Un gobernador que trabaja para candidato a presidente; escándalos que involucran al poder político; una crisis de seguridad no resuelta y la confirmación que los cordobeses habitamos la Provincia con mayor presión fiscal de la Argentina, son algunos de los rasgos salientes del balance del año 2014.
En el haber, se anota una nueva ley de ambiente; la resistencia popular a la instalación de Monsanto, y la conclusión de una obra largamente prometida como el Hospital de Villa María.
Mientras, el Código de Faltas, cuyo tratamiento quedó pospuesto, es la principal asignatura pendiente para un año 2015 donde la voluntad popular será la protagonista de un año de cambio democrático.
El Legislador del Partido Socialista Roberto Birri, trazó un breve resumen de lo que constituye los principales rasgos del balance del año 2014.
En el terreno politicoe, el balance queda fuertemente marcado por los escándalos de CBI y de Kolektor que desnudaron los vínculos del poder financiero y de las empresas vinculadas al Estado con el poder político provincial.
Mientras, que la sostenida campaña electoral de José Manuel De la Sota durante los tres años que lleva de su tercer gestión, gastando enormes recursos de todos los cordobeses, siguen acentuando la sensación que Córdoba tiene un dirigente que ha puesto sus energías y dedicación tras un sueño presidencial, relegando a un segundo plano el rol que le ha otorgado el pueblo de gobernar la Provincia.
En lo económico, la profundización de la matriz de endeudamiento público y presión fiscal sobre los contribuyentes que colocan a Córdoba como una de las tres provincias mas caras de Argentina, consolida el tristemente célebre “costo Córdoba” con el cual se identifica desde hace un tiempo nuestra Provincia. Los datos que arroja el presupuesto votado por el oficialismo e informes privados de indudable rigor como el del CIPPES, dan cuenta de ese dato de la realidad.
La inseguridad, principal motivo de preocupación para muchos cordobeses, tampoco ha sido abordada como lo requiere un adecuado ordenamiento de prioridades. El gobierno provincial comenzó el 2014 teniendo a las polìticas pùblicas de seguridad como el principal tema a revisar. La crisis policial del 2013, agudizada por el narco-escándalo y el amotinamiento del 3 y 4 de diciembre, que pusieron en jaque no solo al gobierno sino a la propia institucionalidad, exigian que la salida a la crisis no podia resolver con un relevo de funcionarios, o un par de medidas aisladas. Era necesario un cambio de fondo en el paradigma que rige esas políticas y tomar a la crisis como una oportunidad para avanzar hacia una Seguridad Democrática.
Por el contrario, los cambios implementados se han limitado a la creación con bombos y platillos de la Fuerza policial antinarcotráfico que a pesar de los anuncios todavía no ha empezado a operar, y la participación ciudadana en los ascensos de los jefes policiales de la cual no hay datos sobre sus primeros resultados. Muy poco para lo que reclamaban los cordobeses, que es avanzar en una profunda reforma de la institución policial y una nueva ley de seguridad en la Provincia.
La situación de los establecimientos de encierro socio-educativos como el Complejo Esperanza, denunciado en la presentación de un Habeas Corpus Correctivo que realizáramos un grupo de legisladores, ha dejado al desnudo el estado de abandono y las condiciones de indignidad violatoria de los mas elementales derechos humanos y la ausencia de politicas pùblicas de Uniòn por Córdoba ante los jóvenes en conflicto con la ley penal.
En lo social, la resistencia popular del pueblo de Malvinas Argentinas que impidió establecerse a una empresa contaminante como Monsanto, marca uno de los puntos mas altos y nos recuerda la importancia de fortalecer los movimientos sociales para consolidar nuestra democracia y conquistar soberanía.
En la actividad legislativa, siempre dominada por la mayoría acrítica del oficialismo, destacamos favorablemente la sanción de la nueva ley de ambiente que recoge los nuevos paradigmas y se abre a la participación ciudadana.
Quedan los temas pendientes para el 2015 y allí sobresale la reforma del Código de Faltas. Los últimos meses del año, la comisión especial incrementó su tarea y a fines de noviembre el oficialismo presentó una propuesta que resultó parcial e insuficiente y fue rechazada casi por unanimidad por la oposición y las organizaciones de la sociedad civil. Queda el compromiso de los bloques parlamentarios para que en los primeros meses del 2015 se trabaje en la búsqueda de los consensos que permitan saldar esta verdadera deuda de la democracia cordobesa, sancionando una norma que respete la constitución, impida el abuso policial y por la cual nunca mas un pibe sea detenido por portación de rostro.
Comienza el 2015 y junto al proceso electoral que se avecina, inauguran una enorme oportunidad para que, a través de la voluntad popular, se produzcan los cambios necesarios que los cordobeses anhelan y que Unión por Córdoba, tras 16 años de gobierno, ya no puede ofrecer
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