Ante el grave suceso ocurrido en la ciudad de Laboulaye que ocasionó la muerte de un joven de 16 años por el obrar de la Policía que realizó un operativo en el barrio Mataderos de esa localidad, el Legislador Provincial Roberto Birri adelantó que pedirá en la Legislatura la inmediata interpelación del Ministro de Seguridad Alejo Paredes para que rinda explicaciones ante el trágico suceso e informe las medidas que adoptará para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades del caso.
Asimismo, el legislador del Partido Socialista requerirá al Jefe de la Policía de la Provincia, Ramón Frías, la separación del Jefe de Policía de Laboulaye, Comisario Mayor Guzmán, por su responsabilidad funcional en el hecho.
El hecho ocurrió esta madrugada y el joven permaneció internado durante una hora hasta que falleció. Durante la mañana se realizó la autopsia a Álvaro, en el Nuevo Hospital de Río Cuarto y según datos proporcionados por la madre del chico, recién esta tarde le informarán los resultados, cuando el cuerpo sea trasladado a la localidad, donde será sepultado.
Birri consideró “absolutamente cuestionable el manejo informativo que el gobierno provincial le dio al anuncio de los cambios en la Policía y asoman como infantiles las explicaciones que otorgó el propio ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien comunicó el relevo de la Plana Mayor al asegurar que las modificaciones obedecen a una situación de “normalidad”, en el marco de instancias en las que se efectúan las convocatorias de ascensos y retiros, y que se decidió “en el contexto de un cambio ordenado, hacia una nueva etapa” de la fuerza.”
“No se informa a la sociedad las verdaderas razones del relevo y se juega a las escondidas, pretendiendo ocultar el fracaso de las políticas de seguridad en la Provincia.” señaló
Culmina el Legislador Birri manifestando que “una vez mas la Policía de la Provincia es noticia por hechos que dan cuenta de excesos y abusos, en este caso de consecuencias luctuosas, que en definitiva expresan el fracaso de las políticas públicas de seguridad encaradas por el gobierno provincial.”
Por otra parte, Birri se refirió al marco general de la política de seguridad en la provincia:
“Córdoba cuenta con un elevadísimo número de efectivos sin que ello importe una disminución del índice delictivo, a la vez que cuenta con un escaso presupuesto para políticas sociales, que es donde se debe dar efectivo combate a las principales causas que originan el delito que son la exclusión social y la falta de oportunidades para decenas de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Como lo hemos sostenido en diversas oportunidades, más policías no significan menor cantidad de delito ni tampoco una respuesta adecuada a un tema complejo como es la seguridad. Se trata en este caso de la aplicación de políticas viejas y tradicionales en materia de seguridad pública, ya que un cambio en la cúpula policial no resuelve el conflicto, por una lado debido a los limites propios de la institución policial y por el otro a la escasa incidencia que tiene en la producción de seguridad, Es evidente que el aumento de más personal y recursos no baja el índice del delito. Se necesita mejor policía y más prevención.
En lo referente al Código de Faltas, el flamante Jefe de la Policía de Córdoba, Ramón Frías, que lo defiende enfáticamente, pasa por alto el abultado número de detenciones arbitrarias ya que la policía ante la constatación de una contravención es juez y parte.
Esto constituye una grave irregularidad y como ciudadanos nos preguntamos cómo la sociedad cordobesa pudo haber convivido durante 29 años con semejante anomalía, en donde una institución dependiente del Poder Ejecutivo sea quien termine condenando al aprehendido, El actual código es inconstitucional e ineficaz, y para el gobierno es una herramienta clave en la que sostiene la necesidad de restricciones inadmisibles a los derechos (principio de legalidad, derecho defensa en juicio, derecho acceso de justicia) con el fin de aumentar la seguridad publica.
Es preciso delinear una política de seguridad encuadrada en nuestra normativa vigente que promueva el respeto de los DDHH con un abordaje real e integral de esta problemática tan importante para nuestra sociedad, desde la concepción más amplia del concepto de seguridad. Abordar el problema de la violencia en general, también en diferentes niveles de prevención, generar espacios interdisciplinarios donde los diferentes actores de la sociedad civil aporten sus propuestas para elaborar una política de seguridad.
Elaborar una ley de seguridad entre cuatro “paredes” sin participación ciudadana es más de lo mismo. La seguridad también es una política pública, y como tal su debate debe abrirse al conjunto de la sociedad.”
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