La situación carcelaria de la provincia ha sido especial motivo de preocupación, motivado por un sinnúmero de acontecimientos, casi todos traumáticos y complejos, que tienen un corolario en la declaración de emergencia carcelaria, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, y ratificada recientemente por la Legislatura.
Existen una serie de hechos objetivos como la situación del sistema penitenciario que, en su gravedad expresa, a mi juicio, una crisis institucional indudable. Los altísimos indicadores dan cuenta de reincidencias, de cifras importantes de muertes violentas, de multiplicación de enfermedades infecto-contagiosas entre los presos, de casos de mala alimentación y desnutrición, de abandono de internos -que fue objeto de públicas denuncias de diversos actores sociales e institucionales-, de condiciones laborales que aparecen como indignas, de desorganización, etcétera. Datos todos que ponen en evidencia la falta de una política de estado integral que aborde la problemática carcelaria.
¿Por qué digo esto? Por tres o cuatro motivos: Primero, porque hubo no menos de cuatro episodios gravísimos en apenas un mes y medio (motines) inmediatamente después de haber asumido el Cr.Schiaretti al frente del Poder Ejecutivo. Luego porque hay dos actores preponderantes en cualquier sistema carcelario del mundo: los internos y los agentes penitenciarios. Los dos han estado en una situación de permanente conflicto con el Gobierno provincial.
Ademàs, por la improvisación absoluta de una gestión cuyas decisiones en materia de políticas penitenciarias no parecen haber sido impulsadas por una agenda de Gobierno y por una política concreta y sustentable en el tiempo. Esa política se ha ido generando al ritmo de los motines y conflictos que han puesto en vilo a los cordobeses y que lamentablemente no han cesado en su totalidad.
Finalmente, por la propia declaración de emergencia que se ha dispuesto en el sistema carcelario, que en un breve dispositivo refiere a la venta de algunos activos, a la construcción de nuevos módulos y de otra cárcel y a la contratación de nuevos agentes. A mi entender, no hace falta declarar ninguna emergencia para hacer una cárcel, vender otra o contratar agentes penitenciarios.
Existe el convencimiento que la declaración de emergencia no es otra cosa que una respuesta rimbombante, pero hueca jurídicamente y vacía de contenido conceptual que aparece como una huida hacia delante para tapar una situación de crisis terminal. Ello sin perjuicio de la inocultable necesidad de construir nuevos establecimientos.
En este punto corresponde detenerse brevemente en la situación de la Unidad Penitenciaria Nro.6 de la ciudad de Rio Cuarto y recordar por caso la publicaciòn de este medio periodìstico en su ediciòn de fecha 20/04/08, cuando en nota a dos páginas titula “Un informe oficial demuestra que la cárcel de la ciudad es inhumana”. Allì se hace referencia al informe realizado por el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, fechado en Marzo de éste año, relacionado a la Unidad Penitenciaria local. En el mismo se destacan tres temas fundamentales sobre los que se habría expedido el informe: el hacinamiento de internos; el déficit de salud en el establecimiento y la falta de seguridad y de personal en el penal, manifestando a modo de conclusión final que la cárcel de Río IV no está en condiciones de cumplir con sus funciones,.
Si bien el anuncio oficial de construir una nueva cárcel en la ciudad de Río Cuarto aparece como una respuesta a este grave diagnòstico, el plazo previsto para su inauguración impone la necesidad de adoptar en el corto y mediano tèrmino medidas eficientes que importen una solución al gravísimo cuadro de situación planteado en ese informe.
Tampoco aparecen resguardados los intereses del erario público municipal en la normativa de emergencia a la que se alude en la presente nota. En el año 2006 y ante la decisión del Gobernador De la Sota de trasladar la UP6, la Municipalidad de Río Cuarto contribuye con la compra del predio con un costo cercano al millón de pesos, que salen de sus propios recursos. En esa oportunidad el Gobernador se compromete a que el destino de la vieja cárcel sea consensuado con las autoridades de la ciudad y para el caso de la venta, el producido destinado a obras de infraestructura en Río Cuarto. Sin embargo nada de eso está contemplado en la declaración de la emergencia carcelaria.
Por último, resulta imprescindible reiterar en la mesa de discusión relacionada al destino de las viejas cárceles, que estos establecimientos son bienes públicos que no pueden ser enajenados o vendidos bajo la lógica del negocio inmobiliario, sin considerar su valor histórico-patrimonial. En tanto activos públicos, propiedades del Estado y no de un Gobierno, constituyen recursos estratégicos acerca de cuyo destino es preciso abrir debate público. No se trata de terrenos fiscales, sino de lugares en los que se les puede reconocer memoria comunitaria, significación social y un valor simbólico- cultural, a la vez que son espacios de memoria vinculados con el ejercicio del terrorismo de estado en la provincia de Córdoba, que habilitan al conjunto de la ciudadanía a participar del derecho de ejercicio de memoria, verdad y justicia.
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