El juecismo acusa: volvió “la escribanía”

La Mañana de Córdoba - 28/02/08

Un tópico tradicional de los últimos cuatro años de contienda legislativa volvió ayer al recinto, cuando Roberto Birri...
Un tópico tradicional de los últimos cuatro años de contienda legislativa volvió ayer al recinto, cuando Roberto Birri (Frente Cívico y Social) acusó al oficialismo de querer convertir a la Cámara en una “cuasi escribanía”.La izquierdista Liliana Olivero solía decir que la Legislatura era una “escribanía de lujo” por aprobar, muchas veces sin el debido estudio, las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Birri retomó la tradición de la legisladora de Izquierda Socialista.Lo que el socialista hizo notar fue que nuevamente el Poder Ejecutivo hacía aprobar en el recinto, con su mayoría, un convenio ya firmado y ejecutado. En esta ocasión, se trató de un acuerdo entre el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y la Gerencia de Estadística y Censos de Córdoba.Para Birri, el oficialismo viola “los preceptos constitucionales”, porque coloca a la Legislatura en la tarea de ratificar un decreto, cuando debería aprobar, o no, el convenio. Además, encontró contradictorio que mientras el gobierno impulsa una reforma política “afecta de manera clara y precisa jurisdicciones y competencias que son del Poder Legislativo”.Domingo Carbonetti (Unión por Córdoba-FpV) explicó como respuesta que al tratarse de un convenio firmado por funcionarios de rango inferior al del gobernador, para ser enviado a la Legislatura “debe ser convalidado” por el mandatario.“Están claras las cuestiones y basta con leer literalmente lo que dice la Constitución Provincial”, atacó con desdén el legislador delasotista.A un extenso contrapunto entre Birri y Carbonetti se incorporó luego Miguel Ortiz Pellegrini (FCyS), quien sostuvo que “la Legislatura no está para ratificar al Poder Ejecutivo, porque entonces el gobernador habría actuado sin mandato”. Y, también, el arista Omar Ruiz, para quien la Legislatura hasta debería poder discutir las entrelíneas de los convenios.A pesar de esto, la sesión de ayer fue relativamente calma. Una de las cuestiones más importantes fue que se aprobó la reducción de 12 meses a dos meses el archivo de las imágenes tomadas por las videocámaras para prevenir el delito, lo que la oposición quiso aprovechar para meter en el debate la cuestión de la seguridad, pero sin conseguir una fogosa respuesta del oficialismo.Finalmente, Enrique Asbert (FCyS) pidió una “cuestión de privilegio” contra Carbonetti, porque consideró que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales actúa de modo “improcedente, arbitrario y lesivo” por no tratar el pedido de juicio político presentado por abogado Alejandro Zeverín contra el fiscal general de la Provincia, Darío Vezzaro.