Intervención en el debate sobre ley de bosques

Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social...

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Birri.


Sr. Birri.- Señor presidente: ustedes saben que a mí me gusta desarrollar mis ideas, expresar mi punto de vista, incluso con la extensión que resulte necesaria, sobre todo si se trata de proyectos de ley que tienen una clara implicancia ambiental, económica y social; pero debo adelantar que me he sentido particularmente representado por las expresiones de algunos legisladores y, por citar solamente a uno, por las expresiones de la legisladora Rivero, con lo cual muchas de las palabras que iban a formar parte de mi discurso, a partir de ello huelgan, para beneficio de ustedes. Eso significa que voy a acortar sustancialmente mi exposición y a agregar simplemente dos o tres conceptos que me parecen trascendentes.

El primero de ellos es celebrar que, después de dos años de un proceso de intenso trabajo social y político -en ese orden- resulta una buena noticia el que hoy la Legislatura de la Provincia de Córdoba trate este proyecto que, en la simplificación, los cordobeses han dado en llamar la “ley de bosques”. Ojalá que al final del debate, en la reflexión previa a la votación que ocurre cada vez que se trata un proyecto de esta envergadura, se termine alumbrando una buena “ley de bosques”.

algunos me dirán que ya sé lo que se va a votar. Pero también me digo que como la esperanza es lo último que se pierde (aplausos), no dejo de esperar, en algún rincón de mi compromiso con el medioambiente y la ecología, esta buena noticia de que en la Legislatura de la Provincia de Córdoba se trata este proyecto trascendente, y el mismo termine convirtiéndose en una buena ley.

Por otro lado, aunque suene redundante porque a este reconocimiento ya lo ha realizado más de uno, es un acto de estricta justicia destacar el aporte de esa treintena de instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba que, luego de un trabajo de un año y medio, les están ofreciendo a ésta y a las generaciones venideras un proyecto para que el futuro también sea sustentable.

Quiero reconocer en la persona de la doctora Alicia Barchuk (aplausos) a más de 30 organizaciones y a decenas de miles de cordobeses que alguna vez participaron en algún taller, como lo hice yo en mi ciudad, Río Cuarto, que -quizás no casualmente- era presidido por un integrante de una entidad que representa al sujeto social del campo, con quien me siento representado, que es la Federación Agraria Argentina.

También quiero reconocer a esos cientos o miles de jóvenes cordobeses que apostaron a un futuro mejor, muchos de los cuales, a las doce de la noche, todavía le están poniendo “el pecho” al frío allá afuera (aplausos), para ser severos custodios de que el tema que insumió un año y medio de trabajo no sea distorsionado en una sesión legislativa.

Quiero valorar también –porque he dicho que voy a rescatar actos de estricta justicia- el aporte que ha propuesto con su incorporación la legisladora Chiofalo y aunque de la misma manera que lo valoro, debo decir que este proyecto, así como está presentado, no tiene remedio.

Quiero expresar mi profunda satisfacción, y en esto involucro a todos, por este proceso de democracia participativa que ha vivido la Provincia de Córdoba.

Señor presidente, soy de aquellos que está absolutamente convencido de que con la democracia representativa no alcanza. Si la democracia representativa solamente significa, nada más y nada menos, votar cada cuatro años, es insuficiente. Si nuestra democracia no se fortalece con la participación ciudadana y popular, seguramente va a languidecer.

También es cierto –y lo quiero destacar porque tiene que ver con el compromiso de una fuerza política- que me tomé el trabajo de fijarme en nuestras propuestas electorales del año 2007.

Para mi beneplácito, señor presidente, ya en aquella oportunidad el Frente Cívico y Social, antes incluso de la sanción de la ley nacional, propiciaba una Ley de Bosques para la Provincia de Córdoba.

Se han dado muchos datos que no voy a repetir. Solo haré hincapié en algunos números que dan cuenta de por qué, aquellos que planteamos que en Córdoba y en el país hay una emergencia forestal, pretendíamos alumbrar esa ley que se presentó hace una semana.

Desde el año 2004 a la fecha 1.200.000 hectáreas se han deforestado en el país. Según el Instituto Forestal Nacional, los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional en 1914; en 1987 esa cobertura era solamente del 14 por ciento.

Hice referencia al año 1914 porque casi todos saben cuál es mi procedencia política: el Partido Socialista Argentino. Y fue justamente en 1914 que una de las máximas expresiones políticas partidarias de este centenario partido argentino, como fue Alfredo Palacios, decía: “Hay que conservar los bosques existentes; y por eso sería peligroso autorizar a un organismo que no es técnico en la materia a destruir árboles entregando la tierra a la colonización. Lo que corresponde es dictar la Ley de Bosques”. Esto decía Palacios hace 96 años.

Y continuaba diciendo: “La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos”. Esto es lo que decía Palacios al discutirse en el Congreso de la Nación las facultades del Consejo Agrario Nacional de concertar con empresas o compañías la explotación temporal de los bosques.

En el quinquenio 2002-2006 el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto al 1998-2002, conforme a datos brindados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Sin incluir Misiones y los bosques de Caldenes en La Pampa, este desmonte creció el 42 por ciento.
Si medimos la tasa de deforestación de la Argentina, a la que lamentablemente Córdoba contribuyó en grado sumo, que mide el porcentual de pérdida anual respecto a la superficie remanente, estamos seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación.

Dice la fundamentación del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que de las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia de Córdoba, los bosques nativos originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie.
Hoy los bosques solamente ocupan el 3.6, 594.000 hectáreas. Por eso hablamos de emergencia forestal.

Estos datos, y otros de los que dieron cuenta las exposiciones de quienes me precedieron en el uso de la palabra, revelan lo que nosotros ya constatamos en nuestra Provincia. Basta ir al norte y al noroeste de Córdoba para ver que se han barrido campos enteros.

Este debate tiene muchas similitudes con el que hubo en ocasión de la Ley Bonasso. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, como en ese entonces, el debate es jurídico, ambiental y económico porque estamos hablando de desarrollo sostenible.

Como corresponde en un acto de responsabilidad legislativa, me tomé el trabajo de leer la versión taquigráfica del debate de la Ley Bonasso.

La verdad es que también me sentí identificado con muchos legisladores, en este caso nacionales. Por ejemplo, el legislador Giustiniani decía que había un tema fundamental en este debate, y lo comparto. Decía: “se habla mucho de neoliberalismo y contra el neoliberalismo, pero en la práctica se vuelve siempre a él; esto es, que el mercado actúa de manera indiscriminada.” Decía también que “al derecho de propiedad no sólo lo debemos discutir conceptualmente, sino además en la manifestación concreta.” Señor presidente, queridos legisladores, ¿saben cuánto pagaron hace algunos años capitales porteños o algunos capitales del sur de la Provincia, de mi sur verde y de llanura, por esos campos del norte o del noroeste donde hoy se siembra soja con una gran rentabilidad por el valor dólar de ese grano? ¡Pagaron monedas, cuatro pesos pagaron! (Aplausos).
¿Quién se apropia de esa renta? Discutamos esas cuestiones que hoy son trascendentes y no sólo demos el discurso de estar en contra del neoliberalismo que tanto daño hizo en la nefasta época de los ’90, mientras los grandes grupos económicos concentrados se seguían y se siguen quedando con la mayor tajada de la torta de Córdoba y de la República Argentina.

Estos son los asuntos trascendentes que tenemos que discutir. Estamos ante una ley que debe regular en forma correcta porque el mercado discrimina. El mercado indiscriminado sin regulación nos ha demostrado y nos va a seguir demostrando que lleva a catástrofes económicas, sociales y ambientales. (Aplausos).

Seguía diciendo este senador de la Nación: “La materia de la catástrofe ambiental está a la vista porque las Naciones Unidas y los más grandes y prestigiosos organismos científicos de todo el país han planteado el tema y éste ha sido asumido como política de Estado. No se trata de los planteos utópicos, soñadores y positivos de los ambientalistas de la década del ’60, que echaron a andar, como adelantados, el reclamo por un mundo vivible. Hoy ya estamos ante el peligro concreto de contaminar la aldea global; estamos poniendo en peligro la vida de las futuras generaciones. Cuando hablamos de Derecho Ambiental estamos hablando de algo muy serio, por eso es fundamental la regulación, para que cada uno no pueda hacer cualquier cosa en el lugar donde habita.” (Aplausos).

Quiero volver al concepto de derecho de propiedad porque la regulación no es ningún invento que se esté discutiendo en una ley ambiental; por ejemplo, si una persona tiene un terreno en una ciudad no puede hacer un edificio de cuarenta pisos porque quiera; y si quiere hacerlo y el municipio no lo deja no le puede pedir que le dé el dinero que podría haber ganado por haber construido ese edificio. No puede hacerlo en cualquier lado. (Aplausos). Está claro, y esto es fundamental, que nadie puede instalar una fábrica en cualquier parte. Es cierto, estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.

Señor presidente: creo que todos sabemos que los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. La eliminación del bosque reduce en gran medida la retención de agua de lluvia y aumenta la evaporación en los procesos erosivos, esto ya se ha dicho y hay que volver a repetirlo.

La razón fundamental de la necesidad de aprobar un buen proyecto sobre la conservación del bosque nativo es que la explotación de dichos bosques se ha desarrollado –y se sigue desarrollando- a pesar de que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tiene una herramienta como es la Ley de Prohibición de Desmonte sin observar, lamentablemente, los presupuestos mínimos de desarrollo sustentable.

Con este criterio, y con muchos otros que por honor a la brevedad, a la hora y al reconocimiento de las virtudes de quienes me han precedido en el uso de la palabra, no reiteraré, es que asumí el desafío de afrontar el análisis de este proyecto. A pesar de mi optimismo inicial, creo que la ley que propone el bipartidismo legislativo no es buena.
Escuché atentamente al legislador Sella –a quien aprecio- y en verdad se esmeró; ahora, discurso raro si los hay porque hubo …

Sr. Presidente (Busso).- Disculpe legislador, le solicitan una interrupción.


Sr. Birri.- Señor presidente, ya termino.


Sr. Presidente (Busso).- Continúe en el uso de la palabra.


Sr. Birri.- Decía, discurso raro si lo hay, porque si tuviera que suscribirlo lo haría, como también al de la legisladora Rivero. Pero hay una distancia tan grande entre el discurso y la acción, entre el diagnóstico que ofreció el legislador Sella que –repito- se esmeró para hacerlo, con lo que va a votar que, en verdad, como ciudadano formado en Derecho –y acá hay varios por eso me permito hacer esa alusión jurídica- se me viene a la cabeza cuando los abogados debemos fundar un recurso y atacamos los defectos de la resolución que estamos infundando judicialmente, decimos que viola el principio de congruencia, y éste quiere decir precisamente eso: la incoherencia entre el discurso y la acción. Cuando un juez desarrolla todo un fundamento que parece que va a terminar en una resolución determinada, y la resolución es totalmente distinta y no tiene nada que ver con lo que escribió antes. Eso es lo que le pasó a Sella. (Aplausos). Sella, lo digo a través suyo, señor presidente, aparte él sabe la consideración que tengo sobre su persona, sabe perfectamente que ha violado el principio de congruencia.

Tampoco coincido, lamento decirle porque le tengo estima, con quien ha sido largamente halagado en este recinto; no es que no coincida con lo que hizo antes -él sabe que coincido- sino que no coincido con lo que dijo ahora. Me refiero, por supuesto, al miembro informante. No coincidí en dos oportunidades: primero, porque no me gustó -y se lo voy a decir como corresponde, a través suyo señor presidente- cuando en no menos de dos o tres oportunidades -o al menos así lo entendí yo- solapadamente, con ese particular estilo que tiene él en sus dichos, casi acusó a ocho legisladores que firmaron el proyecto que dice debió firmar él. Es cierto que debió firmarlo él, lo que no es cierto es que esos ocho legisladores hayamos arrebatado ese proyecto. En todo caso, lo que hicieron esos ocho legisladores antes de firmarlo, fue pedirle, invitar al legislador Falo a que nos acompañara, y él no lo quiso hacer. (Aplausos).

Tampoco coincido con su final cuando afirma que esta era la única ley posible. No es así, no sólo porque es una ley que, como aquí bien se ha dicho, está claramente por debajo de los presupuestos mínimos de la “Ley Bonasso”, sino porque, lamentablemente, es un final que ninguno de los setenta legisladores desea: si se vota de la manera que el bipartidismo legislativo está planteando, seguramente va a ser tachada de inconstitucionalidad. (Aplausos).

También porque, como lo han explicado y me lo han hecho entender, y porque en este tema sufro la misma “capitis diminutio” que plantea o que sufre -pero la sufrimos con altura- la legisladora Olivero cuando dice “la pucha. si este es un tema complejo”. A mí me costó muchísimo entenderlo y me sigue costando. La verdad es que me siento un irrespetuoso hablando de este tema cuando hay tantos que lo conocen, que tienen autoridad moral e intelectual, y muchos de ellos están acá presentes pero no tienen un micrófono. Ellos me hicieron entender que, lamentablemente, esta ley incluso es más permisiva que la Ley 9219, que prohíbe los desmontes desde hace cinco años. (Aplausos).

No sólo por todas esas cosas no es la única ley posible, sino también porque creo que marca un pésimo antecedente.

Creo que no hubo un solo legislador de los que intervinieron que no destacara la participación ciudadana y popular, pero estamos dando un pésimo ejemplo porque durante un año y medio la participación ciudadana y la popular transpiró la camiseta para alumbrar una buena ley, y el proyecto que termina alumbrándose esta noche vacía de contenido esa participación. (Aplausos).

¿Cómo hacemos para recrear la confianza de la sociedad civil cuando la sociedad política –aunque no me gusta el término-, cuando la dirigencia política la vuelva a convocar para participar?
No solamente por todo eso estoy convencido de que esta ley no es la ley posible, sino que estoy absolutamente convencido –y a las pruebas me remito- de que este proyecto de ley está por debajo de los presupuestos mínimos y todo lo que he tratado de fundamentar, y además –esto es lo más grave- por debajo de los consensos que hasta hace una semana se habían logrado en la Legislatura. (Aplausos).

¿Sabe cuál es la pregunta que no me puedo contestar? ¿Sabe cuál es el interrogante que acá nadie develó?, ¿qué fue lo que pasó en esta semana?, ¿qué fue lo que hizo que tanto Unión por Córdoba como la Unión Cívica Radical y otros legisladores que de absoluta buena fe y de buena voluntad -legisladores como los de mi bloque que participaron activamente en un trabajo colectivo de concertación, de participación y de consensos- llegaron a un punto alto hasta el día anterior, cuando un grupo de legisladores decidimos presentar este proyecto? ¿Qué pasó? ¿Quién metió la cola para que se desandara ese camino, para que se retrocediera varios pasos en el casillero y esta propuesta legislativa no alcance ni siquiera a verificar esos niveles de consenso que se habían obtenido una semana atrás?

Señores legisladores, este proyecto de ley que va a alumbrar esta Legislatura, si es que la reflexión no nos marca un derrotero mejor, es menos, es mucho menos que la ley posible.

Por eso, y con el absoluto respeto que me merecen aquellos que lo van a acompañar de buena fe, de buena voluntad, reitero que –y en definitiva termino como empiezo- es bueno que tratemos la ley, es un buen acontecimiento legislativo el de hoy y, como decía mi amigo Osvaldo Wehbe, “Hoy ya es mañana”, porque son las 0.30 de un nuevo día. Hace dos días que estamos debatiendo esta ley. Esto es mucho para nuestro uso y buenas costumbres, y poco o nada para el año y medio que trabajaron decenas de miles de cordobeses e instituciones prestigiosas de nuestra Provincia.(Aplausos).

Pero tengo una tranquilidad de conciencia enorme al saber que la ley que firmé la semana pasada es la mejor. Creo que con ella habíamos logrado una síntesis casi perfecta. Al ser yo un persistente ejercitador del consenso, sé que el mismo es difícil de lograr en su totalidad.

Considero haber votado la síntesis casi perfecta del trabajo que con ahínco, dedicación e inteligencia, la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos llevó adelante durante un año y medio; a ese proceso de elaboración participativa y popular se le sumaron más de seis meses de consenso legislativo. Deseo sumarme a estos actos de estricta justicia y reconocimiento y así como reproché algunas cosas, es justo decir que fue magníficamente ejercida la dirección de la Comisión de Asuntos Ecológicos por el legislador Falo.

Habíamos encontrado la síntesis perfecta pero, lamentablemente, alguien “metió la cola”; esa iniciativa que era la adecuada y que hablaba de una ley posible se había materializado en un proyecto que quedará en los anales legislativos, es el número 6652, y que mediante este acto ratifico con mi voto.

Muchas gracias. (Aplausos).

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
29º REUNIÓN
26º SESIÓN ORDINARIA
4 de agosto de 2010
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Intervención en el recinto sobre Plan Federal de Viviendas

Señor presidente: todos los días se aprende algo nuevo en esta Legislatura. En estos dos años y medio que llevamos aprendí que se dictan leyes inconstitucionales, que la Legislatura resigna funciones, que delega facultades en beneficio del Poder Ejecutivo. Ahora, que la Legislatura dicte leyes por las dudas, o por picardía, colma mi capacidad de asombro y es decididamente insólito. Espero que los periodistas que aún permanecen estoicamente en este recinto sean contemplativos con nosotros y mañana no digan que la Legislatura –como propone el legislador Dante Heredia- dicta leyes por las dudas o porque somos más pícaros que los de la Nación...

Quiero agregar dos o tres datos que tienen que ver con algunas precisiones que pueden ayudar a entender mejor una posición. Cuando tuvimos en nuestras manos por primera vez esta iniciativa la vimos con buenos ojos, porque está claro que cualquier atisbo de cumplir con un derecho humano básico, como es el de tener una vivienda, uno lo mira de esa forma. Pero a poco de andar, viendo la desastrosa técnica legislativa que tiene este proyecto, se empezó a tornar naturalmente inviable. Por lo menos debería haber tenido dos normativas, una que se refiriera solamente a la adhesión al Programa de Reconversión, y otra que planteara la constitución del fideicomiso, y quizá podría haber sido distinto el análisis hecho por los bloques de la oposición.
También debo señalar que quedé abrumado, porque estuve sacando cuentas con los números que dio el legislador del oficialismo que nos antecedió en el uso de la palabra, y no fueron 19.500 sino que sumó como 30 ó 40 mil viviendas construidas bajo la gestión de su Gobierno. Entonces, me pregunto: ¿de qué se quejan los cordobeses? Son ingratos con un gobierno que, prácticamente, ha solucionado el tema del déficit habitacional, si se hubieran hecho la cantidad de viviendas a que se refiere el miembro informante del oficialismo. De ser así, los cordobeses no estarían reclamando hoy por este derecho humano básico como es el de la vivienda.
Después de escuchar al legislador Heredia, más que en la Provincia de Córdoba parece que estuviéramos en un cantón suizo, donde no se deben 14 millones de pesos, ni se está endeudado “hasta la cabeza” y por futuras generaciones, ni se debe entre 6 ó 7 meses o un año a los proveedores del Estado.
Originalmente, Córdoba tenía asignadas 16 mil unidades en toda la Provincia, hoy sólo contemplan resolver -en el marco absoluto de las hipótesis y en el mejor de los casos- la mitad, es decir, 8 mil. Nadie mencionó la propuesta para el resto. Además, el fideicomiso se constituyó con activos que suman 643 millones para realizar 8 mil unidades de baja calidad constructiva, porque una vivienda de 65 metros hoy cuesta alrededor de 120 mil pesos cada una, quiere decir que aún así el total afectado en fideicomiso no alcanzaría.
Tampoco se dice ni se ha manifestado que del Plan Federal I restan construir más de 2.000 unidades; no ha habido una sola explicación sobre este tema; sin embargo se plantea otro plan cuando el anterior no fue culminado.
El costo histórico de una vivienda del Plan Federal I era de aproximadamente 55.000 pesos, si uno toma las 2.000 unidades que no se construyeron, que no se ejecutaron, hay 110.000.000 de pesos de fondos enviados oportunamente pero que no fueron canalizados en la construcción de viviendas, y nadie dio una explicación sobre eso. Sí se dijo –aunque nunca lo escuché al Gobernador Schiaretti hacer ese reclamo– que es al revés, que la Nación le está debiendo 130.000.000 de pesos a la Provincia de Córdoba. Entonces, si fuese cierto, por qué nunca escuché al Gobernador –que ha hecho un eje de su gestión quejarse, tirarse al piso permanentemente por las asignaturas pendientes que tendría la Nación con la Provincia, donde ha reclamado siempre por la deuda con la Caja de Jubilaciones y por el PAF– hablar de esos 130.000.000 de pesos que la Nación le estaría debiendo a la Provincia.
En síntesis, señor presidente, la pérdida de credibilidad de un Gobierno que cotiza en baja como este es total. Está claro que es muy difícil que la Nación le crea y le vuelva a mandar recursos y que ningún partido de la oposición va a volver a firmarle un “cheque en blanco”, porque no hubo prácticamente una sola vivienda construida durante el Gobierno del contador Schiaretti, que ya va por su tercer año.
Hay planes de viviendas en los municipios que se las arreglan para resolver el déficit de sus vecinos cumpliendo una función que este Gobierno no cumple -porque no tiene una política habitacional y vende terrenos que son propios a bajos costos-, generando iniciativas solidarias, lo mismo que hacen las organizaciones no gubernamentales que se las ingenian para dar respuesta a personas de bajos recursos.
Está claro que un modelo que en tres años no ha hecho una sola vivienda no las va a hacer tampoco en los años que le quedan.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: al sólo efecto de que el legislador Heredia no se vaya de la sesión sin enterarse por qué en Santa Fe se votó favorablemente la propuesta de reconversión, les informo que Santa Fe cumplió con el Plan Federal I y no se quedó con 110 millones de pesos que en Córdoba todavía no se sabe por dónde andan. Segundo, cuando el Gobernador Hermes Binner mandó la normativa al Poder Legislativo, no hizo un mamarracho como se hizo acá; tercero, en la Provincia de Santa Fe el oficialismo parlamentario no trata de llevar a los empujones a la oposición como ocurre en Córdoba. Por eso, en Santa Fe se votó unánimemente un proyecto parecido al que hoy estamos tratando.

Intervención del Legislador Birri al tratarse la creación de nuevo Juzgado en Río Cuarto

No hay dudas de que se trata de una excelente noticia para la comunidad judicial de la Segunda Circunscripción con asiento en Río Cuarto, y seguramente también lo será para la Primera Circunscripción con asiento en Córdoba...

En lo que a nuestra circunscripción se refiere, esto resuelve un viejo anhelo, una vieja reivindicación, no de la comunidad judicial sino de todas las ciudades y pueblos cuyos trabajadores dependen, fundamentalmente, del único juzgado de conciliación que hay en los tribunales de Río Cuarto.
A quien les habla, en el período 1995-1997, le tocó presidir el Colegio de Abogados de Río Cuarto, cuando ésta era una de las principales gestiones que se llevaba a cabo. Tarde, pero la solución llegó; es una respuesta concreta a las más de 250 mil personas que están en el radio de competencia de este nuevo juzgado, que va a brindar una importante contribución para resolver la enorme saturación de causas que invaden al actual juzgado de conciliación.
Como se ha dicho, no se trata de una demora común sino que afecta a los reclamos de los trabajadores cuyo crédito tiene carácter alimentario, por lo que se hace doblemente grave la demora en la resolución de esas causas.
Por esos argumentos, y por todo lo que se ha expresado, reitero mi satisfacción y la de mi bloque respecto a la creación de estos nuevos juzgados en el ámbito del fuero del Trabajo.

Intervención en el recinto: Suspensión de ejecución de inmuebles de Clubes Deportivos y Entidades sin fines de lucro

Señor presidente: he pedido la palabra para expresar naturalmente la adhesión -por supuesto va de suyo con la coautoría- a este proyecto. La verdad es que aquellos a quienes en alguna oportunidad nos ha tocado estar muy cerca de alguna institución, fundamentalmente deportiva -como el caso de quien les habla en clubes de mi ciudad... tenemos absolutamente en claro cuàl es el rol que cumplen en la sociedad de Córdoba, de todo el país y de gran parte del mundo los clubes, las instituciones como asociaciones civiles sin fines de lucro, no solamente en lo deportivo sino también en lo social y en lo cultural, y basta con recorrer la geografía provincial para ver cómo, incluso en aquellas pequeñísimas comunas que existen en la geografía de Córdoba, siempre hay un club o un grupo de vecinos del lugar que se asocian en torno de una institución que, a veces, ni siquiera tiene personería jurídica pero que hace las veces de contenedora de las expectativas de los hábitos de la cultura popular.
Las dificultades económicas que tienen que ver con las profundas transformaciones sociales y tecnológicas que ha tenido nuestro país en los últimos 20 ó 25 años, han obligado a los clubes a tener que reconvertirse y competir de distintas maneras, llevándolos a un proceso de transición que, en muchos casos, aún no ha podido ser superado. A través de una norma legislativa intentamos precisamente ir acompañando esta transición y los procesos de transformación en que están sumidas nuestras instituciones para poder afrontar su rol en el marco de esta nueva situación
En razón de lo antes enunciado, vemos que está absolutamente justificada esta iniciativa, que cuenta con la coautoría de los 70 legisladores de esta Unicameral.

Intervención en el recinto: venta de inmuebles provinciales para construir comisarías

Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza, provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.

Quiero solicitar la reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas del expediente 5008, a partir de los siguientes fundamentos: seguramente, el mes de enero próximo pasado va a ser recordado por los cordobeses como uno de los más impiadosos de los últimos tiempos como consecuencia de la feroz crisis energética que asoló a los pobladores de la Provincia de Córdoba..., con consecuencias que son de público conocimiento en términos de afectación de calidad de vida de la gente, fundamentalmente de los sectores más vulnerables de la sociedad, de afectación al sector productivo de la Provincia, y con las gravosas consecuencias económicas que nos animábamos a presagiar, en aquel entonces, que iban a venir para el erario público.
Como consecuencia de eso, el Gobernador remitió a este Poder Legislativo el Decreto 44, del año 2010, por el que, entre otras cosas, instruía a EPEC a efectuar todas las reclamaciones legales correspondientes contra Transener, incluida la de demandar judicialmente a la misma por daños y perjuicios.
El presidente de EPEC, envalentonado por el decreto del Ejecutivo, durante una reunión que se realizó en la Sala Regino Maders los primeros días del mes de febrero, cuando la crisis todavía continuaba –en rigor de verdad, la crisis continúa porque sigue habiendo cortes en distintos lugares de la geografía provincial-, dijo textualmente: “Estimamos que los 8 millones de multa que le van a poner a Transener -en realidad que tiene que pagar Transener por los días que no hubo provisión de energía- no alcanzan, por eso he dicho, más allá de que alcancen o no, que creo que Transener, además de hacerse responsable de esto, tiene que pagar los daños y perjuicios que esta situación nos ha provocado”. A continuación, decía: “le vamos a presentar una demanda a Transener, y la intención, más allá del resultado de la misma es que esto nos sirva para resarcir los daños que nosotros, como distribuidora, hemos tenido”.
Ergo, ¿qué decía Bonetto? –que a esta altura del partido tendría que haber renunciado. Primero: “no tenemos la culpa, la culpa la tiene cualquiera menos nosotros”. Segundo: “con los 8 millones de multa que automáticamente –no hace falta ni una carta documento- Transener le tiene que pagar a la Provincia vamos a resarcir a la totalidad de los usuarios. Pero, como eso no es suficiente, le vamos a hacer un juicio por daños y perjuicios a Transener”.
El proyecto que planteamos en febrero no abarca el primer tema, porque a esta altura del partido no hay duda de que la crisis se debe a la ineficacia del Gobierno, a través de EPEC, por desinversión, por falta de planificación y por una pésima administración que tuvo con Bonetto a la cabeza, con lo cual sobre ese tema ya no hay ninguna duda y no vamos a volver. Simplemente cabe saber dónde está la responsabilidad política del presidente de EPEC, porque en todos los lugares del mundo, menos en la Provincia de Córdoba, parece ser que los que hacen desastres, los que fracasan en sus políticas, algún costo pagan.
Sobre los otros dos temas, son a los que apunta el pedido de informes, porque debiéramos conocer los usuarios y las familias de la Provincia de Córdoba qué es lo que pasó. Primero, saber si Transener pagó la multa que tenía que pagar, si la Provincia inició el juicio que había prometido el Gobernador y fundamentalmente Bonetto, y tomar conocimiento de esto. Si aún no se inició, a pesar del decreto gubernamental, me parece que estamos ante una suerte de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, si se decidió no iniciarlo porque jurídicamente se valoró que no corresponde, de nuevo estaríamos ante una tamaña irresponsabilidad por parte de quienes, marketineramente, quisieron salir de cualquier manera del enorme costo que generó la crisis energética.
Por último, también nos interesa saber cuál es la incidencia que ha generado en el erario público la crisis energética del verano pasado. Digo esto para saber si, tal cual lo prometió Bonetto, alcanzan o no los 8 millones de pesos que le iba a cobrar de multa a Transener para pagar los reclamos que hicieran los usuarios. Adelanto que me parece que no le van a alcanzar, porque un solo usuario industrial del interior de la Provincia ya le ha reclamado 5 millones de pesos, y son miles los usuarios que reclaman.
En consecuencia, como no queremos conjeturar, nos pareció atinado, prudente y conveniente que rápidamente EPEC conteste este pedido de informes.
Muchas gracias.

Intervención en el recinto: Pedido de Juicio Político al Ministro de Salud

Sr. Birri.- Señor presidente: en el día de la fecha, antes de las 9 y 30, que es el horario acordado para que los proyectos con pedido de tratamiento sobre tablas sean receptados como tales, el bloque del Frente Cívico presentó un pedido de informes requiriendo la presencia del Ministro de Salud Pública en el ámbito de esta Legislatura...

Es cierto que no pudo ser anunciado, como es de costumbre, en la reunión previa de la Comisión de Labor Parlamentaria porque ésta comenzó en un horario en el que nuestro bloque todavía no se había reunido, quedando en una suerte de zona gris, por lo que le voy a pedir una autorización particular para este caso y que en un breve término, que no exceda lo que puede ser el de un pedido de reconsideración, podamos explicar los motivos de urgencia en el tratamiento del tema. ¿Me otorga la autorización?

Sr. Presidente (Campana).- Si, señor legislador.

Sr. Birri.- Señor presidente, una breve mirada retrospectiva nos lleva al inicio de la sesión inaugural de esta Legislatura, cuando el señor Gobernador de la Provincia, en un anuncio que este bloque recibió auspiciosamente, nos decía que las tareas realizadas en el área de la Salud han sido muchas y muy importantes, tanto que podemos hablar de una revolución en silencio de la salud pública de nuestra Córdoba.
La verdad, señor presidente, que nuestra reflexión nos indica que, a poco de haber ocurrido este acontecimiento, la realidad nos muestra que más que una revolución en el campo de la Salud, a lo que estamos asistiendo es a una suerte de verdadera pesadilla.
El fallecimiento de dos turistas en Carlos Paz y de un vecino de la localidad de Capilla del Monte son –a nuestro juicio– la punta del iceberg por donde aflora una muestra patente de la gravísima situación sanitaria por la que atraviesa la Provincia de Córdoba, y el producto de uno de estos acontecimientos fue tapa de los diarios nacionales, principal espacio en las pantallas de televisión, quedando Córdoba como un reflejo de lo que no debe ocurrir en ningún lado en materia de salud pública.
En cualquier lugar del mundo, señor presidente, ante esta situación un Ministro de Salud lo que hace es salir a explicar la situación y hacerse cargo de sus responsabilidades, menos en Córdoba, y menos para González, porque el Ministro de Salud, en realidad, lo que hizo fue marcar responsabilidades, desde que los culpables de esta situación absolutamente infortunada fueron los médicos a cargo de las terapias de los hospitales hasta que la culpa la tenían los familiares de las víctimas, pasando por una grilla de, por ejemplo, falta de colaboración de los trabajadores de la salud, reclamos gremiales en los distintos hospitales –en el Neonatal, en el Tránsito, en el Misericordia. O sea, cualquiera menos él.
En realidad, ese “cualquiera menos él” se extiende también -y ha sido motivo de requerimiento por nuestra parte- al lujo que se da al rehuir a dar explicaciones ante los requerimientos de esta Legislatura, que hace prácticamente un mes que está pidiendo su presencia.
En realidad, la pregunta es si se podía esperar otra cosa de un ministro que está más preocupado por su candidatura a gobernador que por resolver los problemas que tiene la gente en materia de salud pública. La verdad es que la reflexión es que Dios nos libre si este hombre llega a conducir los destinos de la Provincia como lo está haciendo con los destinos de la salud pública.
Hoy la situación es de extrema gravedad. La lista es larga, ejemplos: el servicio del 136 está prácticamente desmantelado; carencia de insumos básicos por falta de pago a los proveedores; falta de recursos humanos en los hospitales, sanciones y traslados arbitrarios, pago en negro a los trabajadores de los equipos de salud que hoy son el único sostén de los servicios sanitarios, y que ni siquiera son recibidos por los directores de los hospitales, eso es moneda corriente, y algunos hospitales que debieran ser un verdadero lujo, como materia de trabajo de excelencia, más que hospitales parecen hospicios del siglo XIX.
Señor presidente: es imperioso un cambio sustancial de 180 grados en la política de salud provincial. Lamentablemente, las muertes y el desamparo de nuestros ciudadanos no pueden seguirse, siendo el precio a pagar por la falta de respuesta de la máxima autoridad de salud de la Provincia.
Concluyo informando que, por estos motivos y por otros que serán expresados por escrito, más de un bloque legislativo pedirá que se active el mecanismo previsto en el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba para que el señor Oscar González, Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, sea sometido a juicio político, a fin de que sea destituido por mal desempeño de sus funciones.
Muchas gracias.

Intervención en el recinto al tratarse la designación de miembros del Consejo Provincial de Prevención de Adicciones

Sr. Birri.- Señor presidente: quiero expresar la adhesión y el aval de este bloque a la presente iniciativa, tomando en cuenta que coincidimos plenamente con el relato cronológico efectuado por el presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones...

y, además, porque resulta destacable la metodología del trabajo de selección que se realizó, que fue difícil porque afortunadamente hubo muchos postulantes y porque los legisladores nos involucramos con esta problemática, como también lo hizo la sociedad civil en su conjunto, ya que se interesó en participar en este Consejo Provincial de Prevención de la Drogadicción.

Por estas razones, quiero manifestar –en línea con lo expresado por el miembro informante– que, de resultar este mecanismo abierto de selección, los profesionales que integran este Consejo –al menos hasta la aprobación que seguramente tendrá por parte de esta Legislatura– gozan de antecedentes personales, profesionales y académicos irreprochables.
Por último, en carácter de recomendación –dirigida fundamentalmente al bloque del oficialismo– quiero decir que la Comisión de Prevención de Adicciones y de Deportes, con sus aciertos y sus errores, como toda otra comisión -lo digo desde la propia experiencia porque he participado hasta el 31 de diciembre-, ha tenido el mérito de trabajar sobre la base del ejercicio del consenso y la pluralidad, casi sin tener en cuenta la camiseta político partidaria que cada legislador llevó al seno de esa comisión, y que sería particularmente bueno que la Comisión de Labor Parlamentaria que integro respete, en realidad más que respetar avale, esta metodología de trabajo que –reitero- hizo del consenso y de la pluralidad democrática casi un hábito en su funcionamiento. Lo digo porque esto va a tener que ver en la designación de los tres integrantes de la Legislatura; sería bueno y un sano ejercicio que esos tres integrantes conformen el Consejo expresen la pluralidad política que existe en el ámbito de la Legislatura.
En ese contexto, me permito hacer esa recomendación que, en este caso, tengo la íntima convicción que no va a caer en saco roto.
Gracias, señor presidente.

Intervención en el recinto al tratarse la creación del Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura Municipal y Comunal.

Señor presidente: en primer lugar, nos parece –para poner las cosas en el orden que corresponde- que debieran considerarse normas que tengan que ver con la mayoría que van a necesitar los impulsores del proyecto para que éste se apruebe y posteriormente se sancione...

En ese sentido, adelanto el pedido formal para que, cuando se pase a votación, la misma se haga en forma nominal para saber a ciencia cierta si esta presentación que estoy formulando no es aceptada por el bloque del oficialismo, para que quede absolutamente claro quiénes son los legisladores que en ese acto van a estar violando la Constitución en forma flagrante.
Pido autorización para leer expresamente el artículo104, inciso 33) de la Constitución de la Provincia de Córdoba que dice: “Corresponde a la Legislatura Provincial: Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, a contraer empréstitos.”
Sé que cuando el legislador Heredia haga uso de la palabra va a traer a consideración el Fondo Patriótico. Cuando la Unión Cívica Radical gobernó esta Provincia –hace más de quince años–, cuando la Legislatura tenía dos Cámaras, una de ellas trató el Fondo Patriótico, y parece ser que, en lugar de aprobarse como correspondía, con los dos tercios, se aprobó por simple mayoría y en una sola lectura. Si es así, el legislador, en lugar de abrevar en experiencias que expresan buenos ejemplos, abreva en aquellos que no lo fueron.
Por otra parte, el artículo 106 de la Constitución establece: “La declaración de reforma de esta Constitución, la ley de presupuesto, el código tributario, las leyes impositivas, y las que versen sobre empréstitos, se aprueban en doble lectura en la forma en que lo establezca el Reglamento”.
Este párrafo es ratificado por el Reglamento de la Legislatura, por lo que sigo pidiéndole autorización, señor presidente, para leer el artículo 117 -con lo cual se cierra este marco jurídico que nos interesa introducir en la discusión-, que establece: “Se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley: 1) La ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución; 2) Ley de presupuesto; 3) Código tributario; 4) Leyes impositivas; y 5) Leyes que versen sobre empréstitos.”
O sea, en este caso, el proyecto motivo de tratamiento requiere de la doble lectura para su aprobación.
Probablemente, el legislador Brügge haga –en el convencimiento que tengo de que incluso expresaría lo que no siente– una interpretación distinta, pero absolutamente clara.
En síntesis, señor presidente, no se necesita ser un jurista experto para concluir, sin que haya la mínima posibilidad de dudas, que se necesitan dos tercios de los miembros presentes para lograr la aprobación de este proyecto, y que su tratamiento se debe dar en doble lectura.
La verdad es que si se pretendiera invocar una norma de categoría inferior para contrariar esta clara disposición de la Constitución de la Provincia de Córdoba, nuestra Carta Magna, vale recordar un principio elemental del Derecho que dice: “Las normas jurídicas del vértice superior desplazan a una norma inferior cuando entran en colisión”. Está claro que si se hiciera lo contrario sería nulo de nulidad absoluta lo que aquí se aprobara hoy.
Aclarada como creo que está esta cuestión, hay un segundo tema que nos interesa abordar, vinculado con lo que es una práctica común, una práctica distorsionante, viciosa, que afecta la calidad institucional de esta Legislatura, que tiene que ver con la delegación de facultades de un Poder a otro.
Seguramente algunos integrantes de esta Legislatura dirán: “Otra vez con este tema”. Y sí, haremos hincapié una y mil veces cuando se lesiona la integridad de este Poder de la República delegando facultades en otro.
La verdad es que con la conformación definitiva de la ley y la integración del proyecto 3936 me ocurre lo mismo que al legislador Pozzi, prácticamente nos estamos anoticiando ahora. Por otra parte, no me queda del todo claro qué es lo que se ha receptado del proyecto 3936 en el texto definitivo que pueda llegar a modificar en forma significativa el 4414, pero está claro que de la cantidad de artículos que tiene el proyecto en discusión, prácticamente la mitad son delegaciones de facultades, particularmente los cuatro últimos –no voy a leerlos para no aburrirlos–, que son burdas repeticiones de otros articulados, que de tanto en tanto vienen como moneda corriente en proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, está claro que esto está estrictamente prohibido por el texto de la Constitución, cuyo artículo 13, bajo el título “Indelegabilidad de funciones”, establece: “Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo en los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia”. Por su parte, el siguiente artículo –más que por convicción, lo cito al menos por precaución– establece responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas a los funcionarios que no cumplieren con la Constitución.
Hecha esta introducción, quiero hacer otras valoraciones para expresar que este tema no se agota simplemente en un análisis jurídico –que, en honor a la brevedad, se basta a sí mismo– sino que también hay consideraciones políticas, económicas e instrumentales que nos mueven a votar en determinado sentido, como creo debe haberlo hecho la Unión Cívica Radical, en función de las expresiones que escuché.
Analizamos responsablemente el proyecto motivo de tratamiento; leímos su texto, su contenido –a pesar de que estamos un poco atrasados a raíz de la incorporación del proyecto del legislador Graglia–; asistimos ayer, con particular interés, para escuchar la exposición del Ministro Caserio, y recibimos a los intendentes del Frente Cívico y Social, que vinieron a trasladarnos sus puntos de vista y análisis sobre la creación de este Fondo de Infraestructura, y la conclusión. En tal sentido, quiero adelantar –para que no piensen que ocultamos alguna información– que estos intendentes se han expresado favorablemente a la existencia de este fondo. No obstante, está claro que una cosa son sus responsabilidades, competencias e incumbencias, y otras muy distintas las que tenemos los legisladores.
La conclusión a la que arribamos, señor presidente –la verdad sea dicha–, es que este proyecto no reúne las condiciones mínimas de seriedad como para que podamos verlo con “buenos ojos”; objetivamente, este proyecto es “invotable” –si bien este término no figura en el diccionario, tengo muy en claro que es gráfico para definir esta situación que, a nuestro juicio, torna a este proyecto absolutamente insustentable e inviable-, por algunos motivos que a continuación paso a explicar.
En primer lugar, objetivamente no advertimos la necesidad práctica –aunque quizás sí política– para que la Provincia disponga de un instrumento, cuando en realidad ya cuenta con la herramienta necesaria para lograr idéntico objetivo. Hace un tiempo, tal vez un par de años –en verdad, no lo tengo presente–, se sancionó con fuerza de ley la número 9489, que el legislador Heredia trajo ayer a consideración. En realidad, es una ley “todo terreno” -voy a hacer una breve referencia sobre ella porque ya se expresó el legislador Pozzi-, mediante la cual se autoriza a realizar operaciones de crédito por una suma de hasta 500 millones de dólares y, entre otras cosas, para el logro de fines tales como “el emprendimiento de obras de infraestructura pública”; casi lo mismo que establece el artículo 2º del proyecto en tratamiento que dice: “para financiar obras públicas de infraestructura”. Tal vez –como manifestaron ayer en la comisión- nos digan que aquel era para la Provincia y éste es para los municipios, como si los municipios fueran una cosa desagregada de la unidad territorial provincial, o como si la Provincia no pudiera hacer obras de infraestructura en un municipio, que, de hecho, algunas hizo.
Fíjense que es tan idéntico que no solamente se expresa en uno de los sentidos sino hasta en la redacción, que es exactamente la misma, simplemente han cortado y pegado.
Téngame un poco de paciencia, señor presidente, pero voy a leer el artículo 1º de la Ley 9489, que dice: “Autorícese al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de 500 millones de dólares, o su equivalente en pesos u otra moneda, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamos (sindicados o no) con entidades locales, del exterior o la emisión de títulos de deuda a ser colocados en el mercado local o internacional y a percibir anticipos a cuenta de dicha operatoria”.
El artículo 5º del proyecto en tratamiento dice: “Autorícese al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta la suma de 70 millones dólares –es la única diferencia con el anterior- o su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamos (sindicados o no)” –también entre paréntesis- “con entidades locales o del exterior o de emisión de títulos de deuda a ser colocados en el mercado local e internacional y a percibir anticipos a cuenta de dicha operatoria”; hasta los puntos y comas son exactamente iguales.
El artículo 4º, mediante el que se crea el Fondo de Infraestructura, dice: “Estará integrado por los recursos destinados a emprendimientos y obras de infraestructura pública, obtenidos a través de la disposiciones de la presente ley, el que contará con una cuenta única para su seguimiento”.
Los artículos 9, 10, 11 -perdón, son tan iguales que me confundo, en realidad me refiero a los artículos 6, 7, 8, 9 y 10- son exactamente iguales, con puntos y comas, a los números 9, 10, 11, 12 y 13 del proyecto que estamos tratando; ni siquiera se han molestado en cambiarles las comas.
Además, esa autorización que dimos hace un tiempo ha sido ejecutada solamente en parte, queda una gran parte de esos 500 millones de dólares disponible para ejecutar.
En conclusión, respecto a este tema concretamente, la herramienta que piden ya está, el instrumento que solicitan hoy ya existe, y la verdad es que se pretende hacer dos veces lo mismo. Si tuviera que graficarlo diría: para qué hacer una iglesia al lado de la otra; para qué hacer un puente y después construir otro al lado; para qué voy a venir dos veces de mi casa a la Legislatura. Cualquiera diría que no es lógico, pero acá sí.
Hay dos proyectos que tienen el mismo sentido, y la verdad es que uno no sabe por qué se somete a este desgaste a la Legislatura de la Provincia.
Ahora bien, aunque estos argumentos ya sobran para rechazar esta iniciativa, supongamos que la miramos con buenos ojos. Despejemos estos nubarrones y hagamos de cuenta que es totalmente constitucional, que no se necesitan dos tercios, que va con una sola lectura, que esa autorización para comprar deuda por 500 millones de dólares es una ilusión óptica o un mal recuerdo de Birri, y nos pongamos a considerar este proyecto. No es menos importante la tarea que nos incumbe; tenemos la misión, nada más y nada menos, de autorizar una operación de crédito público de una suma significativa que, con el aumento del dólar, está cerca de los 300 millones de pesos y, si se aprueba, estará garantizada con la coparticipación federal. Son tres temas “gordos”, si los hay.
Por lo tanto, uno necesariamente toma algunas prevenciones y considera que si debe tratar este tema y debe aprobarlo, debe conocer las condiciones.
Sin embargo, ayer me quedé tranquilo. Antes de iniciar la presentación del informe del ministro, el legislador presidente de una de las comisiones, al introducir el tema, dijo: “el ministro va a dejar absolutamente claro todo”. Era un buen comienzo.
Entonces, le preguntamos al ministro algunas cuestiones elementales. Nos vamos a endeudar, entonces, le preguntamos quién va a ser la persona física o jurídica que nos va a otorgar el crédito del cual la Provincia va a ser tomadora. Respuesta de Caserio: “no sé”. Dijimos: “Pero, ministro, para poder hacer un trabajo serio y responsable, queremos conocer la tasa, porque si algún día se toma este crédito, no es lo mismo que sea al 2, al 4 ó al 20 por ciento”. Respuesta de Caserio: “no sé la tasa”. Acotamos: “Bueno, queremos conocer el plazo, particularmente nosotros, los legisladores de la oposición, que vamos a tener responsabilidades de gobierno dentro de dos años; si el plazo será de uno, dos o treinta años”. Respuesta de Caserio: “no sé”.
Con respecto a la autorización al Ministerio de Economía de la Nación, preguntamos: “¿está solicitada y otorgada?” Respuesta de Caserio: “todavía no”.
Otra pregunta: “¿por qué un crédito por 70 millones de dólares y no uno de 50, 30 ó de 500, como el año pasado?” El ministro tampoco sabía la respuesta.
También le preguntamos el porqué de 30 millones para Córdoba Capital y 40 para el resto del interior de la Provincia. Adivinen qué dijo el ministro: “no sé”.
No sabía. Si yo hubiera sido Caserio, habría dicho…

Sr. Presidente (Busso).- Disculpe la interrupción, señor legislador.
El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Birri.- Sí.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.

Sr. Alesandri.- Muchas gracias, legislador Birri.
He pedido la interrupción al solo efecto de decir que no creo que la importancia de esto radique en el problema numérico sino en una posición centrada. En este sentido, ayudar a la Municipalidad de Córdoba, después de tanto desgobierno del partido al que pertenece el legislador Birri, creo que es positivo en el juego de la democracia.
Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Busso).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Le agradezco al legislador por sus palabras, no esperaba otro acto de bonhomía de su parte.
Continúo: no estoy diciendo que no se le dé la posibilidad de acceder a los recursos de un crédito blando ya sea a la Municipalidad de Córdoba, a la de Río Cuarto –que es la mía- o a la de Huinca Renancó, la que sea; me parece que lo que estamos discutiendo es otra cosa.
En definitiva, el Ministro Caserio tampoco sabía por qué se le asignarían 30 millones de dólares a la Municipalidad de Córdoba; podría haber dicho que era por el volumen poblacional, que es de alrededor del 40 por ciento, pero ni eso se le ocurrió para esgrimir como fundamento.
En conclusión, ¿para qué vino Caserio? ¿Lo estuvimos esperando dos años y dos meses para esto, ya que no tenía prácticamente nada para aportar ante los interrogantes? Por otra parte, estamos hablando de preguntas realizadas con responsabilidad, ya que el interés era genuino con el fin de votar responsablemente esta ley. En verdad, esperarlo durante tanto tiempo para que hiciera este triste papel, capaz que no haya valido la pena.
Tenemos el íntimo convencimiento de que no hay nada, que esto es sólo un papel, que esto así presentado es un invento, castillos en el aire o nubes de humo, y si hay –y creo que esto es lo peor-, estamos ante ocultamiento de datos. Si se tiene información y se conoce de dónde van a salir los recursos y esa situación no se puso en conocimiento de esta Legislatura, que es la que tiene autorizar el endeudamiento, la irresponsabilidad sería más grande aún.
Hay otros elementos que nos mueven a no aprobar este proyecto y voy a mencionar dos o tres para no aburrirlos, porque está claro en qué lugar de análisis nos paramos con relación a esta normativa.
Por ejemplo, en el tercer párrafo se expresa que el espíritu de la ley apunta, entre otros objetivos, al logro de soluciones de infraestructura para los municipios y comunas y dice: “…en especial de aquellos que por sus dimensiones carecen de capacidad técnica y financiera para emprender tales obras”. Entonces, queda claro, a partir de las disposiciones del texto de la ley, que aquellos municipios y comunas que no cuenten con la suficiente capacidad de endeudamiento no podrán acceder a estos recursos; esto es casi una paradoja, ya que los que más lo necesitan no quedarían incluidos.
En el quinto párrafo, por ejemplo, debe aludirse a la intención del Gobierno provincial de realizar este esfuerzo y dice: “A los fines de poner en un pie de igualdad a aquellas comunidades pequeñas que necesitan obras para su población y que de otra manera no las podrían alcanzar”. Entonces, queda de manifiesto que aquellos municipios y comunas más vulnerables por su escala reducida o por su situación económica-financiera quedarán excluidos del beneficio del proyecto.
Cuento con más elementos para desvirtuar la pretendida conveniencia de votar favorablemente este proyecto, pero concluyo preguntándome por qué y cuál es el sentido de enviar al Poder Legislativo para su discusión un proyecto de estas características. En la búsqueda de explicaciones, me parece que puede haber dos razones: que este Gobierno atribulado, con pérdida de iniciativa, la quiera recuperar a cualquier costo y justificar uno de los anuncios que, en una hora de intervención, hizo el señor Gobernador en aquella sesión inaugural del 1° de febrero, a pesar de no tener sustancia y que jurídicamente sea impresentable. La otra razón –y no sé con cuál quedarme- es que haya un profundo desprecio por este Poder al enviar semejante cosa, que es inconstitucional y con instrumentos que ya existen. Ojalá no sea ninguna de las dos porque a cada cual peor.
Señor presidente: en función de estos horrores jurídicos y de una instrumentación innecesaria, creemos que aprobar esta iniciativa sería otro enorme paso atrás de la Legislatura, por lo que este bloque va a proponer el contundente rechazo al proyecto en tratamiento.

Intervención en el recinto: Homenaje a Guillermo Estévez Boero

Esto es el principio de mi entrada.

Sr. Birri.- Señor presidente: hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Guillermo Estévez Boero, por lo que agradezco la posibilidad de realizar, en este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, un breve pero seguramente sentido homenaje a quien los socialistas –especialmente los que abrazamos estas ideas en los años de juventud– consideramos un verdadero maestro y amigo.
Nació en Rosario, en 1930, y estudió Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde fue discípulo del conocido jurista español Don Luis Jiménez de Azua, presidente –en el exilio– de la República Española, a quien siempre consideró como su maestro y quien alentó su temprana sensibilidad social y la inquietud por la cuestión nacional, concepto que buscaría sintetizar a lo largo de su vida, a través del socialismo.
La gigantesca tarea de reconstruir la presencia socialista en Argentina tuvo en Estévez Boero una referencia fundamental; fue, ante todo, el constructor de un partido que enlazó las ideas del socialismo con la Nación, defendiendo permanentemente las bases democráticas en nuestra constitucionalidad.
Desde muy joven, imbuido de la idea que al futuro no hay que esperarlo sino construirlo, abrazó el compromiso de trabajar por alcanzar formas superadoras de convivencia, en las que su pueblo sea reconocido como principal riqueza de la Nación. Encabezó distintas iniciativas y fue gestor, con la doctora Alicia Moreau de Justo, de la conformación definitiva del Partido Socialista de Argentina. En 1987, fue electo legislador nacional, hecho que significó la vuelta del socialismo al Congreso de la Nación, tras largos años de ausencia, luego del fallecimiento de Alfredo Palacios en 1975. Antes de eso, su incondicional lucha en defensa de la democracia y junto a comprometidas figuras de otros partidos durante los largos años de la dictadura, lo llevaron a que fuera invitado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que presidiera Carlos Santiago Nino.
Luego, su profunda y extensa labor legislativa abarcó proyectos trascendentes como la creación del Consejo Económico, Social y Político, la Ley de Medicamentos, la creación de los Comités de Condiciones y Medioambiente de Trabajo, la investigación biomédica, la rehabilitación integral para discapacitados, el régimen legal para las burguesías nacionales, la Ley de Juventud, la Ley Federal de Pesca, la reglamentación de los derechos constitucionales de los pueblos originarios, la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, entre otros.
Como demócrata, Estévez Boero fue también un impulsor permanente de la reforma constitucional; entre 1973 y 1985 elaboró proyectos para su reforma integral, en los que estuvo muy presente el pensamiento constitucional de Arturo Sampay, sobre todo en lo relativo a los avances de la protección social; en 1994, fue electo convencional constituyente por Santa Fe, coronando una trayectoria reformista de la Constitución, a la que supo hacer honor presentando proyectos vinculados a la atenuación del sistema presidencialista, la participación, la descentralización del poder político y la incorporación de derechos fundamentales.
Junto a la idea de democracia, la de defensa de la solidaridad latinoamericana también ocupó un sitial importante en su pensamiento, lo que fue públicamente reconocido por los gobiernos de Perú y Chile que lo condecoraron.
Su amigo, el presidente Tabaré Vázquez, en el 5º Aniversario de su fallecimiento expresó: “Tenía un proyecto político latinoamericanista que lo pintaba en su grandeza, en su dimensión, en su solidaridad hacia toda la gente de este subcontinente latinoamericano, una enorme dimensión política de la que supimos aprender muchas cosas”.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, en un sentido similar expresó sobre Guillermo: “compañero socialista de tantas luchas, hermano solidario de los tiempos oscuros de mi Patria, incansable promotor de la paz y la integridad chilena-argentina, Guillermo compartió con nosotros dolores, esperanzas y momentos de gloria”. Unos días antes de su muerte, Estévez Boero pudo compartir con su presencia la enorme satisfacción de que un amigo, un socialista, fuera elegido presidente de los chilenos.
En enero del año 2002, en el campamento que se realizaba en la Amaichá del Valle, en un campamento que se realiza desde hace 10 años, similar al que llevamos a cabo semanas atrás en la ciudad de Jesús María, fueron los jóvenes la cita obligada y a ellos dirigió su último mensaje, les dijo: “Hereden la grandeza para poder construir. Miren hacia arriba que en la cumbre está la Nación, si cruzamos las cumbres para poder ser independientes en América Latina, no volvamos hacia atrás. No estemos jerarquizando lo que nos separa: desarrollemos las coincidencias, lo que nos une… para poder construir el futuro que le está faltando a nuestra Nación”.
Su compromiso de vida, señor presidente, puesto al servicio de la construcción de una sociedad mejor, su prédica en defensa de las instituciones, su preocupación para afianzar la democracia, su constante lucha por el bienestar de nuestra Patria, al margen de las pertenencias y las disputas políticas, justifican este reconocimiento a un hombre que supo siempre construir, desde su espacio, y que dejó un legado, como ser humano y como político, que constituye un ejemplo a seguir.
Guillermo Estévez Boero ha sido mi maestro y la guía intelectual de toda una generación de jóvenes que hoy, en su gran mayoría, conducen la acción política de su querido partido socialista.
Muchas gracias.

Intervención en el recinto: Tratamiento del Presupuesto 2010

Sr. Birri.- Señor presidente: por favor, le pido que mire si existe el quórum necesario, para seguir sesionando; casi no queda ningún legislador de la mayoría, si tenemos quórum es porque lo está garantizando la oposición. Tal vez sea muy interesante lo que sucede en la sala contigua –más interesante que lo que pasa acá- o, en su defecto, no les interesa escuchar la opinión de la oposición respecto a un tema trascendental como el que nos ocupa...

Ni siquiera está el señor miembro informante, a quien es difícil escuchar con atención porque, en verdad, su discurso suele hacerse largo. Ahora bien, ya que relata esta suerte de galería o grilla de “gobernantes impresentables” –comenzando con De la Rúa y siguiendo por Juez-, le pido que alguna vez haga un piadoso silencio, ya que se olvida del “peor del grado” y no nombra al famoso “entregador del ‘90”, esto es, a Carlos Saúl Menem, del que seguramente ha sido un conspicuo colaborador. Cuando lo nombre, con mucho gusto comenzaremos a discutir seriamente las responsabilidades que a cada uno le caben en esta Provincia y en este país.
Si a usted le parece, señor presidente, aun sin quórum en este recinto, salvo que usted quiera intervenir para lograr que algunos legisladores...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador. Debo recordarle que el quórum es indispensable para comenzar la sesión y para votar, no así para seguir el desarrollo de las ponencias sobre las posiciones de los distintos legisladores. Lo demás pasa por una cuestión de interés.
De tal modo, quédese absolutamente tranquilo que me voy a ocupar de que haya quórum cuando debamos contar con él.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Lo tengo claro, señor presidente; como usted bien sabe, además de legislador soy abogado y la primera materia que rendimos cuando asumimos como legisladores fue el Reglamento de esta Cámara. No obstante, insisto en el segundo aspecto que usted señaló, ya que estamos tratando un tema de indudable trascendencia provincial; incluso, además de los periodistas, han venido otros asistentes a presenciar el desarrollo de esta sesión, y los principales responsables de hacer honor a la seriedad que este tema importa debieran ser los legisladores del oficialismo.
 Murmullos entre los legisladores del bloque de Frente Cívico y Social.

Sr. Birri.- Me piden aquí que haga una moción, pero no voy a acceder porque...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor legislador; no quiero redundar en explicaciones, pero quiero aclararle que estamos sesionando con quórum; esto debe quedar absolutamente claro. Además, no podemos abrir un debate acerca de la presencia o no de los legisladores, ya que es una situación que se presenta en todos los bloques.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Para dejarlo tranquilo, señor presidente, continúo citando una definición de Héctor Villegas en su célebre libro Derecho Financiero y Tributario...
Sr. Cugat. (fuera de micrófono).- ¡Que haga una moción de orden para que votemos!
Sr. Birri.- Vamos a intentar ponernos a la altura de las circunstancias, ya que el Presupuesto, a priori, es quizás la ley más importante que tiene la Provincia, ya que se prevén los ingresos y los gastos estatales, autorizándolos por un período de un año.
En concordancia con este pensamiento, adelantamos que no votaremos favorablemente el Presupuesto y las otras dos leyes motivo de tratamiento, por varias razones, detalladas en 12 ó 13 exposiciones de motivos que tenemos enumeradas.
Para comenzar con un punto que tiene que ver con el Presupuesto del Poder Legislativo, debo recordar que el artículo 104 de la Constitución de la Provincia de Córdoba refiere, en su inciso 29), que la Legislatura tiene, entre otras tantas atribuciones, la de considerar el Presupuesto que remite el Poder Ejecutivo. Asimismo, con relación al Poder Legislativo expresa: “Dictar su propio presupuesto...”. Entonces, la pregunta que cae de maduro es: ¿quién hizo el Presupuesto del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba? Esta es una atribución propia, nuestra, y no hemos sido invitados. No obstante, más allá de eso, tenemos la absoluta certeza de que la Legislatura ha renunciado –como viene haciéndolo respecto de tantas otras cosas- a esta facultad que le impone el texto constitucional a favor del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Usted sabe, señor presidente, que dictar su propio presupuesto hace a la esencia de un Poder, y que un poder que no lo dicta prácticamente termina siendo un remedo de poder. Ojalá sea ésta la última vez y que en el futuro, de manera plural y participativa, todos los bloques podamos contribuir a elaborar el presupuesto que esta Legislatura se merece y que hoy no tiene, no lo tiene en su elaboración ni en su cuantificación.
El Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, desconociendo las necesidades operativas que tiene la Legislatura, representa algo más del 0,50 por ciento del Presupuesto total, y sigue siendo, emblemáticamente, junto al del año en curso, el más bajo de la historia de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de rescatar los malabarismos que por allí hacen integrantes de esta Cámara para lograr que alcance a cubrir algunos insumos absolutamente básicos.
Pretendí hacer un simple ejercicio estadístico desde la recuperación de la democracia y el consiguiente funcionamiento de este Poder a partir de 1983, cuando el presupuesto siempre significó aproximadamente el 2 por ciento del Presupuesto General, hasta la reforma del 2001, a partir de la cual se constituyó la Unicameral. Ubiquémonos en el tiempo al que estamos haciendo referencia, de enormes dificultades para el país y de una gran crisis institucional que, incluso, costó que un gobierno nacional dejara el poder administrativo de la Nación antes de terminar su mandato, tiempo en el que hubo un gran demagogo que le echó la culpa de la crisis provincial a la Legislatura de la Provincia de Córdoba. No fueron responsables los que saqueaban los supermercados ni tampoco los que conspiraban en contra de las instituciones sino que en la Provincia de Córdoba, para el gran demagogo, los responsables eran los senadores y diputados de Córdoba, la culpa de los males provinciales y nacionales eran de la política y, fundamentalmente, de la Legislatura.
A partir de allí empezamos a caer por un tobogán hasta llegar a este lastimoso 0,58 por ciento, que si lo comparamos con otras provincias argentinas, particularmente aquellas con las que compartimos la Región Centro, se hace más lastimoso aún. La Provincia de Santa Fe, la más semejante a Córdoba por su producto bruto, cantidad de habitantes y perfil productivo, destina el 1,5 del Presupuesto –exactamente el doble que nosotros- con 86 legisladores, y Entre Ríos tiene asignado prácticamente el 2 por ciento del total provincial. La verdad, lamentablemente, es que es “una mancha más al tigre” de este poco prestigiado Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Quiero detenerme también un momento en fustigar una conducta –porque, en definitiva, tiene que ver con la importancia que se le ha dado a este Presupuesto-, la del Ministro de Economía de la Provincia de Córdoba, que –como lo marcara un legislador colega, en ocasión de discutirse en primera lectura el Presupuesto- no vino a informar y a defender su Presupuesto, ni el año pasado ni este, y hay una vieja definición en el campo del Derecho que dice: “a confesión de partes, relevo de pruebas”; en verdad, si el Ministro de Economía no vino a defender el Presupuesto es porque debe ser indefendible.
Creo que, de a poquito, el Ministro Elettore va a sumarse a la misma categoría que el Ministro de Gobierno Caserio, que es el ministro fantasma del Poder Ejecutivo, que nunca vino a darnos explicaciones.
Otro tema sobre el que también quiero hacer una breve reflexión tiene que ver con la Audiencia Pública. Como dijo el legislador informante por la Unión Cívica Radical, es el ámbito donde los distintos actores del mundo del trabajo, de la producción y las organizaciones de la sociedad civil, vienen a expresar sus puntos de vista y formular sus aportes y observaciones al Presupuesto, que va a incidir directamente en su funcionamiento, en su producción y en su trabajo anual. Y la verdad es que los índices de los últimos dos años dan cuenta que de las 25 organizaciones que el año pasado vinieron a participar de la Audiencia Pública, no se tomó en cuenta ninguno de los aportes o de las observaciones que plantearon, y de las 34 ó 35 que vinieron este año solamente se tomó en cuenta una y, parcialmente de otras, el resto tampoco ha sido escuchado ni tenido en cuenta en sus aportes y contribuciones.
Esto me preocupa porque es una institución muy valiosa, prevista en las leyes cordobesas; es una institución que tiene que ver con la democracia participativa, con incorporar pautas de participación popular y ciudadana; pero, indudablemente, si la conducta va a continuar siendo hacer oídos sordos a los aportes que se hagan, la vamos a vaciar de contenido y habremos hecho una involución enorme.
En ese sentido, quizás sería interesante tener en cuenta la propuesta que realizó APyME, de creación de una oficina presupuestaria de carácter permanente, que dependa del Poder Legislativo, y que posibilite la participación de la ciudadanía y sus instituciones.
El miembro informante del oficialismo, y también el correspondiente a la Unión Cívica Radical, hicieron referencia a los compromisos electorales, particularmente, al aumento impositivo que termina arriando una bandera histórica de Unión por Córdoba. La verdad es que, mal que le pese al oficialismo, esto significa nada más y nada menos que una vulneración del contrato electoral que un gobernante realiza con su pueblo.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Augusto Varas.

En el año 2007, a lo largo y ancho de la geografía provincial, el entonces candidato a Gobernador de la Provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti, planteaba como un eje fundamental de su programa de gobierno el mantener sin incremento el sistema impositivo, los impuestos y los tributos de la Provincia de Córdoba. Más allá de las explicaciones que se han dado, ese contrato electoral se ha vulnerado, y éste no es un tema menor. Cualquiera que lea los tratados, los ensayos respecto a los motivos de las crisis de legitimidad, de representación, de credibilidad que vive la política argentina, encuentra que se debe fundamentalmente a dos motivos: primero, a los “hechos de corrupción”, que han sido moneda corriente en estos años de recuperación de la democracia; segundo, al “doble discurso”, es decir, a aquello que se promete y no se hace, a aquello que emblemáticamente el ex Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem definió con una frase tristemente célebre: “Si yo les hubiera dicho a los argentinos el programa de gobierno que iba a llevar adelante, los argentinos no me hubieran votado”.
Es muy grave lo que ha hecho el hoy Gobernador, no le quitemos entidad; nadie está discutiendo acá si el sistema impositivo provincial necesitaba o no un sinceramiento, sino que estamos hablando de romper el contrato electoral que un gobernador o un futuro gobernante hace con su pueblo. Este ha sido uno de los elementos fundamentales para ampliar la brecha entre la sociedad y el Estado, entre la gente y la política; lamentablemente, el hoy Gobernador ha hecho una enorme contribución en ese sentido.
Creemos que esta definición trascendente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba va más allá de un sinceramiento de su sistema tributario, de una medida coyuntural impuesta por la situación económica y financiera del país; creemos que tiene que ver con la más clara demostración del agotamiento del modelo político, económico y social que puso en marcha, en 1999, José Manuel De la Sota; un modelo -con la película vista- nefasto. Ese modelo tenía tres ejes que lo caracterizaban: primero, un gran endeudamiento público, del cual estamos pagando las consecuencias; segundo, la imposición de un sistema tributario barato pero regresivo; y, tercero, la existencia de un Estado ausente –o la no existencia-, de un Estado flaco, de un Estado raquítico.
Hoy, con la ruptura de ese contrato, con la definición de este aumento impositivo, que básicamente tiene que ver con el Impuesto Inmobiliario Urbano, ha quedado atrás, definitivamente, un modelo absolutamente agotado, con las consecuencias que hoy pueden advertir o sufrir los cordobeses.
Otro de los aspectos, que tiene que ver con esta verdadera rémora de estos años de actividad legislativa, es la “delegación de facultades”. Este Presupuesto, al igual que los anteriores, incluye ese mentado artículo –que si no me equivoco es el 31- que se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda modificar las partidas. ¿Cómo ha venido funcionando en la práctica? De la siguiente manera: en el curso del año el Ministerio de Finanzas dicta resoluciones por las cuales va modificando en forma permanente el Presupuesto; lo curioso es que muchas veces también va ampliando los gastos. ¿Qué pasó en el 2009? Lo mismo que denunciamos en el 2008 y en el 2007. En nuestras manos tenemos una larga lista de resoluciones por las cuales se fue reformando el Presupuesto por simple resolución del Poder Ejecutivo, en este caso, fundamentalmente del Ministro.
En el año 2007 se llegó a un total de 1.262.000 pesos, cifra similar a la de 2008 y a la de 2009, ya que representa entre el 23 y el 26 por ciento del Presupuesto.
En una palabra, señor presidente, señores legisladores, la Legislatura aprobó un Presupuesto “X” y terminó ejecutando otro, pero con la pequeña diferencia de aproximadamente mil millones de pesos.
Como decíamos, para este año está prevista la autorización, por aplicación del artículo 31, para modificar la escala de contratación directa, concurso de precios, licitación privada y licitación pública. La sensación que tenemos, señor presidente, es obvia: esto se hizo para ser cumplido de una manera “formal” y no como marca el texto de la Constitución, es decir, de una forma “material”.
El otro motivo que nos mueve a rechazar los proyectos de ley en tratamiento tiene que ver con la “pésima determinación de prioridades que en sí mismo expresa”. Quizás no haga falta detenerse en una que ha sido emblemática y título de los diarios de los últimos días, como es el tema de los 50 millones de pesos destinados a los festejos por el Bicentenario, pero tal vez tenga que ver con la otra cara de la moneda, que es la que me preocupa.
El presupuesto de uno de los Poderes del Estado provincial presenta ausencia de autoridades por carencia de afectación presupuestaria de la Justicia de Faltas. No sé si usted sabe, señor presidente que, excepto un solo juzgado de la Ciudad de Córdoba, en el resto de la Provincia no hay juzgados de faltas que permitan el funcionamiento de la tripartición de poderes. Hoy, las faltas y/o contravenciones por las cuales van presos 95 cordobeses por día son reprimidas y juzgadas por la policía y no por un juez.
Nuestro Código de Faltas prevé –si no sería inconstitucional- que quien dicta resoluciones en un ámbito jurisdiccional tiene que ser un juez, pero no se puede hacer por la falta de recursos para designar a los 15 ó 20 jueces que hacen falta para el interior provincial. ¿Sabe con cuántos millones de pesos anuales se cubriría esta falencia que le devolvería la legalidad perdida a este ámbito de control jurisdiccional? Exactamente la misma cantidad de millones que se ha afectado para la partida destinada al Bicentenario.
A pesar de lo dicho por el miembro informante del oficialismo, cuando hizo referencia a la cruda realidad social que existe en la Provincia de Córdoba y en el país, existen los recursos suficientes para políticas sociales. Si alguien se toma el trabajo de sumar los programas vinculados a la cartera que tiene a su cargo, por excelencia, las políticas públicas sociales de la Provincia, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social –del cual el actual presidente del oficialismo fuera su Ministro-, podría saber que suma 151 millones de pesos, apenas dos veces más que el presupuesto del Bicentenario.
Quizás también haya que contrastarlo, por ejemplo, en materia de políticas vinculadas a la prevención de las adicciones. Parece ser que en este caso el marketing sólo estaba vinculado a la creación de la Secretaría, porque luego, en el Presupuesto, le dan sólo el 15 por ciento de lo solicitado por las propias autoridades para realizar una tarea mínima.
Por el otro lado, me gustaría señalar, como la otra cara de la moneda, que se reduce el Presupuesto de Ciencia y Tecnología en un 27 por ciento. El personal del CEPROCOR, un centro de excelencia tecnológico que ha realizado transferencias innovativas reales al sector productivo, creando nuevos productos, dando un marco serio en términos de investigación científica y tecnológica, ha realizado una seria denuncia referida a que su nivel de actividad se encuentra al 10 por ciento de su nivel histórico.
Para tratar de graficar la situación y cerrar este capítulo lamentable de comparaciones, digo que es como si una familia que tiene enormes dificultades para darle de comer a sus hijos se termina comprando un auto nuevo.
El Presupuesto, a juicio de nuestro bloque -y este será otro motivo que sumaremos a la grilla que justifica nuestro rechazo-, oculta y distorsiona la realidad. Para acreditarlo, quiero hacer una breve referencia al tema del déficit. A través de la presentación del Presupuesto 2010, el señor Gobernador nos trasmitió un mensaje diciendo que tiene, ante la perspectiva de un período anual, un problema difícil pero manejable y que, en alguna medida, esto se exteriorizaba a través del déficit: año 2009, 381 millones; año 2010, 281 millones de pesos. Nos muestra –de la misma manera que ha intentado hacer el legislador Heredia- que para su manejo se requieren algunos ajustes impositivos; dicho sea de paso, quizás -con un común denominador- se requiera de un rápido efecto precio, profundamente regresivo, para obtener algunos créditos.
Sin embargo, cuando empezamos a sacar las capas de la cebolla van apareciendo estas pequeñas travesuras a las que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo cuando nos manda estos tres Presupuestos; por ejemplo, en algunos casos ingresos inventados, sobredimensionados, etcétera. Cuando profundizamos en el análisis del déficit, el del año 2009 deja de ser de 381 millones y se sitúa en alrededor de los 800 millones, y el del año 2010 –sin asumir riesgo que puedan aparecer como exagerados- tranquilamente lo podemos situar en los 1.000 millones.
Como dijimos al principio, sabemos que el Presupuesto cumple un rol institucional muy importante, tiene una importancia crucial; “debe ser el más importante a nivel provincial en materia de política económica”. Por esta razón, los organismos de Naciones Unidas reiteran, permanentemente, en vinculación al tema, la necesidad de que sea transparente; sin embargo, este es un valor que parece estar absolutamente ausente porque toda la ingeniería financiera intenta ocultar las graves limitaciones económicas y financieras que tiene la Provincia, fundamentalmente, apuntando a dos objetivos: primero, ocultar que existe un déficit superior al previsto; segundo, la incapacidad de la Provincia para generar inversiones con sus recursos económicos.
Decíamos que para poder llegar a una conclusión del posible déficit del año 2010 debíamos concluir el análisis del 2009 con un supuesto déficit final de 381 millones de pesos.
Sin embargo, se detectan un par de simulaciones. En la cuenta Transferencias Corrientes y otros, que son de jurisdicción nacional, por 847 millones, solamente se puede llegar a ese monto incluyendo una cifra de 526 millones para el Fondo Federal Solidario formado por las retenciones a la soja.
Sin embargo, se escapa un detalle que nos permite llegar a la realidad de las cosas. Se incorpora dentro de la columna Proyección Cierre 2009 una previsión para el fondo que se transfiere a las provincias por 78 millones de pesos. Si este fondo, por exigencia legal, expresa el 30 por ciento de la transferencia que hace la Provincia del total que recibe, indudablemente, en lugar de los 526 millones de pesos que las propias autoridades están estimando, solamente van a recibir 263, siendo el resto lo que va a ir a engrosar el déficit del año 2009, con lo cual, esta sola cifra nos lleva a 644 millones. Y si a eso le sumamos algunas cosas más “rascando de la olla”, con una expectativa exagerada de los recursos que vienen de la coparticipación, llegamos a los 800 millones de pesos. Es más, la consultora nacional ABC ha estimado el déficit acumulado final de las provincias en 16.400 millones, y la verdad es que, conociendo la situación económica y financiera de la Provincia de Córdoba, nadie podría creer que ésta va a contribuir solamente con el 2,3 por ciento a ese déficit de todas las provincias.
Con esto cierro el capítulo: la picardía que encierra la disminución del déficit para el año 2010 está encubierta por la estimación de gastos de personal. Desde todos los sectores de la oposición –no solamente de la oposición sino también del campo y del trabajo-, vemos con absoluta preocupación la estimación del 8,8 por ciento prevista para eventuales incrementos salariales, porcentual absolutamente increíble, como sería pensar que, inexorablemente, la Provincia se prendería fuego por los conflictos sociales. Ni el propio Gobernador de la Provincia se cree que el incremento va a ser del 8 por ciento.
Lo que acontece es que cuando se cae en zona de déficit cada peso que se aumente en cualquier rubro, por ínfimo que resulte el porcentaje, aunque recaiga sobre el déficit por el mismo valor en términos absolutos, en términos relativos el incremento es explosivo, a punto tal que si ese incremento estuviera previsto en cifras medianamente responsables como para sentarse a una mesa de discusión con los trabajadores del sector público, por ejemplo, hablando de un aumento del orden del 15 por ciento, eso automáticamente representaría un aumento, en términos de déficit, de 340.9 millones en valores absolutos y del 121.3 por ciento en valores relativos.
Este es el panorama que vamos visualizando; y a estos ingredientes de este cóctel que se va llenando de sustancias peligrosas, debemos sumarle el endeudamiento que van a generar los BONCOR, que a esta altura del partido queda absolutamente claro que va a ser malversado su destino porque esta Legislatura votó estos bonos en el sentido de que ese endeudamiento iba a ser dirigido hacia la obra pública, pero hoy nadie cree eso, ya que se usarán para pagar gastos corrientes.
A fin de darnos cuenta de la dimensión que adquiere esta distorsión, diremos que con los BONCOR se van a pagar hasta juicios que han iniciado algunos acreedores de la Provincia de Córdoba. A esto se le suma otra deuda que ya ha sido emitida, llamada deuda flotante, la cual, entre el 31 de diciembre del año 2003 y el 30 de junio del año 2009, se ha incrementado siete veces, llegando a 1.890.000.000 de pesos. Al respecto, algunos dirán que se trata de deuda flotante y el cómputo de la deuda total se hace sobre deuda consolidada. La verdad es que esto último ocurre en la medida que los proveedores del PAICOR, o los del sector salud, no nos corten este financiamiento obligado al que los están sometiendo desde hace siete meses. Como la Provincia de Córdoba no puede vivir el día a día con el crédito cortado, la deuda flotante terminará siendo deuda consolidada.
La próxima Administración –afortunadamente no serán los que se sientan del otro lado- se va a tener que enfrentar no sólo con una deuda acumulada, que resulta absolutamente sobredimensionada respecto a provincias similares, sino aumentada a gran escala por los BONCOR y la deuda flotante que, a fines de este año, será superior a la conocida al final del semestre pasado; y todo esto en la medida que la Nación cumpla, o sea que envíe el dinero del PAF y de la Caja de Jubilaciones.
La conclusión es que el déficit altísimo, sumado al endeudamiento con los BONCOR y la deuda flotante, conforman un “cóctel explosivo” para la viabilidad económica y financiera de la Provincia de Córdoba.
El señor miembro informante, legislador Heredia, desapareció -tal cual lo hizo el señor Ministro Elettore al no venir a defender el Presupuesto-, no queriendo permanecer para escuchar las voces de la oposición. Vamos a tener que sumar un nuevo “fantasma” a esta “categoría fantasmal” que están teniendo las principales voces responsables de conducir este barco –la Provincia de Córdoba- que está naufragando.
Se dijo que la Provincia necesita del oficialismo y de la oposición gestos patrióticos y esfuerzos compartidos; en verdad, comparto y estoy de acuerdo con esto; esta Provincia; porque, más allá de los principales responsables –que son quienes están hoy a cargo del Poder administrador-, creo que se trata de una cuestión de todos, ya que quien tenga que hacerse cargo del timón en el año 2011 se encontrará con un enorme problema, que de hecho lo tenemos hoy.
Por esto, desde el Frente Cívico y Social –sobre la base de lo manifestado por el legislador Heredia– proponemos trabajar en un proceso de concertación provincial que refuerce nuestras capacidades frente a la voracidad, sentando en una misma mesa al Gobierno provincial, a la oposición, a los sectores del trabajo y de la producción, para que entre todos consensuemos un orden de prioridades, poniendo por delante los intereses de los cordobeses.
Lo único que pedimos –ni siquiera es una condición, ya que se trata de un elemento absolutamente insalvable e insoslayable- es transparencia, que todos los organismos establecen como una cualidad indispensable-, tanto respecto de las cuentas públicas como de la situación actual de la Provincia. Una vez cumplido este requisito, útil para todos y que sirve para saber dónde estamos parados, el Frente Cívico y Social con muchísimo gusto se sentará a esa mesa común para concertar políticas y determinar cuáles deben ser los sectores que tienen que hacer un mayor esfuerzo para evitar que, como siempre, el hilo se corte por lo más delgado, que son los sectores más postergados de esta sociedad.
Además, hay otros elementos, señor presidente –le queda muy bien ese lugar, compañero Varas-, que con más capacidad técnica que la mía sumarán a esta docena de razones que nos mueven a rechazar este Presupuesto y, al mismo tiempo, a aceptar el desafío de trabajar todos juntos en políticas de concertación para encaminar el rumbo de esta Provincia.
Como son muchos los aspectos que quedan por discutir, creo que sería un gesto de nobleza, para que desde esta Legislatura se avance en la dirección correcta, que los expedientes que estamos tratando pasen a comisión, al menos por una semana, para evitar que de la virtualidad de un discurso pasemos a la acción concreta.
Muchas gracias.


Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, le voy a dar la palabra cuando le corresponda.
Si los señores legisladores han cambiado de opinión y quieren terminar con el tratamiento del Presupuesto deberán plantear el cambio en el momento que corresponde y no cuando se les ocurre. Lo que hizo el bloque oficialista -repito, a través del pedido expreso de los señores presidentes de bloque- fue garantizar que la sesión se desarrolle en esos términos.
Si los señores legisladores quieren votar la moción de orden de volver el tema del Presupuesto a comisión que la reiteren.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, lo que usted ha dicho es lo que efectivamente se acordó en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, lo que ocurre es que usted no previó, porque es muy difícil mirar bajo el agua, que el legislador Heredia iba a convocar a un gesto patriótico y que desde la oposición íbamos a aceptar el desafío.
Eso es lo que se ha modificado; pero, para llevar adelante esta posible concertación, este acuerdo a partir de lo solicitado por el legislador Heredia, indudablemente necesitamos un tiempo que una sesión no nos brinda.
De todos modos, para su tranquilidad, señor presidente, descubrimos ahora cuál es la fórmula para que vuelvan a sus bancas –no es que sea un chiste para Tinelli- todos los legisladores del oficialismo: “pedir una moción de orden y que se trate urgente”. En verdad dio resultado, por lo tanto, para su tranquilidad, vamos a desistir de la moción planteada.