de la sociedad civil cuando la sociedad política –aunque no me gusta el término-, cuando la dirigencia política la vuelva a convocar para participar?
No solamente por todo eso estoy convencido de que esta ley no es la ley posible, sino que estoy absolutamente convencido –y a las pruebas me remito- de que este proyecto de ley está por debajo de los presupuestos mínimos y todo lo que he tratado de fundamentar, y además –esto es lo más grave- por debajo de los consensos que hasta hace una semana se habían logrado en la Legislatura. (Aplausos).

¿Sabe cuál es la pregunta que no me puedo contestar? ¿Sabe cuál es el interrogante que acá nadie develó?, ¿qué fue lo que pasó en esta semana?, ¿qué fue lo que hizo que tanto Unión por Córdoba como la Unión Cívica Radical y otros legisladores que de absoluta buena fe y de buena voluntad -legisladores como los de mi bloque que participaron activamente en un trabajo colectivo de concertación, de participación y de consensos- llegaron a un punto alto hasta el día anterior, cuando un grupo de legisladores decidimos presentar este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la cola para que se desandara ese camino, para que se retrocediera varios pasos en el casillero y esta propuesta legislativa no alcance ni siquiera a verificar esos niveles de consenso que se habían obtenido una semana atrás?

Señores legisladores, este proyecto de ley que va a alumbrar esta Legislatura, si es que la reflexión no nos marca un derrotero mejor, es menos, es mucho menos que la ley posible.

Por eso, y con el absoluto respeto que me merecen aquellos que lo van a acompañar de buena fe, de buena voluntad, reitero que –y en definitiva termino como empiezo- es bueno que tratemos la ley, es un buen acontecimiento legislativo el de hoy y, como decía mi amigo Osvaldo Wehbe, “Hoy ya es mañana”, porque son las 0.30 de un nuevo día. Hace dos días que estamos debatiendo esta ley. Esto es mucho para nuestro uso y buenas costumbres, y poco o nada para el año y medio que trabajaron decenas de miles de cordobeses e instituciones prestigiosas de nuestra Provincia.(Aplausos).

Pero tengo una tranquilidad de conciencia enorme al saber que la ley que firmé la semana pasada es la mejor. Creo que con ella habíamos logrado una síntesis casi perfecta. Al ser yo un persistente ejercitador del consenso, sé que el mismo es difícil de lograr en su totalidad.

Considero haber votado la síntesis casi perfecta del trabajo que con ahínco, dedicación e inteligencia, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos llevó adelante durante un año y medio; a ese proceso de elaboración participativa y popular se le sumaron más de seis meses de consenso legislativo. Deseo sumarme a estos actos de estricta justicia y reconocimiento y así como reproché algunas cosas, es justo decir que fue magníficamente ejercida la dirección de la Comisión de Asuntos Ecológicos por el legislador Falo.

Habíamos encontrado la síntesis perfecta pero, lamentablemente, alguien “metió la cola”; esa iniciativa que era la adecuada y que hablaba de una ley posible se había materializado en un proyecto que quedará en los anales legislativos, es el número 6652, y que mediante este acto ratifico con mi voto.

Muchas gracias. (Aplausos).

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
29º REUNIÓN
26º SESIÓN ORDINARIA
4 de agosto de 2010
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

En apoyo a la ley de bosques para córdoba

2010-07-27T11:43:00.000-07:00

Fue presentado al mediodía el proyecto de Ley de Bosques, que incluye los consensos logrados hasta último momento, y fue suscripto por el legislador socialista Roberto Birri, Adela Coria, Nadia Fernández, Liliana Olivero, Omar Ruiz, Silvia Rivero, Modesta Stabio y Pedro Ochoa Romero.– Piden su urgente tratamiento..

Birri manifestó que “el debate está prácticamente agotado, cualquier dilación en el tratamiento de la ley, pone en riesgo los consensos alcanzados y, en definitiva la posibilidad de que córdoba avance en la protección y recuperación de sus bosques. Por ello hemos pedido el tratamiento sobre tablas del proyecto para que sea debatido en la sesión del día de mañana. La cuestión será tratada en la comisión de Labor Parlamentaria, ha desarrollarse en las últimas horas del día de hoy”.

Cabe destacar que, si bien este proyecto se viene discutiendo en el seno de la legislatura desde hace varios meses, nunca había tomado formalmente estado parlamentario, ya que dicho proyecto nunca había sido ingresado para su tratamiento.

Este proceso de debate lleva más de dos años, entre el trabajo que llevó adelante la COTBN, integrada por diversos actores sociales, académicos y políticos de la provincia y recientemente la Comisión de Asuntos Ecológicos de la Legislatura Provincial.

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

Contacto:
Roberto Birri:
0351-152087939
0358 – 156027510

roberto.birri@gmail.com

LEGISLADOR SOLICITA EL URGENTE TRATAMIENTO DE LA LEY DE ABORTOS NO PUNIBLES EN CÓRDOBA

2010-07-24T08:08:00.000-07:00

A raíz de la polémica desatada en el orden nacional sobre el protocolo sanitario en materia de abortos no punibles, el legislador socialista Roberto Birri solicitó el urgente tratamiento del proyecto de ley de su autoría, que propone establecer este protocolo obligatorio para los efectores de salud en toda la provincia de córdoba y que lleva 2 años en la legislatura.

Los principales puntos del proyecto en cuestión son los siguientes:

objeto:
Articulo 1ro.: regular el procedimiento a llevar a cabo por los/as médicos/as en los establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, respecto a la atención de abortos no punibles contemplados por los incisos 1° y 2° del artículo 86 del Código Penal de la Nación, para garantizar la salud integral de las mujeres.
Artìculo 2do.: “ En los casos de aborto no punible enunciados en la presente ley, los servicios de salud deberán garantizar:
a. La realización de un diagnóstico y las intervenciones médicas necesarias para la interrupción del embarazo sin riesgos.
b. La atención médica y psicológica a la mujer pre y post aborto.
ARTÍCULO 3ro: Las prácticas profesionales referidas en esta ley no configuran casos judicializables y por consiguiente se efectivizarán sin requerir autorización judicial previa.

En sus fundamentos, el legislador Birri afirma que “En los últimos tiempos han llegado a la escena pública, a través de los medios de comunicación situaciones terribles y complejas que ponen en crisis los sistemas de salud al no tener resuelto previamente cuál es el rumbo a tomar.
Embarazos de fetos anencefálicos, niñas violadas, mujeres gravemente enfermas luchando por vivir se suceden en la escena pidiendo respuestas urgentes.
Por ello el objetivo de la presente ley es implementar un procedimiento claro para la realización de abortos no punibles en el sistema de salud pública de la Provincia de Córdoba, como así también garantizar un marco adecuado a los profesionales médicos que intervienen en dichas situaciones.

Es necesario garantizar el efectivo goce por parte de las mujeres del derecho a la salud, eliminando para ello los obstáculos que les impiden acceder a prácticas médicas autorizadas como la interrupción del embarazo en los casos expresamente autorizados por el Código Penal”.

Agrega que: “Es importante destacar que si bien no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que debe pedirse autorización judicial para realizar un aborto contemplado dentro del artículo 86 del Código Penal de la Nación, en la práctica estos abortos no se realizan”.
Concluye el legislador socialista diciendo que “Para muchos especialistas y organizaciones de derechos humanos, la negativa a realizar el aborto terapéutico, transgrediendo la obligación legal del Código Penal significa una violación a los derechos humanos de la mujer”.

Finalmente se introduce una modificación en el art. 7mo. de la ley 6222 que regula la actividad profesional de los médicos que garantiza un marco adecuado para dichos profesionales, el que queda redactada de la siguiente manera: Les está prohibido:

d) Practicar, colaborar, propiciar o inducir la interrupción de la gestación por cualquier procedimiento realizado con ese fin; excepto para el supuesto que el embarazo provenga de una violación
o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente; en este caso, el consentimiento de su representante legal será requerido para el aborto; o deba ser realizado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Leg. Roberto Birri
T.E. 0351-152087939
T.E. 0358-156027510

Intervención en el recinto sobre Plan Federal de Viviendas

2010-06-16T12:25:00.000-07:00

Señor presidente: todos los días se aprende algo nuevo en esta Legislatura. En estos dos años y medio que llevamos aprendí que se dictan leyes inconstitucionales, que la Legislatura resigna funciones, que delega facultades en beneficio del Poder Ejecutivo. Ahora, que la Legislatura dicte leyes por las dudas, o por picardía, colma mi capacidad de asombro y es decididamente insólito. Espero que los periodistas que aún permanecen estoicamente en este recinto sean contemplativos con nosotros y mañana no digan que la Legislatura –como propone el legislador Dante Heredia- dicta leyes por las dudas o porque somos más pícaros que los de la Nación...

Quiero agregar dos o tres datos que tienen que ver con algunas precisiones que pueden ayudar a entender mejor una posición. Cuando tuvimos en nuestras manos por primera vez esta iniciativa la vimos con buenos ojos, porque está claro que cualquier atisbo de cumplir con un derecho humano básico, como es el de tener una vivienda, uno lo mira de esa forma. Pero a poco de andar, viendo la desastrosa técnica legislativa que tiene este proyecto, se empezó a tornar naturalmente inviable. Por lo menos debería haber tenido dos normativas, una que se refiriera solamente a la adhesión al Programa de Reconversión, y otra que planteara la constitución del fideicomiso, y quizá podría haber sido distinto el análisis hecho por los bloques de la oposición.
También debo señalar que quedé abrumado, porque estuve sacando cuentas con los números que dio el legislador del oficialismo que nos antecedió en el uso de la palabra, y no fueron 19.500 sino que sumó como 30 ó 40 mil viviendas construidas bajo la gestión de su Gobierno. Entonces, me pregunto: ¿de qué se quejan los cordobeses? Son ingratos con un gobierno que, prácticamente, ha solucionado el tema del déficit habitacional, si se hubieran hecho la cantidad de viviendas a que se refiere el miembro informante del oficialismo. De ser así, los cordobeses no estarían reclamando hoy por este derecho humano básico como es el de la vivienda.
Después de escuchar al legislador Heredia, más que en la Provincia de Córdoba parece que estuviéramos en un cantón suizo, donde no se deben 14 millones de pesos, ni se está endeudado “hasta la cabeza” y por futuras generaciones, ni se debe entre 6 ó 7 meses o un año a los proveedores del Estado.
Originalmente, Córdoba tenía asignadas 16 mil unidades en toda la Provincia, hoy sólo contemplan resolver -en el marco absoluto de las hipótesis y en el mejor de los casos- la mitad, es decir, 8 mil. Nadie mencionó la propuesta para el resto. Además, el fideicomiso se constituyó con activos que suman 643 millones para realizar 8 mil unidades de baja calidad constructiva, porque una vivienda de 65 metros hoy cuesta alrededor de 120 mil pesos cada una, quiere decir que aún así el total afectado en fideicomiso no alcanzaría.
Tampoco se dice ni se ha manifestado que del Plan Federal I restan construir más de 2.000 unidades; no ha habido una sola explicación sobre este tema; sin embargo se plantea otro plan cuando el anterior no fue culminado.
El costo histórico de una vivienda del Plan Federal I era de aproximadamente 55.000 pesos, si uno toma las 2.000 unidades que no se construyeron, que no se ejecutaron, hay 110.000.000 de pesos de fondos enviados oportunamente pero que no fueron canalizados en la construcción de viviendas, y nadie dio una explicación sobre eso. Sí se dijo –aunque nunca lo escuché al Gobernador Schiaretti hacer ese reclamo– que es al revés, que la Nación le está debiendo 130.000.000 de pesos a la Provincia de Córdoba. Entonces, si fuese cierto, por qué nunca escuché al Gobernador –que ha hecho un eje de su gestión quejarse, tirarse al piso permanentemente por las asignaturas pendientes que tendría la Nación con la Provincia, donde ha reclamado siempre por la deuda con la Caja de Jubilaciones y por el PAF– hablar de esos 130.000.000 de pesos que la Nación le estaría debiendo a la Provincia.
En síntesis, señor presidente, la pérdida de credibilidad de un Gobierno que cotiza en baja como este es total. Está claro que es muy difícil que la Nación le crea y le vuelva a mandar recursos y que ningún partido de la oposición va a volver a firmarle un “cheque en blanco”, porque no hubo prácticamente una sola vivienda construida durante el Gobierno del contador Schiaretti, que ya va por su tercer año.
Hay planes de viviendas en los municipios que se las arreglan para resolver el déficit de sus vecinos cumpliendo una función que este Gobierno no cumple -porque no tiene una política habitacional y vende terrenos que son propios a bajos costos-, generando iniciativas solidarias, lo mismo que hacen las organizaciones no gubernamentales que se las ingenian para dar respuesta a personas de bajos recursos.
Está claro que un modelo que en tres años no ha hecho una sola vivienda no las va a hacer tampoco en los años que le quedan.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: al sólo efecto de que el legislador Heredia no se vaya de la sesión sin enterarse por qué en Santa Fe se votó favorablemente la propuesta de reconversión, les informo que Santa Fe cumplió con el Plan Federal I y no se quedó con 110 millones de pesos que en Córdoba todavía no se sabe por dónde andan. Segundo, cuando el Gobernador Hermes Binner mandó la normativa al Poder Legislativo, no hizo un mamarracho como se hizo acá; tercero, en la Provincia de Santa Fe el oficialismo parlamentario no trata de llevar a los empujones a la oposición como ocurre en Córdoba. Por eso, en Santa Fe se votó unánimemente un proyecto parecido al que hoy estamos tratando.

Intervención del Legislador Birri al tratarse la creación de nuevo Juzgado en Río Cuarto

2010-06-16T12:16:00.000-07:00

No hay dudas de que se trata de una excelente noticia para la comunidad judicial de la Segunda Circunscripción con asiento en Río Cuarto, y seguramente también lo será para la Primera Circunscripción con asiento en Córdoba...

En lo que a nuestra circunscripción se refiere, esto resuelve un viejo anhelo, una vieja reivindicación, no de la comunidad judicial sino de todas las ciudades y pueblos cuyos trabajadores dependen, fundamentalmente, del único juzgado de conciliación que hay en los tribunales de Río Cuarto.
A quien les habla, en el período 1995-1997, le tocó presidir el Colegio de Abogados de Río Cuarto, cuando ésta era una de las principales gestiones que se llevaba a cabo. Tarde, pero la solución llegó; es una respuesta concreta a las más de 250 mil personas que están en el radio de competencia de este nuevo juzgado, que va a brindar una importante contribución para resolver la enorme saturación de causas que invaden al actual juzgado de conciliación.
Como se ha dicho, no se trata de una demora común sino que afecta a los reclamos de los trabajadores cuyo crédito tiene carácter alimentario, por lo que se hace doblemente grave la demora en la resolución de esas causas.
Por esos argumentos, y por todo lo que se ha expresado, reitero mi satisfacción y la de mi bloque respecto a la creación de estos nuevos juzgados en el ámbito del fuero del Trabajo.

PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y DEROGA COMPETENCIAS QUE CORRESPONDIAN A LOS JUZGADOS DE MENORES

2010-06-09T12:02:00.000-07:00

En el día de la fecha toma estado parlamentario el proyecto de ley que crea el sistema de proteccion integral de niñez y adolescencia de la Provincia. La normativa es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad.

El legislador Roberto Birri, autor del proyecto junto a la legisladora Coria, destacó la importancia de la iniciativa que contó con aportes muy importantes del Colectivo Cordobés por los Derechos de niñas, niños, y jóvenes (Cecopal, Sehas, Serviproh, Seap, La Minga, Programa del Sol, Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC- Programa del Sol, Foro de Ongs. de Promoción y Desarrollo ).- y acompañado por prácticamente todos los bloques de la oposición como la UCR, como Omar Ruiz (ARI) Liliana Olivero (IZquierda Socialista), Silvia Rivero (Concertación Plural), Nadia Fernández (Peronismo Militante).-

Explicó Birri que, entre otros aspectos, se deroga parcialmente la ley 9053, incluyendo las competencias de los Juzgados de Menores en todo lo que sea materia prevencional y que con este proyecto cualquier acción, decisión o medida administrativa o judicial que restablezca derechos vulnerados de un niño o adolescentes será adoptado por el órgano administrativo que recae en la Secretaria de la niñez, adolescencia y familia en articulación con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil.

PROYECTO DE LEY PARA PROHIBIR LAS FUMIGACIONES CERCA DE LOS PUEBLOS Y CIUDADES

2010-06-09T09:58:00.000-07:00

El legislador socialista Roberto Birri – Presidente del Bloque del Frente Cívico – presentó un proyecto de Ley que ya tiene estado parlamentario, impulsando modificaciones a la ley provincial que regula el uso de productos agroquímicos. de aprobarse, se prohibiría el uso del glifosato a menos de 800 metros de ejido municipal de cada pueblo o ciudad.

“Entre las principales modificaciones, proponemos concretamente extender la prohibición para la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, dentro de un radio de 1500 metros del ejido municipal, para los productos de mayor toxicidad (clases Ia, Ib y 2).”

“Asimismo, prohíbe la aplicación terrestre o aérea, dentro de un radio de 800 metros del ejido municipal y de los cursos de agua, de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario, incluido el glifosato.”

“La fundamentación del proyecto reconoce numerosos reclamos de las poblaciones del interior provincial particularmente, así como estudios médicos y biológicos y fallos jurisprudenciales que refieren a los graves riesgos para la salud que trae aparejado la utilización de los herbicidas cerca de las poblaciones, en particular el glifosato, expresó el Legislador Birri.”

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Intervención en el recinto: Suspensión de ejecución de inmuebles de Clubes Deportivos y Entidades sin fines de lucro

2010-06-02T13:03:00.000-07:00

Señor presidente: he pedido la palabra para expresar naturalmente la adhesión -por supuesto va de suyo con la coautoría- a este proyecto. La verdad es que aquellos a quienes en alguna oportunidad nos ha tocado estar muy cerca de alguna institución, fundamentalmente deportiva -como el caso de quien les habla en clubes de mi ciudad... tenemos absolutamente en claro cuàl es el rol que cumplen en la sociedad de Córdoba, de todo el país y de gran parte del mundo los clubes, las instituciones como asociaciones civiles sin fines de lucro, no solamente en lo deportivo sino también en lo social y en lo cultural, y basta con recorrer la geografía provincial para ver cómo, incluso en aquellas pequeñísimas comunas que existen en la geografía de Córdoba, siempre hay un club o un grupo de vecinos del lugar que se asocian en torno de una institución que, a veces, ni siquiera tiene personería jurídica pero que hace las veces de contenedora de las expectativas de los hábitos de la cultura popular.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.

Intervención en el recinto: venta de inmuebles provinciales para construir comisarías

2010-06-02T13:00:00.000-07:00

Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza, provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.

El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.

2010-06-01T16:29:00.001-07:00

El Bloque del Frente Civico se expresó a favor de políticas de seguridad y en contra de la venta de comisarias.

El Legislador Roberto Birri, Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social, se expresó a favor de las propuestas y acciones que mejoren el servicio de seguridad pública, a la vez que rechazó enfáticamente la venta de los edificios donde funcionan las comisarías de la ciudad de Córdoba

Birri recordó que en Diciembre de 2008, cuando se aprobó la venta de innumerables y valiosos inmuebles del patrimonio provincial, se denunció la liquidación de los activos públicos: “no se trata de un acto administrativo como si fuera un estertor, ni mucho menos de un hecho espasmódico, se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada. Esta cronología de hechos, está muy claro de que hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que va cerrando eslabonadamente.”, expresó.

La secuela comenzó con la “Ley de Modernización del Estado” -para algunos debió llamarse de desguase del Estado-, por la que, entre otras cosas, crea CORINCOR (Corporación Inmobiliaria Córdoba), una suerte de inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes del erario público.

Luego, crearon el llamado Proceso de Mejoramiento de la Oferta Continúa, que permite vender hasta un 30 por ciento inferior al precio de la tasación.

Posteriormente, vino un tercer paso, antes de llegar al que nos ocupa hoy, cuando se agrega a la Ley de Contrataciones poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones pendientes de pago con los proveedores.

Hoy continúa con la venta de las comisarías. La pregunta es si mañana serán los institutos de menores y pasado los hospitales.

Es el sistema de venta del patrimonio de todos los cordobeses que impera desde el año 1999 de un gobierno neoliberal en retirada, que, ante la impotencia marcada por sus propias limitaciones, hace lo único que sabe bien: seguir vendiendo los bienes públicos para tener sobrevida hasta fin de 2011.

Si la provincia piensa en aumentar los peajes en la RAC, esto se parece más a un robo que a una política equivocada

2010-05-20T13:17:00.000-07:00

El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico, Roberto Birri, criticó en duros términos los dichos del Ministro de Obras Públicas sobre los posibles aumentos en los peajes de la RAC y expresó que “tratan de dibujar una noticia negativa como lo es el aumento que se proyecta en la mayoría de las rutas de la RAC, diciendo que no aumentaría en dos rutas, como si eso fuera positivo. No es más que una forma de engañarnos a todos los cordobeses, acá lo importante es que durante más de 10 años nos estuvieron robando plata a cambio de promesas de obras que nunca cumplieron, y la provincia ha sido y sigue siendo cómplice de un gran negociado”...

Por otra parte, Birri adelantó que van a impulsar “la investigación a fondo de los responsables de este negociado y la creación de un ente autárquico, con participación de la provincia, de los municipios y de los usuarios, para que se haga cargo de la RAC con un plan de obras serio, que no implique que los cordobeses sigamos poniendo plata a cambio de promesas”.

“Si recordamos las obras prometidas cuando se instaló el peaje y las comparamos con las existentes en la actualidad, la realidad parece un chiste de pésimo gusto, similar al dislate de Carlos Menem cuando nos hablaba de una nave que viajaría por la estratósfera para aterrizar en un santiamén en Japón, con la diferencia de que en el caso de la RAC, los cordobeses hemos entregado miles de millones de pesos al concesionario, a cambio de nada. Y por si la burla fuera corta, deberemos pagar además setenta y seis millones de dólares durante los próximos 8 años en concepto de indemnización. Un “negocio redondo” para quienes no cumplieron con las exigencias de la concesión.”

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LEY DE BLANQUEO: EL FRENTE CÍVICO SOLICITARÁ LA DEROGACIÓN DE LA EMERGENCIA PREVISIONAL Y EL CESE DE LA INTERVENCIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES.

2010-05-12T07:20:00.000-07:00

En el tratamiento del proyecto que establece la conversión de las cifras no remunerativas en remunerativas -que se realizará en la sesión de mañana en la Legislatura Provincial-, el Bloque del Frente Cívico y Social, presentará un dictamen propio, incluyendo propuestas como la derogación de la emergencia previsional y el cese de la intervención en la Caja de Jubilaciones, entre otras.

El presidente de este bloque, Roberto Birri, expresó que “el hecho de que este gobierno asuma la responsabilidad que le asigna la ley y los fallos de la justicia en el sentido de dejar de pagar el salario en negro a los trabajadores es un avance, pero también entendemos que están dadas las condiciones para avanzar aún más en la regularización del sistema previsional, a través de la derogación de la emergencia, el cese de la intervención de la Caja y la exigencia de que en el futuro todos los aumentos que se otorguen a los trabajadores sean incorporados al básico para no caer otra vez en la misma situación”.

Además, desde el Frente Cívico se opondrán al recorte que plantea el proyecto del ejecutivo en los aportes para la obra social Apross, por considerar que “no puede vestirse un santo desvistiendo a otro. La obra social no solo que no soporta un recorte, sino que necesita mayores recursos para hacer frente a las necesidades de miles de afiliados que hoy en la práctica se encuentran sin cobertura. Basta recorrer los pueblos del interior para saber que la Apross está en una situación gravísima”, expresó el legislador socialista Roberto Birri.

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EL LEGISLADOR ROBERTO BIRRI SOLICITÓ QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA INFORME DE MANERA URGENTE A LA LEGISLATURA SOBRE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE TORTURA EN LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA

2010-05-10T14:10:00.000-07:00

CRISIS DEL SISTEMA CARCELARIO PROVINCIAL:

El Legislador socialista Roberto Birri (Presidente del Bloque del Frente Cívico y Social), presentó un proyecto de resolución para que el Ministro de Justicia informe de manera urgente al Poder Legislativo sobre la presunta existencia de elementos de tortura en las cárceles de la provincia y otros aspectos que “muestran una gravísima situación del sistema carcelario provincial, incluyendo la duda sobre presos posiblemente asesinados o torturados en ámbitos de responsabilidad del Estado Provincial”, según expresó en sus fundamentos...
bajar proyecto completo

Además de este hecho que tomó estado público, el legislador socialista viene denunciando hace tiempo la violación de los derechos humanos en las cárceles, especialmente en la Penitenciaría de Río Cuarto, donde hace pocos días se encontró un recluso muerto.

“La situación en Río Cuarto es gravísima, incluso tenemos información de que en los últimos días estarían trasladando a otros reclusos que fueron testigos de los hechos donde falleció un recluso, con el objetivo de evitar que brinden información sobre lo ocurrido”, expresó Birri.

El articulo 18 de la Constitución de la Nación en su parte final, reza: "Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de preocupación conduzca a mortificarlos mas allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” esta máxima, es la base fundamental de una idea respecto al sistema carcelario argentino, porque ya desde 1853 se plantea que dicho sistema debe resocializar; no ser permisivo con el delito, pero tampoco extralimitarse con el castigo, debe generar las herramientas para que quien actuó de manera contraria a la ley cumpla una condena, pero luego de ella debe tener la posibilidad de ser parte de la sociedad como cualquier otro ciudadano.

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2010-04-28T12:58:00.000-07:00

Quiero solicitar la reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas del expediente 5008, a partir de los siguientes fundamentos: seguramente, el mes de enero próximo pasado va a ser recordado por los cordobeses como uno de los más impiadosos de los últimos tiempos como consecuencia de la feroz crisis energética que asoló a los pobladores de la Provincia de Córdoba..., con consecuencias que son de público conocimiento en términos de afectación de calidad de vida de la gente, fundamentalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, de afectación al sector productivo de la Provincia, y con las gravosas consecuencias económicas que nos animábamos a presagiar, en aquel entonces, que iban a venir para el erario público.
Como consecuencia de eso, el Gobernador remitió a este Poder Legislativo el Decreto 44, del año 2010, por el que, entre otras cosas, instruía a EPEC a efectuar todas las reclamaciones legales correspondientes contra Transener, incluida la de demandar judicialmente a la misma por daños y perjuicios.
El presidente de EPEC, envalentonado por el decreto del Ejecutivo, durante una reunión que se realizó en la Sala Regino Maders los primeros días del mes de febrero, cuando la crisis todavía continuaba –en rigor de verdad, la crisis continúa porque sigue habiendo cortes en distintos lugares de la geografía provincial-, dijo textualmente: “Estimamos que los 8 millones de multa que le van a poner a Transener -en realidad que tiene que pagar Transener por los días que no hubo provisión de energía- no alcanzan, por eso he dicho, más allá de que alcancen o no, que creo que Transener, además de hacerse responsable de esto, tiene que pagar los daños y perjuicios que esta situación nos ha provocado”. A continuación, decía: “le vamos a presentar una demanda a Transener, y la intención, más allá del resultado de la misma es que esto nos sirva para resarcir los daños que nosotros, como distribuidora, hemos tenido”.
Ergo, ¿qué decía Bonetto? –que a esta altura del partido tendría que haber renunciado. Primero: “no tenemos la culpa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros”. Segundo: “con los 8 millones de multa que automáticamente –no hace falta ni una carta documento- Transener le tiene que pagar a la Provincia vamos a resarcir a la totalidad de los usuarios. Pero, como eso no es suficiente, le vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios a Transener”.
El proyecto que planteamos en febrero no abarca el primer tema, porque a esta altura del partido no hay duda de que la crisis se debe a la ineficacia del Gobierno, a través de EPEC, por desinversión, por falta de planificación y por una pésima administración que tuvo con Bonetto a la cabeza, con lo cual sobre ese tema ya no hay ninguna duda y no vamos a volver. Simplemente cabe saber dónde está la responsabilidad política del presidente de EPEC, porque en todos los lugares del mundo, menos en la Provincia de Córdoba, parece ser que los que hacen desastres, los que fracasan en sus políticas, algún costo pagan.
Sobre los otros dos temas, son a los que apunta el pedido de informes, porque debiéramos conocer los usuarios y las familias de la Provincia de Córdoba qué es lo que pasó. Primero, saber si Transener pagó la multa que tenía que pagar, si la Provincia inició el juicio que había prometido el Gobernador y fundamentalmente Bonetto, y tomar conocimiento de esto. Si aún no se inició, a pesar del decreto gubernamental, me parece que estamos ante una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, si se decidió no iniciarlo porque jurídicamente se valoró que no corresponde, de nuevo estaríamos ante una tamaña irresponsabilidad por parte de quienes, marketineramente, quisieron salir de cualquier manera del enorme costo que generó la crisis energética.
Por último, también nos interesa saber cuál es la incidencia que ha generado en el erario público la crisis energética del verano pasado. Digo esto para saber si, tal cual lo prometió Bonetto, alcanzan o no los 8 millones de pesos que le iba a cobrar de multa a Transener para pagar los reclamos que hicieran los usuarios. Adelanto que me parece que no le van a alcanzar, porque un solo usuario industrial del interior de la Provincia ya le ha reclamado 5 millones de pesos, y son miles los usuarios que reclaman.
En consecuencia, como no queremos conjeturar, nos pareció atinado, prudente y conveniente que rápidamente EPEC conteste este pedido de informes.
Muchas gracias.

EL LEGISLADOR BIRRI PIDIÓ AVANZAR HACIA LA DEROGACIÓN DE LA EMERGENCIA PREVISIONAL Y SE MOSTRÓ CONFORME CON LA DECISIÓN DEL GOBERNADOR DE DEJAR DE PAGAR EN NEGRO A LOS TRABAJADORES PROVINCIALES.

2010-04-26T13:36:00.000-07:00

El legislador del socialismo Roberto Birri, dijo que “si existe la decisión de dejar de abonar en negro parte del salario de los trabajadores provinciales, sin duda es un hecho positivo que vamos a apoyar desde nuestro bloque”, y recalcó que “hace más de 6 meses iniciamos un proyecto similar, incluso antes de los fallos del Tribunal Superior; hoy el Gobierno no tiene otra alternativa que cumplir con la constitución. Debe garantizarse realmente el 82% móvil a los jubilados, para lo cual habrá que pensar en derogar la emergencia previsional.”

Por otra parte, expresó que “sería muy positivo que en pocos días podamos aprobar una ley que ponga fin a una situación irregular que lleva décadas en nuestra provincia. Resulta una verdadera paradoja que sea el propio Estado el que está abonando en negro el salario a sus trabajadores, desfinanciando los organismos de seguridad social y provocando una enorme injusticia a los jubilados”.

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Proyecto en apoyo a la lucha de las trabajadoras sexuales contra la discriminación y la represión.

2010-04-15T10:58:00.000-07:00

Entrevista en el Programa "El Show de la Mañana" (15/04/2010)

Intervención en el recinto: Pedido de Juicio Político al Ministro de Salud

2010-03-31T13:13:00.000-07:00

Sr. Birri.- Señor presidente: en el día de la fecha, antes de las 9 y 30, que es el horario acordado para que los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas sean receptados como tales, el bloque del Frente Cívico presentó un pedido de informes requiriendo la presencia del Ministro de Salud Pública en el ámbito de esta Legislatura...

Es cierto que no pudo ser anunciado, como es de costumbre, en la reunión previa de la Comisión de Labor Parlamentaria porque ésta comenzó en un horario en el que nuestro bloque todavía no se había reunido, quedando en una suerte de zona gris, por lo que le voy a pedir una autorización particular para este caso y que en un breve término, que no exceda lo que puede ser el de un pedido de reconsideración, podamos explicar los motivos de urgencia en el tratamiento del tema. ¿Me otorga la autorización?

Sr. Presidente (Campana).- Si, señor legislador.

Sr. Birri.- Señor presidente, una breve mirada retrospectiva nos lleva al inicio de la sesión inaugural de esta Legislatura, cuando el señor Gobernador de la Provincia, en un anuncio que este bloque recibió auspiciosamente, nos decía que las tareas realizadas en el área de la Salud han sido muchas y muy importantes, tanto que podemos hablar de una revolución en silencio de la salud pública de nuestra Córdoba.
La verdad, señor presidente, que nuestra reflexión nos indica que, a poco de haber ocurrido este acontecimiento, la realidad nos muestra que más que una revolución en el campo de la Salud, a lo que estamos asistiendo es a una suerte de verdadera pesadilla.
El fallecimiento de dos turistas en Carlos Paz y de un vecino de la localidad de Capilla del Monte son –a nuestro juicio– la punta del iceberg por donde aflora una muestra patente de la gravísima situación sanitaria por la que atraviesa la Provincia de Córdoba, y el producto de uno de estos acontecimientos fue tapa de los diarios nacionales, principal espacio en las pantallas de televisión, quedando Córdoba como un reflejo de lo que no debe ocurrir en ningún lado en materia de salud pública.
En cualquier lugar del mundo, señor presidente, ante esta situación un Ministro de Salud lo que hace es salir a explicar la situación y hacerse cargo de sus responsabilidades, menos en Córdoba, y menos para González, porque el Ministro de Salud, en realidad, lo que hizo fue marcar responsabilidades, desde que los culpables de esta situación absolutamente infortunada fueron los médicos a cargo de las terapias de los hospitales hasta que la culpa la tenían los familiares de las víctimas, pasando por una grilla de, por ejemplo, falta de colaboración de los trabajadores de la salud, reclamos gremiales en los distintos hospitales –en el Neonatal, en el Tránsito, en el Misericordia. O sea, cualquiera menos él.
En realidad, ese “cualquiera menos él” se extiende también -y ha sido motivo de requerimiento por nuestra parte- al lujo que se da al rehuir a dar explicaciones ante los requerimientos de esta Legislatura, que hace prácticamente un mes que está pidiendo su presencia.
En realidad, la pregunta es si se podía esperar otra cosa de un ministro que está más preocupado por su candidatura a gobernador que por resolver los problemas que tiene la gente en materia de salud pública. La verdad es que la reflexión es que Dios nos libre si este hombre llega a conducir los destinos de la Provincia como lo está haciendo con los destinos de la salud pública.
Hoy la situación es de extrema gravedad. La lista es larga, ejemplos: el servicio del 136 está prácticamente desmantelado; carencia de insumos básicos por falta de pago a los proveedores; falta de recursos humanos en los hospitales, sanciones y traslados arbitrarios, pago en negro a los trabajadores de los equipos de salud que hoy son el único sostén de los servicios sanitarios, y que ni siquiera son recibidos por los directores de los hospitales, eso es moneda corriente, y algunos hospitales que debieran ser un verdadero lujo, como materia de trabajo de excelencia, más que hospitales parecen hospicios del siglo XIX.
Señor presidente: es imperioso un cambio sustancial de 180 grados en la política de salud provincial. Lamentablemente, las muertes y el desamparo de nuestros ciudadanos no pueden seguirse, siendo el precio a pagar por la falta de respuesta de la máxima autoridad de salud de la Provincia.
Concluyo informando que, por estos motivos y por otros que serán expresados por escrito, más de un bloque legislativo pedirá que se active el mecanismo previsto en el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba para que el señor Oscar González, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, sea sometido a juicio político, a fin de que sea destituido por mal desempeño de sus funciones.
Muchas gracias.

Apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo

2010-03-17T12:07:00.000-07:00

Escuchar audio del programa "radioinforme 3"
El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos.La fiscal Silvia Barrigó avaló el planteo de "inconstitucionalidad" de la ley de matrimonio civil 2.393 presentado por una pareja gay en Córdoba, luego de que en diciembre le fuera denegado un turno para contraer matrimonio en el Registro Civil....

Ahora el caso "Palavecino contra el Gobierno de Córdoba" quedó en manos del Juzgado Civil y Comercial de 30ª Nominación.

La magistrada sostiene que es "inconstitucional" la normativa vigente que impide el matrimonio a personas del mismo sexo.

Al respecto, el legislador Roberto Birri (Frente Cívico) apoyó el planteo de la pareja en condición de "amicus curiae", postura que compartieron los parlamentarios Liliana Olivero, Omar Ruiz, Cecilia Merchán y Norma Morandini, además de la investigadora docente Adela Coria.

Entrevistado por "Radioinforme 3", Birri señaló: "Creemos que el artículo 172 de la ley de matrimonio civil violenta la Constitución. Proponemos su modificación, porque expresa que para contraer matrimonio se debe dar la existencia de un hombre y una mujer".

"Planteamos que se cambie por la denominación de 'contrayentes' del mismo o de distinto sexo", explicó Birri.

El parlamentario puntualizó que "la unión civil es un paso previo, pero no permite lograr el estatus jurídico del matrimonio, con implicancias en la herencia, pensión, adopción, alimentación y divorcio".

"Creemos que el nuevo concepto de familia se ha modificado a partir de las uniones homoparentales, de la fertilización asistida, del divorcio, etcétera. El matrimonio homosexual ya está permitido en Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Suecia y Noruega", puntualizó Birri.

Por último, consideró que "las personas del mismo sexo son tan capaces como los esposos de expresar y compartir el amor" y destacó que "la ley de matrimonio civil es del siglo 19".

Proyecto de ley para evitar el pago en negro a los trabajadores provinciales y garantizar el 82% real a los jubilados

2010-03-10T11:26:00.000-08:00

El legislador Roberto Birri, presidente del Bloque del Frente Cívico y Social acompañó hoy al mediodía a los jubilado provinciales que reclamaron en la legislatura por el fin de la intervención a la Caja y la plena vigencia del 82% móvil, y comunicó su proyecto de ley que deroga el inciso “e” del art. 9 de la ley 8024 que permite al gobierno pagar en negro a los empleados públicos.

“El gobernador es responsable de evitar una catarata de jucios por parte de los jubilados provinciales y debe convocar a todos los sectores a buscar soluciones de largo plazo garantizando por ley el 82% real que hoy está reconociendo la justicia.”

En dicho acto expresó que “los legisladores oficialistas y el Gobernador tienen la obligación de modificar la ley previsional y evitar una catarata de juicios por parte de los jubilados provinciales. Es imprescindible que a los trabajadores se les deje de pagar en negro y que a los jubilados se les garantice su derecho a percibir el 82% real de lo que cobran los activos, porque para eso aportaron toda la vida”.

El legislador del socialismo destacó que “desde nuestra banca, no solo nos hemos opuesto a una política sistemática de vaciamiento y de reformas a espaldas de los trabajadores, sino que hemos impulsado a fines del año 2009, cuando aún no estaban los fallos del Tribunal Superior, un proyecto de Ley para terminar con esta verdadera paradoja de que sea el propio Estado el que está abonando “en negro” el salario a sus trabajadores, desfinanciando los organismos de seguridad social y provocando una enorme injusticia a los jubilados”.

Sobre este proyecto que tiene estado parlamentario expresó que “aún no hemos logrado que el oficialismo lo apruebe, pero creemos que ahora estamos más cerca, porque se complementa con lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en el fallo “Abaca” y el gobierno no se puede hacer el distraído”.

Y agregó que “en todo caso, si faltan recursos, deberían blanquear la situación de la caja y sentarnos todos, incluyendo a los trabajadores y a los jubilados, para buscar alternativas superadoras. Pero el objetivo debe ser garantizar jubilaciones dignas y no seguir cortando el hilo por lo más delgado como han hecho hasta ahora los últimos gobiernos. Desde nuestra fuerza política estamos dispuesto a participar en la búsqueda de soluciones a este tema tan importante.”

Ver proyecto de Ley Nº 3970/2009, de fecha 04/11/2009

Interpelación al Ministro de Salud de la Provincia.

2010-03-03T09:35:00.000-08:00

Se solicita la interpelación del Ministro para contar con información sobre la situación del sistema de salud provincial, específicamente sobre la disponibilidad de camas de terapia intensiva en distintas zonas de nuestra provincia. Además se pretende aclarar la situación y la respuesta que dió el sistema de salud ante el caso del turista fallecido por falta de atención.

ver proyecto completo ...

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESUELVE

Citar al Sr. Ministro de Salud, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:

1) Cuál es el número de camas para terapia intensiva con que cuentan los Hospitales Públicos en toda la provincia de Córdoba, distinguiendo entre Córdoba Capital e Interior.

2) Si considera que el número de camas para terapia intensiva que tiene la provincia es adecuada a la demanda y el número de ciudadanos. Caso contrario explicite cuáles son las necesidades más urgentes en este sentido en las distintas zonas de la provincia y si existe un plazo estimado para cubrirlas.

3) Cuál fue la respuesta que le brindó el sistema público de salud de nuestra provincia al Sr. José Fortina, turista entrerriano, quien lamentablemente perdiera la vida en Córdoba, presumiblemente por no haber sido atendido en un hospital público por falta de camas de terapia intensiva. Explicite ampliamente sobre la situación, brindando los detalles necesarios para un esclarecimiento de la misma.

4) Qué medidas se toman o tomaron a efectos de esclarecer el hecho y además prevenir que una situación similar ocurra en el futuro.

5) Explicite detalladamente qué es y cómo funciona el Centro de derivación del paciente y si considera que es correcta la articulación.

6) Con cuántas camas de terapia intensiva cuenta el Hospital de Río Cuarto.

7) Con cuántas camas de terapia intensiva cuentan los hospitales públicos de los Departamentos Punilla, Colón, Roque Sáenz Peña y General Roca.

8) Si los hospitales públicos de los Departamentos Sáenz Peña y General Roca cuentan con Unidad Coronaria.

9) Si tiene conocimiento que los pacientes del Departamento Roca son derivados a la unidad coronaria de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa.

FUNDAMENTOS

Parece ser que, desde el comienzo del año, una serie de sucesos desafortunados se abaten sobre la provincia de Córdoba. Desde enero en adelante todos los ciudadanos debimos soportar la interminable ola de cortes imprevistos, causando angustias y daños en la población. Más allá de las culpas e imputaciones recíprocas con el gobierno nacional, el hecho desnudó una realidad insoslayable: una vez más, el Gobierno provincial no realizó las previsiones ni inversiones del caso para evitarlo.

Esta semana, en otro lamentable hecho, un turista murió en la madrugada del domingo en la ciudad de Córdoba, según lo informado por la prensa, luego de que sus familiares peregrinaran durante cuatro horas para conseguirle cama en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) para tratarlo de un infarto de miocardio.

Ello habría comenzado alrededor de las dos de la mañana del domingo cuando el ciudadano entrerriano, Sr. José Fortina, quien estaba de vacaciones en Villa Carlos Paz, sufrió una descompensación al salir de un teatro; y habría tenido que esperar cuatro horas para conseguir una cama de terapia intensiva en la ciudad de Córdoba. Cuando llegó al Sanatorio Francés, ya era muy tarde. Murió a los minutos.

Según indicaron los medios de información, los hospitales provinciales no tenían lugar y los privados sólo lo aceptaban si pagaba por adelantado entre ocho mil y 12 mil pesos

Por otra parte, el cuñado de la víctima se refirió a los argumentos utilizado por el titular de Salud de la Provincia, Oscar González, y señaló: “El ministro no sabe que el paciente tenía un convenio con la Apross, nada más y nada menos que la obra social de la Provincia”. Por último y, según la información circulante, el Sr. Ministro de salud habría declarado que: “Vamos a iniciar un sumario. Es una barbaridad, es una conducta inaceptable. Eso no debe quedar así”, remarcó el funcionario en declaraciones radiales. Recordó, además, que Fortina tenía obra social. González admitió la falta de camas de terapia en la Capital, pero dijo que este año se inaugurarán 80 nuevas salas en el Hospital Misericordia y en el Hospital Córdoba.

Hasta ahí lo informado por la prensa.
Este hecho, (de haber ocurrido del modo descripto por los medios) no solo pone de relieve la improvisación y falta de articulación de medios que contengan una situación determinada, como la ocurrida, sino que desnuda todo un trasfondo del estado de los hospitales y la salud pública en la provincia de Córdoba.

Por ello, es necesario que el Sr. Ministro venga a la Legislatura a explicarnos la realidad de los hechos, la realidad de los hospitales públicos de la provincia; todo ello a fin de tener conocimiento directo de lo ocurrido, por medio de la autoridad correspondiente.-
Por ello, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de Resolución.

Denuncia por posible abuso sexual y venta de drogas en la Policía de Río Cuarto

2010-03-01T14:07:00.000-08:00

A raíz del escándalo en el que se encuentra envuelta la Departamental Río Cuarto de la Policía de la Provincia, Birri pidió el desplazamiento de la cúpula policial departamental, la interpelación del Ministro de Gobierno y el urgente traslado de la Sede Policial.

La denuncia incluye una causa judicial donde se investiga a miembros de la fuerza por posible abuso sexual y venta de drogas en la sede policial, el Presidente del Bloque de Legisladores del Frente Cívico y Social, Roberto Birri, ha solicitado se lleven adelante de manera urgente las siguientes medidas: ....

1) El apartamiento temporal de la cúpula de la Jefatura de la Departamental; medida cuya vigencia como mínimo debe ser el del tiempo que dure la investigación del caso Auci.

Al respecto, el dirigente socialista fundamento su pedido en que la imputación del fiscal Julio Rivero dio crédito a la denuncia de la víctima, y ante la pobre respuesta de las autoridades en ejercicio; entiende que “la contestación de la autoridad policial nunca puede ser corporativa”, y agrego: “Ya parece ser un secreto ‘a voces’ que en los lugares de detención de la policía se comercializan medicamentos y pastillas adictivas, y resulta poco creíble que desde la cúpula de la fuerza se desconozca todo; la jefatura departamental no ha tenido capacidad de respuesta, incluso semanas atrás se fugo un recluso y lo único que reino fue el silencio”.

2) Avanzar en la inmediata interpelación al Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Caserio, responsable político del área, quien no ha contribuido en absoluto a aclarar este preocupante suceso. “Es un hecho de inusitada gravedad institucional, la posibilidad de la existencia de la venta de estupefacientes por parte de integrantes de la propia fuerza, y queremos saber si se está investigando el tema, cuáles son los resultados a los que se han arribado y las sanciones previstas y a ejecutar, a cuyo fin se presentó el viernes próximo pasado un proyecto de Resolución para conocer de manera pormenorizada tales extremos”.

3) Solicitamos a la Administración de Juan Schiaretti que se lleve adelante la inmediata relocalización de la Sede policial: “Es necesario avanzar en dicha modificación, la actual ubicación cuenta con toda clase de vicios, es inadecuada, inapropiada, no resulta funcional, y es de excesiva peligrosidad incluso para los ciudadanos que transitan en sus inmediaciones, teniendo como ejemplo los hechos antes referidos”; y termino manifestado que “urge crear un plan serio en materia de infraestructura edilicia, acorde a la importancia que debe otorgársele a las políticas publicas de seguridad”.-

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN.

ver proyecto de resolución >>

CONTACTO: Leg. Roberto Birri 0358 - 156027510

Inhabilitación de genocidas para acceder a cargos públicos

2010-02-25T09:40:00.000-08:00

Mediante este proyecto de Ley, proponemos modificar la legislación electoral y de partidos políticos de nuestra provincia, para que los acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, como así también quienes se desempeñaron en altos cargos (nacionales, provinciales o municipales) en el periódo de la última dictadura militar, queden inhabilitados para ser afiliados a los partidos políticos y candidatos a cargos públicos.

Esta norma armoniza la legislación, ya que una similar fue aprobada durante el año 2009 a nivel nacional.

ver proyecto...

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA SANCIONA CON
FUERZA DE LEY

Artículo 1º: MODIFÍCASE el artículo 37 de la ley 9572 e incorpóranse al mismo los incisos 5º; 6º; 7º y 8º.

El artículo 37 de la ley 9572, que establece el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 37: No podrán ser afiliados, precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos provinciales ni ser designados para ejercer cargos partidarios:

1) Los excluidos del Registro Nacional y Provincial de Electores como consecuencia de disposiciones legales vigentes;

2) El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad, o en situación de retiro cuando haya sido llamado a prestar servicio;

3) El personal superior o subalterno de las Fuerzas de Seguridad de la Nación y de las provincias en actividad o retirado llamado a prestar servicios, y

4) Los magistrados y funcionarios en actividad del Poder Judicial Nacional y Provincial.

5) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983;

6) Las personas condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.

7) las personas que hayan usurpado cargos electivos en el período de interrupción del orden institucional comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983

8) las personas que hayan ejercido los cargos de Ministro, Secretario, Subsecretario o Director en cualquier dependencia del Estado Nacional, Provincial o Municipal , o equivalentes en jerarquía y rango, durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983.

No quedarán comprendidos en el presente supuesto de inhabilitación, aquellas personas que hubieren accedido a los cargos de Director en virtud de carrera administrativa previa.

Los partidos políticos no podrán registrar candidatos a cargos públicos electivos para las elecciones provinciales en violación a lo establecido en el presente artículo.

ART. 2º) De forma.-

FUNDAMENTOS

Desde la recuperación de la democracia en 1983, el pueblo argentino, encabezado por los organismos de derechos humanos, reclamó cada vez con más fuerza Verdad y Justicia para con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio producido por la Dictadura Cívico Militar que usurpó el poder el 24/03/76.

También desde ese mismo momento sectores cómplices y beneficiarios del modelo de hambre impuesto por el régimen militar, empezaron a plantear que lo que correspondía era un proceso de Reconciliación Nacional, cuyo supuesto objetivo era sepultar el pasado que nos había dividido, instalando la impunidad y el olvido como ejes fundamentales.

Las llamadas Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y más tarde los indultos, fueron las herramientas legales utilizadas para imponer, contrariando toda la legislación nacional e internacional, la impunidad como politica de estado y la negación del derecho fundamental a la justicia a las víctimas y a la sociedad toda. Durante más de 20 años, este andamiaje legal, permitió a miles de genocidas reciclarse y ocupar lugares de relevancia en distintos sectores del Estado a nivel Nacional, Provincial y Municipal. Un triste ejemplo de ello fue el cargo de gobernador y más tarde su intento de ingresar al Congreso Nacional, del ex General Bussi y Luis Abelardo Patti entre muchos, quien en la actualidad se encuentra detenido y condenado en el primer caso y procesado por crímenes de lesa humanidad en el segundo.

Sin embargo, desde el año 2003, con la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521, más conocidas cómo Punto Final y Obediencia Debida, una nueva etapa ha comenzado en nuestro país, el principio del largo y arduo proceso de poner fin a la más cruel de las impunidades y a la falta de justicia.

No obstante, respecto de las personas involucradas en el terrorismo de estado, recordemos que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recomendó ya en el año 1995 en su informe sobre nuestro país, que "... se establezcan procedimientos adecuados para asegurar que se relevará de sus puestos a los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad contra los que existan pruebas suficientes de participación en anteriores violaciones graves de los derechos humanos...".
Se sindicaba de esta forma que el mantenimiento en la estructura estatal y en el diseño de las políticas públicas de quienes años antes, han utilizado esa misma estructura como maquinaria de persecución terror y exterminio, constituía un grave error.

Asimismo, dicho Comité en su informe sobre la Argentina en el año 2000, destacó que: "Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final, preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan incluso obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las Fuerzas Armadas o en la administración pública".
Del mismo modo, numerosos fallos judiciales de tribunales nacionales y extranjeros, han señalado que, durante el período de ruptura institucional comprendido entre el 24/03/1976 y el 10/12/1983, ha ocurrido en nuestro país un genocidio planificado, preparado y ejecutado desde el Estado, que presenta características comunes a todo delito de lesa humanidad.

Esta afirmación emana de precedentes jurisprudenciales, pero también del consenso generalizado de nuestro pueblo que ha sido partícipe de las luchas para revertir el encubrimiento y la impunidad de estos crímenes.
Respecto de los primeros y más recientes, podemos destacar las condenas a Luciano Benjamín Menéndez y toda su patota, Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, emanadas del Tribunal Oral Federal N°1 de la Ciudad de la Plata y la del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España en la condena contra Adolfo Scilingo.

Los miembros del Tribunal Oral Federal N°1 sostuvieron en la fundamentación del fallo que condenó al ex - comisario Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua por delitos cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la Argentina entre los años 1976 y 1983 que:
"...no hay impedimento para la categorización de genocidio respecto de los hechos sucedidos en nuestro país en el período en cuestión, mas allá de la calificación legal que en esta causa se haya dado a esos hechos a los efectos de imponer la condena y la pena.

La afirmación que antecede proviene del análisis que sigue y es el resultado de la utilización de la lógica más elemental.
Ya en la sentencia de la histórica causa 13 se dió por probada la mecánica de destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron "Proceso de Reorganización Nacional".

Así, en la causa 13/84 donde se condenó a los ex integrantes de las Juntas Militares se dijo: "El sistema puesto en práctica -secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad y, en muchos casos eliminación de las víctimas-, fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo" .

Esta definición fue reproducida en la sentencia dictada el 2 de diciembre de 1986 por la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en la causa nº 44, introducidas ambas al debate por su lectura. Cabe agregar que en la misma causa 13 se aclaró luego que ese "sistema" se dispuso en forma generalizada a partir del 24 de marzo de 1976 (cap. XX causa 13/84)...

...Es precisamente a partir de esa aceptación tanto de los hechos como de la responsabilidad del Estado argentino en ellos, que comienza, a nuestro entender, el proceso de "producción de verdad" sin el cual sólo habría retrocesos e impunidad"

Llegados a este punto, analizando en contexto los fallos argentinos citados (causa 13, 44, Etchecolatz y Von Wernich), surge sin dificultad que no estamos frente a la mera suma de delitos, sino ante algo significativamente mayor que corresponde denominar "genocidio" en los términos del artículo II) de la Convención Para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio del año 1948, suscripta y ratificada por la Argentina por el Decreto Ley N° 6286 del 9 de abril de 1956, y que hoy goza de jerarquía constitucional a partir de su expresa incorporación a la Carta Magna por vía del art. 75 inc. 22.

Dicho esto, consideramos de suma urgencia e interés institucional la aprobación de una norma que impida a los autores, participes o que de cualquier manera hayan tenido participación en graves violaciones a los derechos humanos puedan ser candidatos a cargos electivos o accedan a cargos públicos por cualquier vía.

Las restricciones e inhabilitaciones que pretende implementar el presente proyecto de ley deben ser interpretadas a la luz del contexto histórico vivido en nuestro país que ha diezmado a toda una generación, pero cuyos efectos continúan, se proyectan y se sufren hasta nuestros días.
Estos hechos por su sistematicidad, generalidad y profunda crueldad agravian a la humanidad toda y exigen, por lo tanto, la instrumentación de mecanismos legales idóneos para evitar su impunidad a los ojos de la comunidad de naciones. En esa búsqueda se enmarca la presente propuesta de ley, que tiene en mira, no solo el pasado, sino las generaciones que vendrán. Pues ellas, sabrán con certeza que nadie que sea capaz de torturar salvajemente, asesinar, o peor aún, desaparecer sin rastro a un ser humano, dentro de un plan sistematico de terrorismo estatal, podrá luego, aspirar a cargos públicos o a definir políticas públicas.

Esto constituye lisa y llanamente garantía de protección de convivencia pacífica de los pueblos.

Para ello hay que comenzar por manifestar que la norma propuesta guarda lógica y coherencia en el plexo normativo vigente, pues, el articulo 16 de la Constitución Nacional garantiza la igualdad ante la ley y la admisibilidad en los empleos "sin otra condición que la idoneidad".

Esta idoneidad exigida por el precepto constitucional sin duda debe ser entendida e interpretada a la luz del nuevo paradigma ético-jurídico expresado en la Reforma Constitucional del año 1994, a través de la cual los constituyentes han expresado con elocuencia el valor que se le asigna a la protección del sistema democrático y al respeto de los derechos humanos del que este es garante.

En este sentido cabe recordar las palabras del prestigioso constitucionalista Germán Bidart Campos, quien afirma respecto de la idoneidad, que:

"La Constitución no establece contenidos específicos para la idoneidad, por lo cual, ésta debe ser valorada de acuerdo con las pautas éticas vigentes. Sin duda, entre dichas pautas tiene un valor supremo la democracia en tanto sistema para la vigencia y protección de los derechos humanos. La esencia constitutiva de la democracia radica en el reconocimiento, el respeto, la tutela y la promoción de los derechos humanos".

No se trataría entonces de un concepto abstracto o sustituible según marchara el gobierno de turno, sino una firme expresión de voluntad sobre el compromiso de respecto de los derechos humanos, tal como ha evolucionado en el orden internacional del que nuestro país forma parte, desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas hasta nuestros días.
En ese sentido, y para hacer plenamente operativos todos los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, y que hoy integran el plexo jurídico constitucional, así como los principios generales del derecho, que son fuente de derecho internacional de los derechos humanos, es nuestro deber como legisladores, adecuar la legislación interna y considerar inhabilitadas para ejercer cargos públicos a todas las personas que habiendo sido condenadas, o sometidas a proceso por graves violaciones a los derechos humanos, o sobre las cuales existan pruebas suficientes de participación en gravísimas violaciones a los derechos humanos de entidad tal que constituyan delitos de lesa humanidad, como así también aquellos que hayan tenido responsabilidad política por usurpar cargos de alta jerarquía y hayan tolerado, en el menor de los casos, el genocidio en marcha, no posean la exigencia de idoneidad requerida por nuestra Constitución Nacional.

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso 10.804 "Rios Montt v. Guatemala" estableció que "El derecho a la participación como candidato en una contienda política surge del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Y si bien el Estado puede reglamentar estos derechos y oportunidades por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal, no es menor cierto que el artículo 32 de la Convención establece un marco de interpretación aplicable cuando dice que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática...

En este aspecto considera la Comisión la relevancia para el análisis de los otros instrumentos del sistema interamericano, en primer lugar la Carta de la Organización de Estados Americanos y los numerosos pronunciamientos a lo largo de la centenaria historia de la Organización, en cuanto reafirman al sistema democrático constitucional como base y objetivo de la acción del sistema y de sus Estados componentes.

A partir de esta premisa, considera la Comisión que el contexto del derecho constitucional guatemalteco e internacional en que se ubica esta condición de inelegibilidad es la dimensión apropiada para el análisis de la aplicabilidad de la Convención en general, y de sus artículos 23 y 32 al caso sub-judice, y de la cual puede surgir el margen de apreciación permitido por el derecho internacional"

En el caso expuesto se consideró que "los principios de rechazo a la ruptura del orden constitucional, inhabilitación de sus líderes para altas magistraturas, y no reelección, fueron adoptados por considerarse principios jurídicos de relación internacional y de defensa común de la consolidación democrática de la región".

Así también al considerar la Comisión "si en este mismo contexto jurídico esta norma establece un principio discriminatorio individual o general que sería contrario no sólo al artículo 23, Derechos Políticos, de la Convención Americana, sino a los principios generales de la misma ... recuerda la Comisión que esto debe analizarse de acuerdo a las circunstancias del caso y las concepciones jurídicas prevalecientes en el período histórico. Nuevamente aquí la Comisión debe reafirmar el carácter restrictivo con que debe utilizar ese margen de apreciación, el cual debe ser siempre concebido tendiente al refuerzo del sistema y sus objetivos..."
Veinte años de impunidad garantizada por las trabas legales y políticas del mismo Estado que masacró a su pueblo, ameritan una serie de medidas tendientes a restituir el verdadero estado de derecho que todos los ciudadanos del mundo merecen. La modificación propuesta se inserta en ese propósito y guarda razonabilidad, equidad y plena compatibilidad con el esquema democrático.

Asimismo es muy importante destacar que ya existe jurisprudencia internacional vinculada a este tipo de restricciones e inhabilitaciones, emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmando que mientras este tipo de medidas satisfagan los requisitos de no arbitrariedad, proporcionalidad y sean susceptibles de revisión judicial, estas medidas son compatibles con la Convención Europea de Derechos Humanos (El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso "Zdanoka v. Latvia" [Caso nº 58278/00 [2006], ECHR 231, 16 Marzo de 2006], sostuvo que la restricción contemplada en la legislación de Letonia era legítima ya que resultaba lo suficientemente clara y precisa en la definición de las personas afectadas y permitía a los tribunales ejercer una revisión sobre la decisión de excluirlas).

Es por ello, que el carácter restrictivo de las exclusiones presentadas por este proyecto se refiere a quienes han participado directamente en las graves violaciones a los derechos humanos, o a quienes hayan tenido responsabilidad política en las mismas por usurpar cargos de alta jerarquía durante el periodos de interrupción institucional, a los que cabe endilgarle la responsabilidad de tolerar, en el menor de los casos, el genocidio en marcha. Estas restricciones no pueden considerarse injustificadas ni arbitrarias a tenor de la historia nacional y todas las dificultades que se han suscitado para concretar la condena de quienes fueron instigadores, autores, participes y encubridores de estos terribles sucesos.

Entonces, de acuerdo a lo sostenido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el modelo que se exige para inhabilitar a una persona para ejercer cargos públicos, puede ser menos riguroso que el que supone una condena en un proceso penal. Ello se debe principalmente a dos razones: por un lado, a impunidad en las que se desenvuelven las instituciones del Estado durante los gobiernos dictatoriales, y por otro lado, a las dificultades materiales con las que se enfrentan los intentos por posteriores por identificar, juzgar y sancionar tanto a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos como a los integrantes del régimen saliente con responsabilidades en dichas violaciones.

En nuestro país, esta excepcionalidad acontecida durante la última dictadura militar toma un cariz especial, tanto por la gravedad de los hechos ocurridos, como por el posterior contexto de prolongada impunidad y denegación de justicia en el que fue sumido el país por casi 30 años, con la consiguiente imposibilidad de investigación judicial y sanción penal de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta excepcionalidad, como ya hemos visto, ha sido en los últimos tiempos objeto de reconocimiento por parte de los poderes del Estado, fundamentalmente por numerosos fallos judiciales y por la sanción de la Ley 25.779 que declaró insanablemente nulas las leyes que consagraron la impunidad.

A su vez, en los fundamentos de la mencionada Ley, se sostuvo que "Los órganos supranacionales se han expresado en el sentido indicado, advirtiendo que los compromisos asumidos por el Estado no comprometen tan sólo al Poder Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativo y Judicial. Al respecto, el juez de la Corte Interamericana Cançado Trinidade en el caso "Caballero Delgado y Santana" expresó: "Como estas normas convencionales vinculan a los Estados partes -y no solamente a sus gobiernos-, también los poderes Legislativo y Judicial, además del Ejecutivo, están obligados a tomar las providencias necesarias para dar eficacia a la Convención Americana en el plano del derecho interno. El incumplimiento de las obligaciones convencionales, como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado, por actos u omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea del Judicial".
Es de destacar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su documento "Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2007" sostiene al analizar el proceso de impugnación de los títulos de los diputados electos Bussi y Patti, por ante la Cámara de Diputados, revela " la necesidad que tienen los distintos órganos del Estado de buscar mecanismos que permitan tomar decisiones transparentes con relación a personas que buscan ocupar cargos públicos y que se encuentran sospechadas de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Los hechos que se hicieron públicos durante las sesiones de la Comisión sobre la participación de Luis Patti en actos delictivos durante la década del 70, los debates y conformación de las mayorías en la Cámara de Diputados, los argumentos jurídicos afirmados por las partes, así como las reacciones judiciales ante estas atribuciones de la Cámara, dan cuenta de la importancia que tiene el establecimiento de mecanismos eficaces para responder a los parámetros de idoneidad ética y moral que establece la Constitución Nacional."

En definitiva, nuestra propuesta es solo armonizar la norma provincial de acuerdo a los estándares jurídicos vigentes establecidos por el artículo 15 de la ley Nacional 26571.

Como cuestión formal, nos queda agregar que, proponemos modificar el texto del comienzo del artículo 37 de la ley en cuestión pues, nos parece resultar insuficiente la actual redacción al los efectos de la presente modificación.

Por todo lo antedicho, pero sobre todo por el respeto a los derechos humanos que merece nuestro pueblo, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de ley.

En apoyo a los trabajadores de LV2

2010-02-23T08:37:00.000-08:00

Una vez más y en el marco de un largo proceso de deterioro, los trabajadores de LV2 Radio General Paz han ocupado en la víspera las instalaciones de esta señera emisora radial de nuestro medio....

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA

RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial a fin de que, por su intermedio, el Sr. Secretario de Trabajo, informe al Cuerpo en el plazo de diez (10) días:

1) Si la Secretaría a Su Cargo interviene en el conflicto suscitado entre los trabajadores de LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea y la empresa propietaria de la emisora

2) Si la pregunta 1) resulta positiva, explicite ampliamente en qué punto se encuentra el conflicto laboral suscitado en el ámbito de la empresa LV2 Radio General Paz Radiodifusora Mediterránea entre los trabajadores y la empresa propietaria.-

3) Si en las gestiones de parte establecidas se ha corroborado fehacientemente la representatividad que invoca el señor Tomás Jiménez Zurro en nombre de la patronal.

4) Si se han cursado solicitudes a los organismos nacionales competentes a fin de determinar con verosimilitud el actual propietario de la sociedad responsable de hacer uso de las señales AM970 y FM97.9.

5) Qué acciones se han asumido a fin de asegurar a los 64 trabajadores afectados el cobro de haberes, liquidados por última vez en diciembre de 2009.

6) Qué acciones se han concretado o se concretarán para asegurar la continuidad de la fuente laboral y, como consecuencia, las emisiones de un medio radial relevante.

Fundamentos

Una vez más y en el marco de un largo proceso de deterioro, los trabajadores de LV2 Radio General Paz han ocupado en la víspera las instalaciones de esta señera emisora radial de nuestro medio.

Aunque extrema, la medida de fuerza está definida por un correctísimo comportamiento de los dependientes –locutores, periodistas, técnicos, operadores, administrativos y auxiliares- que, como en otras ocasiones, han debido en soledad hacer uso del aire para divulgar el conflicto.

De manera repetida y en el transcurso de una evidente acefalía, el personal de Radiodifusora Mediterránea permanece sin percibir sus haberes, abonados por última vez en diciembre del 2009, como corolario de una situación similar.

La determinación de tomar la sede de la emisora en 27 de Abril 979, ha sido consecuencia del último incumplimiento de la patronal al acordar saldar el 10 del mes en curso el sueldo de diciembre, enero y febrero en tres cuotas y marzo normalmente, compromiso que quedó desvirtuado al incumplir con el primer paso calendario establecido.

LV2 Radio General Paz es la emisora más antigua del interior del país con 80 años largos de trayectoria popular signada por una clara incidencia cultural, política y social.

Tras años de esplendor, LV2 entró en los años ochenta en un plano declinante que no ha podido detener. Repetidamente y de manera poco clara, el paquete accionario de la empresa cambió de manos, sin que nunca se supo de modo cierto y transparente quiénes y cómo se convirtieron en sus dueños.

Distintos grupos o sociedades han gestionado la empresa, siempre con la misma consecuencia; nunca se supo de propietarios empobrecidos pero si es de conocimiento público el frágil estado de la emisora, económica, técnica y laboralmente.

Al cabo 30 años de incertidumbres, LV2 vive hoy su momento más critico, supuestamente en manos de “Uno Medios”, perteneciente al grupo Vila/ Manzano, aunque estos, como en episodios anteriores -del mismo tenor, pero con otros protagonistas- aseguran haber enajenado la sociedad. De ser así, la pregunta del millón es conocer a quien representa Jiménez Zurro, último eslabón de una cadena integrada por personas y personajes que en muchas ocasiones se valieron del poder y de los favores de los gobiernos de turno para hacer negocios personales.

Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.-

Proyecto de Ley: Comisión Especial de Seguimiento de la Deuda Pública de la Provincia

2010-02-17T15:34:00.000-08:00

Art. 1°.- Crease, en el marco de las disposiciones del Art. 79 del Reglamento de la Legislatura, la Comisión Especial de Estudio, Determinación y Seguimiento de la Deuda Pública de la Provincia de Córdoba...

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
RESUELVE

Art. 1°.- Crease, en el marco de las disposiciones del Art. 79 del Reglamento de la Legislatura, la Comisión Especial de Estudio, Determinación y Seguimiento de la Deuda Pública de la Provincia de Córdoba.

Art. 2°.- La Comisión Especial se integrará con un representante de cada uno de los bloques políticos acreditados y reconocidos por la Legislatura.

Art. 3°.- La Comisión Especial tendrá la misión de realizar un estudio y análisis exhaustivo sobre el monto total de la deuda de la Provincia de Córdoba, incluyendo la Deuda Flotante, así como la de los Organismos Descentralizados y Autárquicos de la Provincia de Córdoba.

Art. 4°.- La Comisión especial tendrá para el cumplimiento de su cometido, un plazo de seis meses a partir de la aprobación de la presente Resolución, al final del cual, deberá presentar un informe final detallado, con el debido respaldo documental, el que será debatido por el Plenario de la Legislatura a los fines de su aprobación o rechazo, antes de que se produzca el ingreso del Proyecto de Presupuesto General de la Provincia, para el ejercicio 2011.

Art. 5°.- A partir de la presentación del Informe Final, la Comisión Especial, continuará en funciones, a los fines de realizar un seguimiento de la evolución de la Deuda Provincial, debiendo elaborar, para la consideración del Plenario, un Informe Anual que deberá ser presentado antes del tratamiento de la Ley de Presupuesto por parte de la Legislatura.

Art. 6°.- Para el cumplimiento de su objetivo la Comisión Especial queda facultada para solicitar la presencia de Ministros y Funcionarios Provinciales, Directivos de los Entes Descentralizados y Autárquicos. Asimismo, podrá solicitar la opinión técnica de especialistas en la materia y requerir toda información útil a organismos públicos y a personas físicas y jurídicas vinculadas contractualmente con el Estado Provincial.

El Poder Ejecutivo Provincial; los entes Descentralizados y Autárquicos de la Provincia de Córdoba y los demás organismos y personas establecidas en el artículo 6º deberán poner a disposición de esta Comisión Especial en el plazo de diez (10) días toda la información que se le solicite.

Art. 7.- De forma.-

FUNDAMENTOS

El pasado 7 de Febrero del corriente año, el matutino La Voz del Interior, informaba que el Poder Ejecutivo Provincial, llamará a una licitación internacional, a los fines de establecer el monto de la deuda “para evitar polémicas e interpretaciones políticas sobre lo que adeuda la Provincia “, así el Poder Ejecutivo pretende encomendar a una consultora privada, la determinación y el control sobre el pasivo provincial, para exhibir resultados semestrales y por un período que se ha previsto hasta que finalice el mandato del actual Poder Ejecutivo Provincial, esto es el 10 de Diciembre del año 2011.

En un sistema Republicado, difícil resulta entender la motivación de la iniciativa con el fin de: “evitar polémicas e interpretaciones políticas sobre lo que adeuda la Provincia “.

Más aún, resulta absolutamente incomprensible porqué el Poder Ejecutivo necesita que alguien, ajeno al mismo, determine y comunique el verdadero monto del endeudamiento, cuando es el propio PE el que lo administra, lo debe informar y publicar.

No cabe suponer que ese poder del estado ha ingresado en una gravísima situación de confusión al respecto, que amerite ahora que un tercero ajeno a semejante responsabilidad institucional, por más solvencia técnica que acredite, venga a rescatarlo de la confusión.

Además, por si no resultara suficiente la información con que cuenta el Ejecutivo Provincial, o bien, si fuera discutible la interpretación de esa información, la provincia cuenta con un resguardo constitucional, en cuanto la Carta Magna le ha asignado al Poder Legislativo, en el Artículo 104 inc. 34. La facultad de dictar la Ley Orgánica del Uso del Crédito Público y arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial.

Es decir, para aventar cualquier confusión, distorsión o politización dañina de esta cuestión tan importante, solo haría falta que el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su facultad de administrador de la deuda y sus cumplimientos, armonizara con el Poder Legislativo toda la información con la que ese poder cuenta y este no, posibilitando de esa manera que, a partir del ejercicio pleno de las facultades de ambos poderes, que desde la sabia prescripción constitucional, son complementarias y concurrentes, quedaran atrás tan serios interrogantes y tanta razonable suspicacia.

Sorprende también y alarma que el Poder Ejecutivo Provincial, tire por la borda las competencias de un órgano creado por la Constitución Provincial, y nos referimos expresamente al Tribunal de Cuentas, Las funciones conferidas por el CAPITULO SEXTO Tribunal de Cuentas Artículo 127: Atribuciones
1. Aprobar o desaprobar en forma originaria la inversión de los caudales públicos efectuada por los funcionarios y administradores de la Provincia, y cuando así se establezca, su recaudación; en particular con respecto a la ley de presupuesto y en general acorde lo determine la ley.

3. Realizar auditorías externas en las dependencias administrativas e instituciones donde el Estado tenga intereses y efectuar investigaciones a solicitud de la Legislatura.

No se comprende tampoco porque el Poder Ejecutivo Provincial pretende contratar a un empresa internacional, dejando de considerar la posibilidad de recurrir a la Universidad Nacional de Córdoba, ejemplo y guía de las Universidades Argentinas y Americanas y, de la cual, casualmente como egresado el señor Gobernador de la Provincia, no puede ignorar la capacidad técnica de sus recursos humanos para auditar las cuentas públicas de la provincia, la deuda de la provincia, etc.

Finalmente, no puede dejar de preocuparnos esta resistencia del Poder Ejecutivo de informar debidamente el total de la deuda de la Provincia que administra el mismo signo político desde el 12 de Julio del año 1999, periodo en el cual el actual Gobernador fue ministro de la Producción en la provincia entre 1999 hasta 2001, y luego diputado nacional y luego ministro de Producción y Finanzas provincial en plena crisis y hasta 2003.

Luego Vicegobernador y ahora Gobernador, podemos inferir que debe saber con precisión sobre el nivel de endeudamiento de la Provincia, pero lo que debía ser una información pública fue contrariando todo presupuesto del sistema republicano, para transformarse en un secreto de estado, que generó en los miembros del Ejecutivo un laberinto del cual parecen haber perdido la salida.

En realidad, lo único que aparece como claro, es que nadie, en el poder administrador, quiere decir cuánto, por qué, para qué, la Provincia registra un nivel de endeudamiento que es insostenible para la actual administración, a raíz de lo cual, nuestra provincia ha perdido toda autonomía y se ha tornado absolutamente incapaz de tomar sus propias decisiones en función de lo que debiera orientarlas: El interés de los ciudadanos de la Provincia.

En razón de todo lo expuesto, es que desde la responsabilidad que le asigna la Constitución de la Provincia de Córdoba a este Poder Legislativo, corresponde, sin más demora, que nos avoquemos de inmediato a la tarea de establecer, mas allá de cualquier duda, a determinar la cuantía de nuestro endeudamiento, presupuesto básico para el diseño del futuro provincial.

Por las razones expuestas, es que solicitamos se de aprobación al presente Proyecto de Resolución.

Pedido de Informes por posibles hehos de corrupción en la secretaría de juventud de la provincia

2010-02-17T15:25:00.000-08:00

Desde el inicio del transito en la vida política de la organización partidaria a la que pertenecemos, hemos planteado la necesidad de la participación del los jóvenes en la vida política y en la articulación social, en virtud de que el compromiso de la juventud siempre sirve para brindar dinamismo y frescura, además de ideas nuevas, a los problemas de la comunidad....

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
RESUELVE

Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a los fines de que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 102 de la Constitución de Córdoba, Informe a este Cuerpo:

1.- Acerca de los programas que se ejecutaron en el pasado año 2009 desde la Secretaria de la Juventud, especificando montos del presupuesto efectivamente utilizados con detalle de su asignación, además de los objetivos y grado de cumplimiento de cada uno de ellos.-

2.- Brinde detalle del personal afectado a tareas de la repartición indicada en el punto anterior, discriminando aquellos que ocupan la categoría de planta permanente, contratados y las de locaciones de servicios.-

3.- Informe si existe por parte de ese Poder Ejecutivo, alguna delegación de funciones hacia la persona del Vicegobernador, a los fines de que este se desempeñe como autoridad funcional del área en cuestión.

4.- Si es cierto que en virtud de tal delegación, ha resultado pertinente que fuera el propio Vicegobernador, quien solicitara la renuncia del funcionario a cargo de la Secretaría de la Juventud.

5.- Indique los fundamentos del reemplazo del por entonces Secretario del área Luciano Donadi; precisando si existieron, como ha trascendido periodísticamente, transgresiones administrativas y/o legales.

6.- Informe cuales han sido los procedimientos y medidas que se han llevado adelante, para la dilucidación y de corresponder, la sanción de tales infracciones o delitos.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:

Desde el inicio del transito en la vida política de la organización partidaria a la que pertenecemos, hemos planteado la necesidad de la participación del los jóvenes en la vida política y en la articulación social, en virtud de que el compromiso de la juventud siempre sirve para brindar dinamismo y frescura, además de ideas nuevas, a los problemas de la comunidad.

En ese contexto, siempre se apoyó las iniciativas relacionadas con esa idea; no obstante, lo referido por diario LA VOZ DEL INTERIOR en su edición del domingo 14 de febrero de 2010, nos ha llenado de preocupación.
El medio grafico expresa: “El 17 de diciembre del año pasado, el vicegobernador Héctor Campana le pidió la renuncia al hasta entonces secretario de la Juventud de la Provincia, Luciano Donadi, (…) Lo que preocupó a Campana fueron las versiones acerca de que parientes, amigos y subordinados del secretario estaban encabezando emprendimientos privados que, de distintas maneras, “articulaban” acciones con la Secretaría de la Juventud, sin que se esclarecieran correctamente los medios y los fines.
Así fue como el vicegobernador se enteró, entre otras cosas, de la apertura de un bar, que en la práctica era manejado por el secretario privado de Donadi, Agustín Maidana.

Al parecer, ese local se transformó rápidamente en una sede paralela de la dependencia pública,

También se enteró Campana de nexos “poco claros” –dijeron fuentes de la Unicameral– con una fundación, con una imprenta y hasta con un conjunto de música cuartetera no muy conocido que por animar la presentación de un programa de la secretaría habría facturado más de siete mil pesos.”

“Pero la gota que colmó el vaso la aportó la inexplicable conexión de la dependencia pública con la revista de interés general Mix hecho en Córdoba, de reciente aparición, cuyos avisos publicitarios se corresponden casi exactamente con uno de los listados de proveedores de la secretaría. Aunque no figura en el staff, el responsable del área comercial de esa publicación es Marcelo Trombatore, cuñado de Donadi, y uno de los socios de Influencia SRL, la propietaria de la revista.”

“Campana dijo que tomó la decisión de desplazar a Luciano Donadi porque se advirtieron algunas acciones reñidas con la ética”. Allegados a Donadi armaron una SRL para administrar una publicación cuyos anunciantes son proveedores de la Secretaría / “Es una especie de canje”, admitieron.

Luego de analizar las informaciones vertidas por el periódico cordobés, es claro que existen razones de sobra para preocuparnos, sobre todo cuando el propio Vicegobernador toma con cierta liviandad el tema, afirmando en sus declaraciones que “solo son cuestiones éticas”.

El aprovechamiento en beneficio propio de una posición institucional, no puede quedar solo como una infracción a la moral o la ética, sino que, lisa y llanamente, encuadra en alguna figura penal.

De allí que creemos necesario, desde este bloque, conocer cuales han sido las acciones, programas y estrategias de la Secretaria de la Juventud en los últimos tiempos, ya que de esa información podremos determinar acabadamente si el área fue utilizada como un centro de negocios privados; y desde otro lugar analizar si corresponden llevar adelante acciones legales contra los presuntos responsables.-

En una Estado Provincial que esta al borde de la inviabilidad económico financiera, donde quienes llevan los destinos de la Administración no articulan el dialogo a los fines de buscar soluciones; desde la oposición debemos llevar además de propuestas, el debido control de las erogaciones de los fondos públicos, sobre todo cuando existen dudas del destino de los mismos.-

Por todo lo referido es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.-

Intervención en el recinto al tratarse la designación de miembros del Consejo Provincial de Prevención de Adicciones

2010-02-17T12:37:00.000-08:00

Sr. Birri.- Señor presidente: quiero expresar la adhesión y el aval de este bloque a la presente iniciativa, tomando en cuenta que coincidimos plenamente con el relato cronológico efectuado por el presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones...

y, además, porque resulta destacable la metodología del trabajo de selección que se realizó, que fue difícil porque afortunadamente hubo muchos postulantes y porque los legisladores nos involucramos con esta problemática, como también lo hizo la sociedad civil en su conjunto, ya que se interesó en participar en este Consejo Provincial de Prevención de la Drogadicción.

Por estas razones, quiero manifestar –en línea con lo expresado por el miembro informante– que, de resultar este mecanismo abierto de selección, los profesionales que integran este Consejo –al menos hasta la aprobación que seguramente tendrá por parte de esta Legislatura– gozan de antecedentes personales, profesionales y académicos irreprochables.
Por último, en carácter de recomendación –dirigida fundamentalmente al bloque del oficialismo– quiero decir que la Comisión de Prevención de Adicciones y de Deportes, con sus aciertos y sus errores, como toda otra comisión -lo digo desde la propia experiencia porque he participado hasta el 31 de diciembre-, ha tenido el mérito de trabajar sobre la base del ejercicio del consenso y la pluralidad, casi sin tener en cuenta la camiseta político partidaria que cada legislador llevó al seno de esa comisión, y que sería particularmente bueno que la Comisión de Labor Parlamentaria que integro respete, en realidad más que respetar avale, esta metodología de trabajo que –reitero- hizo del consenso y de la pluralidad democrática casi un hábito en su funcionamiento. Lo digo porque esto va a tener que ver en la designación de los tres integrantes de la Legislatura; sería bueno y un sano ejercicio que esos tres integrantes conformen el Consejo expresen la pluralidad política que existe en el ámbito de la Legislatura.
En ese contexto, me permito hacer esa recomendación que, en este caso, tengo la íntima convicción que no va a caer en saco roto.
Gracias, señor presidente.