lunes, 27 de agosto de 2007

EL CONFLICTO DEL CAMPO Y EL TRIUNFO DE LA POLITICA

Después de largos 125 días, concluyó legislativamente un proceso que formará parte de las mas recordadas páginas de la historia parlamentaria nacional y que ha reivindicado, aunque sea momentáneamente, a dos de los actores mas cuestionados por los argentinos desde la recuperación democrática de 1983: la política como actividad humana y el Congreso de la Nación como poder de la República.

El debate legislativo equiparó e incluso superó en cuanto al interés público despertado desde l983 hasta hoy, a otros de profunda significación como lo fueron “la ley de asociaciones sindicales”, la de “obediencia debida y punto final”, la de “ reforma del Estado”, o de los “súper-poderes”.
El final del conflicto ocurrido con la derogación de la Resolución 125, cierra el círculo de una crisis que había agotado la tolerancia social y que la sociedad toda anhelaba que concluyera.

A esta altura ya no es conveniente girar la cabeza hacia atrás y lamentar el tiempo perdido sin haber encontrado una salida consensuada. Como usualmente pasa en todo conflicto, hubo responsabilidades compartidas o actitudes irresponsables de ambos lados. Pero sin lugar a dudas la máxima responsabilidad es de la presidenta y del ex presidente, y de su particular concepción política.

Lo cierto es que este modelo político de confrontación y de imposición a cualquier costo ha crispado el ánimo social y redujo los márgenes de negociación, al punto que pareciera que la apelación a la vía institucional del Congreso lo fue mas por imposición de las circunstancias de un proyecto ratificatorio de la medida que por convicción republicana.

Una concepción donde la “disidencia” es y será duramente reprendida; lo que es particularmente grave si el que plantea diferencias es un gobernador, ya que pagan por ello los provincianos con el no envío de fondos nacionales.

Adelanto que ese modo de gobernar y el cuestionable manejo demostrado en el episodio que mantuvo en vilo a un país entero por mas de tres meses no me hace olvidar que esta gestión ha merecido el apoyo de la inmensa mayoría de los argentinos, entre los que me incluyo, en temas de indudable trascendencia como su política de derechos humanos, la conformación de la Corte Suprema o el tratamiento dado a la deuda externa, por citar algunos.

Sin embargo, hasta el filósofo Tomas Abraham en un artículo publicado días atrás señalaba con certeza que “Las retenciones no hunden a un país, la mezquindad política si.”

El Gobierno Nacional se empecinó en presentar el tema como una compulsa entre los que más tienen y los que no, entre golpistas por un lado y demócratas ávidos de redistribuir riquezas por el otro, llegando al extremo de inventar enemigos ideológico imaginarios.

Digo esto porque si bien proliferan intereses económicos que son enemigos de los intereses populares, no creo que en esta oportunidad haya sido el caso porque otra es la realidad. Ni siquiera estamos en la crisis del 2001, cuando nadie le extendió la mano al ex presidente de la Rua, ni hubo una convocatoria al diálogo o aporte de alternativas tan extendida y el Congreso timoneó la tormenta post renuncia.

Menos aún, estamos en los entretelones previos a los golpes de Estado: ninguno de los actores de hoy estamos reviviendo épocas nefastas para el país. La oposición no está en contubernios oscuros sino en sus bancas proponiendo alternativas y exigiendo diálogo sincero y democrático. La ciudadanía que se manifestó espontáneamente no estuvo pidiendo una interrupción del mandato de la Presidenta ni permitiría tal cosa, sólo quería ser escuchada y que se modifique una manera de gobernar, una concepción política que debiera estar agotada.

Tampoco ignoro que algunos oportunistas intentaron colgarse de un reclamo legítimo para traer agua para su molino, añorando una hegemonía política desde el ámbito corporativo y de los grandes grupos económicos, o influyendo a gobiernos civiles que traicionaron su contrato social como el encabezado por Carlos Menem.

El Poder Ejecutivo ignoró las transformaciones de los actores del mundo rural en una visión más propia de la década del ’40. Es más, la Federación Agraria Argentina es, probablemente, una de las organizaciones sectoriales que mejor puede exhibir una historia democrática y que no deja dudas que representa al sujeto social agrario desde una visión popular y progresista de la política. Por lo tanto es un error idear un escenario donde la derecha venció a los sectores populares en la disputa por la distribución de la riqueza.

Queda por cierto un debate inconcluso al que hay que ejercitar rápidamente. Cuestiones de fondo como la autoridad del Estado como factor de equidad en la distribución del ingreso, un programa agropecuario nacional que multiplique la producción del campo, le agregue valor de elaboración industrial y que diferencie con mayor nitidez a los pequeños y medianos productores de los pooles de siembra y los fideicomisos vinculados al sector financiero; la recuperación del Consejo Federal Agropecuario Ampliado que, con la participación de los gobiernos provinciales de la región agropecuaria, organizaciones civiles, sectoriales y las instituciones científico-tecnológicas, institucionalizara un ámbito permanente de debate con un claro criterio federal.

Propuestas que democraticen el uso de la tierra y elaboren una ley de arrendamientos para promover al que sea dueño de su tierra y la trabaje, son, junto a otras, un sinfín de iniciativas que están aguardando y que forman parte del imaginario colectivo cada vez que asume un gobierno democrático. También será necesario incorporar en la agenda la discusión de una nueva ley de coparticipación federal, donde quede explícito el rol que juegan las provincias en el entramado nacional. Somos ciudadanos de una Provincia que padece permanentemente esta situación. Por caso, en el tema que nos ocupa, Córdoba realiza un importante aporte de recursos tributarios a la Nación que no tienen retorno. Por su perfil productivo netamente agropecuario, aportaría este año sólo en materia de retenciones y con el nuevo régimen, 8.109 millones de pesos, el 24,8 por ciento del total. Este monto equivale a casi dos coparticipaciones anuales de la Provincia.

Corresponde ahora trabajar para no perder la oportunidad inmensa de aprovechar un contexto económico favorable para fortalecer y desarrollar estas actividades productivas con equilibrio, criterio federal y beneficios para todos y cada uno de los pueblos y ciudades que comparten la suerte del sector agropecuario.

A pesar del conflicto, hay voluntad de diálogo y acuerdo, que no sólo se expresa en las declaraciones públicas sino con la participación en las distintas manifestaciones expresadas en sesiones convocadas por la Legislatura Provincial y con la articulación con distintos espacios políticos y sociales en los encuentros “propositivos” y “constructivos” que encabezamos legisladores y dirigentes de la Región Centro en San Francisco, la Bolsa de Comercio de Córdoba, Victoria, Venado Tuerto y Jesús María.

Mientras tanto, es justo y saludable destacar la participación del Congreso Nacional en la superación del conflicto, al permitir una amplia discusión de la problemática agraria en un marco de pluralidad democrática que mejora su deteriorada imagen pública y asumiendo el rol que por mandato constitucional le compete haciéndose cargo de sus responsabilidades y atribuciones que por su importancia le es vedada a las otras dos manifestaciones del Poder (Ejecutivo y Judicial).
Como lo expresara el gobernador de Santa Fe Hermes Binner "la votación en el Senado es un triunfo de la democracia y las instituciones. Ahora es tiempo de repensar el país,". Es "un nuevo momento que vive la Argentina de reflexión y el entendimiento que es necesario pensar en nuestra producción y fundamentalmente en nuestro interior".

El Congreso logró recuperar su credibilidad y la de cada uno de sus legisladores frente a la gente que los votó en sus pueblos y ciudades, insuflando a esa institución un soplo de aire fresco al demostrar, a pesar de las dudas y las presiones, que no todo se compra y se vende. En definitiva, esta vez ganó la política.

CRISIS CARCELARIA Y NEGOCIO INMOBILIARIO

La situación carcelaria de la provincia ha sido especial motivo de preocupación, motivado por un sinnúmero de acontecimientos, casi todos traumáticos y complejos, que tienen un corolario en la declaración de emergencia carcelaria, impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial, y ratificada recientemente por la Legislatura.

Existen una serie de hechos objetivos como la situación del sistema penitenciario que, en su gravedad expresa, a mi juicio, una crisis institucional indudable. Los altísimos indicadores dan cuenta de reincidencias, de cifras importantes de muertes violentas, de multiplicación de enfermedades infecto-contagiosas entre los presos, de casos de mala alimentación y desnutrición, de abandono de internos -que fue objeto de públicas denuncias de diversos actores sociales e institucionales-, de condiciones laborales que aparecen como indignas, de desorganización, etcétera. Datos todos que ponen en evidencia la falta de una política de estado integral que aborde la problemática carcelaria.

¿Por qué digo esto? Por tres o cuatro motivos: Primero, porque hubo no menos de cuatro episodios gravísimos en apenas un mes y medio (motines) inmediatamente después de haber asumido el Cr.Schiaretti al frente del Poder Ejecutivo. Luego porque hay dos actores preponderantes en cualquier sistema carcelario del mundo: los internos y los agentes penitenciarios. Los dos han estado en una situación de permanente conflicto con el Gobierno provincial.

Ademàs, por la improvisación absoluta de una gestión cuyas decisiones en materia de políticas penitenciarias no parecen haber sido impulsadas por una agenda de Gobierno y por una política concreta y sustentable en el tiempo. Esa política se ha ido generando al ritmo de los motines y conflictos que han puesto en vilo a los cordobeses y que lamentablemente no han cesado en su totalidad.

Finalmente, por la propia declaración de emergencia que se ha dispuesto en el sistema carcelario, que en un breve dispositivo refiere a la venta de algunos activos, a la construcción de nuevos módulos y de otra cárcel y a la contratación de nuevos agentes. A mi entender, no hace falta declarar ninguna emergencia para hacer una cárcel, vender otra o contratar agentes penitenciarios.

Existe el convencimiento que la declaración de emergencia no es otra cosa que una respuesta rimbombante, pero hueca jurídicamente y vacía de contenido conceptual que aparece como una huida hacia delante para tapar una situación de crisis terminal. Ello sin perjuicio de la inocultable necesidad de construir nuevos establecimientos.

En este punto corresponde detenerse brevemente en la situación de la Unidad Penitenciaria Nro.6 de la ciudad de Rio Cuarto y recordar por caso la publicaciòn de este medio periodìstico en su ediciòn de fecha 20/04/08, cuando en nota a dos páginas titula “Un informe oficial demuestra que la cárcel de la ciudad es inhumana”. Allì se hace referencia al informe realizado por el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, fechado en Marzo de éste año, relacionado a la Unidad Penitenciaria local. En el mismo se destacan tres temas fundamentales sobre los que se habría expedido el informe: el hacinamiento de internos; el déficit de salud en el establecimiento y la falta de seguridad y de personal en el penal, manifestando a modo de conclusión final que la cárcel de Río IV no está en condiciones de cumplir con sus funciones,.

Si bien el anuncio oficial de construir una nueva cárcel en la ciudad de Río Cuarto aparece como una respuesta a este grave diagnòstico, el plazo previsto para su inauguración impone la necesidad de adoptar en el corto y mediano tèrmino medidas eficientes que importen una solución al gravísimo cuadro de situación planteado en ese informe.

Tampoco aparecen resguardados los intereses del erario público municipal en la normativa de emergencia a la que se alude en la presente nota. En el año 2006 y ante la decisión del Gobernador De la Sota de trasladar la UP6, la Municipalidad de Río Cuarto contribuye con la compra del predio con un costo cercano al millón de pesos, que salen de sus propios recursos. En esa oportunidad el Gobernador se compromete a que el destino de la vieja cárcel sea consensuado con las autoridades de la ciudad y para el caso de la venta, el producido destinado a obras de infraestructura en Río Cuarto. Sin embargo nada de eso está contemplado en la declaración de la emergencia carcelaria.

Por último, resulta imprescindible reiterar en la mesa de discusión relacionada al destino de las viejas cárceles, que estos establecimientos son bienes públicos que no pueden ser enajenados o vendidos bajo la lógica del negocio inmobiliario, sin considerar su valor histórico-patrimonial. En tanto activos públicos, propiedades del Estado y no de un Gobierno, constituyen recursos estratégicos acerca de cuyo destino es preciso abrir debate público. No se trata de terrenos fiscales, sino de lugares en los que se les puede reconocer memoria comunitaria, significación social y un valor simbólico- cultural, a la vez que son espacios de memoria vinculados con el ejercicio del terrorismo de estado en la provincia de Córdoba, que habilitan al conjunto de la ciudadanía a participar del derecho de ejercicio de memoria, verdad y justicia.