Quiero solicitar la reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas del expediente 5008, a partir de los siguientes fundamentos: seguramente, el mes de enero próximo pasado va a ser recordado por los cordobeses como uno de los más impiadosos de los últimos tiempos como consecuencia de la feroz crisis energética que asoló a los pobladores de la Provincia de Córdoba..., con consecuencias que son de público conocimiento en términos de afectación de calidad de vida de la gente, fundamentalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, de afectación al sector productivo de la Provincia, y con las gravosas consecuencias económicas que nos animábamos a presagiar, en aquel entonces, que iban a venir para el erario público.
Como consecuencia de eso, el Gobernador remitió a este Poder Legislativo el Decreto 44, del año 2010, por el que, entre otras cosas, instruía a EPEC a efectuar todas las reclamaciones legales correspondientes contra Transener, incluida la de demandar judicialmente a la misma por daños y perjuicios.
El presidente de EPEC, envalentonado por el decreto del Ejecutivo, durante una reunión que se realizó en la Sala Regino Maders los primeros días del mes de febrero, cuando la crisis todavía continuaba –en rigor de verdad, la crisis continúa porque sigue habiendo cortes en distintos lugares de la geografía provincial-, dijo textualmente: “Estimamos que los 8 millones de multa que le van a poner a Transener -en realidad que tiene que pagar Transener por los días que no hubo provisión de energía- no alcanzan, por eso he dicho, más allá de que alcancen o no, que creo que Transener, además de hacerse responsable de esto, tiene que pagar los daños y perjuicios que esta situación nos ha provocado”. A continuación, decía: “le vamos a presentar una demanda a Transener, y la intención, más allá del resultado de la misma es que esto nos sirva para resarcir los daños que nosotros, como distribuidora, hemos tenido”.
Ergo, ¿qué decía Bonetto? –que a esta altura del partido tendría que haber renunciado. Primero: “no tenemos la culpa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros”. Segundo: “con los 8 millones de multa que automáticamente –no hace falta ni una carta documento- Transener le tiene que pagar a la Provincia vamos a resarcir a la totalidad de los usuarios. Pero, como eso no es suficiente, le vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios a Transener”.
El proyecto que planteamos en febrero no abarca el primer tema, porque a esta altura del partido no hay duda de que la crisis se debe a la ineficacia del Gobierno, a través de EPEC, por desinversión, por falta de planificación y por una pésima administración que tuvo con Bonetto a la cabeza, con lo cual sobre ese tema ya no hay ninguna duda y no vamos a volver. Simplemente cabe saber dónde está la responsabilidad política del presidente de EPEC, porque en todos los lugares del mundo, menos en la Provincia de Córdoba, parece ser que los que hacen desastres, los que fracasan en sus políticas, algún costo pagan.
Sobre los otros dos temas, son a los que apunta el pedido de informes, porque debiéramos conocer los usuarios y las familias de la Provincia de Córdoba qué es lo que pasó. Primero, saber si Transener pagó la multa que tenía que pagar, si la Provincia inició el juicio que había prometido el Gobernador y fundamentalmente Bonetto, y tomar conocimiento de esto. Si aún no se inició, a pesar del decreto gubernamental, me parece que estamos ante una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, si se decidió no iniciarlo porque jurídicamente se valoró que no corresponde, de nuevo estaríamos ante una tamaña irresponsabilidad por parte de quienes, marketineramente, quisieron salir de cualquier manera del enorme costo que generó la crisis energética.
Por último, también nos interesa saber cuál es la incidencia que ha generado en el erario público la crisis energética del verano pasado. Digo esto para saber si, tal cual lo prometió Bonetto, alcanzan o no los 8 millones de pesos que le iba a cobrar de multa a Transener para pagar los reclamos que hicieran los usuarios. Adelanto que me parece que no le van a alcanzar, porque un solo usuario industrial del interior de la Provincia ya le ha reclamado 5 millones de pesos, y son miles los usuarios que reclaman.
En consecuencia, como no queremos conjeturar, nos pareció atinado, prudente y conveniente que rápidamente EPEC conteste este pedido de informes.
Muchas gracias.

Intervención en el recinto: Pedido de Informes sobre obra de Epec en Arroyo Cabral

Sr. Birri.- Señor presidente: a principios de 2006, los usuarios de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba advirtieron un incremento en sus facturas; muchos de nosotros, en calidad de legisladores, fuimos receptores de sus reclamos, de los que tiempo después también se hicieron eco los medios de comunicación de la Provincia de Córdoba...

Así, en septiembre de 2008, un medio gráfico, bajo el título “EPEC cobra desde 2006 por una obra que no existe”, expresaba que, luego de haber transcurrido el plazo de dos años y nueve meses, dicho costo fijo para obra pública se seguía cobrando en la factura de todos los cordobeses y que en el predio donde debería estar construyéndose la estación transformadora lo único que existía de la EPEC era un cartel con su nombre y un pastizal de por lo menos dos metros de altura.
Luego de esta preocupación planteada por los usuarios y la toma de estado público por los medios de comunicación, hay que comenzar diciendo que se trata de una muy buena obra. Al decir del doctor Álvaro Allende, gerente de Energía Eléctrica del ERSeP -y lo digo textualmente- “es una obra de gran magnitud que se va a incorporar al sistema interconectado nacional, al SADI, una estación transformadora que va a ser el tercer punto de conexión que va a tener la Provincia de Córdoba con ese sistema; es una estación de 300 megavolt ampere”. Además dijo, en una visita que los gerentes del ERSeP y de la EPEC hicieron a esta Legislatura, cuando participaron de un par de comisiones, cerca de noviembre de 2008, que es una obra que está compuesta por tres módulos principales: el primero es el transformador en sí mismo; después vienen los equipos accesorios, seccionadores y transformadores de medición, y el último módulo es el de la obra civil y demás materiales para la construcción de las playas y todas las cuestiones anexas que permitirán instalar todo esto. Concluía, entonces, que se trataba de una obra de magnitud y de mucha importancia para el sistema eléctrico provincial y nacional.
A partir de allí, y con la certeza de que estamos ante una obra de importancia, a poco de recoger la cronología de los acontecimientos se empiezan a advertir puntos decididamente oscuros que motivaron, entre otras cosas, la presentación del informe del que da cuenta el expediente en tratamiento el día de la fecha.
La génesis de la obra Arroyo Cabral, según documentos a los que tuvimos acceso, data de fines del año 2005 cuando, por Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación 1374, se incluye como obra a financiar por CAMMESA -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima- e incluye una serie de descripciones técnicas que quizás excedan el ámbito de tratamiento específicamente legislativo, vinculadas al sistema de transporte en extra alta tensión mediante el seccionamiento de la línea de 500 Kw que une las estaciones Rosario Oeste y Almafuerte, de acuerdo con el convenio suscripto entre la Secretaría de Energía de la Nación y el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El tema -para ir puntualizando- se plantea en tres aspectos específicos: primero, en el costo de la obra; segundo, en la redeterminación de los precios, y, tercero, en quién lo paga y cuánto paga finalmente.
Para que vayamos teniendo una idea aproximada, al inicio la obra -acontecimiento acaecido en enero de 2006- estaba presupuestada en 67.857.859 pesos, discriminados de la siguiente manera: hasta 25 millones, aportaba CAMMESA -aporte reintegrable, porque la Provincia o EPEC lo deben restituir-, y el saldo, de aproximadamente 49 millones, se aportaba a través de un cargo fijo y transitorio. Voy a leer la parte pertinente de la Resolución General Nº 3 del ERSeP, que en sus considerandos manifestaba: “Que la EPEC a través de la Resolución 71.759 estableció un cargo fijo transitorio que permitirá establecer nuevos ingresos mensuales en la facturación, con el cual se cubrirá una parte del costo que demandará la Construcción de la Estación Transformadora Arroyo Cabral”. Decía: “durante dos años mediante el mencionado Cargo Fijo Transitorio”; se debía cubrir la suma de 49 millones de pesos, y su financiación comenzará a partir de enero de 2006. Aquí aparece la primera contradicción, porque EPEC habla de 49 millones y el ENRE, en la resolución del año 2006 hablaba de 42 millones. Está claro que estos 42 ó 49 millones, por dos años, era el monto que debían pagar los cordobeses, es decir, todos nosotros, aquél que es titular de un medidor en función del cual paga las facturas pertinentes.
Pero esto duró muy poco, porque el monto establecido para el inicio de la obra comenzó rápidamente a sufrir ajustes. Ya en noviembre de 2006 –en poco menos de un año– el Ente Nacional Regulador de la Electricidad establece: “A petición de EPEC y en función de los considerandos de esta empresa de Córdoba –que expresa que a la fecha han ocurrido importantes variaciones en los costos de la obra, lo que ha determinado la necesidad de ajustar dicho valor–, se fija como nuevo precio la suma de 90.900.000 pesos, más IVA”.
Como primer escalón, en menos de un año el costo de la obra pasó de 67.000.000 a 90.000.000 de pesos. Poco más de dos años y medio después, en ocasión de la visita a esta Legislatura de los gerentes de la EPEC y del ERSeP –a que recién hicimos referencia–, el doctor Allende informa que la obra, a esa fecha –noviembre de 2008–, tenía un presupuesto de 161.363.849 pesos; es decir, en algo más de dos años y medio sufrió un incremento cercano al 200 por ciento, cifra que después es ratificada en la respuesta al pedido de informes elevado por el bloque de Frente Cívico y Social al ERSeP.
Además, quiero agregar –por supuesto, a título de impresión personal– que tampoco sabemos si éste será el monto definitivo, ya que, teniendo en cuenta cómo viene dada la redeterminación de precios, es muy probable que al final de la obra –prevista, en principio, para junio de 2010– este monto vuelva a incrementarse.
De tal manera, en dos años y medio nos damos con un 200 por ciento de aumento por mayores costos o por redeterminación de precios; entonces, señor presidente, ¿cuál es el criterio, el parámetro o la fórmula polinómica que se ha utilizado para que, desde enero de 2006 a noviembre de 2008, algo que a los cordobeses les costaba 60.000.000 de pesos pase a costarles 160.000.000 de pesos? ¿Podrá ser el aumento de los insumos? En esa cuantía, me parece que no. ¿El costo salarial? En esa época, creo que tampoco. ¿Acaso, la variación de la moneda estadounidense? Tampoco, porque durante ese tiempo se mantuvo en aproximadamente 3,10 pesos.
En verdad, haciendo memoria, para poder justificar un incremento promedio del orden del 70 por ciento anual lo único que recuerdo que se disparó en esa época fue el precio del oro, que aumentó enormemente y la gente corría para ir a invertir en ese metal, pero no creo que ése haya sido el parámetro o el rubro que se haya adoptado para semejante redeterminación de precios.
La pregunta que casi automáticamente surge, a partir de la intervención de la Legislatura de la Provincia, es si hubo un adecuado control por parte del órgano de aplicación, ante la presentación de estos mayores costos por parte de las empresas de proveedores. Está claro, señor presidente, que, a la luz de esta descripción y de esta cronología, tenemos que decir categóricamente que no. Es tal el volumen del incremento soportado por la Provincia que, desde el punto de vista jurídico, casi hace caer este contrato en el marco de la teoría de la imprevisión, que dice que cuando la prestación a cargo de una de las partes se tornare excesivamente onerosa, por distintos acontecimientos, la parte perjudicada -en este caso la Provincia- podría demandar la resolución del contrato.
La primera cuestión, señor presidente, es que estamos en presencia, por un lado, de un incremento irracional y abusivo de los costos, y, por el otro, de la omisión, negligencia o impericia en el ejercicio de las facultades de control, poniendo a los funcionarios que tenían que hacerlo al límite de la figura de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público.
La segunda cuestión, en función del esquema planteado al inicio de este desarrollo, es quién paga los platos rotos de este aumento irracional de los costos y la falta de control. Creo que ya lo han adivinado, como casi siempre será el pueblo de la Provincia de Córdoba, porque cuando se decide imponer el cargo fijo transitorio –cuestionable, por cierto, desde su propio inicio-, en definitiva, se supone, al menos en la teoría del Derecho Administrativo, que el contribuyente ya está pagando impuestos -que supuestamente debe devolverse, entre otras cosas, en obras-, o sea que en este caso ya está virtualmente sometido a una doble tributación.
En ese primer momento se aseguró que era por dos años, desde enero de 2006 hasta enero de 2008, hasta cubrir los 49 o los 42 -según como se hayan sacado las cuentas-, o quizás 37 millones porque, en definitiva, se resolvió que 12 millones iban a ser cubiertos por el Fondo de Infraestructura Eléctrica de la Provincia, con lo cual lo que tenía que pagar el pueblo de la Provincia, los contribuyentes, todos nosotros, durante dos años eran 37 millones, desde enero de 2006 hasta enero 2008.
Sin embargo, y por disposición de EPEC, posteriormente ese plazo fue extendido por dos años más, esto es, hasta enero de 2010, pero como no les pareció suficiente la voracidad recaudatoria, y ya se anticipaba que la obra no iba a concluir, se dictó luego una resolución ampliándolo, no ya con un término sino, como decimos los que tenemos formación jurídica, sine die, por siempre, hasta que la obra termine algún día.
¿Saben, colegas legisladores, cuánto recauda EPEC por mes, aproximadamente, según el informe dado por el doctor Alvaro Allende? Recauda 2.370.000 pesos. ¿Saben cuánto se ha cobrado, a partir de esta cuantía, aproximadamente hasta el día de hoy? Ha percibido 101.910.000 pesos. ¿Saben cuánto se habrá pagado, a junio de 2010, si es que para esa fecha la obra efectivamente concluye? Serán125.300.000 pesos. ¿Saben cuánto terminarán pagando los cordobeses? En verdad, no lo sabemos porque no sabemos cuándo va a terminar la obra. Pero sí estoy en condiciones de decir que la obra civil, que es el módulo tercero de este proyecto, aún no ha comenzado.
En fin, y como conclusión: obra cara, carísima, aumento irracional en la redeterminación de los precios, pésimo control del órgano de aplicación y, finalmente, el golpe impiadoso en el bolsillo de los cordobeses. Otra vez, señor presidente y colegas legisladores, parece repetirse la misma película: una muy buena obra en manos inapropiadas.
Gracias, señor presidente.


Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: después de la humorada del legislador del oficialismo, debo decir que ha sido una “animé” la reflexión sobre la importancia que tiene esta obra, y no sólo lo ha expresado el bloque oficialista sino también la oposición, ya que hay absoluta unanimidad al respecto.
También está claro que hay cuestiones importantes que tienen que ver con algunos aspectos de la obra, concretamente, cuánto se ha recaudado hasta la fecha con el fondo transitorio, qué destino se le ha dado; si a esta fecha aún se mantiene el presupuesto, cuyo último dato ya lleva varios meses; si se ha modificado el plazo de financiación de la obra. Recuerdo, ahora, estos pocos rubros, pero quizás haya algunos más también de importancia.
Esto amerita, señor presidente, que este pedido de informes, en lugar de ser archivado –como propone el bloque del oficialismo–, quizás fuera pertinente que vuelva a la comisión presidida por el legislador Scarlatto, para que esa comisión solicite una ampliación del informe, de manera que cuando tratemos nuevamente el tema tengamos una información absolutamente actualizada, veraz y prácticamente en tiempo real.
Concretamente, propongo la vuelta a comisión a esos efectos.


Sr. Presidente (Fortuna).- El legislador Birri está haciendo una moción de orden, motivo por el cual solicito a los señores legisladores que ocupen sus bancas para su votación.
En consideración la moción de orden, formulada por el legislador Birri, en el sentido que el proyecto en tratamiento vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.