martes, 17 de agosto de 2010

Nota de Opinión: Las fumigaciones, la salud y la gente

Los cordobeses nos hemos acostumbrado a asistir en forma casi pasiva a la utilización de herbicidas y pesticidas en la producción agropecuaria como una pràctica tan rutinaria que casi no reflexionamos sobre el tema. Sin embargo en forma periòdica los habitantes de las zonas urbanas limìtrofes con campos de producciòn se ven afectados por las fumigaciones de esos establecimientos y normalmente concurren con sus quejas al municipio donde encuentran poca o ninguna respuesta ya que los mismos no tienen potestad sobre las zonas rurales...

Así, en forma permanente el ambiente urbano, habitantes, flora y fauna se ven sometidos a los efectos de productos varios, principalmente las formulaciones comerciales de glifosatos, de potencial capacidad tóxica.-
Recientes estudios toxicológicos conducidos por instituciones científicas independientes parecen indicar que el glifosato ha sido erróneamente calificado como "toxicológicamente benigno", tanto a nivel sanitario como ambiental.

A nivel eco-tóxico-epidemiológico, la situación se ve agravada no sólo porque son pocos los laboratorios en el mundo que poseen el equipamiento y las técnicas necesarios para evaluar los impactos del glifosato sobre la salud humana y el medioambiente. También porque los que inicialmente realizaron en EE.UU. los estudios toxicológicos requeridos oficialmente para el registro y aprobación de este herbicida, han sido procesados legalmente por el delito de prácticas fraudulentas tales como falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos, falsificación de estudios mediante alteración de anotaciones de registros de laboratorio y manipulación manual de equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos.

El glifosato, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, utilizado para eliminar malezas indeseables (pastos anuales y perennes, hierbas de hoja ancha y especies leñosas) en ambientes agrícolas, forestales y paisajísticos. Se argumenta que la toxicidad aguda del glifosato es baja. Sin embargo, los productos que contienen glifosato también contienen otros compuestos que elevan su potencialidad tóxica.

Estos productos llegan al ecoambiente urbano y a los cauces de agua principalmente por su dispersión en el aire en forma de microgotas producidas por los equipos de fumigación.

Fueron los vecinos de distintas localidades de la Provincia, alarmados por  los efectos de los plaguicidas los que dieron la voz de alerta ante las consecuencias del uso de agroquímicos en el ambiente y la salud humana. Luego, agrupados en ONGs buscaron la mediación política y el tema ganó el apoyo de la opinión pública gracias a los medios de comunicación que tomaron como propio un tema de altísima sensibilidad social .

Tal como sucedió en las democracias desarrolladas del mundo, las causas ambientales son las que reúnen en una misma organización tanto a los expertos, a los ambientalistas, como a los buenos vecinos preocupados por la contaminación. Y en el tema en cuestión tambièn se sumaron fallos judiciales que acogieron demandas de particulares al dar por comprobado por los testimonios de los afectados y a través de innumerables investigaciones, que el daño existe, que es real y que el glifosato en distintos ambientes y organismos, afecta a la salud de personas, animales y al medio ambiente, aunque sus efectos no se vean en lo inmediato.

Por ello propiciamos la modificación de la ley 9164 y sus decretos reglamentarios, para establecer una restricción de fumigar con agroquímicos en una zona de 800 metros del límite comunal o zonas pobladas y de los cursos de agua por vía terrestre, y de 1500 metros por vía aérea.

Comparto con quienes piensan que lo que hace a una sociedad moderna no son los indicadores de consumo sino el respeto de sus derechos ciudadanos y su calidad institucional. Solo basta con mirar hacia Europa, donde en muchísimos países se consulta a los vecinos hasta para cortar un árbol.

Precisamente en estos conceptos hemos fundamentado nuestra iniciativa. El debate está abierto y nuestro punto de vista sostiene la preeminencia del medio ambiente y la salud pública por sobre los planteos productivistas.

jueves, 12 de agosto de 2010

La Ley de Bosques que no fue

(nota de opinión por Roberto Birri – Legislador Provincial – Partido Socialista)

“La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos…es necesario sancionar una ley de bosques”. Esto es lo que decía el legislador socialista Alfredo Palacios en el Congreso de la Nación, en el año 1914...



En ese entonces los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional, y se redujo solamente al 14 por ciento en el año 1987. En nuestra provincia la situación aún es peor: De las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia, los bosques originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie, mientras que hoy ocupan el 3.6 por ciento (594.000 hectáreas). La tasa de deforestación de la Argentina, se ubica seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación: estamos ante una verdadera emergencia forestal.

A fines del año 2007, el Congreso de la Nación sancionó una ley de protección de los bosques nativos en nuestro país cuyo objetivo no sólo era poner freno al desmonte indiscriminado, sino generar un marco adecuado para su recuperación.

La ley nacional, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, establece los “presupuestos mínimos”, y las provincias deben dictar sus propias normas generando un marco de protección que no puede estar por debajo al establecido en la ley nacional.

En nuestra provincia, este proceso empezó bien, pero terminó mal, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que se ha sancionado una norma a la que el título de “ley de bosques”, en el mejor de los casos le queda grande.

El proceso se inició con la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en donde trabajaron más de 30 organizaciones sociales, académicas y del campo de la producción. Miles de cordobeses hicieron su aporte en talleres que se realizaron a lo largo y lo ancho del territorio provincial.

Esta etapa participativa insumió más de un año y medio y luego se trasladó la discusión al seno de la comisión de asuntos ecológicos de la Legislatura, donde todos los bloques más los representantes de la COTBN, durante siete meses de trabajo, arribò a consensos fundamentales para hacer de la ley de bosques la mejor ley posible.

Desde primer momento el objetivo fue construir un proyecto de ley que efectivamente pudiera proteger y recuperar los bosques nativos y, al mismo tiempo, garantizar las posibilidades productivas de nuestra provincia, no solo en el presente, sino sustentable en el tiempo.

Parecía que la conciencia ciudadana y de la dirigencia política sobre la necesidad de garantizar un ambiente sustentable iba a tener mayor peso que la presión de un reducido sector que llegó a decir que se estaba por aprobar un proyecto “ambientalmente extremista y contra la producción y las fuentes de trabajo”, y también que de las propias diferencias internas del oficialismo. Lamentablemente no fue así, y pocos días antes de su tratamiento, se introdujeron modificaciones a las apuradas que la desvirtuaron totalmente, haciendo de la misma una norma que se ubica por debajo de las exigencias de la ley nacional y no servirá para proteger los pocos bosques nativos que quedan ni, mucho menos, para lograr el declamado objetivo de recuperar una parte de los perdidos.

La ley reduce a un área insignificante los bosques a proteger, dando la posibilidad de eliminar todo lo que no sea considerado “bosque maduro”; permite el “aprovechamiento sustentable” de áreas en las que la ley nacional exige que se mantengan inalteradas; posibilita el desmonte de las áreas de mayor valor de conservación a través de la minería o cuando se instalen equipos de riego artificial, elimina la protección de las pendientes, lo que seguramente implicará mayores niveles de desertificación e inundaciones y menores posibilidades de acumulación de agua en las fuentes de agua potable; reduce el área de bosque a proteger en las riberas de diques, ríos y arroyos; y elimina o reduce las instancias de participación social en el control de la aplicación de la ley.

Los legisladores que defendieron la norma tal como fue sancionada, se esmeraron en explicar que es la mejor ley posible por tener los votos de la mayoría, lo que no pudieron explicar es cómo a través de esta ley se cumplirá el objetivo de proteger los bosques existentes y recuperar parte del bosque nativo perdido. No pueden ni podrán explicarlo, porque sencillamente será imposible con esta normativa que mas temprano que tarde será tachada de inconstitucional.

Más que desanimarnos, esta situación debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra práctica ciudadana, sobre el valor de lo público, sobre la democracia y animarnos a la participación activa, única herramienta con la que colectivamente podremos hacer frente a las enormes presiones sectoriales.

Estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. Cada día que pasamos sin revertir la situación, es irrecuperable, y hasta algunos especulan con cuál será el límite de la vida humana sobre el planeta si se continúa en este camino.

jueves, 5 de agosto de 2010

Intervención en el debate sobre ley de bosques

Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social...

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.


Sr. Birri.- Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social; pero debo adelantar que me he sentido particularmente representado por las expresiones de algunos legisladores y, por citar solamente a uno, por las expresiones de la legisladora Rivero, con lo cual muchas de las palabras que iban a formar parte de mi discurso, a partir de ello huelgan, para beneficio de ustedes. Eso significa que voy a acortar sustancialmente mi exposición y a agregar simplemente dos o tres conceptos que me parecen trascendentes.

El primero de ellos es celebrar que, después de dos años de un proceso de intenso trabajo social y político -en ese orden- resulta una buena noticia el que hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba trate este proyecto que, en la simplificación, los cordobeses han dado en llamar la “ley de bosques”. Ojalá que al final del debate, en la reflexión previa a la votación que ocurre cada vez que se trata un proyecto de esta envergadura, se termine alumbrando una buena “ley de bosques”.

algunos me dirán que ya sé lo que se va a votar. Pero también me digo que como la esperanza es lo último que se pierde (aplausos), no dejo de esperar, en algún rincón de mi compromiso con el medioambiente y la ecología, esta buena noticia de que en la Legislatura de la Provincia de Córdoba se trata este proyecto trascendente, y el mismo termine convirtiéndose en una buena ley.

Por otro lado, aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a ésta y a las generaciones venideras un proyecto para que el futuro también sea sustentable.

Quiero reconocer en la persona de la doctora Alicia Barchuk (aplausos) a más de 30 organizaciones y a decenas de miles de cordobeses que alguna vez participaron en algún taller, como lo hice yo en mi ciudad, Río Cuarto, que -quizás no casualmente- era presidido por un integrante de una entidad que representa al sujeto social del campo, con quien me siento representado, que es la Federación Agraria Argentina.

También quiero reconocer a esos cientos o miles de jóvenes cordobeses que apostaron a un futuro mejor, muchos de los cuales, a las doce de la noche, todavía le están poniendo “el pecho” al frío allá afuera (aplausos), para ser severos custodios de que el tema que insumió un año y medio de trabajo no sea distorsionado en una sesión legislativa.

Quiero valorar también –porque he dicho que voy a rescatar actos de estricta justicia- el aporte que ha propuesto con su incorporación la legisladora Chiofalo y aunque de la misma manera que lo valoro, debo decir que este proyecto, así como está presentado, no tiene remedio.

Quiero expresar mi profunda satisfacción, y en esto involucro a todos, por este proceso de democracia participativa que ha vivido la Provincia de Córdoba.

Señor presidente, soy de aquellos que está absolutamente convencido de que con la democracia representativa no alcanza. Si la democracia representativa solamente significa, nada más y nada menos, votar cada cuatro años, es insuficiente. Si nuestra democracia no se fortalece con la participación ciudadana y popular, seguramente va a languidecer.

También es cierto –y lo quiero destacar porque tiene que ver con el compromiso de una fuerza política- que me tomé el trabajo de fijarme en nuestras propuestas electorales del año 2007.

Para mi beneplácito, señor presidente, ya en aquella oportunidad el Frente Cívico y Social, antes incluso de la sanción de la ley nacional, propiciaba una Ley de Bosques para la Provincia de Córdoba.

Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Solo haré hincapié en algunos números que dan cuenta de por qué, aquellos que planteamos que en Córdoba y en el país hay una emergencia forestal, pretendíamos alumbrar esa ley que se presentó hace una semana.

Desde el año 2004 a la fecha 1.200.000 hectáreas se han deforestado en el país. Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional en 1914; en 1987 esa cobertura era solamente del 14 por ciento.

Hice referencia al año 1914 porque casi todos saben cuál es mi procedencia política: el Partido Socialista Argentino. Y fue justamente en 1914 que una de las máximas expresiones políticas partidarias de este centenario partido argentino, como fue Alfredo Palacios, decía: “Hay que conservar los bosques existentes; y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la Ley de Bosques”. Esto decía Palacios hace 96 años.

Y continuaba diciendo: “La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación las facultades del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.

En el quinquenio 2002-2006 el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto al 1998-2002, conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin incluir Misiones y los bosques de Caldenes en La Pampa, este desmonte creció el 42 por ciento.
Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, a la que lamentablemente Córdoba contribuyó en grado sumo, que mide el porcentual de pérdida anual respecto a la superficie remanente, estamos seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación.

Dice la fundamentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia de Córdoba, los bosques nativos originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie.
Hoy los bosques solamente ocupan el 3.6, 594.000 hectáreas. Por eso hablamos de emergencia forestal.

Estos datos, y otros de los que dieron cuenta las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, revelan lo que nosotros ya constatamos en nuestra Provincia. Basta ir al norte y al noroeste de Córdoba para ver que se han barrido campos enteros.

Este debate tiene muchas similitudes con el que hubo en ocasión de la Ley Bonasso. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, como en ese entonces, el debate es jurídico, ambiental y económico porque estamos hablando de desarrollo sostenible.

Como corresponde en un acto de responsabilidad legislativa, me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del debate de la Ley Bonasso.

La verdad es que también me sentí identificado con muchos legisladores, en este caso nacionales. Por ejemplo, el legislador Giustiniani decía que había un tema fundamental en este debate, y lo comparto. Decía: “se habla mucho de neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero en la práctica se vuelve siempre a él; esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada.” Decía también que “al derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente, sino además en la manifestación concreta.” Señor presidente, queridos legisladores, ¿saben cuánto pagaron hace algunos años capitales porteños o algunos capitales del sur de la Provincia, de mi sur verde y de llanura, por esos campos del norte o del noroeste donde hoy se siembra soja con una gran rentabilidad por el valor dólar de ese grano? ¡Pagaron monedas, cuatro pesos pagaron! (Aplausos).
¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos esas cuestiones que hoy son trascendentes y no sólo demos el discurso de estar en contra del neoliberalismo que tanto daño hizo en la nefasta época de los ’90, mientras los grandes grupos económicos concentrados se seguían y se siguen quedando con la mayor tajada de la torta de Córdoba y de la República Argentina.

Estos son los asuntos trascendentes que tenemos que discutir. Estamos ante una ley que debe regular en forma correcta porque el mercado discrimina. El mercado indiscriminado sin regulación nos ha demostrado y nos va a seguir demostrando que lleva a catástrofes económicas, sociales y ambientales. (Aplausos).

Seguía diciendo este senador de la Nación: “La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del ’60, que echaron a andar, como adelantados, el reclamo por un mundo vivible. Hoy ya estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de Derecho Ambiental estamos hablando de algo muy serio, por eso es fundamental la regulación, para que cada uno no pueda hacer cualquier cosa en el lugar donde habita.” (Aplausos).

Quiero volver al concepto de derecho de propiedad porque la regulación no es ningún invento que se esté discutiendo en una ley ambiental; por ejemplo, si una persona tiene un terreno en una ciudad no puede hacer un edificio de cuarenta pisos porque quiera; y si quiere hacerlo y el municipio no lo deja no le puede pedir que le dé el dinero que podría haber ganado por haber construido ese edificio. No puede hacerlo en cualquier lado. (Aplausos). Está claro, y esto es fundamental, que nadie puede instalar una fábrica en cualquier parte. Es cierto, estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Señor presidente: creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. La eliminación del bosque reduce en gran medida la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación en los procesos erosivos, esto ya se ha dicho y hay que volver a repetirlo.

La razón fundamental de la necesidad de aprobar un buen proyecto sobre la conservación del bosque nativo es que la explotación de dichos bosques se ha desarrollado –y se sigue desarrollando- a pesar de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene una herramienta como es la Ley de Prohibición de Desmonte sin observar, lamentablemente, los presupuestos mínimos de desarrollo sustentable.

Con este criterio, y con muchos otros que por honor a la brevedad, a la hora y al reconocimiento de las virtudes de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no reiteraré, es que asumí el desafío de afrontar el análisis de este proyecto. A pesar de mi optimismo inicial, creo que la ley que propone el bipartidismo legislativo no es buena.
Escuché atentamente al legislador Sella –a quien aprecio- y en verdad se esmeró; ahora, discurso raro si los hay porque hubo …

Sr. Presidente (Busso).- Disculpe legislador, le solicitan una interrupción.


Sr. Birri.- Señor presidente, ya termino.


Sr. Presidente (Busso).- Continúe en el uso de la palabra.


Sr. Birri.- Decía, discurso raro si lo hay, porque si tuviera que suscribirlo lo haría, como también al de la legisladora Rivero. Pero hay una distancia tan grande entre el discurso y la acción, entre el diagnóstico que ofreció el legislador Sella que –repito- se esmeró para hacerlo, con lo que va a votar que, en verdad, como ciudadano formado en Derecho –y acá hay varios por eso me permito hacer esa alusión jurídica- se me viene a la cabeza cuando los abogados debemos fundar un recurso y atacamos los defectos de la resolución que estamos infundando judicialmente, decimos que viola el principio de congruencia, y éste quiere decir precisamente eso: la incoherencia entre el discurso y la acción. Cuando un juez desarrolla todo un fundamento que parece que va a terminar en una resolución determinada, y la resolución es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que escribió antes. Eso es lo que le pasó a Sella. (Aplausos). Sella, lo digo a través suyo, señor presidente, aparte él sabe la consideración que tengo sobre su persona, sabe perfectamente que ha violado el principio de congruencia.

Tampoco coincido, lamento decirle porque le tengo estima, con quien ha sido largamente halagado en este recinto; no es que no coincida con lo que hizo antes -él sabe que coincido- sino que no coincido con lo que dijo ahora. Me refiero, por supuesto, al miembro informante. No coincidí en dos oportunidades: primero, porque no me gustó -y se lo voy a decir como corresponde, a través suyo señor presidente- cuando en no menos de dos o tres oportunidades -o al menos así lo entendí yo- solapadamente, con ese particular estilo que tiene él en sus dichos, casi acusó a ocho legisladores que firmaron el proyecto que dice debió firmar él. Es cierto que debió firmarlo él, lo que no es cierto es que esos ocho legisladores hayamos arrebatado ese proyecto. En todo caso, lo que hicieron esos ocho legisladores antes de firmarlo, fue pedirle, invitar al legislador Falo a que nos acompañara, y él no lo quiso hacer. (Aplausos).

Tampoco coincido con su final cuando afirma que esta era la única ley posible. No es así, no sólo porque es una ley que, como aquí bien se ha dicho, está claramente por debajo de los presupuestos mínimos de la “Ley Bonasso”, sino porque, lamentablemente, es un final que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad. (Aplausos).

También porque, como lo han explicado y me lo han hecho entender, y porque en este tema sufro la misma “capitis diminutio” que plantea o que sufre -pero la sufrimos con altura- la legisladora Olivero cuando dice “la pucha. si este es un tema complejo”. A mí me costó muchísimo entenderlo y me sigue costando. La verdad es que me siento un irrespetuoso hablando de este tema cuando hay tantos que lo conocen, que tienen autoridad moral e intelectual, y muchos de ellos están acá presentes pero no tienen un micrófono. Ellos me hicieron entender que, lamentablemente, esta ley incluso es más permisiva que la Ley 9219, que prohíbe los desmontes desde hace cinco años. (Aplausos).

No sólo por todas esas cosas no es la única ley posible, sino también porque creo que marca un pésimo antecedente.

Creo que no hubo un solo legislador de los que intervinieron que no destacara la participación ciudadana y popular, pero estamos dando un pésimo ejemplo porque durante un año y medio la participación ciudadana y la popular transpiró la camiseta para alumbrar una buena ley, y el proyecto que termina alumbrándose esta noche vacía de contenido esa participación. (Aplausos).

¿Cómo hacemos para recrear la confianza de la sociedad civil cuando la sociedad política –aunque no me gusta el término-, cuando la dirigencia política la vuelva a convocar para participar?
No solamente por todo eso estoy convencido de que esta ley no es la ley posible, sino que estoy absolutamente convencido –y a las pruebas me remito- de que este proyecto de ley está por debajo de los presupuestos mínimos y todo lo que he tratado de fundamentar, y además –esto es lo más grave- por debajo de los consensos que hasta hace una semana se habían logrado en la Legislatura. (Aplausos).

¿Sabe cuál es la pregunta que no me puedo contestar? ¿Sabe cuál es el interrogante que acá nadie develó?, ¿qué fue lo que pasó en esta semana?, ¿qué fue lo que hizo que tanto Unión por Córdoba como la Unión Cívica Radical y otros legisladores que de absoluta buena fe y de buena voluntad -legisladores como los de mi bloque que participaron activamente en un trabajo colectivo de concertación, de participación y de consensos- llegaron a un punto alto hasta el día anterior, cuando un grupo de legisladores decidimos presentar este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la cola para que se desandara ese camino, para que se retrocediera varios pasos en el casillero y esta propuesta legislativa no alcance ni siquiera a verificar esos niveles de consenso que se habían obtenido una semana atrás?

Señores legisladores, este proyecto de ley que va a alumbrar esta Legislatura, si es que la reflexión no nos marca un derrotero mejor, es menos, es mucho menos que la ley posible.

Por eso, y con el absoluto respeto que me merecen aquellos que lo van a acompañar de buena fe, de buena voluntad, reitero que –y en definitiva termino como empiezo- es bueno que tratemos la ley, es un buen acontecimiento legislativo el de hoy y, como decía mi amigo Osvaldo Wehbe, “Hoy ya es mañana”, porque son las 0.30 de un nuevo día. Hace dos días que estamos debatiendo esta ley. Esto es mucho para nuestro uso y buenas costumbres, y poco o nada para el año y medio que trabajaron decenas de miles de cordobeses e instituciones prestigiosas de nuestra Provincia.(Aplausos).

Pero tengo una tranquilidad de conciencia enorme al saber que la ley que firmé la semana pasada es la mejor. Creo que con ella habíamos logrado una síntesis casi perfecta. Al ser yo un persistente ejercitador del consenso, sé que el mismo es difícil de lograr en su totalidad.

Considero haber votado la síntesis casi perfecta del trabajo que con ahínco, dedicación e inteligencia, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos llevó adelante durante un año y medio; a ese proceso de elaboración participativa y popular se le sumaron más de seis meses de consenso legislativo. Deseo sumarme a estos actos de estricta justicia y reconocimiento y así como reproché algunas cosas, es justo decir que fue magníficamente ejercida la dirección de la Comisión de Asuntos Ecológicos por el legislador Falo.

Habíamos encontrado la síntesis perfecta pero, lamentablemente, alguien “metió la cola”; esa iniciativa que era la adecuada y que hablaba de una ley posible se había materializado en un proyecto que quedará en los anales legislativos, es el número 6652, y que mediante este acto ratifico con mi voto.

Muchas gracias. (Aplausos).

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
29º REUNIÓN
26º SESIÓN ORDINARIA
4 de agosto de 2010
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA