(nota de opinión por Roberto Birri – Legislador Provincial – Partido Socialista)
“La leña de nuestros bosques ha sido dilapidada; se ha talado sin método y sin control, olvidando que es un deber de los gobiernos mantener los bosques en beneficio del país y, cuando no se han sabido mantener, repoblarlos…es necesario sancionar una ley de bosques”. Esto es lo que decía el legislador socialista Alfredo Palacios en el Congreso de la Nación, en el año 1914...
En ese entonces los bosques nativos ocupaban el 39 por ciento de la superficie del territorio nacional, y se redujo solamente al 14 por ciento en el año 1987. En nuestra provincia la situación aún es peor: De las 16.532.100 hectáreas de superficie total de la provincia, los bosques originales llegaron a representar el 71,4 por ciento de su superficie, mientras que hoy ocupan el 3.6 por ciento (594.000 hectáreas). La tasa de deforestación de la Argentina, se ubica seis veces por encima del promedio mundial. Este es el diagnóstico de situación: estamos ante una verdadera emergencia forestal.
A fines del año 2007, el Congreso de la Nación sancionó una ley de protección de los bosques nativos en nuestro país cuyo objetivo no sólo era poner freno al desmonte indiscriminado, sino generar un marco adecuado para su recuperación.
La ley nacional, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, establece los “presupuestos mínimos”, y las provincias deben dictar sus propias normas generando un marco de protección que no puede estar por debajo al establecido en la ley nacional.
En nuestra provincia, este proceso empezó bien, pero terminó mal, y podemos decir sin miedo a equivocarnos que se ha sancionado una norma a la que el título de “ley de bosques”, en el mejor de los casos le queda grande.
El proceso se inició con la creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN), en donde trabajaron más de 30 organizaciones sociales, académicas y del campo de la producción. Miles de cordobeses hicieron su aporte en talleres que se realizaron a lo largo y lo ancho del territorio provincial.
Esta etapa participativa insumió más de un año y medio y luego se trasladó la discusión al seno de la comisión de asuntos ecológicos de la Legislatura, donde todos los bloques más los representantes de la COTBN, durante siete meses de trabajo, arribò a consensos fundamentales para hacer de la ley de bosques la mejor ley posible.
Desde primer momento el objetivo fue construir un proyecto de ley que efectivamente pudiera proteger y recuperar los bosques nativos y, al mismo tiempo, garantizar las posibilidades productivas de nuestra provincia, no solo en el presente, sino sustentable en el tiempo.
Parecía que la conciencia ciudadana y de la dirigencia política sobre la necesidad de garantizar un ambiente sustentable iba a tener mayor peso que la presión de un reducido sector que llegó a decir que se estaba por aprobar un proyecto “ambientalmente extremista y contra la producción y las fuentes de trabajo”, y también que de las propias diferencias internas del oficialismo. Lamentablemente no fue así, y pocos días antes de su tratamiento, se introdujeron modificaciones a las apuradas que la desvirtuaron totalmente, haciendo de la misma una norma que se ubica por debajo de las exigencias de la ley nacional y no servirá para proteger los pocos bosques nativos que quedan ni, mucho menos, para lograr el declamado objetivo de recuperar una parte de los perdidos.
La ley reduce a un área insignificante los bosques a proteger, dando la posibilidad de eliminar todo lo que no sea considerado “bosque maduro”; permite el “aprovechamiento sustentable” de áreas en las que la ley nacional exige que se mantengan inalteradas; posibilita el desmonte de las áreas de mayor valor de conservación a través de la minería o cuando se instalen equipos de riego artificial, elimina la protección de las pendientes, lo que seguramente implicará mayores niveles de desertificación e inundaciones y menores posibilidades de acumulación de agua en las fuentes de agua potable; reduce el área de bosque a proteger en las riberas de diques, ríos y arroyos; y elimina o reduce las instancias de participación social en el control de la aplicación de la ley.
Los legisladores que defendieron la norma tal como fue sancionada, se esmeraron en explicar que es la mejor ley posible por tener los votos de la mayoría, lo que no pudieron explicar es cómo a través de esta ley se cumplirá el objetivo de proteger los bosques existentes y recuperar parte del bosque nativo perdido. No pueden ni podrán explicarlo, porque sencillamente será imposible con esta normativa que mas temprano que tarde será tachada de inconstitucional.
Más que desanimarnos, esta situación debe llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra práctica ciudadana, sobre el valor de lo público, sobre la democracia y animarnos a la participación activa, única herramienta con la que colectivamente podremos hacer frente a las enormes presiones sectoriales.
Estamos ante un debate profundo, donde tenemos una contradicción, un conflicto entre inversión, desarrollo y medioambiente.
Los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y es la mano del hombre la que lo destruye en poco tiempo. Cada día que pasamos sin revertir la situación, es irrecuperable, y hasta algunos especulan con cuál será el límite de la vida humana sobre el planeta si se continúa en este camino.
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