Sr. Birri.- Señor presidente: en rigor de verdad, todo lo que tenga que ver con las acciones o estrategias que pudiera poner en marcha este Gobierno provincial –o cualquier otro– y que tengan por objeto mejorar los servicios de seguridad –teniendo en cuenta que la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones cotidianas–, seguramente contará con el visto bueno –de hecho, hemos votado muchas iniciativas de esta naturaleza, provenientes del Poder Ejecutivo– del bloque del Frente Cívico y Social.
La temática motivo de tratamiento no es nueva; es más, el debate parlamentario del día de la fecha incluye un anuncio que lleva más de un año. Tengo presente que en septiembre de 2008 el Gobernador de la Provincia de Córdoba anunció un plan que incluía la creación de diez nuevas comisarías y la relocalización de otras nueve, y en aquella oportunidad Schiaretti prometió iniciar la construcción de los nuevos edificios policiales “en los próximos treinta días”. En ese período de tiempo –va de suyo– no se inició ninguna obra y el tema se recicla ahora, prácticamente un año y medio después.
Escuché con suma atención el análisis que ambos miembros informantes del bloque del oficialismo realizaron respecto de los distintos componentes que tiene esta iniciativa. Además, creo que cometieron un error en una referencia sobre este tema –creo que la memoria no me es ingrata–, ya que uno de ellos dijo que hacía 75 años que no se realizaba ninguna obra de infraestructura edilicia vinculada con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba, pero -si bien no resido en esta ciudad- tengo entendido que la construcción de la Central de Policía data de la década del ’80; por lo tanto, al hacer esa precisión se debiera haber explicitado que estaba referida solamente al caso de las comisarías y no a la infraestructura edilicia en general. No obstante, esta observación queda registrada simplemente como una anécdota.
Si bien coincido con algunos de los aspectos de los componentes que motivaron esta iniciativa; está claro que a todos nos gusta ver edificios nuevos donde se lleven adelante los distintos servicios que forman parte de las políticas públicas, y creo que es correcto que aquellos que han estado en conflicto con la ley penal sean alojados en dependencias dignas en cuanto a su habitabilidad. También es cierto que lo que se hace con este proyecto, por la forma en que viene redactado, es simplemente plantear –diría casi asépticamente– la autorización para la enajenación, venta y transferencia de algunos inmuebles, lo que naturalmente nos obliga a circunscribirnos al análisis de la forma y el fondo –como corresponde– del proyecto tal cual viene.
Entonces, he hecho un enorme esfuerzo, desde ambos puntos de vista, para ver si en la forma –que no es un valor menor en materia de análisis legislativo– este proyecto alcanzaba los estándares o los requisitos de admisión mínimos para superar esta valla; y, en verdad, salvo el aporte que se realizó en materia de ubicación física de los nuevos emprendimientos edilicios, queda un sinnúmero de cuestiones que no han sido respondidas, tal como se desprende de las anotaciones que realicé a lo largo de este debate parlamentario –que ya lleva tres horas–, que citaré a continuación.
Si bien es aceptable y en parte aparece a ojos vista que algunas dependencias policiales no reúnen las condiciones edilicias necesarias, está claro que la situación de las dependencias mencionadas no puede ser equiparada, ya que son muy distintas entre sí; por ejemplo, la situación edilicia, geográfica y de funcionamiento operativo de la Comisaría Cuarta no es igual a la de la Catorce, ni la situación del Cuerpo de Guardia de Infantería es equiparable a la de la División Protección de Testigos, por cantidad de efectivos, móviles y la actividad propia que tiene. Está claro que este plan de enajenación trata a todos por igual, no marca ni tiene en cuenta las diferencias y los nuevos lugares destinados a estas dependencias, y no en todos los casos parece respetar un criterio de especificación de roles.
Por ejemplo -tomaba nota recién-, no existe una previsión sobre cuál es el monto -y a esto se han referido muchos legisladores porque, indudablemente, no es un tema menor- que se requiere para la construcción de estas nuevas dependencias policiales y cuál es el que se obtendría por la enajenación de esos inmuebles; ni siquiera hay un mero análisis de estas cuestiones que son elementales tasaciones.
Se habló de modernización de las dependencias policiales, pero nada dice el despacho -para aquellos que tenemos formación política y hemos transitado las veredas del foro penal-, sobre las unidades judiciales que a la fecha funcionan en algunas de estas comisarías que van a ser relocalizadas, y yo diría que en todas existen unidades judiciales.
Por otro lado, los nuevos destinos para las dependencias que se pretenden trasladar carecen de las especificaciones sobre la ubicación exacta de los predios en cuestión; por ejemplo, con relación a la fracción del predio ubicada al oeste de la Avenida Cárcano, en el Chateau Carreras, no dice qué dimensiones tiene ni exactamente cuál es la ubicación geográfica. En el caso de la Escuela de Suboficiales y Agentes se especifica su traslado desde inmueble donde se encuentra a otro predio mencionado, aunque en los hechos hace tiempo que no funciona en donde se dice sino en otro lugar.
Van quedando un sinnúmero de preguntas e interrogantes sin respuestas; por ejemplo, el lugar de destino de algunas dependencias, sobre todo de aquellas que brindan atención al público como la 14 o la 4º, que se encuentran absolutamente alejadas del lugar actual siendo que son dependencias tradicionales y reconocidas por la ciudadanía, a la que se vuelve a confundir hasta con el nombre: antes se hablaba de comisarías luego de precintos, hubo cambio de números, etcétera.
En fin, tengo más anotaciones pero, en honor a la brevedad, en todo caso las dejaré por escrito; sin embargo, quiero hacer una referencia a la contradicción que encierra esta política de relocalización y venta, en algunos casos, de los inmuebles vinculados a las fuerzas de seguridad. Se venden porque son antiguos o porque están mal ubicados, pero a la Jefatura Departamental de la ciudad de Río Cuarto, que la gente pide a gritos que se relocalice porque está en un lugar absolutamente inadecuado, inconveniente y peligroso, a treinta metros de la plaza principal, donde se confunden las madres que transitan con sus hijos por la vereda de la calle Belgrano con los detenidos que ingresan esposados, no la relocalizan sino que la refaccionan aportando 160 mil pesos.
Entonces, ¿es la cuestión de la antigüedad, de la vetustez un tema que ha sido central?, pareciera que sí en algunos casos. Ahora, con ese criterio ¿qué tendríamos que hacer los cordobeses con la Catedral que tiene cuatrocientos años?, ¿tendremos que venderla porque es vieja? Me parece que hay un criterio en absoluto desorden en el tema de planificación estratégica, una absoluta incoordinación, y una cuestión como al voleo sobre los edificios que son de todos los cordobeses.
Esto tiene que ver con algunas cuestiones de forma que, por supuesto, no han sido saldadas, y con una cuestión conceptual, diría casi ideológica: cuál es el proyecto de Provincia y cuál es el rol del Estado que Unión por Córdoba viene ofreciéndoles a los cordobeses en estos diez años.
Ojeando retrospectivamente las versiones taquigráficas de algunas sesiones que se llevaron a cabo -diría varias-, donde hablamos de las ventas de los activos públicos, -porque, en realidad, Unión por Córdoba tiene como una suerte de compulsión por vender las cosas que son de todos-, observé un párrafo que voy a leer en esta sesión porque lo ratificó en todos sus términos. Pues bien, aquella vez decíamos -seguramente habíamos estado discutiendo qué cosa vendíamos ese día-: “la liquidación de los activos públicos para este Gobierno no se trata de un acto administrativo como si fuera un simple hecho espasmódico o como si fuera un estertor, sino que se trata de un prolijo y paciente armado técnico, político y legislativo en forma eslabonada”; y agregábamos en aquel entonces: “hay un hilo conductivo y una secuela cronológica desde hace años hasta la fecha que van cerrando eslabonadamente, y que cada 6 ó 7 meses escribe siempre un nuevo capítulo”. El primer capítulo aquí se mencionó y fue cuando se sancionó la Ley 8836, probablemente haya sido el primer paso de esta secuela eslabonada, eufemísticamente denominada “Ley de Modernización del Estado”, que en realidad debiera haberse llamado “Ley de Desguace del Estado Provincial”, por la que entre otras cosas, en aquel momento, se creó la CORINCOR, esta inmobiliaria oficial para las ventas de los bienes públicos, donde no fueron con chiquitas porque ponen a la cabeza, a un famoso vendedor de las cosas públicas, que fue Presas.
Hoy, señor presidente, es el comienzo de estos nuevos eslabones, que tuvieron muchísimas secuencias y que seguramente van a tener otras, porque así como ahora quieren vender comisarías, ayer fueron cárceles, antes el Neurosiquiátrico y el año pasado 58 inmuebles, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, ¿mañana que será, los institutos de menores?, ¿y pasado serán los hospitales? Para aquel que tiene una adicción nunca hay ningún límite. Como tienen una verdadera compulsión para vender lo que es de todos, seguramente la capacidad de sorpresa no será agotada hoy.
El eslabón siguió –estando nosotros en este ejercicio legislativo- con el llamado “proceso de mejoramiento en la oferta continua”, que fue una suerte de nuevos procedimientos que se incorporaron a los modos normales de selección que tiene el Estado provincial, entre los cuales –por supuesto que no voy a rebobinar sobre lo que ya fue motivo de debate- se incluía que el Estado provincial podía vender los activos públicos hasta por un 30 por ciento menos de su valor de tasación.
También recuerdo parte de una discusión: un legislador -que no es de nuestro bloque- cuando se trató esto, alguien que seguramente es más perspicaz que yo, dijo: “la verdad es que se deben venir con algo groso, con algo fuerte” porque aisladamente era algo que no cerraba. Va de suyo que se venían con algo “groso”.
Al poco tiempo se agrega también, con el voto de la mayoría, la Ley de Contrataciones, para poder permutar y dar en pago bienes del Estado como una manera de afrontar las obligaciones de pagos pendientes con los proveedores. También recuerdo algunas ironías de algún legislador que decía que no sería raro a los acreedores del PAICOR, con sistemáticas deudas de 7, 8 ó 9 meses, les terminaran pagando con algún terrenito donde habría alguna vieja comisaría que se usa poco; mientras que otros legisladores decían: “o con algún Siena, modelo 2002, del interior de la Provincia, que se lo entregarán a algún consorcio caminero a quien le estamos debiendo 5 ó 6 meses”.
El año pasado se autorizó al Ejecutivo a desafectar y enajenar los inmuebles de propiedad fiscal que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En realidad, eso fue en el 2009, se pusieron a la venta cerca de 60 inmuebles.
Son distintos eslabones, nosotros dijimos y ratificamos que estas propuestas, junto con la que se trata hoy, vienen a contramano de los tiempos que corren, no solamente en Argentina sino en el mundo entero, cuando hoy el común denominador son los Estados activos, que inyectan fondos en la economía para mejorar condiciones de consumo, para salir de la crisis económica en la que se sumió el mundo entero hace un año, donde los Estados compraban desde bancos a empresas. Incluso el Estado nacional, más allá de las opiniones que nos merezcan los éxitos y fracasos de su gestión, incorpora activos privados al público. Por lo tanto, no solamente esto viene a contramano sino que hay que avisarle al Gobernador que los vientos soplan en otra dirección.
Ni siquiera este expediente motivo de tratamiento tiene un informe específico de la Escribanía o Fiscalía de Gobierno -quien debe defender el patrimonio provincial- que nos deje más tranquilos. Creo que esta es la cuestión de fondo, que para nosotros es tan o más importante que la otra.
Entendemos que hay un gobierno con un modelo de gestión pública que ha eclosionado, caracterizado por un enorme endeudamiento, impuestos regresivos y un Estado ausente; un gobierno que primero nos endeudó hasta la cabeza y hoy nos vende los activos públicos.
Por eso, ni por la forma ni por el fondo este bloque va a aprobar esta iniciativa.
Muchas gracias.
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