Hace
pocos meses, con una gran puesta en escena por parte del Poder Ejecutivo
Provincial, se aprobó la Ley 10.060 que dispuso el cierre de cabarets,
prostíbulos y espacios de alterne en todo el territorio de la provincia
de córdoba, con la finalidad de sumar un nuevo elemento en la lucha
contra uno de los flagelos de este tiempo como lo son la trata de personas
y la explotación sexual.
En
aquella oportunidad, si bien compartimos el espíritu de la normativa
que se estaba aprobando, planteamos nuestras disidencias y nuestras
dudas sobre diversos aspectos. Una de las cuestiones que mayor preocupación
nos generaba es que tras un objetivo loable se minimizaron las consecuencias
perniciosas para las víctimas, que al no preverse políticas integrales
y serias de atención y contención, verían en muchos casos agravada
su situación de vulnerabilidad.
Ante
las dudas planteadas desde diversos ámbitos y desde las propias trabajadoras
sexuales, desde el Gobierno se realizaron todo tipo de promesas, con
gran inversión publicitaria, entre ellas el otorgamiento de subsidios
a las víctimas de trata o de explotación sexual, para posibilitar
su sustento económico y el de sus familias durante un tiempo suficiente
para lograr su inserción laboral en otros ámbitos por fuera del trabajo
sexual.
Hoy,
a más de cuatro meses de implementación de esta Ley, solo hemos conocido
la actuación del Gobierno en operativos policiales que lograron el
cierre de algunos cabarets, pero lamentablemente las dudas planteadas
se están confirmando en la práctica.
Son
las propias trabajadoras sexuales y víctimas de explotación sexual
las que denuncian que el Gobierno sólo se ha preocupado por los operativos
policiales y por su difusión, pero poco se ha realizado en materia
de contención y atención de las víctimas por parte de la Secretaría
en cuestión.
De
acuerdo a información pública difundida por el diario La Voz del Interior,
“desde la filial Córdoba de la Asociación de Mujeres Meretrices
(Ammar) denunciaron que 17 trabajadoras sexuales que gestionaron un
subsidio ofrecido por la nueva Secretaría de Lucha Contra la Trata
de Personas no recibieron ningún beneficio económico.
En
agosto pasado, tras un escrache que se hizo frente a la Secretaría,
su titular, María Amelia Chiófalo, se reunió con las representantes
de Ammar y prometió un subsidio económico por única vez para aquellas
mujeres que estaban en las whiskerías o prostíbulos clausurados tras
la aplicación de la nueva ley, según señaló la titular de la organización,
Eugenia Aravena.
“Estamos
cansadas de que se siga haciendo del tema Trata de Personas, un tema
de campaña política, porque no se están midiendo las consecuencias
que sus palabras”, se agregó. “Nos están dejando al margen de
la inclusión -continuó-, solo violencia institucional y mediática
es lo que tiene como respuesta para nosotras”.
Y todo ello para detenernos
sólo en lo que hace a los subsidios prometidos, porque hay grandes
temas pendientes como lo es la persecución policial y el maltrato que
las trabajadoras sexuales sufren en las calles y que venimos denunciando
hace tiempo.
Desde nuestro punto de vista,
es urgente conocer la información que se solicita a través de este
proyecto de Resolución a los fines de tomar las iniciativas legislativas
que correspondan, por lo que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
para su aprobación.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo
Provincial en los términos del art. 102 de la Constitución Provincial
a los fines de que en el término de 7 días y a través de la Secretaría
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas informe a este cuerpo:
1) Número de personas víctimas de trata y/o explotación
sexual que recibieron algún tipo de atención y/o beneficio por parte
de dicha Secretaría, en el marco de la aplicación de la Ley 10.060
y su decreto reglamentario, dando detalle de tipo de atención brindada
y beneficio otorgado.
2) Indique específicamente número de solicitudes
de subsidios recibidas en dicha Secretaría en el marco de la aplicación
de la Ley 10.060 y su decreto reglamentario.
3) En el caso de haber otorgado subsidios a personas
víctimas de trata y/o explotación sexual, indique número de beneficiarios,
monto de los mismos y duración del beneficio.
4) En caso de no haberse denegado el otorgamiento
de subsidios oportunamente solicitados, indique motivo de la denegatoria
en cada caso particular.
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