Han venido tiempos de huelgas. A 138 años de la
primera huelga nacional, la de la sociedad tipográfica bonaerense allá por 1876,
y por una serie de
factores, la sociedad sufre una desacostumbrada cantidad de medidas de fuerzas,que
se expresan en particular en el ámbito estatal y en los servicios públicos.
Claro
está que ello provoca incomodidades de variada gravedad, pero tales alteraciones
no deben llevarnos a olvidar que la huelga es una expresión de la libertad
sindical y esta, un derecho fundamental de los trabajadores.
Al
mismo tiempo, este derecho le es reconocido a un sector de la sociedad y como
todo derecho tiene sus límites, que son impuestos ante la necesidad de proteger
el ejercicio de los derechos del resto de la sociedad.
Días
atrás, con la autoría intelectual del Gobernador y el brazo
ejecutor de tres legisladores, Unión por Córdoba ingresó a la Legislatura de la
Provincia un proyecto de Ley limitando el derecho de huelga de los trabajadores
públicos y de empresas privadas en el ámbito provincial, con el pretendido
objetivo de garantizar la prestación de los servicios esenciales durante los
conflictos laborales.
La
iniciativa movilizó en defensa propia al aparato gremial y concitó un nutrido
rechazo de parte de académicos, abogados
laboralistas y legisladores, incluso del propio oficialismo,al punto tal que
los autores debieron solicitar que el proyecto sea retirado de los asuntos
entrados de la Legislatura.
Adelanto
opinión que me anoto entre quienes entienden que el derecho de huelga ya está
reglamentado y que no requiere avanzar en más restricciones y que considero
posible armonizar el ejercicio del mismo con el interés del usuario y de toda
la comunidad cuando se trata de garantizar los servicios esenciales para toda
la población. Pero al mismo tiempo, entiendo que no es una cuestión inmaculada
que no puede debatirse ni ponerse en la agenda pública.
Ahora
bien, y ya en el terreno político ¿Que motivó al Gobernador presentar un
proyecto polémico a sabiendas de la alta improbabilidad de llegar a ser siquiera
tratado en el recinto Legislativo?
Desde
mi punto de vista, encuentro una sola explicación: dar un golpe de efecto
mediático, construir un relato dirigido a una ciudadanía agotada por los
inconvenientes que a menudo debe sortear para acceder a los servicios públicos
más importantes.
Un
relato dirigido primero a los cordobeses que están reclamando que el Gobernador
vuelva a pensar en la Provincia y segundo a potenciar su sueño de convertirse
en un dirigente con proyección nacional.
Digoesto,
porque lo hace declarando un objetivo que por supuesto todos compartimos: en
los “servicios esenciales”, los que la Organización Internacional del Trabajo
define como “aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la
seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, cuando hay
una huelga, “se deberá garantizar la prestación
de servicios mínimos para evitar su interrupción” como ya lo establece la
legislación nacional.
Es
decir, ya existe una Ley Nacional, que limita el derecho de huelga,
estableciendo que en los servicios esenciales, a los que describe, debe
garantizarse un mínimo de actividad para evitar su paralización. Pero aquí
también De la Sota pretendía ir más allá, intentando clasificar bajo el
concepto de servicios esenciales a determinados servicios públicos, hoy no
clasificados como tales, y que tampoco lo pueden ser por decisión de la Provincia,
porque la limitación del derecho de huelga y la definición de servicios
esenciales, corresponde a la Nación y no a las provincias.
Recordemos que este derecho
es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y
sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y
sociales. Los mayores avances en la conquista de los derechos sociales, se han
logrado a través de la organización y de las luchasobreras, para la cual muchas
veces ofrendaron su vida.
El Gobernador
pretendió optar por el camino más fácil, cargar las culpas a los trabajadores de los inconvenientes que
se presentan cuando hay una huelga, cuando en las escuelas no hay clases,
cuando se resiente la atención de la salud en los hospitales, cuando no hay
transporte.
Debería reflexionar el
Dr. De la Sota sobre el estado calamitoso en que se encuentran la mayoría de
los hospitales públicos, la falta de insumos, los aparatos sin mantenimiento,
la falta de personal y profesionales; sobre las condiciones en que deben
desarrollar su tarea los docentes, no solo con un salario que no alcanza, sino
haciendo frente a situaciones extremas, en contextos de violencia, de derechos
básicos vulnerados; o las condiciones del transporte de pasajeros, urbano e
interurbano o de media distancia, donde los usuarios ven cómo aumentan los
costos de los boletos, pero no se controlan los horarios, las frecuencias, el
estado de mantenimiento de las unidades o las condiciones de las rutas por las
que deben circular.
Considero que este
tema sin dudas debe ocupar un lugar en la agenda pública. Debemos animarnos a
debatirlo y buscar las mejores alternativas para que se respeten los derechos
de los trabajadores y de toda lacomunidad.
Pero esto no puede
lograrse enfrentando a los trabajadores con el resto de la sociedad, ni
buscando chivos expiatorios para evitar las discusiones de fondo sumándose
demagógicamente al humor social que existe en situaciones de conflicto.
*Nota de Opinión.
Por Roberto Birri - Abogado-Legislador Provincial del Partido Socialista.
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