Sr. Birri.- Señor presidente: por favor, le pido que mire si existe el quórum necesario, para seguir sesionando; casi no queda ningún legislador de la mayoría, si tenemos quórum es porque lo está garantizando la oposición. Tal vez sea muy interesante lo que sucede en la sala contigua –más interesante que lo que pasa acá- o, en su defecto, no les interesa escuchar la opinión de la oposición respecto a un tema trascendental como el que nos ocupa...
Ni siquiera está el señor miembro informante, a quien es difícil escuchar con atención porque, en verdad, su discurso suele hacerse largo. Ahora bien, ya que relata esta suerte de galería o grilla de “gobernantes impresentables” –comenzando con De la Rúa y siguiendo por Juez-, le pido que alguna vez haga un piadoso silencio, ya que se olvida del “peor del grado” y no nombra al famoso “entregador del ‘90”, esto es, a Carlos Saúl Menem, del que seguramente ha sido un conspicuo colaborador. Cuando lo nombre, con mucho gusto comenzaremos a discutir seriamente las responsabilidades que a cada uno le caben en esta Provincia y en este país.
Si a usted le parece, señor presidente, aun sin quórum en este recinto, salvo que usted quiera intervenir para lograr que algunos legisladores...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador. Debo recordarle que el quórum es indispensable para comenzar la sesión y para votar, no así para seguir el desarrollo de las ponencias sobre las posiciones de los distintos legisladores. Lo demás pasa por una cuestión de interés.
De tal modo, quédese absolutamente tranquilo que me voy a ocupar de que haya quórum cuando debamos contar con él.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Lo tengo claro, señor presidente; como usted bien sabe, además de legislador soy abogado y la primera materia que rendimos cuando asumimos como legisladores fue el Reglamento de esta Cámara. No obstante, insisto en el segundo aspecto que usted señaló, ya que estamos tratando un tema de indudable trascendencia provincial; incluso, además de los periodistas, han venido otros asistentes a presenciar el desarrollo de esta sesión, y los principales responsables de hacer honor a la seriedad que este tema importa debieran ser los legisladores del oficialismo.
Murmullos entre los legisladores del bloque de Frente Cívico y Social.
Sr. Birri.- Me piden aquí que haga una moción, pero no voy a acceder porque...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor legislador; no quiero redundar en explicaciones, pero quiero aclararle que estamos sesionando con quórum; esto debe quedar absolutamente claro. Además, no podemos abrir un debate acerca de la presencia o no de los legisladores, ya que es una situación que se presenta en todos los bloques.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Birri.
Sr. Birri.- Para dejarlo tranquilo, señor presidente, continúo citando una definición de Héctor Villegas en su célebre libro Derecho Financiero y Tributario...
Sr. Cugat. (fuera de micrófono).- ¡Que haga una moción de orden para que votemos!
Sr. Birri.- Vamos a intentar ponernos a la altura de las circunstancias, ya que el Presupuesto, a priori, es quizás la ley más importante que tiene la Provincia, ya que se prevén los ingresos y los gastos estatales, autorizándolos por un período de un año.
En concordancia con este pensamiento, adelantamos que no votaremos favorablemente el Presupuesto y las otras dos leyes motivo de tratamiento, por varias razones, detalladas en 12 ó 13 exposiciones de motivos que tenemos enumeradas.
Para comenzar con un punto que tiene que ver con el Presupuesto del Poder Legislativo, debo recordar que el artículo 104 de la Constitución de la Provincia de Córdoba refiere, en su inciso 29), que la Legislatura tiene, entre otras tantas atribuciones, la de considerar el Presupuesto que remite el Poder Ejecutivo. Asimismo, con relación al Poder Legislativo expresa: “Dictar su propio presupuesto...”. Entonces, la pregunta que cae de maduro es: ¿quién hizo el Presupuesto del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba? Esta es una atribución propia, nuestra, y no hemos sido invitados. No obstante, más allá de eso, tenemos la absoluta certeza de que la Legislatura ha renunciado –como viene haciéndolo respecto de tantas otras cosas- a esta facultad que le impone el texto constitucional a favor del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Usted sabe, señor presidente, que dictar su propio presupuesto hace a la esencia de un Poder, y que un poder que no lo dicta prácticamente termina siendo un remedo de poder. Ojalá sea ésta la última vez y que en el futuro, de manera plural y participativa, todos los bloques podamos contribuir a elaborar el presupuesto que esta Legislatura se merece y que hoy no tiene, no lo tiene en su elaboración ni en su cuantificación.
El Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, desconociendo las necesidades operativas que tiene la Legislatura, representa algo más del 0,50 por ciento del Presupuesto total, y sigue siendo, emblemáticamente, junto al del año en curso, el más bajo de la historia de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de rescatar los malabarismos que por allí hacen integrantes de esta Cámara para lograr que alcance a cubrir algunos insumos absolutamente básicos.
Pretendí hacer un simple ejercicio estadístico desde la recuperación de la democracia y el consiguiente funcionamiento de este Poder a partir de 1983, cuando el presupuesto siempre significó aproximadamente el 2 por ciento del Presupuesto General, hasta la reforma del 2001, a partir de la cual se constituyó la Unicameral. Ubiquémonos en el tiempo al que estamos haciendo referencia, de enormes dificultades para el país y de una gran crisis institucional que, incluso, costó que un gobierno nacional dejara el poder administrativo de la Nación antes de terminar su mandato, tiempo en el que hubo un gran demagogo que le echó la culpa de la crisis provincial a la Legislatura de la Provincia de Córdoba. No fueron responsables los que saqueaban los supermercados ni tampoco los que conspiraban en contra de las instituciones sino que en la Provincia de Córdoba, para el gran demagogo, los responsables eran los senadores y diputados de Córdoba, la culpa de los males provinciales y nacionales eran de la política y, fundamentalmente, de la Legislatura.
A partir de allí empezamos a caer por un tobogán hasta llegar a este lastimoso 0,58 por ciento, que si lo comparamos con otras provincias argentinas, particularmente aquellas con las que compartimos la Región Centro, se hace más lastimoso aún. La Provincia de Santa Fe, la más semejante a Córdoba por su producto bruto, cantidad de habitantes y perfil productivo, destina el 1,5 del Presupuesto –exactamente el doble que nosotros- con 86 legisladores, y Entre Ríos tiene asignado prácticamente el 2 por ciento del total provincial. La verdad, lamentablemente, es que es “una mancha más al tigre” de este poco prestigiado Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Quiero detenerme también un momento en fustigar una conducta –porque, en definitiva, tiene que ver con la importancia que se le ha dado a este Presupuesto-, la del Ministro de Economía de la Provincia de Córdoba, que –como lo marcara un legislador colega, en ocasión de discutirse en primera lectura el Presupuesto- no vino a informar y a defender su Presupuesto, ni el año pasado ni este, y hay una vieja definición en el campo del Derecho que dice: “a confesión de partes, relevo de pruebas”; en verdad, si el Ministro de Economía no vino a defender el Presupuesto es porque debe ser indefendible.
Creo que, de a poquito, el Ministro Elettore va a sumarse a la misma categoría que el Ministro de Gobierno Caserio, que es el ministro fantasma del Poder Ejecutivo, que nunca vino a darnos explicaciones.
Otro tema sobre el que también quiero hacer una breve reflexión tiene que ver con la Audiencia Pública. Como dijo el legislador informante por la Unión Cívica Radical, es el ámbito donde los distintos actores del mundo del trabajo, de la producción y las organizaciones de la sociedad civil, vienen a expresar sus puntos de vista y formular sus aportes y observaciones al Presupuesto, que va a incidir directamente en su funcionamiento, en su producción y en su trabajo anual. Y la verdad es que los índices de los últimos dos años dan cuenta que de las 25 organizaciones que el año pasado vinieron a participar de la Audiencia Pública, no se tomó en cuenta ninguno de los aportes o de las observaciones que plantearon, y de las 34 ó 35 que vinieron este año solamente se tomó en cuenta una y, parcialmente de otras, el resto tampoco ha sido escuchado ni tenido en cuenta en sus aportes y contribuciones.
Esto me preocupa porque es una institución muy valiosa, prevista en las leyes cordobesas; es una institución que tiene que ver con la democracia participativa, con incorporar pautas de participación popular y ciudadana; pero, indudablemente, si la conducta va a continuar siendo hacer oídos sordos a los aportes que se hagan, la vamos a vaciar de contenido y habremos hecho una involución enorme.
En ese sentido, quizás sería interesante tener en cuenta la propuesta que realizó APyME, de creación de una oficina presupuestaria de carácter permanente, que dependa del Poder Legislativo, y que posibilite la participación de la ciudadanía y sus instituciones.
El miembro informante del oficialismo, y también el correspondiente a la Unión Cívica Radical, hicieron referencia a los compromisos electorales, particularmente, al aumento impositivo que termina arriando una bandera histórica de Unión por Córdoba. La verdad es que, mal que le pese al oficialismo, esto significa nada más y nada menos que una vulneración del contrato electoral que un gobernante realiza con su pueblo.
Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Augusto Varas.
En el año 2007, a lo largo y ancho de la geografía provincial, el entonces candidato a Gobernador de la Provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti, planteaba como un eje fundamental de su programa de gobierno el mantener sin incremento el sistema impositivo, los impuestos y los tributos de la Provincia de Córdoba. Más allá de las explicaciones que se han dado, ese contrato electoral se ha vulnerado, y éste no es un tema menor. Cualquiera que lea los tratados, los ensayos respecto a los motivos de las crisis de legitimidad, de representación, de credibilidad que vive la política argentina, encuentra que se debe fundamentalmente a dos motivos: primero, a los “hechos de corrupción”, que han sido moneda corriente en estos años de recuperación de la democracia; segundo, al “doble discurso”, es decir, a aquello que se promete y no se hace, a aquello que emblemáticamente el ex Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem definió con una frase tristemente célebre: “Si yo les hubiera dicho a los argentinos el programa de gobierno que iba a llevar adelante, los argentinos no me hubieran votado”.
Es muy grave lo que ha hecho el hoy Gobernador, no le quitemos entidad; nadie está discutiendo acá si el sistema impositivo provincial necesitaba o no un sinceramiento, sino que estamos hablando de romper el contrato electoral que un gobernador o un futuro gobernante hace con su pueblo. Este ha sido uno de los elementos fundamentales para ampliar la brecha entre la sociedad y el Estado, entre la gente y la política; lamentablemente, el hoy Gobernador ha hecho una enorme contribución en ese sentido.
Creemos que esta definición trascendente del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba va más allá de un sinceramiento de su sistema tributario, de una medida coyuntural impuesta por la situación económica y financiera del país; creemos que tiene que ver con la más clara demostración del agotamiento del modelo político, económico y social que puso en marcha, en 1999, José Manuel De la Sota; un modelo -con la película vista- nefasto. Ese modelo tenía tres ejes que lo caracterizaban: primero, un gran endeudamiento público, del cual estamos pagando las consecuencias; segundo, la imposición de un sistema tributario barato pero regresivo; y, tercero, la existencia de un Estado ausente –o la no existencia-, de un Estado flaco, de un Estado raquítico.
Hoy, con la ruptura de ese contrato, con la definición de este aumento impositivo, que básicamente tiene que ver con el Impuesto Inmobiliario Urbano, ha quedado atrás, definitivamente, un modelo absolutamente agotado, con las consecuencias que hoy pueden advertir o sufrir los cordobeses.
Otro de los aspectos, que tiene que ver con esta verdadera rémora de estos años de actividad legislativa, es la “delegación de facultades”. Este Presupuesto, al igual que los anteriores, incluye ese mentado artículo –que si no me equivoco es el 31- que se refiere a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda modificar las partidas. ¿Cómo ha venido funcionando en la práctica? De la siguiente manera: en el curso del año el Ministerio de Finanzas dicta resoluciones por las cuales va modificando en forma permanente el Presupuesto; lo curioso es que muchas veces también va ampliando los gastos. ¿Qué pasó en el 2009? Lo mismo que denunciamos en el 2008 y en el 2007. En nuestras manos tenemos una larga lista de resoluciones por las cuales se fue reformando el Presupuesto por simple resolución del Poder Ejecutivo, en este caso, fundamentalmente del Ministro.
En el año 2007 se llegó a un total de 1.262.000 pesos, cifra similar a la de 2008 y a la de 2009, ya que representa entre el 23 y el 26 por ciento del Presupuesto.
En una palabra, señor presidente, señores legisladores, la Legislatura aprobó un Presupuesto “X” y terminó ejecutando otro, pero con la pequeña diferencia de aproximadamente mil millones de pesos.
Como decíamos, para este año está prevista la autorización, por aplicación del artículo 31, para modificar la escala de contratación directa, concurso de precios, licitación privada y licitación pública. La sensación que tenemos, señor presidente, es obvia: esto se hizo para ser cumplido de una manera “formal” y no como marca el texto de la Constitución, es decir, de una forma “material”.
El otro motivo que nos mueve a rechazar los proyectos de ley en tratamiento tiene que ver con la “pésima determinación de prioridades que en sí mismo expresa”. Quizás no haga falta detenerse en una que ha sido emblemática y título de los diarios de los últimos días, como es el tema de los 50 millones de pesos destinados a los festejos por el Bicentenario, pero tal vez tenga que ver con la otra cara de la moneda, que es la que me preocupa.
El presupuesto de uno de los Poderes del Estado provincial presenta ausencia de autoridades por carencia de afectación presupuestaria de la Justicia de Faltas. No sé si usted sabe, señor presidente que, excepto un solo juzgado de la Ciudad de Córdoba, en el resto de la Provincia no hay juzgados de faltas que permitan el funcionamiento de la tripartición de poderes. Hoy, las faltas y/o contravenciones por las cuales van presos 95 cordobeses por día son reprimidas y juzgadas por la policía y no por un juez.
Nuestro Código de Faltas prevé –si no sería inconstitucional- que quien dicta resoluciones en un ámbito jurisdiccional tiene que ser un juez, pero no se puede hacer por la falta de recursos para designar a los 15 ó 20 jueces que hacen falta para el interior provincial. ¿Sabe con cuántos millones de pesos anuales se cubriría esta falencia que le devolvería la legalidad perdida a este ámbito de control jurisdiccional? Exactamente la misma cantidad de millones que se ha afectado para la partida destinada al Bicentenario.
A pesar de lo dicho por el miembro informante del oficialismo, cuando hizo referencia a la cruda realidad social que existe en la Provincia de Córdoba y en el país, existen los recursos suficientes para políticas sociales. Si alguien se toma el trabajo de sumar los programas vinculados a la cartera que tiene a su cargo, por excelencia, las políticas públicas sociales de la Provincia, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social –del cual el actual presidente del oficialismo fuera su Ministro-, podría saber que suma 151 millones de pesos, apenas dos veces más que el presupuesto del Bicentenario.
Quizás también haya que contrastarlo, por ejemplo, en materia de políticas vinculadas a la prevención de las adicciones. Parece ser que en este caso el marketing sólo estaba vinculado a la creación de la Secretaría, porque luego, en el Presupuesto, le dan sólo el 15 por ciento de lo solicitado por las propias autoridades para realizar una tarea mínima.
Por el otro lado, me gustaría señalar, como la otra cara de la moneda, que se reduce el Presupuesto de Ciencia y Tecnología en un 27 por ciento. El personal del CEPROCOR, un centro de excelencia tecnológico que ha realizado transferencias innovativas reales al sector productivo, creando nuevos productos, dando un marco serio en términos de investigación científica y tecnológica, ha realizado una seria denuncia referida a que su nivel de actividad se encuentra al 10 por ciento de su nivel histórico.
Para tratar de graficar la situación y cerrar este capítulo lamentable de comparaciones, digo que es como si una familia que tiene enormes dificultades para darle de comer a sus hijos se termina comprando un auto nuevo.
El Presupuesto, a juicio de nuestro bloque -y este será otro motivo que sumaremos a la grilla que justifica nuestro rechazo-, oculta y distorsiona la realidad. Para acreditarlo, quiero hacer una breve referencia al tema del déficit. A través de la presentación del Presupuesto 2010, el señor Gobernador nos trasmitió un mensaje diciendo que tiene, ante la perspectiva de un período anual, un problema difícil pero manejable y que, en alguna medida, esto se exteriorizaba a través del déficit: año 2009, 381 millones; año 2010, 281 millones de pesos. Nos muestra –de la misma manera que ha intentado hacer el legislador Heredia- que para su manejo se requieren algunos ajustes impositivos; dicho sea de paso, quizás -con un común denominador- se requiera de un rápido efecto precio, profundamente regresivo, para obtener algunos créditos.
Sin embargo, cuando empezamos a sacar las capas de la cebolla van apareciendo estas pequeñas travesuras a las que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo cuando nos manda estos tres Presupuestos; por ejemplo, en algunos casos ingresos inventados, sobredimensionados, etcétera. Cuando profundizamos en el análisis del déficit, el del año 2009 deja de ser de 381 millones y se sitúa en alrededor de los 800 millones, y el del año 2010 –sin asumir riesgo que puedan aparecer como exagerados- tranquilamente lo podemos situar en los 1.000 millones.
Como dijimos al principio, sabemos que el Presupuesto cumple un rol institucional muy importante, tiene una importancia crucial; “debe ser el más importante a nivel provincial en materia de política económica”. Por esta razón, los organismos de Naciones Unidas reiteran, permanentemente, en vinculación al tema, la necesidad de que sea transparente; sin embargo, este es un valor que parece estar absolutamente ausente porque toda la ingeniería financiera intenta ocultar las graves limitaciones económicas y financieras que tiene la Provincia, fundamentalmente, apuntando a dos objetivos: primero, ocultar que existe un déficit superior al previsto; segundo, la incapacidad de la Provincia para generar inversiones con sus recursos económicos.
Decíamos que para poder llegar a una conclusión del posible déficit del año 2010 debíamos concluir el análisis del 2009 con un supuesto déficit final de 381 millones de pesos.
Sin embargo, se detectan un par de simulaciones. En la cuenta Transferencias Corrientes y otros, que son de jurisdicción nacional, por 847 millones, solamente se puede llegar a ese monto incluyendo una cifra de 526 millones para el Fondo Federal Solidario formado por las retenciones a la soja.
Sin embargo, se escapa un detalle que nos permite llegar a la realidad de las cosas. Se incorpora dentro de la columna Proyección Cierre 2009 una previsión para el fondo que se transfiere a las provincias por 78 millones de pesos. Si este fondo, por exigencia legal, expresa el 30 por ciento de la transferencia que hace la Provincia del total que recibe, indudablemente, en lugar de los 526 millones de pesos que las propias autoridades están estimando, solamente van a recibir 263, siendo el resto lo que va a ir a engrosar el déficit del año 2009, con lo cual, esta sola cifra nos lleva a 644 millones. Y si a eso le sumamos algunas cosas más “rascando de la olla”, con una expectativa exagerada de los recursos que vienen de la coparticipación, llegamos a los 800 millones de pesos. Es más, la consultora nacional ABC ha estimado el déficit acumulado final de las provincias en 16.400 millones, y la verdad es que, conociendo la situación económica y financiera de la Provincia de Córdoba, nadie podría creer que ésta va a contribuir solamente con el 2,3 por ciento a ese déficit de todas las provincias.
Con esto cierro el capítulo: la picardía que encierra la disminución del déficit para el año 2010 está encubierta por la estimación de gastos de personal. Desde todos los sectores de la oposición –no solamente de la oposición sino también del campo y del trabajo-, vemos con absoluta preocupación la estimación del 8,8 por ciento prevista para eventuales incrementos salariales, porcentual absolutamente increíble, como sería pensar que, inexorablemente, la Provincia se prendería fuego por los conflictos sociales. Ni el propio Gobernador de la Provincia se cree que el incremento va a ser del 8 por ciento.
Lo que acontece es que cuando se cae en zona de déficit cada peso que se aumente en cualquier rubro, por ínfimo que resulte el porcentaje, aunque recaiga sobre el déficit por el mismo valor en términos absolutos, en términos relativos el incremento es explosivo, a punto tal que si ese incremento estuviera previsto en cifras medianamente responsables como para sentarse a una mesa de discusión con los trabajadores del sector público, por ejemplo, hablando de un aumento del orden del 15 por ciento, eso automáticamente representaría un aumento, en términos de déficit, de 340.9 millones en valores absolutos y del 121.3 por ciento en valores relativos.
Este es el panorama que vamos visualizando; y a estos ingredientes de este cóctel que se va llenando de sustancias peligrosas, debemos sumarle el endeudamiento que van a generar los BONCOR, que a esta altura del partido queda absolutamente claro que va a ser malversado su destino porque esta Legislatura votó estos bonos en el sentido de que ese endeudamiento iba a ser dirigido hacia la obra pública, pero hoy nadie cree eso, ya que se usarán para pagar gastos corrientes.
A fin de darnos cuenta de la dimensión que adquiere esta distorsión, diremos que con los BONCOR se van a pagar hasta juicios que han iniciado algunos acreedores de la Provincia de Córdoba. A esto se le suma otra deuda que ya ha sido emitida, llamada deuda flotante, la cual, entre el 31 de diciembre del año 2003 y el 30 de junio del año 2009, se ha incrementado siete veces, llegando a 1.890.000.000 de pesos. Al respecto, algunos dirán que se trata de deuda flotante y el cómputo de la deuda total se hace sobre deuda consolidada. La verdad es que esto último ocurre en la medida que los proveedores del PAICOR, o los del sector salud, no nos corten este financiamiento obligado al que los están sometiendo desde hace siete meses. Como la Provincia de Córdoba no puede vivir el día a día con el crédito cortado, la deuda flotante terminará siendo deuda consolidada.
La próxima Administración –afortunadamente no serán los que se sientan del otro lado- se va a tener que enfrentar no sólo con una deuda acumulada, que resulta absolutamente sobredimensionada respecto a provincias similares, sino aumentada a gran escala por los BONCOR y la deuda flotante que, a fines de este año, será superior a la conocida al final del semestre pasado; y todo esto en la medida que la Nación cumpla, o sea que envíe el dinero del PAF y de la Caja de Jubilaciones.
La conclusión es que el déficit altísimo, sumado al endeudamiento con los BONCOR y la deuda flotante, conforman un “cóctel explosivo” para la viabilidad económica y financiera de la Provincia de Córdoba.
El señor miembro informante, legislador Heredia, desapareció -tal cual lo hizo el señor Ministro Elettore al no venir a defender el Presupuesto-, no queriendo permanecer para escuchar las voces de la oposición. Vamos a tener que sumar un nuevo “fantasma” a esta “categoría fantasmal” que están teniendo las principales voces responsables de conducir este barco –la Provincia de Córdoba- que está naufragando.
Se dijo que la Provincia necesita del oficialismo y de la oposición gestos patrióticos y esfuerzos compartidos; en verdad, comparto y estoy de acuerdo con esto; esta Provincia; porque, más allá de los principales responsables –que son quienes están hoy a cargo del Poder administrador-, creo que se trata de una cuestión de todos, ya que quien tenga que hacerse cargo del timón en el año 2011 se encontrará con un enorme problema, que de hecho lo tenemos hoy.
Por esto, desde el Frente Cívico y Social –sobre la base de lo manifestado por el legislador Heredia– proponemos trabajar en un proceso de concertación provincial que refuerce nuestras capacidades frente a la voracidad, sentando en una misma mesa al Gobierno provincial, a la oposición, a los sectores del trabajo y de la producción, para que entre todos consensuemos un orden de prioridades, poniendo por delante los intereses de los cordobeses.
Lo único que pedimos –ni siquiera es una condición, ya que se trata de un elemento absolutamente insalvable e insoslayable- es transparencia, que todos los organismos establecen como una cualidad indispensable-, tanto respecto de las cuentas públicas como de la situación actual de la Provincia. Una vez cumplido este requisito, útil para todos y que sirve para saber dónde estamos parados, el Frente Cívico y Social con muchísimo gusto se sentará a esa mesa común para concertar políticas y determinar cuáles deben ser los sectores que tienen que hacer un mayor esfuerzo para evitar que, como siempre, el hilo se corte por lo más delgado, que son los sectores más postergados de esta sociedad.
Además, hay otros elementos, señor presidente –le queda muy bien ese lugar, compañero Varas-, que con más capacidad técnica que la mía sumarán a esta docena de razones que nos mueven a rechazar este Presupuesto y, al mismo tiempo, a aceptar el desafío de trabajar todos juntos en políticas de concertación para encaminar el rumbo de esta Provincia.
Como son muchos los aspectos que quedan por discutir, creo que sería un gesto de nobleza, para que desde esta Legislatura se avance en la dirección correcta, que los expedientes que estamos tratando pasen a comisión, al menos por una semana, para evitar que de la virtualidad de un discurso pasemos a la acción concreta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, le voy a dar la palabra cuando le corresponda.
Si los señores legisladores han cambiado de opinión y quieren terminar con el tratamiento del Presupuesto deberán plantear el cambio en el momento que corresponde y no cuando se les ocurre. Lo que hizo el bloque oficialista -repito, a través del pedido expreso de los señores presidentes de bloque- fue garantizar que la sesión se desarrolle en esos términos.
Si los señores legisladores quieren votar la moción de orden de volver el tema del Presupuesto a comisión que la reiteren.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, lo que usted ha dicho es lo que efectivamente se acordó en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, lo que ocurre es que usted no previó, porque es muy difícil mirar bajo el agua, que el legislador Heredia iba a convocar a un gesto patriótico y que desde la oposición íbamos a aceptar el desafío.
Eso es lo que se ha modificado; pero, para llevar adelante esta posible concertación, este acuerdo a partir de lo solicitado por el legislador Heredia, indudablemente necesitamos un tiempo que una sesión no nos brinda.
De todos modos, para su tranquilidad, señor presidente, descubrimos ahora cuál es la fórmula para que vuelvan a sus bancas –no es que sea un chiste para Tinelli- todos los legisladores del oficialismo: “pedir una moción de orden y que se trate urgente”. En verdad dio resultado, por lo tanto, para su tranquilidad, vamos a desistir de la moción planteada.
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