miércoles, 26 de agosto de 2009

EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL ES UN GRAN AVANCE

“EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DE LA TENENCIA DE DROGAS PARA CONSUMO PERSONAL ES UN GRAN AVANCE, PERO HAY QUE IMPLEMENTAR POLÍTICAS SERIAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO”

El Legislador socialista Roberto Birri, expresó a través de un proyecto de Declaración presentado en la Legislatura, su beneplácito por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que despenalizó la tenencia de estupefacientes para consumo personal, expresando que “es un gran paso adelante, porque supone dejar de tratar como delincuentes a quienes en realidad son las víctimas del narcotráfico, y empezar a hacernos cargo realmente del problema”.

Por otra parte señaló que “hasta el momento, los consumidores de drogas eran una especie de chivo expiatorio. Quizá el procesamiento, que no solucionaba nada, haya servido para que el Estado oculte la verdadera falta de políticas serias para prevenir el consumo, o para brindar tratamiento a quienes tienen un problema de adicción y librar una lucha frontal contra el narcotráfico”.

“Este es el momento en que se va a notar aún más la falta de políticas públicas en este sentido, y el Estado deberá hacer un gran esfuerzo en educación, en salud, en todos los niveles, empezando por nombrar a gente idónea para que se ocupe del tema”.

Además, el legislador presentó un proyecto de Declaración a favor de este fallo en la Legislatura de la Provincia...LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA

Su beneplácito por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional el Art. 14 de la Ley Nº 23737 por resultar violatorio del Art. 19 de la Constitución Nacional y considera que la tenencia de marihuana para consumo personal es una acción privada de los hombres que no ofende al orden ni la moral pública, ni perjudica a un tercero.





FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que retoma una posición histórica de defensa de las libertades individuales, no solo constituye un avance por su alto contenido jurídico constitucional, sino sobre todo porque significa un importante cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico.

Desde hace un tiempo, la denominada “guerra contra las drogas”, se había convertido en una verdadera “guerra contra los usuarios de drogas”, que en definitiva son las víctimas de un negocio de escala mundial como es el narcotráfico.

En nuestro país, era evidente el absoluto fracaso de una legislación exclusivamente centrada en la penalización del consumidor, que sumada a la falta total de políticas de Estado tendientes a la prevención del consumo drogas legales e ilegales y, en su caso, el tratamiento de las personas con problemas de salud derivados del mismo, generaron en pocos años un cóctel explosivo de expansión del consumo, alejamiento de los usuarios de drogas del sistema de salud, estigmatización y procesamiento de miles de jóvenes que no tenían nada que ver con la actividad criminal.

Los problemas relacionados con el consumo de drogas –legales e ilegales - vienen teniendo una presencia creciente en los medios masivos de comunicación, sobre todo a raíz de casos en los que sobresalen las graves consecuencias de un consumo excesivo por parte de los jóvenes y, en los últimos días, a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha vuelto a sostener su criterio histórico de no penalización a quienes posean o consuman estupefacientes en su ámbito de privacidad.

Entre tantos mitos, prejuicios y debates cruzados, hay un dato objetivo que nadie pone en duda: año a año aumenta exponencialmente el número de personas de todas las edades que consumen drogas. Distintos estudios estiman entre un millón y tres millones, el número de argentinos que consumen o consumieron alguna droga ilegal. La última encuesta realizada en nuestra provincia por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), muestra que el 12% de los jóvenes entre 13 y 17 años reconocieron haber consumido alguna droga ilegal.

Hace un tiempo atrás en una nota publicada por La Voz del Interior (30/01/08), el Juez de Menores Julio Torres estimó que “en lo que va del mes, por día, en promedio, tuvo que atender más de dos menores judicializados por consumo de drogas”. Podemos animarnos a pensar que la mayoría de los consumidores no llegan al sistema judicial y así tomar la verdadera dimensión de los miles y miles de jóvenes que, de acuerdo a la legislación vigente, deberían ser procesados y en muchos casos encarcelados. Desde nuestro humilde punto de vista, esto aporta más problemas que soluciones.

Todos sabemos que este problema no es nuevo, pero lamentablemente los prejuicios de nuestra sociedad han impedido hasta el momento un mayor debate sobre el tema; y un ejemplo de ello es la falta de tratamiento por parte de los Legisladores Nacionales, de distintos proyectos que plantearon poner en discusión la actual legislación en materia de drogas ilegales y desde hace años son archivados sin debate en el Congreso de la Nación.

Por eso saludamos este fallo que pone el tema en la agenda pública. Las estadísticas refuerzan nuestra convicción de que la actual legislación -que entre otras cosas penaliza la tenencia para el consumo personal- ha fracasado rotundamente. Lo peor que podría pasarnos como sociedad sería dejar de discutir el tema con amplitud, tolerancia y sobre todo, sin prejuicios.

Es necesario animarse a debatir la problemática de las drogas de una manera integral, partiendo de la propia realidad. Sin dudas el Estado en todos su niveles no sólo debería revisar su legislación sino sobre todo empezar a destinar los recursos necesarios –hoy casi inexistentes- para implementar Políticas de Estado integrales para la lucha contra el narcotráfico, para la prevención, para ofrecer tratamientos adecuados a los que lo necesiten, para incentivar un consumo responsable en el caso de las drogas legales como el alcohol y para desalentar el consumo y reducir los daños en el caso de las drogas ilegales.

Sr. Presidente: por estos motivos solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.


miércoles, 19 de agosto de 2009

Nota de opinión: La pobreza es responsabilidad de todos

Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, decía Serrat en una canción.

El debate en torno a la pobreza ha vuelto a instalarse y a pesar de los augurios del gran catalán, después de la caída del 2001 millones de compatriotas siguen en el pozo de la exclusión, y en esa inercia la actual administración manipula las mediciones de manera tal que, bajo una mirada retrospectiva donde se incluyan las variables de oportunidad y proporción, podemos concluir hoy que la pobreza en la argentina no ha disminuido sino que lo que se ha acortado es la regla con que se la mide.


Lo cierto es que en los últimos años, nuestra sociedad ha experimentado transformaciones que la modificaron estructuralmente. Viejos fenómenos como la pobreza, el desempleo y la exclusión se acrecentaron en forma exponencial, como resultado de políticas que priorizaron los valores del mercado por sobre la vida de los pueblos y pulverizaron el empleo, destruyeron las economías regionales, entregaron las empresas nacionales a monopolios privados y aniquilaron la seguridad social, la salud y la educación, culminando un proceso iniciado en la década del 70.

Ante la disolución del Estado de Bienestar y perforadas todas las redes sociales, comenzaron a evidenciarse grandes cambios en la estructura social, en la relación del Estado con la Sociedad, y en la de los sujetos entre sí.

Intentando atemperar los efectos y disimular en lo posible tanta exclusión, el modelo se abocó a reproducir una vez más, la vieja impronta de las políticas sociales de nuestro país, con criterio clientelístico y paternalista, que no interpelan a la pobreza, porque su función es mitigarla. Se sustentan en la lógica del modelo y su inercia las lleva a sostenerlo porque lo contrario conlleva su propia extinción.

Desde esta posición filosófica y política que concibe a la pobreza como fenómeno inevitable y como variable independiente del proceso de desarrollo, se profundiza la vieja impronta de planificación fragmentada de la gestión gubernamental.

En esa lógica también se imprime un mensaje: la pobreza no es responsabilidad de todos. Es una situación que aqueja a algunos; independiente de las decisiones políticas y las conductas o actitudes cotidianas de los ciudadanos; en todo caso vinculadas a las decisiones que toman las propios víctimas. Y por ser un problema externo, problema de los “excluidos”; es necesario que “alguien”, desde algún lugar, se ocupe de resolverlo.

Sin embargo, la lógica más elemental nos indica que, si existen “excluidos”, existe un centro que excluye. Es decir, que la exclusión y la inclusión formarían parte de un mismo movimiento; de una misma lógica.

A su vez, podemos observar que la llamada “exclusión”, en realidad no es una, sino muchas. Y esto tiene sentido en tanto que, en una sociedad donde la lógica es la segmentación, la discriminación y la expulsión, no faltarán razones para escindir, discriminar y excluir.

Tenemos así la división entre pobres y no pobres; entre jóvenes y viejos; entre sanos y enfermos; entre creyentes y no creyentes; entre varones y mujeres; entre homo y heterosexuales; entre alumnos de escuela pública y privada; entre el centro y los barrios; entre los barrios populares y los barrios cerrados…. Y así indefinidamente.

Este es el momento en que debe hacerse frente a un gran desafío ideológico: ampliar las áreas de “compensación social”, o fortalecer en competencias y recursos los dispositivos que la sociedad y el Estado han creado para el encuentro y el desarrollo de las personas; incrementando las posibilidades de acceso a la educación y la cultura en todas las edades, profundizando la participación que promueve una ciudadanía activa y comprometida, y accionando responsablemente a favor de una economía más humana con empleo y seguridad social. Para ello es imprescindible distribuir la riqueza que produce nuestra Nación de una forma totalmente distinta a la actual.

No obstante, reconocer que el gran desafío de un futuro gobierno progresista es detener la “máquina de excluir”, no implica dejar de lado la responsabilidad de tender la mano a todos aquellos que en el “hasta ahora” y en el “mientras tanto” han quedado o pudieran quedar fuera de la red que garantice un mínimo de dignidad y felicidad.
Es indispensable entonces, contemplar en el diseño de políticas públicas, medidas que contemplen las necesidades inmediatas, las de mediano plazo y las de un futuro más lejano.

Ubicamos las políticas de pleno empleo, universalización de la educación, la salud, la vivienda y la participación ciudadana como las políticas sociales por excelencia, y creemos que éstas sólo son posibles desde una impronta de gestión que considere a la cuestión social como el eje y la razón de ser del Estado.

Ante las urgencias y el drama social, es necesario asumir el desafío de innovar. Sin resignar ninguna bandera de integración y desarrollo de igualdad de oportunidades, debe crearse nuevas metodologías que reconozcan que es en la acción con el otro, con el diferente, donde está la verdadera reconstrucción de la trama social.

jueves, 13 de agosto de 2009

Niñez y Derechos

Advierten sobre malas condiciones de alojamiento en el Instituto de Menores Caed.

Un grupo de legisladores provinciales y profesores de la UNC elaboraron un informe sobre el trato que reciben los jóvenes y los problemas edilicios e higiénicos del lugar.

ver nota en La Voz del Interior>>



INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL INSTITUTO CAED (CENTRO DE ADMISION EVALUACION Y DERIVACION) DE LA CIUDAD DE CORDOBA A MÈRITO DE LA VISITA REALIZADA.-
Mayo del 2009



Legisladores Provinciales: Roberto Birri
Adela Coria
Omar Ruiz


Programa Universidad, Sociedad y Cárcel dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba a través de docentes de Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho UNC, integrante de dicho Programa: Abogadas Marysel Segovia y María Eugenia Valle




I- FINALIDAD Y CONTENIDO DEL INFORME


El presente documento es el resultado de la visita realizada por los legisladores mencionados y las abogadas integrantes del Programa Universidad, Sociedad y Cárcel al Instituto Correccional denominado CAED (Centro de Admisión Evaluación y Derivación) que funciona como centro de admisión y alojamiento de niños varones imputados de haber cometido algún tipo de delito.

En el marco de las funciones de monitorear la implementación de las distintas políticas públicas del estado provincial incluidas las dirigidas a los niños y jóvenes y en su rol de corresponsables de garantizar los derechos de los mismos en el marco de la ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de niños y Adolescentes es que como legisladores realizamos la visita que a continuación informamos.

Por otro lado, el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel dependiente de la
Secretaria de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba nos dirigió una nota solicitando la posibilidad de acompañar una visita a dicho Instituto de Jóvenes Privados de libertad en el marco del Observatorio de prácticas que ellos tienen como una estrategia interdisciplinaria para construir colectivamente una mirada atenta y cuidadosa del encuadre de las prácticas y profundizar el conocimiento del impacto social y subjetivo que se producen en las instituciones y en los sujetos involucrados, en este caso jóvenes en conflicto con la ley penal, desde la perspectiva del respeto por los Derechos Humanos.

Nuestra inquietud como legisladores y la del Programa se vinculan a la preocupación común que nos surge a partir del Habeas Corpus Correctivo que un grupo de Asesores de Menores presentaron ante el juez Correccional González del Solar el pasado veintiuno de abril respecto a la vulneración de derechos que atraviesan los jóvenes alojados en el Centro citado ubicado en Bv. Guzmán 1071 de la ciudad de Córdoba jueves 23 de abril (La Voz del Interior)) debido a que pudieron comprobar la existencia de superpoblación, graves deterioros en la infraestructura, falta de espacios para recibir los alimentos entre otras cuestiones y posteriormente se hicieron diferentes denuncias públicas en distintos medios de prensa respecto a situaciones que afectan los derechos de los jóvenes alojados en Institutos Correccionales (LV3 entre otros). .

La vigencia en el ámbito de la Provincia de Córdoba de la nueva ley nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños y Adolescentes (ley provincial 9396) impone la verificación y exhibición de las condiciones de las Instituciones de alojamiento de los jóvenes que integran el Grupo de Institutos para Jóvenes en conflicto con la ley penal de la provincia de Córdoba , con la intención de analizar si estructuralmente se encuentran aptos para cumplir su objetivo con adecuado respeto de las normas internacionales e internas vigentes al respecto y poner en conocimiento de las autoridades respectivas aquellas cuestiones que se observen y puedan resultar significativas para revertir deficiencias, denunciar vulneración de derechos o mostrar la correcta actuación de las Instituciones Públicas.

El presente informe se ha elaborado tomando en cuenta normas y estándares internacionales relacionados con las condiciones de detención y alojamiento de personas y especialmente niños, niñas y jóvenes , así como normas constitucionales y de la legislación ordinaria sobre la materia, específicamente la Convención de los Derechos del Niño y Reglas de ONU para la Protección de los Menores Privados de Libertad.




II. LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS NIÑOS.
A. Normativa internacional

El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Por su parte, el artículo 5 de dicho instrumento, relativo al derecho a la integridad personal, establece entre otros derechos los siguiente:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

El artículo 7 de la misma Convención dispone que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

En el ámbito del sistema universal de protección a los derechos humanos existen además instrumentos específicos relacionados con los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física. Al respecto, los principales son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión que establecen importantes estándares y normas para el tratamiento de los detenidos.
La Corte Interamericana ha resaltado la importancia de las normas internacionales de protección de los derechos humanos aplicables respecto a condiciones de detención, y específicamente ha reconocido las mencionadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos como un estándar fundamental aplicable en la materia.

En relación a Niños y Jóvenes la Convención de los Derechos del Niño dispone expresas condiciones a cumplir por los Estados parte en todo aquello que signifique la protección de derechos de niños, niñas y jóvenes condicionando a ciertas pautas estrictas cualquier tratamiento de institucionalización, detención o alojamiento de niños, niñas y jóvenes que debe siempre implicar, además del resguardo y garantía de su dignidad humana, la preservación y aseguramiento de su desarrollo adecuado y protección de todo aquello que como niño, niña o joven merece y que la CDN reconoce y protege.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Villagrán Morales” marcó la plena vigencia e integralidad al sistema interamericano de Derechos Humanos de la Convención de los Derechos del Niño y la particular atención a su resguardo por la especial condición que los niños, niñas y jóvenes poseen ante la fuerte vulnerabilidad que su condición presenta.

En el presente informe se toma especialmente en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores privados de libertad.

B. Normativa interna
La Constitución Nacional en su artículo 18 establece: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidas en ellas...”.
En materia de Niñez y Adolescencia, existe un sistema legislativo nacional que marca las pautas, con base en la CDN sobre las cuales deberá instaurarse el sistema de institucionalización o alojamiento de niños y jóvenes, ya sea por situación de riesgo social o al ser sometido a proceso penal.
Se realizará el presente informe tomando especialmente en cuenta los principios que emergen de la Ley de Protección Integral de la Niñez, 26.061.- .



III. CONDICIONES ESTRUCTURALES Y DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO CAED (Centro de Admisión Evacuación y Derivación ) .


CONTROL DE CONDICIONES EDILICIAS. ALOJAMIENTO.

a) Marco Normativo
Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad indican: artículo 3.1: "Los menores privados de libertad tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan todas las exigencias de la higiene y de la dignidad humana".
El art. 3.2 dispone que el diseño del centro de detención debe responder a la finalidad de rehabilitación. Art. 33 establece que cada menor dispondrá de ropa de cama individual suficiente, que deberá entregarse limpia, mantenerse en buen estado y mudarse con regularidad por razones de aseo.

b) Marco Fáctico El Instituto se encuentra en un regular estado de conservación con espacios muy deteriorados que dan cuenta de la falta de mantenimiento edilicio, notándose humedad en varios sectores del edificio, con un estado de falta de higiene genérico, independientemente de las actuales reformas que están en curso de ejecución.
Cuenta con celdas para alojar aproximadamente a 41 jóvenes.
A la fecha de la visita se encontraban alojados 44 chicos cifra que varía, el personal que nos recibió manifestó que cuando se terminen las refacciones la capacidad se ampliará a 60. Reciben niños y jóvenes de todo el interior provincial ya que es la única Institución de admisión .
Las celdas en las que se encuentran alojados los jóvenes son muy pequeñas aproximadamente de 2 por 3 mts., húmedas y oscuras con una puerta de chapa que tiene una pequeña abertura con rejas que da al pasillo común siendo esta la única abertura de contacto con mismo. Se pudo comprobar que el espacio mencionado carece prácticamente de luz natural y buena ventilación. Estábamos alrededor del mediodía haciendo la visita y el interior de las celdas era totalmente oscuro, si tuvieran acceso a algún elemento de lectura les sería imposible realizar esta actividad ya que a la falta de luz natural se le suma la falta de luz artificial al interior de las celdas.
La única luz artificial con la que cuentan los jóvenes consiste en viejos tubos fluorescentes que se encuentran en el pasillo que da a las celdas y que por supuesto es totalmente insuficiente lo que implica que la mayor parte del tiempo los jóvenes se encuentran en un habitáculo en penumbras .
En el interior de las celdas todos los elementos que se pueden encontrar para cada jóven alojado es un colchón y como ropa de cama una fina frazada totalmente insuficiente para la época de invierno sin ningún tipo de sábana. No hay presencia de objetos personales que indiquen la pertenencia de las personas allí alojadas ni ningún otro elemento, excepto lo que se refiere en el apartado siguiente .


INSTALACIONES SANITARIAS-BAÑOS-COCINA
a) Marco Normativo

El artículo 34 de las reglas citadas establece en cuanto a las instalaciones sanitarias que deben ser de un nivel adecuado y estar situadas de modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma aseada y decente.
El artículo 37 de las reglas referidas dispone que todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación adecuada preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, la higiene y la salud.

b) Marco fáctico

El sector de los baños constituido por letrinas presenta absoluta falta de higiene, detectando materia fecal de vieja data en las paredes, lo que implica que los mismos no han sido aseados correctamente desde hace mucho tiempo. En cuanto a sus condiciones estructurales se pudo advertir que paralelamente al uso de los baños mencionados se encuentran construyendo otros baños nuevos en el sector de la planta baja .
Tanto el personal que nos atendió como los chicos detenidos manifestaron que hacía aproximadamente cerca de 2 semanas que en dos turnos el total de los jóvenes recibía su almuerzo en un espacio habitación que funciona como comedor mientras estaban a la espera de habilitar otro refaccionado recientemente . Hasta ese momento la mitad de los jóvenes recibían sus alimentos en las celdas en las que no existe ningún tipo de mesa ni silla ni la mínima higiene imprescindible a los fines de la alimentación .
Por otro lado también se puede observar en cada celda un bidón de plástico abierto que se comparte entre sus dos o tres habitantes para hacer las necesidades fisiológicas fuera de los momentos en que les permiten salir para ir a los baños comunes al final del pasillo.

IV EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y TRABAJO.

a) Marco normativo
El artículo 38 de las reglas de las Naciones Unidas para los menores privados de libertad establece que todo menor tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción social.

b) Marco fáctico
El personal de la Institución argumenta que al tratarse de un espacio de tránsito para los chicos, que puede variar entre algunos días o varios meses, no existe ningún tipo de actividad educativa ni de formación ni diagrama de actividades específicas que les permitan hacer un uso del tiempo con fundamento en su futura reinserción social que podría articularse con la actividades futuras a realizar en los diferentes Institutos donde posteriormente sean destinados, si ese fuera el caso.
Varios de los jóvenes manifestaron que preferían estar en los otros Institutos ya que en ellos hacían alguna actividad y se contactaban con otras personas ya que en el Centro de Admisión la mayor parte del tiempo permanecen encerrados en sus celdas en penumbras. No están autorizados ni se les suministra ningún elemento que les permita leer o escribir, a excepción de alguna “carta” a ellos destinada
Los jóvenes alojados en el primer piso son los que manifestaron encontrarse en peores condiciones ya que tienen escaso tiempo de salida al patio común, mucho menos que los jóvenes alojados en la planta baja. Uno de ellos, en forma desesperada dijo llorando “ No saben lo que es estar adentro”.

V -ACTIVIDADES RECREATIVAS.
a) Marco normativo

El art.47 de las Reglas establece: Todo menor deberá disponer diariamente del
tiempo suficiente para practicar ejercicios físicos al aire libre . Para estas
actividades, se pondrán a su disposición terreno suficiente y las instalaciones y
el equipo necesarios.

b) Marco fáctico

Respecto a este punto el personal manifiesta que a veces concurre un profesor de educación física que saca a los jóvenes en pequeños grupos al patio a jugar al futbol pero esta no es una actividad que esté prevista sistemáticamente en días y horarios establecidos. Se nos indicó que en un espacio contiguo tipo galpón que pudimos ver, tienen previsto acondicionarlo como cancha cerrada para futuras actividades deportivas y recreativas.
También se pudo advertir que no existe actualmente ninguna actividad recreativa programada ni sistemas de video y audio ni siquiera televisión ni espacios comunes, a excepción del comedor, para el esparcimiento de los menores alojados en la Institución.
Prácticamente no se organiza ningún tipo de actividad común, la mayor parte del tiempo durante el día los jóvenes permanecen de a 2 o 3 en las celdas descriptas.
Los chicos expresaron que solo los sacan a la mañana para ir al baño y parte del personal que nos atendió reconoció que los sacaban 5 minutos a la mañana porque salen de manera escalonada, luego al mediodía para comer y a la tarde otros 5 minutos, salvo que concurra el profesor de Educaciòn Física momento en el que salen a unos patios internos, dos veces a la semana 2 horas, los chicos refirieron 2 veces a la semana y por grupos, no todos todas las veces. También manifestaron que existen bajo llave juegos de metegol y ping pon para esas horas.

VI- ASISTENCIA MÉDICA

a) Marco normativo.
El art.49 señala que todo menor deberá recibir asistencia médica adecuada..."

b) Marco fáctico
La asistencia médica se lleva adelante por un médico que cumple funciones en el Instituto, quien manifestó que dentro de las patologías que presentan los jóvenes alojados la mayoría consiste en cuestiones vinculadas a depresión, auto agresiones y algunos intentos de suicidios provocados por la misma situación de encierro y el escaso contacto con sus familias.
Los niños refieren que aunque ellos soliciten ver a un médico, solo los llevan si quiere el personal de la guardia. Preguntado el médico sobre si al salir de la celda de aislamiento los chicos salen con un mal estado de salud, el mismo dijo que puede ser con problemas de sarna tal vez por la higiene del lugar. El médico refiere que la mayoría de las consultas son por autoagresión (60 chicos en enero).

VII- PERSONAL-INTEGRACIÓN.

Existen 7 equipos técnicos (de a 2) con psicólogas y trabajadores sociales Los niños refieren al igual que el director que cuando lo solicitan pueden ver al psicólogo y que existe un psicólogo de atención en crisis, situación que fue observada en un caso el día de la visitafrente a una circunstancia crítica que atravesabaun adolescente de Villa María, por imposibilidad de ver a sus padres.

VIII-- CONTACTO CON FAMILIA Y CON EL MUNDO EXTERIOR..

Las visitas son de 2 horas (de 15 a 17 hs.) los días lunes y jueves, pero solo se permite el ingreso de una persona mayor ya que los menores no pueden ser sometidos a la requisa que se realiza por personal del servicio penitenciario que concurre a la institución a ese efecto, aunque el vicedirector del instituto refirió la existencia de una normativa interna que así lo indica. También aclaró que en otras instituciones esta regla no se sigue tal vez porque los chicos permanecen mas tiempo en eso lugares.
No existe la comunicación telefónica con la familia, había chicos que estaban desde hace 12 días y todavía no podía enterarse si su familia sabía.
Los chicos pueden recibir cartas pero no pueden enviar.

IX- REGLAMENTACIAONES INTERNAS REGIMEN DE SANCIONES

Los chicos alojados en el ala izquierda del Instituto no comparten ninguna de las actividades descriptas por el personal. La mayoría de los chicos entrevistados se encontraban allí aproximadamente desde hacía 12 días. Al preguntarles por las celdas de aislamiento los jóvenes nos refirieron que se siguen utilizando, a pesar que el personal lo desmiente, y que los chicos son colocados allí generalmente por un término de 4 días hasta que se produce el cambio de la guardia que es quien decide el traslado a celdas comunes. Estas celdas que pudimos ver son similares a las comunes, es decir oscuras sin luz artificial con puertas de chapa pero de una dimensión de 1 metro por 2 con la cama de cemento y un colchón similar al de las celdas .
Los jóvenes manifiestan que los ponen en esas celdas como sanciones por conductas inapropiadas desde el punto de vista de las guardia .-
Al preguntarle al personal si existían reglamentos internos respecto a cuáles son las conductas sancionables y cuáles los tipos de sanciones a aplicar, se nos respondió que actualmente no había reglamento interno y que no era tan necesario porque a los chicos “no se los sancionaba”. De esta manera las sanciones y los posibles castigos a que se ven sometidos los internos quedan librados a la discrecionalidad del que las impone.
Un funcionario de mayor jerarquía encargado de todos los Institutos Correccionales, que se presentó durante nuestra visita nos manifestó que estaban hace un tiempo trabajando en una especie de manual de procedimientos para todos los institutos.


X TRATO QUE RECIBEN LOS JOVENES ALOJADOS

Algunos chicos expresaron que reciben insultos por el personal de la institución.
Preguntado sobre el tema de celdas de aislamiento el Subdirector y Director aseveran que la celda de aislamiento no se usa desde hace dos meses mas o menos, lo que no nos resulta convincente, pues en las dos celdas de aislamiento que observamos, había una especie de colchón tirado y una botella de plàstico con agua, lo que evidencia que se encuentran en uso.
Algunos durante la visita manifestamos a los responsables del Instituto que algunos chicos dijeron que el trato recibido era malo por parte de algunas guardias y ellos hablaron, con preocupación, de que conocen que a veces eso ocurre con parte del personal mas antiguo que no modifica algunas modalidades a pesar de haber tenido algunos sumarios administrativos.
A veces se suscitan problemas entre los chicos de capital e interior, donde los chicos del interior dicen que los de Capital les pegan o maltratan, lo que no parece sea reconocido como un problema por la autoridad a cargo del instituto, ya que hasta el momento de la visita no se tomaron medidas para evitarlo..
El personal informa que los medios de sujeción empleados con todos los chicos para los distintos traslados que pueden ser desde 9 a 21 años son esposas comunes.-
Los jóvenes en general expresan que la comida no es buena, y que para bañarse los “apuran” como en un régimen militar con tiempos muy reducidos. Que, en lo que es el ala conocida como la Comisaría, las condiciones son peores.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Se puede concluir de las condiciones expresadas que es evidente la ausencia de una planificación y control de funcionamiento.
Los espacios de alojamiento no cumplen requisitos de calidad en cuanto a dimensiones, higiene, luz, aireación mínimas como espacios de residencia de niños y jóvenes. No se cuenta con los recaudos mínimos de habitabilidad digna, cobertura alimenticia suficiente, prevención de enfermedades, promoción de la salud, cobertura educativa y recreativa dentro de los estándares que exigen las normativas a fin de que pueda decirse que se garantiza el goce de los derechos de los alojados bajo la responsabilidad del Estado.
Consideramos que debe revisarse la decisión gubernamental concentrar en un solo centro ubicado en la Capital provincial, e ingreso como modalidad de primera admisión de la totalidad de los menores en conflicto con la ley penal de la provincia. Ello perjudica a los chicos que son trasladados desde el interior, con desarraigo, falta de contacto familiar, exponiéndolos durante prolongados traslados por personal policial, y demorando las decisiones del juez competente.
El hecho de que se trate de un espacio de admisión y derivación no justifica la falta de asistencia a derechos básicos de los jóvenes. Es fundamental que se amplíen los horarios, actividades al aire libre, que puedan estar en mayor contacto con los espacios distintos a las celdas.
Que sea mayor el tiempo asignado para bañarse, almorzar etc.-
Que deje de emplearse el sistema “del bidón de plástico” para hacer las necesidades y el personal se organice para ampliar los horarios y modalidades para que los jóvenes puedan ir al baño de la misma manera que cualquier ser humano necesita sin desmedro de su dignidad.-
También debería iniciarse el proceso de eliminación de letrinas y uso de inodoros por todas las consecuencias negativas para la salud que su uso implica mundialmente reconocidas.
No consideramos que repercuta en forma importante en el presupuesto provincial adecuar dignamente las celdas para que los jòvenes se alojen en condiciones dignas, con luz y aireación suficiente y puedan realizar actividades que los alejen de las consecuencias propias del encierro como actividades lúdicas, de lectura escritura etc. Esto influiría seguramente en disminuir el nivel de stres y de autoagresión que implica que el tiempo transcurra en “la nada”.
Asimismo es urgente sacar a los niños menores de 16 años de todo tipo de instituto correccional ya que esta situación constituye una violación flagrante a la ley, ya que se trata de menores inimputables que bajo ningún punto de vista pueden estar privados de su libertad. El Estado provincial debe generar las medidas necesarias a implementar para esta población en el caso de que se encuentren vulnerados en sus derechos de acuerdo a los principios normativos pero nunca recurrir a la privación de libertad.
El sistema de resguardo y alojamiento con que cuenta el Centro de Admisión, Evaluación y Derivación dista de constituir un sistema adecuado y respetuoso de los derechos y garantías establecidos en la normativa tanto nacional como internacional para los jóvenes privados de libertad.-
El sistema padece de deficiencias que requieren urgente tratamiento y de una planificación sobre el funcionamiento futuro de las instituciones frente a la próxima vigencia del Sistema de Protección Integral que requerirá de una adecuación y cumplimiento de estándares que en la actualidad estos sitios no exhiben ni están en condiciones de mostrar en el corto plazo.-



Legisladores:


……………………… ……………………….. ……………………..

Adela Coria Roberto Birri Omar Ruiz.-

miércoles, 12 de agosto de 2009

Intervención en el recinto: Declaran al Teatro Municipal de Río Cuarto como monumento histórico provincial

Sr. Birri.- Señor presidente: quiero sumarme a la bienvenida que les hemos dispensado a los señores funcionarios que nos acompañan, aunque me cuesta llamarlos así porque son amigos y compañeros de ruta en la administración del gobierno de la ciudad de Río Cuarto en los distintos ámbitos de responsabilidad durante los últimos 6 años...


Además, de la misma manera que lo ha hecho la legisladora Chiofalo, quiero rescatar la modalidad de trabajo legislativo que tratamos de instituir desde nuestro departamento, por allí silenciosamente, que es el trabajo conjunto en los temas que son de interés común. Sería muy fácil para cualquiera de nosotros, como iniciadores de un proyecto que involucra los intereses de los riocuartenses, venir con la iniciativa bajo el brazo, presentarla y reclamar su autoría intelectual. Por el contrario, como lo hemos hecho en otra oportunidad -y me gustaría fuera el común denominador del trabajo legislativo-, hemos preferido hacerlo en forma conjunta como representantes de uno de los departamentos de la Provincia de Córdoba.
Hay una descripción del cronista de “El Eco de Río Cuarto”, de otoño de 1905, que dice: “El domingo 16 de abril de 1905, a las 2 de la tarde, en una calle empedrada de una ciudad sin autos, que estrenaba una energía eléctrica recién instalada, se congregaban numerosas familias de esta sociedad, al igual que en los balcones en las casas vecinas y en los carruajes estacionados en las calles y se procedió a colocar la piedra fundamental del teatro. Participaban del acto el cura párroco, los padrinos Mariano Argüello, Josefa Molina de Cernería, Irene Capello de Boasi y el jefe político Dionisio Centeno. “…”Para recordar la fecha – continúa- se mandó a acuñar unas medallas que testimonian ese acto”
Señor presidente, en aquella época, por herencia colonial que, a su vez, recibía influencia de las ciudades griegas, el centro era la plaza, el ágora. Además, allí tenían su asiento los establecimientos principales, que en algunos casos eran villas. En ese centro, nunca faltaba la iglesia, el gobierno, el municipio. Pues bien, a una cuadra de ese centro se empezó a edificar el teatro municipal de Río Cuarto.
Mientras tanto, en el mundo, hacía 25 años que se había inaugurado la Opera de París, paradigma de los teatros; nada menos que en París, con lo que esa ciudad significaba en Argentina.
El 19 de noviembre de 1886, se inauguró en la ciudad de La Plata el primer teatro de magnitud apto para las grandes veladas líricas: el Politeama Olimpo, hoy Teatro Municipal Coliseo Podestá.
En 1908 se inauguró el Teatro Colón y, un tiempo antes, hace 117 años, se inauguró el Teatro San Martín de la ciudad de Córdoba.
En ese entonces, en el mundo occidental existía una especie de moda o furor por la construcción de teatros. Además, al comienzo de la instalación, en el imaginario social de que la actividad artística era prestigiosa y que todos –no solamente los sectores pudientes de la sociedad sino también las clases populares- la podían disfrutar.
Podemos pensar, a lo largo de ese tiempo, que la tendencia mundial ayudó para que la sociedad local pensara que Río Cuarto también debía tener un teatro para el conjunto de la sociedad, no solamente para algunas galas exclusivas. Los riocuartenses no quedamos fuera de esa tendencia.
Resumiendo, nuestro teatro fue una obra que reunió la voluntad política continuada de tres administraciones. A la gestión Boasi le tocó poner las bases reales del teatro; a la gestión Rodríguez en marcha la obra; y a la gestión Agüero su finalización. Está claro –como se expresara recién- que ninguno de estos actos político administrativos hubieran sido posibles sin la participación activa de los ciudadanos.
Esa misma fuerza, esa misma gana y ese mismo empeño es el que hoy siguen poniendo funcionarios de distinto signo político de la ciudad de Río Cuarto para que el teatro siga teniendo características que lo destaquen en la Provincia.
Esos desafíos nunca se terminan, esos servicios culturales -a través del teatro- siguen vigentes. El espacio para diseñar el viejo teatro municipal era reducido, se hizo con lo imprescindible para funcionar. No se puede negar -como alguna vez me dijo el arquitecto Ramallo, ex Subsecretario de Cultura- que este teatro nació con una buena estrella, que ayudó para que, a pesar del boom inmobiliario de las urbes argentinas que explotó en los últimos años, la Municipalidad de Río Cuarto haya podido expropiar un terreno lindero que le va a permitir su refuncionamiento y ampliación; será, en el futuro –en gestión del intendente Jure-, un verdadero Complejo Teatro Municipal.
A grandes rasgos –y tal como se ha expresado- esta ha sido la historia en estos intensos cien años que ha vivido nuestra sociedad. También hay un presente que dice que los del imperio del sur cordobés somos gente orgullosa de nuestra ciudad Río Cuarto, considerada pujante, progresista, solidaria, aunque también, a veces, puede llegar a ser sectaria y egoísta.
Río Cuarto es su río, es la Plaza Roca, es la universidad, sus mujeres. Río Cuarto es Atenas y Estudiantes, es el barrio Alberdi y Banda Norte y es su teatro municipal.
El teatro formó parte de la construcción de la personalidad de esta ciudad del Sur, la acompañó durante una centuria y es una parte significativa de la memoria y el imaginario de nuestra comunidad.
También forma parte de la memoria y del afecto de cada uno de los riocuartenses, como por ejemplo, de la mía, ya que en su escenario recibí mi diploma de flamante egresado del colegio comercial y el de concejal electo por el voto popular; además, hace apenas unos meses, mi hijo mayor recibió un diploma de reconocimiento deportivo.
Tuve –como lo han tenido estos funcionarios que me acompañan- responsabilidades directas como funcionario del Departamento Ejecutivo municipal. Las políticas culturales formaban parte de mi ámbito de responsabilidad como Secretario de Desarrollo Humano. En aquella oportunidad, junto a quien fuera subsecretario, el arquitecto Ramallo, encaminamos la mayor obra de infraestructura que se efectuara en su historia, en cuanto a su reacondicionamiento.
Señor presidente y colegas legisladores: esta iniciativa revaloriza y rescata al edificio que fuera inaugurado el 9 de septiembre de 1910, con el propósito de recuperar la historia y proteger el patrimonio urbanístico de Río Cuarto para el desarrollo de la cultura local y provincial.
Tengo el absoluto convencimiento de que el significado urbano del teatro excede el marco de una sala de espectáculos. Alguien lo caracterizó –lo que comparto plenamente- como solar histórico, casa de arte, congregación de artistas y de devotos, cita con el mundo, lugar de aprendizaje y encuentro con la cultura. Merece, entonces, figurar entre los monumentos históricos más representativos de la Provincia de Córdoba y será –no tengo dudas- un acto de absoluta justicia.
Ortega y Gasset escribió: “La vida es primeramente un conjunto de problemas esenciales a los que el hombre responde con un conjunto de soluciones: la cultura”.
A partir de hoy, señor presidente, señores legisladores e invitados en general, el teatro de la ciudad de Río Cuarto será un poquito menos de los riocuartenses; será de todos, será patrimonio histórico de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos)

miércoles, 5 de agosto de 2009

Intervención en el recinto: Pedido de Informes sobre obra de Epec en Arroyo Cabral

Sr. Birri.- Señor presidente: a principios de 2006, los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba advirtieron un incremento en sus facturas; muchos de nosotros, en calidad de legisladores, fuimos receptores de sus reclamos, de los que tiempo después también se hicieron eco los medios de comunicación de la Provincia de Córdoba...

Así, en septiembre de 2008, un medio gráfico, bajo el título “EPEC cobra desde 2006 por una obra que no existe”, expresaba que, luego de haber transcurrido el plazo de dos años y nueve meses, dicho costo fijo para obra pública se seguía cobrando en la factura de todos los cordobeses y que en el predio donde debería estar construyéndose la estación transformadora lo único que existía de la EPEC era un cartel con su nombre y un pastizal de por lo menos dos metros de altura.
Luego de esta preocupación planteada por los usuarios y la toma de estado público por los medios de comunicación, hay que comenzar diciendo que se trata de una muy buena obra. Al decir del doctor Álvaro Allende, gerente de Energía Eléctrica del ERSeP -y lo digo textualmente- “es una obra de gran magnitud que se va a incorporar al sistema interconectado nacional, al SADI, una estación transformadora que va a ser el tercer punto de conexión que va a tener la Provincia de Córdoba con ese sistema; es una estación de 300 megavolt ampere”. Además dijo, en una visita que los gerentes del ERSeP y de la EPEC hicieron a esta Legislatura, cuando participaron de un par de comisiones, cerca de noviembre de 2008, que es una obra que está compuesta por tres módulos principales: el primero es el transformador en sí mismo; después vienen los equipos accesorios, seccionadores y transformadores de medición, y el último módulo es el de la obra civil y demás materiales para la construcción de las playas y todas las cuestiones anexas que permitirán instalar todo esto. Concluía, entonces, que se trataba de una obra de magnitud y de mucha importancia para el sistema eléctrico provincial y nacional.
A partir de allí, y con la certeza de que estamos ante una obra de importancia, a poco de recoger la cronología de los acontecimientos se empiezan a advertir puntos decididamente oscuros que motivaron, entre otras cosas, la presentación del informe del que da cuenta el expediente en tratamiento el día de la fecha.
La génesis de la obra Arroyo Cabral, según documentos a los que tuvimos acceso, data de fines del año 2005 cuando, por Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 1374, se incluye como obra a financiar por CAMMESA -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima- e incluye una serie de descripciones técnicas que quizás excedan el ámbito de tratamiento específicamente legislativo, vinculadas al sistema de transporte en extra alta tensión mediante el seccionamiento de la línea de 500 Kw que une las estaciones Rosario Oeste y Almafuerte, de acuerdo con el convenio suscripto entre la Secretaría de Energía de la Nación y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El tema -para ir puntualizando- se plantea en tres aspectos específicos: primero, en el costo de la obra; segundo, en la redeterminación de los precios, y, tercero, en quién lo paga y cuánto paga finalmente.
Para que vayamos teniendo una idea aproximada, al inicio la obra -acontecimiento acaecido en enero de 2006- estaba presupuestada en 67.857.859 pesos, discriminados de la siguiente manera: hasta 25 millones, aportaba CAMMESA -aporte reintegrable, porque la Provincia o EPEC lo deben restituir-, y el saldo, de aproximadamente 49 millones, se aportaba a través de un cargo fijo y transitorio. Voy a leer la parte pertinente de la Resolución General Nº 3 del ERSeP, que en sus considerandos manifestaba: “Que la EPEC a través de la Resolución 71.759 estableció un cargo fijo transitorio que permitirá establecer nuevos ingresos mensuales en la facturación, con el cual se cubrirá una parte del costo que demandará la Construcción de la Estación Transformadora Arroyo Cabral”. Decía: “durante dos años mediante el mencionado Cargo Fijo Transitorio”; se debía cubrir la suma de 49 millones de pesos, y su financiación comenzará a partir de enero de 2006. Aquí aparece la primera contradicción, porque EPEC habla de 49 millones y el ENRE, en la resolución del año 2006 hablaba de 42 millones. Está claro que estos 42 ó 49 millones, por dos años, era el monto que debían pagar los cordobeses, es decir, todos nosotros, aquél que es titular de un medidor en función del cual paga las facturas pertinentes.
Pero esto duró muy poco, porque el monto establecido para el inicio de la obra comenzó rápidamente a sufrir ajustes. Ya en noviembre de 2006 –en poco menos de un año– el Ente Nacional Regulador de la Electricidad establece: “A petición de EPEC y en función de los considerandos de esta empresa de Córdoba –que expresa que a la fecha han ocurrido importantes variaciones en los costos de la obra, lo que ha determinado la necesidad de ajustar dicho valor–, se fija como nuevo precio la suma de 90.900.000 pesos, más IVA”.
Como primer escalón, en menos de un año el costo de la obra pasó de 67.000.000 a 90.000.000 de pesos. Poco más de dos años y medio después, en ocasión de la visita a esta Legislatura de los gerentes de la EPEC y del ERSeP –a que recién hicimos referencia–, el doctor Allende informa que la obra, a esa fecha –noviembre de 2008–, tenía un presupuesto de 161.363.849 pesos; es decir, en algo más de dos años y medio sufrió un incremento cercano al 200 por ciento, cifra que después es ratificada en la respuesta al pedido de informes elevado por el bloque de Frente Cívico y Social al ERSeP.
Además, quiero agregar –por supuesto, a título de impresión personal– que tampoco sabemos si éste será el monto definitivo, ya que, teniendo en cuenta cómo viene dada la redeterminación de precios, es muy probable que al final de la obra –prevista, en principio, para junio de 2010– este monto vuelva a incrementarse.
De tal manera, en dos años y medio nos damos con un 200 por ciento de aumento por mayores costos o por redeterminación de precios; entonces, señor presidente, ¿cuál es el criterio, el parámetro o la fórmula polinómica que se ha utilizado para que, desde enero de 2006 a noviembre de 2008, algo que a los cordobeses les costaba 60.000.000 de pesos pase a costarles 160.000.000 de pesos? ¿Podrá ser el aumento de los insumos? En esa cuantía, me parece que no. ¿El costo salarial? En esa época, creo que tampoco. ¿Acaso, la variación de la moneda estadounidense? Tampoco, porque durante ese tiempo se mantuvo en aproximadamente 3,10 pesos.
En verdad, haciendo memoria, para poder justificar un incremento promedio del orden del 70 por ciento anual lo único que recuerdo que se disparó en esa época fue el precio del oro, que aumentó enormemente y la gente corría para ir a invertir en ese metal, pero no creo que ése haya sido el parámetro o el rubro que se haya adoptado para semejante redeterminación de precios.
La pregunta que casi automáticamente surge, a partir de la intervención de la Legislatura de la Provincia, es si hubo un adecuado control por parte del órgano de aplicación, ante la presentación de estos mayores costos por parte de las empresas de proveedores. Está claro, señor presidente, que, a la luz de esta descripción y de esta cronología, tenemos que decir categóricamente que no. Es tal el volumen del incremento soportado por la Provincia que, desde el punto de vista jurídico, casi hace caer este contrato en el marco de la teoría de la imprevisión, que dice que cuando la prestación a cargo de una de las partes se tornare excesivamente onerosa, por distintos acontecimientos, la parte perjudicada -en este caso la Provincia- podría demandar la resolución del contrato.
La primera cuestión, señor presidente, es que estamos en presencia, por un lado, de un incremento irracional y abusivo de los costos, y, por el otro, de la omisión, negligencia o impericia en el ejercicio de las facultades de control, poniendo a los funcionarios que tenían que hacerlo al límite de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público.
La segunda cuestión, en función del esquema planteado al inicio de este desarrollo, es quién paga los platos rotos de este aumento irracional de los costos y la falta de control. Creo que ya lo han adivinado, como casi siempre será el pueblo de la Provincia de Córdoba, porque cuando se decide imponer el cargo fijo transitorio –cuestionable, por cierto, desde su propio inicio-, en definitiva, se supone, al menos en la teoría del Derecho Administrativo, que el contribuyente ya está pagando impuestos -que supuestamente debe devolverse, entre otras cosas, en obras-, o sea que en este caso ya está virtualmente sometido a una doble tributación.
En ese primer momento se aseguró que era por dos años, desde enero de 2006 hasta enero de 2008, hasta cubrir los 49 o los 42 -según como se hayan sacado las cuentas-, o quizás 37 millones porque, en definitiva, se resolvió que 12 millones iban a ser cubiertos por el Fondo de Infraestructura Eléctrica de la Provincia, con lo cual lo que tenía que pagar el pueblo de la Provincia, los contribuyentes, todos nosotros, durante dos años eran 37 millones, desde enero de 2006 hasta enero 2008.
Sin embargo, y por disposición de EPEC, posteriormente ese plazo fue extendido por dos años más, esto es, hasta enero de 2010, pero como no les pareció suficiente la voracidad recaudatoria, y ya se anticipaba que la obra no iba a concluir, se dictó luego una resolución ampliándolo, no ya con un término sino, como decimos los que tenemos formación jurídica, sine die, por siempre, hasta que la obra termine algún día.
¿Saben, colegas legisladores, cuánto recauda EPEC por mes, aproximadamente, según el informe dado por el doctor Alvaro Allende? Recauda 2.370.000 pesos. ¿Saben cuánto se ha cobrado, a partir de esta cuantía, aproximadamente hasta el día de hoy? Ha percibido 101.910.000 pesos. ¿Saben cuánto se habrá pagado, a junio de 2010, si es que para esa fecha la obra efectivamente concluye? Serán125.300.000 pesos. ¿Saben cuánto terminarán pagando los cordobeses? En verdad, no lo sabemos porque no sabemos cuándo va a terminar la obra. Pero sí estoy en condiciones de decir que la obra civil, que es el módulo tercero de este proyecto, aún no ha comenzado.
En fin, y como conclusión: obra cara, carísima, aumento irracional en la redeterminación de los precios, pésimo control del órgano de aplicación y, finalmente, el golpe impiadoso en el bolsillo de los cordobeses. Otra vez, señor presidente y colegas legisladores, parece repetirse la misma película: una muy buena obra en manos inapropiadas.
Gracias, señor presidente.


Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: después de la humorada del legislador del oficialismo, debo decir que ha sido una “animé” la reflexión sobre la importancia que tiene esta obra, y no sólo lo ha expresado el bloque oficialista sino también la oposición, ya que hay absoluta unanimidad al respecto.
También está claro que hay cuestiones importantes que tienen que ver con algunos aspectos de la obra, concretamente, cuánto se ha recaudado hasta la fecha con el fondo transitorio, qué destino se le ha dado; si a esta fecha aún se mantiene el presupuesto, cuyo último dato ya lleva varios meses; si se ha modificado el plazo de financiación de la obra. Recuerdo, ahora, estos pocos rubros, pero quizás haya algunos más también de importancia.
Esto amerita, señor presidente, que este pedido de informes, en lugar de ser archivado –como propone el bloque del oficialismo–, quizás fuera pertinente que vuelva a la comisión presidida por el legislador Scarlatto, para que esa comisión solicite una ampliación del informe, de manera que cuando tratemos nuevamente el tema tengamos una información absolutamente actualizada, veraz y prácticamente en tiempo real.
Concretamente, propongo la vuelta a comisión a esos efectos.


Sr. Presidente (Fortuna).- El legislador Birri está haciendo una moción de orden, motivo por el cual solicito a los señores legisladores que ocupen sus bancas para su votación.
En consideración la moción de orden, formulada por el legislador Birri, en el sentido que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.