Señor presidente: en primer lugar, nos parece –para poner las cosas en el orden que corresponde- que debieran considerarse normas que tengan que ver con la mayoría que van a necesitar los impulsores del proyecto para que éste se apruebe y posteriormente se sancione...
En ese sentido, adelanto el pedido formal para que, cuando se pase a votación, la misma se haga en forma nominal para saber a ciencia cierta si esta presentación que estoy formulando no es aceptada por el bloque del oficialismo, para que quede absolutamente claro quiénes son los legisladores que en ese acto van a estar violando la Constitución en forma flagrante.
Pido autorización para leer expresamente el artículo104, inciso 33) de la Constitución de la Provincia de Córdoba que dice: “Corresponde a la Legislatura Provincial: Autorizar al Poder Ejecutivo, con el voto de dos tercios de los miembros presentes, a contraer empréstitos.”
Sé que cuando el legislador Heredia haga uso de la palabra va a traer a consideración el Fondo Patriótico. Cuando la Unión Cívica Radical gobernó esta Provincia –hace más de quince años–, cuando la Legislatura tenía dos Cámaras, una de ellas trató el Fondo Patriótico, y parece ser que, en lugar de aprobarse como correspondía, con los dos tercios, se aprobó por simple mayoría y en una sola lectura. Si es así, el legislador, en lugar de abrevar en experiencias que expresan buenos ejemplos, abreva en aquellos que no lo fueron.
Por otra parte, el artículo 106 de la Constitución establece: “La declaración de reforma de esta Constitución, la ley de presupuesto, el código tributario, las leyes impositivas, y las que versen sobre empréstitos, se aprueban en doble lectura en la forma en que lo establezca el Reglamento”.
Este párrafo es ratificado por el Reglamento de la Legislatura, por lo que sigo pidiéndole autorización, señor presidente, para leer el artículo 117 -con lo cual se cierra este marco jurídico que nos interesa introducir en la discusión-, que establece: “Se requiere doble lectura para los siguientes proyectos de ley: 1) La ley de declaración de necesidad de la reforma de la Constitución; 2) Ley de presupuesto; 3) Código tributario; 4) Leyes impositivas; y 5) Leyes que versen sobre empréstitos.”
O sea, en este caso, el proyecto motivo de tratamiento requiere de la doble lectura para su aprobación.
Probablemente, el legislador Brügge haga –en el convencimiento que tengo de que incluso expresaría lo que no siente– una interpretación distinta, pero absolutamente clara.
En síntesis, señor presidente, no se necesita ser un jurista experto para concluir, sin que haya la mínima posibilidad de dudas, que se necesitan dos tercios de los miembros presentes para lograr la aprobación de este proyecto, y que su tratamiento se debe dar en doble lectura.
La verdad es que si se pretendiera invocar una norma de categoría inferior para contrariar esta clara disposición de la Constitución de la Provincia de Córdoba, nuestra Carta Magna, vale recordar un principio elemental del Derecho que dice: “Las normas jurídicas del vértice superior desplazan a una norma inferior cuando entran en colisión”. Está claro que si se hiciera lo contrario sería nulo de nulidad absoluta lo que aquí se aprobara hoy.
Aclarada como creo que está esta cuestión, hay un segundo tema que nos interesa abordar, vinculado con lo que es una práctica común, una práctica distorsionante, viciosa, que afecta la calidad institucional de esta Legislatura, que tiene que ver con la delegación de facultades de un Poder a otro.
Seguramente algunos integrantes de esta Legislatura dirán: “Otra vez con este tema”. Y sí, haremos hincapié una y mil veces cuando se lesiona la integridad de este Poder de la República delegando facultades en otro.
La verdad es que con la conformación definitiva de la ley y la integración del proyecto 3936 me ocurre lo mismo que al legislador Pozzi, prácticamente nos estamos anoticiando ahora. Por otra parte, no me queda del todo claro qué es lo que se ha receptado del proyecto 3936 en el texto definitivo que pueda llegar a modificar en forma significativa el 4414, pero está claro que de la cantidad de artículos que tiene el proyecto en discusión, prácticamente la mitad son delegaciones de facultades, particularmente los cuatro últimos –no voy a leerlos para no aburrirlos–, que son burdas repeticiones de otros articulados, que de tanto en tanto vienen como moneda corriente en proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. Asimismo, está claro que esto está estrictamente prohibido por el texto de la Constitución, cuyo artículo 13, bajo el título “Indelegabilidad de funciones”, establece: “Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo en los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia”. Por su parte, el siguiente artículo –más que por convicción, lo cito al menos por precaución– establece responsabilidades civiles, penales, administrativas y políticas a los funcionarios que no cumplieren con la Constitución.
Hecha esta introducción, quiero hacer otras valoraciones para expresar que este tema no se agota simplemente en un análisis jurídico –que, en honor a la brevedad, se basta a sí mismo– sino que también hay consideraciones políticas, económicas e instrumentales que nos mueven a votar en determinado sentido, como creo debe haberlo hecho la Unión Cívica Radical, en función de las expresiones que escuché.
Analizamos responsablemente el proyecto motivo de tratamiento; leímos su texto, su contenido –a pesar de que estamos un poco atrasados a raíz de la incorporación del proyecto del legislador Graglia–; asistimos ayer, con particular interés, para escuchar la exposición del Ministro Caserio, y recibimos a los intendentes del Frente Cívico y Social, que vinieron a trasladarnos sus puntos de vista y análisis sobre la creación de este Fondo de Infraestructura, y la conclusión. En tal sentido, quiero adelantar –para que no piensen que ocultamos alguna información– que estos intendentes se han expresado favorablemente a la existencia de este fondo. No obstante, está claro que una cosa son sus responsabilidades, competencias e incumbencias, y otras muy distintas las que tenemos los legisladores.
La conclusión a la que arribamos, señor presidente –la verdad sea dicha–, es que este proyecto no reúne las condiciones mínimas de seriedad como para que podamos verlo con “buenos ojos”; objetivamente, este proyecto es “invotable” –si bien este término no figura en el diccionario, tengo muy en claro que es gráfico para definir esta situación que, a nuestro juicio, torna a este proyecto absolutamente insustentable e inviable-, por algunos motivos que a continuación paso a explicar.
En primer lugar, objetivamente no advertimos la necesidad práctica –aunque quizás sí política– para que la Provincia disponga de un instrumento, cuando en realidad ya cuenta con la herramienta necesaria para lograr idéntico objetivo. Hace un tiempo, tal vez un par de años –en verdad, no lo tengo presente–, se sancionó con fuerza de ley la número 9489, que el legislador Heredia trajo ayer a consideración. En realidad, es una ley “todo terreno” -voy a hacer una breve referencia sobre ella porque ya se expresó el legislador Pozzi-, mediante la cual se autoriza a realizar operaciones de crédito por una suma de hasta 500 millones de dólares y, entre otras cosas, para el logro de fines tales como “el emprendimiento de obras de infraestructura pública”; casi lo mismo que establece el artículo 2º del proyecto en tratamiento que dice: “para financiar obras públicas de infraestructura”. Tal vez –como manifestaron ayer en la comisión- nos digan que aquel era para la Provincia y éste es para los municipios, como si los municipios fueran una cosa desagregada de la unidad territorial provincial, o como si la Provincia no pudiera hacer obras de infraestructura en un municipio, que, de hecho, algunas hizo.
Fíjense que es tan idéntico que no solamente se expresa en uno de los sentidos sino hasta en la redacción, que es exactamente la misma, simplemente han cortado y pegado.
Téngame un poco de paciencia, señor presidente, pero voy a leer el artículo 1º de la Ley 9489, que dice: “Autorícese al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de 500 millones de dólares, o su equivalente en pesos u otra moneda, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamos (sindicados o no) con entidades locales, del exterior o la emisión de títulos de deuda a ser colocados en el mercado local o internacional y a percibir anticipos a cuenta de dicha operatoria”.
El artículo 5º del proyecto en tratamiento dice: “Autorícese al Poder Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta la suma de 70 millones dólares –es la única diferencia con el anterior- o su equivalente en pesos u otras monedas, ya sea mediante la suscripción de contratos de préstamos (sindicados o no)” –también entre paréntesis- “con entidades locales o del exterior o de emisión de títulos de deuda a ser colocados en el mercado local e internacional y a percibir anticipos a cuenta de dicha operatoria”; hasta los puntos y comas son exactamente iguales.
El artículo 4º, mediante el que se crea el Fondo de Infraestructura, dice: “Estará integrado por los recursos destinados a emprendimientos y obras de infraestructura pública, obtenidos a través de la disposiciones de la presente ley, el que contará con una cuenta única para su seguimiento”.
Los artículos 9, 10, 11 -perdón, son tan iguales que me confundo, en realidad me refiero a los artículos 6, 7, 8, 9 y 10- son exactamente iguales, con puntos y comas, a los números 9, 10, 11, 12 y 13 del proyecto que estamos tratando; ni siquiera se han molestado en cambiarles las comas.
Además, esa autorización que dimos hace un tiempo ha sido ejecutada solamente en parte, queda una gran parte de esos 500 millones de dólares disponible para ejecutar.
En conclusión, respecto a este tema concretamente, la herramienta que piden ya está, el instrumento que solicitan hoy ya existe, y la verdad es que se pretende hacer dos veces lo mismo. Si tuviera que graficarlo diría: para qué hacer una iglesia al lado de la otra; para qué hacer un puente y después construir otro al lado; para qué voy a venir dos veces de mi casa a la Legislatura. Cualquiera diría que no es lógico, pero acá sí.
Hay dos proyectos que tienen el mismo sentido, y la verdad es que uno no sabe por qué se somete a este desgaste a la Legislatura de la Provincia.
Ahora bien, aunque estos argumentos ya sobran para rechazar esta iniciativa, supongamos que la miramos con buenos ojos. Despejemos estos nubarrones y hagamos de cuenta que es totalmente constitucional, que no se necesitan dos tercios, que va con una sola lectura, que esa autorización para comprar deuda por 500 millones de dólares es una ilusión óptica o un mal recuerdo de Birri, y nos pongamos a considerar este proyecto. No es menos importante la tarea que nos incumbe; tenemos la misión, nada más y nada menos, de autorizar una operación de crédito público de una suma significativa que, con el aumento del dólar, está cerca de los 300 millones de pesos y, si se aprueba, estará garantizada con la coparticipación federal. Son tres temas “gordos”, si los hay.
Por lo tanto, uno necesariamente toma algunas prevenciones y considera que si debe tratar este tema y debe aprobarlo, debe conocer las condiciones.
Sin embargo, ayer me quedé tranquilo. Antes de iniciar la presentación del informe del ministro, el legislador presidente de una de las comisiones, al introducir el tema, dijo: “el ministro va a dejar absolutamente claro todo”. Era un buen comienzo.
Entonces, le preguntamos al ministro algunas cuestiones elementales. Nos vamos a endeudar, entonces, le preguntamos quién va a ser la persona física o jurídica que nos va a otorgar el crédito del cual la Provincia va a ser tomadora. Respuesta de Caserio: “no sé”. Dijimos: “Pero, ministro, para poder hacer un trabajo serio y responsable, queremos conocer la tasa, porque si algún día se toma este crédito, no es lo mismo que sea al 2, al 4 ó al 20 por ciento”. Respuesta de Caserio: “no sé la tasa”. Acotamos: “Bueno, queremos conocer el plazo, particularmente nosotros, los legisladores de la oposición, que vamos a tener responsabilidades de gobierno dentro de dos años; si el plazo será de uno, dos o treinta años”. Respuesta de Caserio: “no sé”.
Con respecto a la autorización al Ministerio de Economía de la Nación, preguntamos: “¿está solicitada y otorgada?” Respuesta de Caserio: “todavía no”.
Otra pregunta: “¿por qué un crédito por 70 millones de dólares y no uno de 50, 30 ó de 500, como el año pasado?” El ministro tampoco sabía la respuesta.
También le preguntamos el porqué de 30 millones para Córdoba Capital y 40 para el resto del interior de la Provincia. Adivinen qué dijo el ministro: “no sé”.
No sabía. Si yo hubiera sido Caserio, habría dicho…
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe la interrupción, señor legislador.
El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Birri.- Sí.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Muchas gracias, legislador Birri.
He pedido la interrupción al solo efecto de decir que no creo que la importancia de esto radique en el problema numérico sino en una posición centrada. En este sentido, ayudar a la Municipalidad de Córdoba, después de tanto desgobierno del partido al que pertenece el legislador Birri, creo que es positivo en el juego de la democracia.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Le agradezco al legislador por sus palabras, no esperaba otro acto de bonhomía de su parte.
Continúo: no estoy diciendo que no se le dé la posibilidad de acceder a los recursos de un crédito blando ya sea a la Municipalidad de Córdoba, a la de Río Cuarto –que es la mía- o a la de Huinca Renancó, la que sea; me parece que lo que estamos discutiendo es otra cosa.
En definitiva, el Ministro Caserio tampoco sabía por qué se le asignarían 30 millones de dólares a la Municipalidad de Córdoba; podría haber dicho que era por el volumen poblacional, que es de alrededor del 40 por ciento, pero ni eso se le ocurrió para esgrimir como fundamento.
En conclusión, ¿para qué vino Caserio? ¿Lo estuvimos esperando dos años y dos meses para esto, ya que no tenía prácticamente nada para aportar ante los interrogantes? Por otra parte, estamos hablando de preguntas realizadas con responsabilidad, ya que el interés era genuino con el fin de votar responsablemente esta ley. En verdad, esperarlo durante tanto tiempo para que hiciera este triste papel, capaz que no haya valido la pena.
Tenemos el íntimo convencimiento de que no hay nada, que esto es sólo un papel, que esto así presentado es un invento, castillos en el aire o nubes de humo, y si hay –y creo que esto es lo peor-, estamos ante ocultamiento de datos. Si se tiene información y se conoce de dónde van a salir los recursos y esa situación no se puso en conocimiento de esta Legislatura, que es la que tiene autorizar el endeudamiento, la irresponsabilidad sería más grande aún.
Hay otros elementos que nos mueven a no aprobar este proyecto y voy a mencionar dos o tres para no aburrirlos, porque está claro en qué lugar de análisis nos paramos con relación a esta normativa.
Por ejemplo, en el tercer párrafo se expresa que el espíritu de la ley apunta, entre otros objetivos, al logro de soluciones de infraestructura para los municipios y comunas y dice: “…en especial de aquellos que por sus dimensiones carecen de capacidad técnica y financiera para emprender tales obras”. Entonces, queda claro, a partir de las disposiciones del texto de la ley, que aquellos municipios y comunas que no cuenten con la suficiente capacidad de endeudamiento no podrán acceder a estos recursos; esto es casi una paradoja, ya que los que más lo necesitan no quedarían incluidos.
En el quinto párrafo, por ejemplo, debe aludirse a la intención del Gobierno provincial de realizar este esfuerzo y dice: “A los fines de poner en un pie de igualdad a aquellas comunidades pequeñas que necesitan obras para su población y que de otra manera no las podrían alcanzar”. Entonces, queda de manifiesto que aquellos municipios y comunas más vulnerables por su escala reducida o por su situación económica-financiera quedarán excluidos del beneficio del proyecto.
Cuento con más elementos para desvirtuar la pretendida conveniencia de votar favorablemente este proyecto, pero concluyo preguntándome por qué y cuál es el sentido de enviar al Poder Legislativo para su discusión un proyecto de estas características. En la búsqueda de explicaciones, me parece que puede haber dos razones: que este Gobierno atribulado, con pérdida de iniciativa, la quiera recuperar a cualquier costo y justificar uno de los anuncios que, en una hora de intervención, hizo el señor Gobernador en aquella sesión inaugural del 1° de febrero, a pesar de no tener sustancia y que jurídicamente sea impresentable. La otra razón –y no sé con cuál quedarme- es que haya un profundo desprecio por este Poder al enviar semejante cosa, que es inconstitucional y con instrumentos que ya existen. Ojalá no sea ninguna de las dos porque a cada cual peor.
Señor presidente: en función de estos horrores jurídicos y de una instrumentación innecesaria, creemos que aprobar esta iniciativa sería otro enorme paso atrás de la Legislatura, por lo que este bloque va a proponer el contundente rechazo al proyecto en tratamiento.
miércoles, 17 de febrero de 2010
miércoles, 10 de febrero de 2010
Pedido de Informes ante el fracaso de la concesión de la RAC
Pedido de Informes sobre distintos aspectos relacionados al fracaso de la concesión de la RAC. Planteamos que ha sido un enorme negocio para la empresa, que solo se pudo realizar gracias a las decisiones adoptadas por el Estado provincial y la falta de control por parte del ERSEP, (con la anuencia del PJ y la UCR).
Ver proyecto completo con los fundamentos...
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial a fin que, por su intermedio, el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, informe al Cuerpo en el plazo de diez (10) días:
1) Si el Gobierno de la Provincia y la Empresa “Caminos de las Sierras SA”, acordaron la rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Para el caso afirmativo, remita copia del instrumento suscripto a tal efecto.
2) Si el Estado provincial tomará el control de la Red y si tiene previsto volver a licitarla para su explotación privada. Para ese supuesto, indique los plazos estimados.
3) Si dentro del convenio suscripto se ha acordado una indemnización a favor de la empresa por rescisión anticipada del contrato y, para el caso afirmativo, exprese: monto, modalidad de pago, tasa de interés para el caso que la hubiere y garantías acordadas.
4) Qué factores se tuvieron en cuenta para determinar el monto de la indemnización, detallando con precisión los mismos y su incidencia en el costo que deberá afrontar la provincia.
5) Si, a los efectos de determinar el monto de la indemnización, se tuvo en cuenta los incumplimientos contractuales en que hubiere incurrido la empresa. Para el caso afirmativo, especifique cuáles fueron las obligaciones no cumplidas por la misma.
6) Si, en la determinación de la indemnización acordada a favor de la empresa, se tuvo en cuenta la “Tasa Interna de Retorno” que dejaría de percibir la concesionaria, fijada en el contrato original de concesión (incluyendo sus anexos y/o modificaciones). Para el caso afirmativo, precise el porcentual de la misma.
7) Si a los fines del cuantum indemnizatorio, se tuvo en consideración la disminución del precio del peaje dispuesta durante el gobierno del ex gobernador José Manuel De la Sota de $1,8 a $1,0.
8) Si en el proceso de transición hasta una próxima licitación está prevista la realización de nuevas obras públicas y la modificación del precio del peaje. Para el caso afirmativo, detalle las obras y precise la cuantía del peaje.
9) Si oportunamente se puso en conocimiento de la Fiscalía de Estado la decisión del ex Gobernador José Manuel De La Sota en el sentido de alterar los términos del Contrato de Concesión, en cuanto al precio del peaje.
10) Acompañe Copia certificada de los siguientes instrumentos:
a) del Contrato de Concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras, en el año 1997 con sus anexos y modificatorias hasta el presente.
b) Decreto, Resolución, o acto administrativo por el cual se modificaron los términos del contrato, estableciendo –entre otras cosas- el precio del peaje en la suma de PESOS UNO ($1), si lo hubiere.
c) De las actuaciones arbitrales realizadas ante el CIADI con motivo y ocasión de la controversia entre la provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras S.A.
d) Convenio suscripto recientemente entre la provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras S.A., por el cual se acuerda, entre otros aspectos, indemnizar a la empresa por la finalización anticipada del contrato.
FUNDAMENTOS
Es por todos conocido que a partir de la caída del modelo de convertibilidad uno de los temas centrales que se presentaron en nuestro país esta referido a la renegociación de los contratos de concesión de las empresa prestadoras de servicios públicos privatizados. Las tarifas, plazos de concesión y la calidad de las prestaciones, se analizaron y se analizan para fijar nuevas reglas de juego. Telefonía, Gas, Peajes, etc.; son tema de debate, por lo que es importante conocer cuales han sido los niveles de cumplimento contractuales, a la hora del análisis integral de aquellas empresas que durante más de una década se han favorecido usufructuando este sistema y, como en caso que nos ocupa, a los fines de determinar las indemnizaciones por la finalización anticipada de los contratos.
Es por otro lado verificable que la combinación de contratos beneficiosos y escasos controles; financiación crediticia y endeudamiento a niveles superiores del valor real de la empresa, fueron una constante en las privatizaciones en la Argentina en las últimas décadas.
La renegociación contractual de estos servicios o la realización de nuevas concesiones, es uno de los temas más importantes para el desarrollo de nuestra economía, dado que en un contexto de perdida significativa del salario real, al ritmo de una inflación que supera el 12 % anual, como mínimo, para que la tarifa de servicios públicos esenciales no se torne ilusoria o quimérica la mencionada renegociación o prestación deben realizarse contemplando los parámetros de esta realidad.
En el caso de las Rutas de Acceso a Córdoba, (R.A.C.) la tarifa superó durante muchos años holgadamente a la tarifa que se cobraba en rutas nacionales con idénticos índices de servicios para recorrer la misma distancia (promedio de tarifa cada 100 Kilómetros).
A pesar de ello, la concesionaria exigió permanentemente renegociaciones contractuales a lo largo de la concesión reafirmando una voracidad lucrativa sin su correlato a la hora de brindar eficientemente sus servicios.
Para citar solo un ejemplo de lo que estamos hablando, según informaciones extraídas del banco de datos del Banco Central de la República Argentina, ya en el año 2002 la Empresa Caminos de las Sierras era el segundo principal deudor del sistema financiero con más de 264 millones de dólares, pero solo tenía inversiones reales en el sistema de la R.A.C. apenas superiores a los 125 millones de dólares. En ese momento ya nos preguntábamos donde estaban los más de 130 millones de dólares de endeudamiento que no se invirtieron. (Publicado por "ACCIÓN en defensa del cooperativismo y del país" en su suplemento especial de febrero del 2002, revista vinculada al Banco Credicoop).
Cabe recordar que estas deudas en dólares, que no se invirtieron en su totalidad, fueron pesificadas en el año 2002. No hace falta ser economista para darse cuenta del enorme negocio que esta operación significó para la empresa.
En el caso del Caminos de las Sierras este negocio se inicia con la actitud complaciente del gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Obras Públicas y la llamativa falta de protagonismo de los miembros del ERSEP, incluso de los supuestamente opositores al partido de gobierno, que permitieron el comienzo del cobro de peaje en cuatro rutas del sistema, sin estar terminadas las obras estipuladas por contrato. El escaso contralor sobre la calidad de las obras, generó innumerables inconvenientes al medio ambiente, con erosión de suelos, inundaciones y graves inconvenientes para propietarios de casas, campos y vecinos de las zonas afectadas. Esto nos lleva a decir que las obras han sido deficientes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En otro orden de cosas, el sistema de la R. A. C. lleva en vigencia varios años y ha sido fuente de permanente conflictos y discusiones en referencia a los planes de obras, niveles servicios y de rentabilidad que la concesionaria obtiene.
Esta manifiesta violación de los términos contractuales se agravó con la parálisis total de las obras durante largos lapsos de tiempo, salvo para mantenimientos de rutina y porque pudo confirmarse que a lo largo de los años de contrato se ha producido una reducción más que significativa de personal, teniendo en cuenta que en su momento llegaron a trabajar más de 4000 personas.
A pesar de estos antecedentes, el Gobierno Provincial habría reconocido una importante indemnización a favor de la empresa como consecuencia de la rescisión del contrato.
En los últimos días, hemos tomado conocimiento que el Gobierno Provincial y la empresa Caminos de las Sierras SA acordaron el final de la concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), y que en breve el Estado tomará el control de la red, administrándola en forma conjunta con la concesionaria por un breve lapso de tiempo y con el objetivo de volver a licitarla para explotación privada.
En una apretada síntesis, la historia de la concesión de la RAC a la empresa Caminos de las Sierras se remonta al año 1997, cuando el entonces Gobernador Ramón Mestre decidió privatizar los accesos a la Capital con un contrato que exigía inversiones previas al cobro del peaje y que estipulaba un cronograma de obras para que al cabo de veinticinco años esos caminos se convirtieran en una red de autopistas. Como contrapartida, se garantizaba a la empresa una rentabilidad extraordinaria, incluso superior a la que se desprende del análisis riguroso del propio contrato. Detrás de la promesa de futuras obras que nunca se ejecutaron, garantizó un enorme negocio (a esta altura podríamos llamar negociado) a la empresa concesionaria y probablemente a algunos socios no declarados.
Cuando llegó el momento de cobrar el peaje, la tarifa de 1,80 pesos que preveía el contrato firmado por el ex gobernador Ramón Mestre fue considerada excesiva por los habitantes del Gran Córdoba –que son quienes cargan con todo el costo de una infraestructura que beneficia principalmente a la Capital– y disparó innumerables protestas, que en 1999 llevaron al ex gobernador José Manuel de la Sota a renegociar el contrato, acordando la rebaja en la tarifa del peaje a cambio de renunciar a la realización de determinadas obras y permitirle a la empresa empezar a cobrar sin terminar las obras que el contrato original le exigía.
Ahora parece que este sería el motivo de la modificación de la ecuación económica que sostenía el contrato. Ese desfasaje es el que, en parte, supuestamente se compensará con una indemnización de 76 millones de dólares durante los próximos ocho años.
Al final de cuentas Caminos de las Sierras presentó su concurso preventivo y los habitantes del Gran Córdoba le siguieron pagando el peaje a una empresa que no cumplió con las obras previstas. La concesión se volvió un sinsentido cuando la Provincia comenzó a ejecutar las obras que debía hacer la concesionaria. El final estaba cantado. La gran duda es si el resultado será diferente en la próxima concesión. (La voz del interior 05/02/2010)
Según el medio citado, el acuerdo supone el desistimiento definitivo por parte de Caminos de las Sierras del juicio por 250 millones de dólares ante el Ciadi –tribunal internacional dependiente del Banco Mundial– y de todas las demandas existentes en la Justicia argentina por incumplimiento del contrato de concesión.
Por su parte, la Provincia le garantiza a la empresa una indemnización de 76 millones de dólares. Esa suma se pagaría en 90 meses –con una tasa anual del nueve por ciento en dólares y garantía de coparticipación– a través de un fideicomiso que absorberá el 33 por ciento de lo que recauden las actuales casillas de peaje durante los próximos ocho años.
Todo lo relatado hasta aquí nos obliga a plantearnos muchos interrogantes.
En primer lugar, efectuar un estudio acabado del génesis de la deuda que reclama Caminos de las Sierras. Determinar, por caso, si el la modificación del contrato cuando se acordó la reducción de la tarifa del peaje durante el gobierno de De la Sota, produjo efectos patrimoniales contra la provincia, incidiendo en la cuantía indemnizatoria, que se le habría reconocido a la empresa concesionaria.
Investigar a mérito de qué instrumento o norma legal dispuso la medida. Corresponde saberlo acabadamente, pues al tomar la decisión el ex gobernador De la Sota habría comprometido el patrimonio de todos los cordobeses que hoy deben pagar una millonaria suma en concepto de indemnización.
Es necesario revisar aquella decisión, pues debemos recordar que el artículo 14 de la Constitución Provincial establece bajo el título de Responsabilidad de los funcionarios que “todos los funcionarios públicos, aún el Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil, penal, administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial, conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes”.
Es menester conocer a ciencia cierta el andamiaje jurídico que utilizó De la Sota y si con ello colocó a la provincia en incumplidora, pues ello puede acarrear responsabilidad personal, de acuerdo a lo dicho supra.
Por ello, es necesario acceder al o los instrumentos que dieron origen al incumplimiento, si los hubiere. No se puede cargar sobre las espaldas del pueblo con una deuda a ocho años fruto, tal vez, de un acto de irresponsabilidad.
Es preciso saber de dónde surge la suma de 76 millones de dólares y cuáles son los parámetros que se tomaron para celebrar el acuerdo, si existiere.
Por otro lado, estamos convencidos que, de ser cierto lo reflejado periodísticamente, el acuerdo alcanzado debería ser girado al Poder Legislativo, para su discusión y debate. Primero porque consideramos que corresponde porque el Orden Jurídico así lo establece. En ese sentido el artículo 104 de la Constitución Provincial, bajo el título de Atribuciones de la Legislatura.- establece que: Corresponde a la Legislatura Provincial: “…2. Aprobar o desechar los tratados o convenios a que se refiere el Artículo 144 inciso 4;…34. Dictar la ley orgánica del uso del crédito público y arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial”. Armonizándolo con el artículo 144 inc. 4 de la carta magna provincial, el cual bajo el título de “Atribuciones y deberes” (del Poder Ejecutivo) dice: “El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: …4. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás Provincias, los Municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso. También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal.”
Por otro costado, es norma de buen gobierno que, ante semejante contrato de renegociación de deuda y caducidad de concesión, tan importante por el impacto económico - financiero que provoca en el erario público, debe ser debatido por todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento provincial. Máxime y teniendo en cuenta cuando, como ha ocurrido en todos los contratos traídos a éste Cuerpo, se ha declinado la jurisdicción en entes internacionales como el CIADI, en un acto que despoja a la provincia de uno de sus atributos fundamentales, teniendo en cuenta los peligros que acechan tal decisión, como lo expresó el Ministro Testa en distintos medios de comunicación.
Ello debe ser seriamente revisado para evitar más perjuicio al patrimonio provincial. Aquellas decisiones eran propias de épocas del llamado Consenso de Washington, de los años 90, con nefastas consecuencias jurídicas y económicas para el país. Debemos limitar firmemente la posibilidad de incorporar cláusulas odiosas de esa naturaleza para el Estado provincial.
Por otra parte, debemos conocer el grado de incumplimientos por parte de la empresa concesionaria en la construcción de obras, si hubo control de los mismos, y en su caso por que se los toleró, si los hubiera.
En definitiva, se está instrumentando un acuerdo cuya vigencia y cumplimiento excede el período de éste Gobierno y surtirá efectos en próximas administraciones. La suma es cuantiosa, por ello, como Legisladores Provinciales, debemos tener toda la información concerniente a los instrumentos que dieron origen, ejecución y caducidad (en su caso) al Contrato de Concesión de la RAC.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Ver proyecto completo con los fundamentos...
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial a fin que, por su intermedio, el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, informe al Cuerpo en el plazo de diez (10) días:
1) Si el Gobierno de la Provincia y la Empresa “Caminos de las Sierras SA”, acordaron la rescisión del contrato de concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC). Para el caso afirmativo, remita copia del instrumento suscripto a tal efecto.
2) Si el Estado provincial tomará el control de la Red y si tiene previsto volver a licitarla para su explotación privada. Para ese supuesto, indique los plazos estimados.
3) Si dentro del convenio suscripto se ha acordado una indemnización a favor de la empresa por rescisión anticipada del contrato y, para el caso afirmativo, exprese: monto, modalidad de pago, tasa de interés para el caso que la hubiere y garantías acordadas.
4) Qué factores se tuvieron en cuenta para determinar el monto de la indemnización, detallando con precisión los mismos y su incidencia en el costo que deberá afrontar la provincia.
5) Si, a los efectos de determinar el monto de la indemnización, se tuvo en cuenta los incumplimientos contractuales en que hubiere incurrido la empresa. Para el caso afirmativo, especifique cuáles fueron las obligaciones no cumplidas por la misma.
6) Si, en la determinación de la indemnización acordada a favor de la empresa, se tuvo en cuenta la “Tasa Interna de Retorno” que dejaría de percibir la concesionaria, fijada en el contrato original de concesión (incluyendo sus anexos y/o modificaciones). Para el caso afirmativo, precise el porcentual de la misma.
7) Si a los fines del cuantum indemnizatorio, se tuvo en consideración la disminución del precio del peaje dispuesta durante el gobierno del ex gobernador José Manuel De la Sota de $1,8 a $1,0.
8) Si en el proceso de transición hasta una próxima licitación está prevista la realización de nuevas obras públicas y la modificación del precio del peaje. Para el caso afirmativo, detalle las obras y precise la cuantía del peaje.
9) Si oportunamente se puso en conocimiento de la Fiscalía de Estado la decisión del ex Gobernador José Manuel De La Sota en el sentido de alterar los términos del Contrato de Concesión, en cuanto al precio del peaje.
10) Acompañe Copia certificada de los siguientes instrumentos:
a) del Contrato de Concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC) suscripto entre la Provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras, en el año 1997 con sus anexos y modificatorias hasta el presente.
b) Decreto, Resolución, o acto administrativo por el cual se modificaron los términos del contrato, estableciendo –entre otras cosas- el precio del peaje en la suma de PESOS UNO ($1), si lo hubiere.
c) De las actuaciones arbitrales realizadas ante el CIADI con motivo y ocasión de la controversia entre la provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras S.A.
d) Convenio suscripto recientemente entre la provincia de Córdoba y la empresa Caminos de las Sierras S.A., por el cual se acuerda, entre otros aspectos, indemnizar a la empresa por la finalización anticipada del contrato.
FUNDAMENTOS
Es por todos conocido que a partir de la caída del modelo de convertibilidad uno de los temas centrales que se presentaron en nuestro país esta referido a la renegociación de los contratos de concesión de las empresa prestadoras de servicios públicos privatizados. Las tarifas, plazos de concesión y la calidad de las prestaciones, se analizaron y se analizan para fijar nuevas reglas de juego. Telefonía, Gas, Peajes, etc.; son tema de debate, por lo que es importante conocer cuales han sido los niveles de cumplimento contractuales, a la hora del análisis integral de aquellas empresas que durante más de una década se han favorecido usufructuando este sistema y, como en caso que nos ocupa, a los fines de determinar las indemnizaciones por la finalización anticipada de los contratos.
Es por otro lado verificable que la combinación de contratos beneficiosos y escasos controles; financiación crediticia y endeudamiento a niveles superiores del valor real de la empresa, fueron una constante en las privatizaciones en la Argentina en las últimas décadas.
La renegociación contractual de estos servicios o la realización de nuevas concesiones, es uno de los temas más importantes para el desarrollo de nuestra economía, dado que en un contexto de perdida significativa del salario real, al ritmo de una inflación que supera el 12 % anual, como mínimo, para que la tarifa de servicios públicos esenciales no se torne ilusoria o quimérica la mencionada renegociación o prestación deben realizarse contemplando los parámetros de esta realidad.
En el caso de las Rutas de Acceso a Córdoba, (R.A.C.) la tarifa superó durante muchos años holgadamente a la tarifa que se cobraba en rutas nacionales con idénticos índices de servicios para recorrer la misma distancia (promedio de tarifa cada 100 Kilómetros).
A pesar de ello, la concesionaria exigió permanentemente renegociaciones contractuales a lo largo de la concesión reafirmando una voracidad lucrativa sin su correlato a la hora de brindar eficientemente sus servicios.
Para citar solo un ejemplo de lo que estamos hablando, según informaciones extraídas del banco de datos del Banco Central de la República Argentina, ya en el año 2002 la Empresa Caminos de las Sierras era el segundo principal deudor del sistema financiero con más de 264 millones de dólares, pero solo tenía inversiones reales en el sistema de la R.A.C. apenas superiores a los 125 millones de dólares. En ese momento ya nos preguntábamos donde estaban los más de 130 millones de dólares de endeudamiento que no se invirtieron. (Publicado por "ACCIÓN en defensa del cooperativismo y del país" en su suplemento especial de febrero del 2002, revista vinculada al Banco Credicoop).
Cabe recordar que estas deudas en dólares, que no se invirtieron en su totalidad, fueron pesificadas en el año 2002. No hace falta ser economista para darse cuenta del enorme negocio que esta operación significó para la empresa.
En el caso del Caminos de las Sierras este negocio se inicia con la actitud complaciente del gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Obras Públicas y la llamativa falta de protagonismo de los miembros del ERSEP, incluso de los supuestamente opositores al partido de gobierno, que permitieron el comienzo del cobro de peaje en cuatro rutas del sistema, sin estar terminadas las obras estipuladas por contrato. El escaso contralor sobre la calidad de las obras, generó innumerables inconvenientes al medio ambiente, con erosión de suelos, inundaciones y graves inconvenientes para propietarios de casas, campos y vecinos de las zonas afectadas. Esto nos lleva a decir que las obras han sido deficientes tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. En otro orden de cosas, el sistema de la R. A. C. lleva en vigencia varios años y ha sido fuente de permanente conflictos y discusiones en referencia a los planes de obras, niveles servicios y de rentabilidad que la concesionaria obtiene.
Esta manifiesta violación de los términos contractuales se agravó con la parálisis total de las obras durante largos lapsos de tiempo, salvo para mantenimientos de rutina y porque pudo confirmarse que a lo largo de los años de contrato se ha producido una reducción más que significativa de personal, teniendo en cuenta que en su momento llegaron a trabajar más de 4000 personas.
A pesar de estos antecedentes, el Gobierno Provincial habría reconocido una importante indemnización a favor de la empresa como consecuencia de la rescisión del contrato.
En los últimos días, hemos tomado conocimiento que el Gobierno Provincial y la empresa Caminos de las Sierras SA acordaron el final de la concesión de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), y que en breve el Estado tomará el control de la red, administrándola en forma conjunta con la concesionaria por un breve lapso de tiempo y con el objetivo de volver a licitarla para explotación privada.
En una apretada síntesis, la historia de la concesión de la RAC a la empresa Caminos de las Sierras se remonta al año 1997, cuando el entonces Gobernador Ramón Mestre decidió privatizar los accesos a la Capital con un contrato que exigía inversiones previas al cobro del peaje y que estipulaba un cronograma de obras para que al cabo de veinticinco años esos caminos se convirtieran en una red de autopistas. Como contrapartida, se garantizaba a la empresa una rentabilidad extraordinaria, incluso superior a la que se desprende del análisis riguroso del propio contrato. Detrás de la promesa de futuras obras que nunca se ejecutaron, garantizó un enorme negocio (a esta altura podríamos llamar negociado) a la empresa concesionaria y probablemente a algunos socios no declarados.
Cuando llegó el momento de cobrar el peaje, la tarifa de 1,80 pesos que preveía el contrato firmado por el ex gobernador Ramón Mestre fue considerada excesiva por los habitantes del Gran Córdoba –que son quienes cargan con todo el costo de una infraestructura que beneficia principalmente a la Capital– y disparó innumerables protestas, que en 1999 llevaron al ex gobernador José Manuel de la Sota a renegociar el contrato, acordando la rebaja en la tarifa del peaje a cambio de renunciar a la realización de determinadas obras y permitirle a la empresa empezar a cobrar sin terminar las obras que el contrato original le exigía.
Ahora parece que este sería el motivo de la modificación de la ecuación económica que sostenía el contrato. Ese desfasaje es el que, en parte, supuestamente se compensará con una indemnización de 76 millones de dólares durante los próximos ocho años.
Al final de cuentas Caminos de las Sierras presentó su concurso preventivo y los habitantes del Gran Córdoba le siguieron pagando el peaje a una empresa que no cumplió con las obras previstas. La concesión se volvió un sinsentido cuando la Provincia comenzó a ejecutar las obras que debía hacer la concesionaria. El final estaba cantado. La gran duda es si el resultado será diferente en la próxima concesión. (La voz del interior 05/02/2010)
Según el medio citado, el acuerdo supone el desistimiento definitivo por parte de Caminos de las Sierras del juicio por 250 millones de dólares ante el Ciadi –tribunal internacional dependiente del Banco Mundial– y de todas las demandas existentes en la Justicia argentina por incumplimiento del contrato de concesión.
Por su parte, la Provincia le garantiza a la empresa una indemnización de 76 millones de dólares. Esa suma se pagaría en 90 meses –con una tasa anual del nueve por ciento en dólares y garantía de coparticipación– a través de un fideicomiso que absorberá el 33 por ciento de lo que recauden las actuales casillas de peaje durante los próximos ocho años.
Todo lo relatado hasta aquí nos obliga a plantearnos muchos interrogantes.
En primer lugar, efectuar un estudio acabado del génesis de la deuda que reclama Caminos de las Sierras. Determinar, por caso, si el la modificación del contrato cuando se acordó la reducción de la tarifa del peaje durante el gobierno de De la Sota, produjo efectos patrimoniales contra la provincia, incidiendo en la cuantía indemnizatoria, que se le habría reconocido a la empresa concesionaria.
Investigar a mérito de qué instrumento o norma legal dispuso la medida. Corresponde saberlo acabadamente, pues al tomar la decisión el ex gobernador De la Sota habría comprometido el patrimonio de todos los cordobeses que hoy deben pagar una millonaria suma en concepto de indemnización.
Es necesario revisar aquella decisión, pues debemos recordar que el artículo 14 de la Constitución Provincial establece bajo el título de Responsabilidad de los funcionarios que “todos los funcionarios públicos, aún el Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil, penal, administrativa y políticamente. Al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar declaración patrimonial, conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes”.
Es menester conocer a ciencia cierta el andamiaje jurídico que utilizó De la Sota y si con ello colocó a la provincia en incumplidora, pues ello puede acarrear responsabilidad personal, de acuerdo a lo dicho supra.
Por ello, es necesario acceder al o los instrumentos que dieron origen al incumplimiento, si los hubiere. No se puede cargar sobre las espaldas del pueblo con una deuda a ocho años fruto, tal vez, de un acto de irresponsabilidad.
Es preciso saber de dónde surge la suma de 76 millones de dólares y cuáles son los parámetros que se tomaron para celebrar el acuerdo, si existiere.
Por otro lado, estamos convencidos que, de ser cierto lo reflejado periodísticamente, el acuerdo alcanzado debería ser girado al Poder Legislativo, para su discusión y debate. Primero porque consideramos que corresponde porque el Orden Jurídico así lo establece. En ese sentido el artículo 104 de la Constitución Provincial, bajo el título de Atribuciones de la Legislatura.- establece que: Corresponde a la Legislatura Provincial: “…2. Aprobar o desechar los tratados o convenios a que se refiere el Artículo 144 inciso 4;…34. Dictar la ley orgánica del uso del crédito público y arreglar el pago de las deudas del Estado Provincial”. Armonizándolo con el artículo 144 inc. 4 de la carta magna provincial, el cual bajo el título de “Atribuciones y deberes” (del Poder Ejecutivo) dice: “El Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: …4. Celebra tratados y acuerdos para la gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares con el Estado Federal, las demás Provincias, los Municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso. También celebra convenios, con idénticos requisitos, con otras naciones, entes públicos o privados extranjeros y organizaciones internacionales, e impulsa negociaciones con ellas, sin afectar la política exterior a cargo del Gobierno Federal.”
Por otro costado, es norma de buen gobierno que, ante semejante contrato de renegociación de deuda y caducidad de concesión, tan importante por el impacto económico - financiero que provoca en el erario público, debe ser debatido por todas las fuerzas políticas representadas en el parlamento provincial. Máxime y teniendo en cuenta cuando, como ha ocurrido en todos los contratos traídos a éste Cuerpo, se ha declinado la jurisdicción en entes internacionales como el CIADI, en un acto que despoja a la provincia de uno de sus atributos fundamentales, teniendo en cuenta los peligros que acechan tal decisión, como lo expresó el Ministro Testa en distintos medios de comunicación.
Ello debe ser seriamente revisado para evitar más perjuicio al patrimonio provincial. Aquellas decisiones eran propias de épocas del llamado Consenso de Washington, de los años 90, con nefastas consecuencias jurídicas y económicas para el país. Debemos limitar firmemente la posibilidad de incorporar cláusulas odiosas de esa naturaleza para el Estado provincial.
Por otra parte, debemos conocer el grado de incumplimientos por parte de la empresa concesionaria en la construcción de obras, si hubo control de los mismos, y en su caso por que se los toleró, si los hubiera.
En definitiva, se está instrumentando un acuerdo cuya vigencia y cumplimiento excede el período de éste Gobierno y surtirá efectos en próximas administraciones. La suma es cuantiosa, por ello, como Legisladores Provinciales, debemos tener toda la información concerniente a los instrumentos que dieron origen, ejecución y caducidad (en su caso) al Contrato de Concesión de la RAC.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Resolución.
miércoles, 3 de febrero de 2010
Intervención en el recinto: Homenaje a Guillermo Estévez Boero
Esto es el principio de mi entrada.
Sr. Birri.- Señor presidente: hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Guillermo Estévez Boero, por lo que agradezco la posibilidad de realizar, en este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, un breve pero seguramente sentido homenaje a quien los socialistas –especialmente los que abrazamos estas ideas en los años de juventud– consideramos un verdadero maestro y amigo.
Nació en Rosario, en 1930, y estudió Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde fue discípulo del conocido jurista español Don Luis Jiménez de Azua, presidente –en el exilio– de la República Española, a quien siempre consideró como su maestro y quien alentó su temprana sensibilidad social y la inquietud por la cuestión nacional, concepto que buscaría sintetizar a lo largo de su vida, a través del socialismo.
La gigantesca tarea de reconstruir la presencia socialista en Argentina tuvo en Estévez Boero una referencia fundamental; fue, ante todo, el constructor de un partido que enlazó las ideas del socialismo con la Nación, defendiendo permanentemente las bases democráticas en nuestra constitucionalidad.
Desde muy joven, imbuido de la idea que al futuro no hay que esperarlo sino construirlo, abrazó el compromiso de trabajar por alcanzar formas superadoras de convivencia, en las que su pueblo sea reconocido como principal riqueza de la Nación. Encabezó distintas iniciativas y fue gestor, con la doctora Alicia Moreau de Justo, de la conformación definitiva del Partido Socialista de Argentina. En 1987, fue electo legislador nacional, hecho que significó la vuelta del socialismo al Congreso de la Nación, tras largos años de ausencia, luego del fallecimiento de Alfredo Palacios en 1975. Antes de eso, su incondicional lucha en defensa de la democracia y junto a comprometidas figuras de otros partidos durante los largos años de la dictadura, lo llevaron a que fuera invitado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que presidiera Carlos Santiago Nino.
Luego, su profunda y extensa labor legislativa abarcó proyectos trascendentes como la creación del Consejo Económico, Social y Político, la Ley de Medicamentos, la creación de los Comités de Condiciones y Medioambiente de Trabajo, la investigación biomédica, la rehabilitación integral para discapacitados, el régimen legal para las burguesías nacionales, la Ley de Juventud, la Ley Federal de Pesca, la reglamentación de los derechos constitucionales de los pueblos originarios, la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, entre otros.
Como demócrata, Estévez Boero fue también un impulsor permanente de la reforma constitucional; entre 1973 y 1985 elaboró proyectos para su reforma integral, en los que estuvo muy presente el pensamiento constitucional de Arturo Sampay, sobre todo en lo relativo a los avances de la protección social; en 1994, fue electo convencional constituyente por Santa Fe, coronando una trayectoria reformista de la Constitución, a la que supo hacer honor presentando proyectos vinculados a la atenuación del sistema presidencialista, la participación, la descentralización del poder político y la incorporación de derechos fundamentales.
Junto a la idea de democracia, la de defensa de la solidaridad latinoamericana también ocupó un sitial importante en su pensamiento, lo que fue públicamente reconocido por los gobiernos de Perú y Chile que lo condecoraron.
Su amigo, el presidente Tabaré Vázquez, en el 5º Aniversario de su fallecimiento expresó: “Tenía un proyecto político latinoamericanista que lo pintaba en su grandeza, en su dimensión, en su solidaridad hacia toda la gente de este subcontinente latinoamericano, una enorme dimensión política de la que supimos aprender muchas cosas”.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, en un sentido similar expresó sobre Guillermo: “compañero socialista de tantas luchas, hermano solidario de los tiempos oscuros de mi Patria, incansable promotor de la paz y la integridad chilena-argentina, Guillermo compartió con nosotros dolores, esperanzas y momentos de gloria”. Unos días antes de su muerte, Estévez Boero pudo compartir con su presencia la enorme satisfacción de que un amigo, un socialista, fuera elegido presidente de los chilenos.
En enero del año 2002, en el campamento que se realizaba en la Amaichá del Valle, en un campamento que se realiza desde hace 10 años, similar al que llevamos a cabo semanas atrás en la ciudad de Jesús María, fueron los jóvenes la cita obligada y a ellos dirigió su último mensaje, les dijo: “Hereden la grandeza para poder construir. Miren hacia arriba que en la cumbre está la Nación, si cruzamos las cumbres para poder ser independientes en América Latina, no volvamos hacia atrás. No estemos jerarquizando lo que nos separa: desarrollemos las coincidencias, lo que nos une… para poder construir el futuro que le está faltando a nuestra Nación”.
Su compromiso de vida, señor presidente, puesto al servicio de la construcción de una sociedad mejor, su prédica en defensa de las instituciones, su preocupación para afianzar la democracia, su constante lucha por el bienestar de nuestra Patria, al margen de las pertenencias y las disputas políticas, justifican este reconocimiento a un hombre que supo siempre construir, desde su espacio, y que dejó un legado, como ser humano y como político, que constituye un ejemplo a seguir.
Guillermo Estévez Boero ha sido mi maestro y la guía intelectual de toda una generación de jóvenes que hoy, en su gran mayoría, conducen la acción política de su querido partido socialista.
Muchas gracias.
Sr. Birri.- Señor presidente: hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de Guillermo Estévez Boero, por lo que agradezco la posibilidad de realizar, en este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, un breve pero seguramente sentido homenaje a quien los socialistas –especialmente los que abrazamos estas ideas en los años de juventud– consideramos un verdadero maestro y amigo.
Nació en Rosario, en 1930, y estudió Abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, donde fue discípulo del conocido jurista español Don Luis Jiménez de Azua, presidente –en el exilio– de la República Española, a quien siempre consideró como su maestro y quien alentó su temprana sensibilidad social y la inquietud por la cuestión nacional, concepto que buscaría sintetizar a lo largo de su vida, a través del socialismo.
La gigantesca tarea de reconstruir la presencia socialista en Argentina tuvo en Estévez Boero una referencia fundamental; fue, ante todo, el constructor de un partido que enlazó las ideas del socialismo con la Nación, defendiendo permanentemente las bases democráticas en nuestra constitucionalidad.
Desde muy joven, imbuido de la idea que al futuro no hay que esperarlo sino construirlo, abrazó el compromiso de trabajar por alcanzar formas superadoras de convivencia, en las que su pueblo sea reconocido como principal riqueza de la Nación. Encabezó distintas iniciativas y fue gestor, con la doctora Alicia Moreau de Justo, de la conformación definitiva del Partido Socialista de Argentina. En 1987, fue electo legislador nacional, hecho que significó la vuelta del socialismo al Congreso de la Nación, tras largos años de ausencia, luego del fallecimiento de Alfredo Palacios en 1975. Antes de eso, su incondicional lucha en defensa de la democracia y junto a comprometidas figuras de otros partidos durante los largos años de la dictadura, lo llevaron a que fuera invitado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín a integrar el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que presidiera Carlos Santiago Nino.
Luego, su profunda y extensa labor legislativa abarcó proyectos trascendentes como la creación del Consejo Económico, Social y Político, la Ley de Medicamentos, la creación de los Comités de Condiciones y Medioambiente de Trabajo, la investigación biomédica, la rehabilitación integral para discapacitados, el régimen legal para las burguesías nacionales, la Ley de Juventud, la Ley Federal de Pesca, la reglamentación de los derechos constitucionales de los pueblos originarios, la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, entre otros.
Como demócrata, Estévez Boero fue también un impulsor permanente de la reforma constitucional; entre 1973 y 1985 elaboró proyectos para su reforma integral, en los que estuvo muy presente el pensamiento constitucional de Arturo Sampay, sobre todo en lo relativo a los avances de la protección social; en 1994, fue electo convencional constituyente por Santa Fe, coronando una trayectoria reformista de la Constitución, a la que supo hacer honor presentando proyectos vinculados a la atenuación del sistema presidencialista, la participación, la descentralización del poder político y la incorporación de derechos fundamentales.
Junto a la idea de democracia, la de defensa de la solidaridad latinoamericana también ocupó un sitial importante en su pensamiento, lo que fue públicamente reconocido por los gobiernos de Perú y Chile que lo condecoraron.
Su amigo, el presidente Tabaré Vázquez, en el 5º Aniversario de su fallecimiento expresó: “Tenía un proyecto político latinoamericanista que lo pintaba en su grandeza, en su dimensión, en su solidaridad hacia toda la gente de este subcontinente latinoamericano, una enorme dimensión política de la que supimos aprender muchas cosas”.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, en un sentido similar expresó sobre Guillermo: “compañero socialista de tantas luchas, hermano solidario de los tiempos oscuros de mi Patria, incansable promotor de la paz y la integridad chilena-argentina, Guillermo compartió con nosotros dolores, esperanzas y momentos de gloria”. Unos días antes de su muerte, Estévez Boero pudo compartir con su presencia la enorme satisfacción de que un amigo, un socialista, fuera elegido presidente de los chilenos.
En enero del año 2002, en el campamento que se realizaba en la Amaichá del Valle, en un campamento que se realiza desde hace 10 años, similar al que llevamos a cabo semanas atrás en la ciudad de Jesús María, fueron los jóvenes la cita obligada y a ellos dirigió su último mensaje, les dijo: “Hereden la grandeza para poder construir. Miren hacia arriba que en la cumbre está la Nación, si cruzamos las cumbres para poder ser independientes en América Latina, no volvamos hacia atrás. No estemos jerarquizando lo que nos separa: desarrollemos las coincidencias, lo que nos une… para poder construir el futuro que le está faltando a nuestra Nación”.
Su compromiso de vida, señor presidente, puesto al servicio de la construcción de una sociedad mejor, su prédica en defensa de las instituciones, su preocupación para afianzar la democracia, su constante lucha por el bienestar de nuestra Patria, al margen de las pertenencias y las disputas políticas, justifican este reconocimiento a un hombre que supo siempre construir, desde su espacio, y que dejó un legado, como ser humano y como político, que constituye un ejemplo a seguir.
Guillermo Estévez Boero ha sido mi maestro y la guía intelectual de toda una generación de jóvenes que hoy, en su gran mayoría, conducen la acción política de su querido partido socialista.
Muchas gracias.
lunes, 1 de febrero de 2010
“SCHIARETTI DEBE HABER ESCRITO SU DISCURSO A OSCURAS, PORQUE SE REFIRIÓ A UNA PROVINCIA QUE NO EXISTE”
El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cívico y Social Roberto Birri realizó un análisis del discurso del gobernador y un análisis comparativo con lo prometido y realizado durante el 2009.
La muletilla escogida por el gobernador para esta inauguración del período legislativo fue: “a pesar de las dificultades Córdoba sigue creciendo”.
“Lamentablemente no solo que no ha crecido sino que en estos 10 años de gobierno de Unión por Córdoba, la Provincia ha perdido protagonismo en el escenario nacional. Una deuda del orden de los 14 mil millones, aumento indiscriminado de empleados públicos, crisis hídrica primero y energética después y el incremento de la mortalidad materna, son solo algunos indicadores que marcan una realidad incontrastable: la de una provincia con un gran potencial pero pésimamente administrada y con un gobierno que sabiendo que se va, intenta llegar con muletas al año 2011” expresó el legislador Birri.
“En materia energética, uno de los temas que debería ser una verdadera política de Estado, los hechos nos muestran que durante este gobierno ha reinado la imprevisión, la improvisación y la falta de inversión. Las consecuencias están a la vista, materializándose en cortes del servicio eléctrico de una magnitud desconocida, que impactan directamente sobre el pueblo de la provincia no solo alterando la vida cotidiana de los hogares sino causando pérdidas millonarias en comercios e industrias”.
SE ADJUNTA DOCUMENTO COMPARATIVO ENTRE LO PROMETIDO Y LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2009 POR EL GOBERNADOR SCHIARETTI.
Discurso del Gobernador año 2009
¿La Palabra empeñada?
Promesas no cumplidas.-
El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cìvico Roberto Birri realizó un análisis del discurso del gobernador y un análisis comparativo con lo prometido y realizado durante el 2009.-
1 - Censo
Dijo Schiaretti: …hicimos el censo provincial y esto va a permitir una distribución más justa de la coparticipación a lo municipios.
La realidad: La actual Ley de Coparticipación está vigente desde 1997. Municipios y comunas se llevan el 20 por ciento de los ingresos de la coparticipación federal y la recaudación local de impuestos.
El 96 por ciento se reparte entre 247 municipalidades y el 4 % por ciento restante entre 178. .
Los municipios han incrementado su intervención en prestaciones sociales. Lo que reciben alcanza para cubrir el 50 por ciento del presupuesto.
La coparticipación reserva un 4,5 % para fondos especiales que maneja el Gobierno provincial. Esos fondos deberían incluirse en el reparto a los municipios.
Con los números del censo 2008, no más de 20 municipios pudieron incrementar su participación.
2 - Policía Caminera
Dijo Schiaretti: …Todas las estadisticas nos dicen que los accidentes en las rutas disminuyeron en un 35%.
La Realidad: Una encuesta reciente realizada por Día a Día en su página web reveló, sobre 500 opiniones analizadas, que un 39 % califica de malo o muy malo el trabajo de la Policía Caminera y un 25 por ciento regular.
En los primeros 25 días de enero de este enero, sobre 85 victimas fatales por accidentes de tránsito en todo el país, 25 perecieron en Córdoba.
En el 2007 hubo en la provincia 598 muertes por accidentes de tránsito; 550 en el 2008 y 548 en el 2009.
El total está estacionado, no decrece significativamente.
En el 2008 Santa Fe ocupó el primer lugar por decesos por siniestros carreteros: 648; Córdoba con 548 ocupó el segundo.
3 - Educación
Dijo Schiaretti: ...la educación es prioridad fundamental.
La realidad: Sobre 183 días previstos para el ciclo 2009 se perdieron siete días por paros, cuatro jornadas más si se sumadas las horas asamblea y siete por la gripe A. Se alcanzaron 165 días de trabajo en el aula. El ciclo lectivo fue extendido hasta el 18 de diciembre, en una parodia de dictado de clases. Total: 172 días.
El titular de la Unión de Educadores de la Provincia, Juan Monserrat, anunció que exigirán una nueva discusión de salarios desde la segunda semana de febrero. No les satisface el 8,8% acordado en diciembre y exigen un 30% de nuevo ajuste. Toman por piso el 21% de aumento de la canasta familiar del Sindicato de la Alimentación.
4 - Agua
Dijo Schiaretti: ...el plan AGUA PARA TODOS se esta ejecutando de acuerdo a lo previsto en todos los rincones de Córdoba.
La realidad: En muchos parajes la llegada del agua potable quedó en simples carteles que anuncian la obra. ADN (Tomás Méndez) denunció que en algunos casos se destinaron partidas superiores a las obras realizadas.
El 12 de noviembre Schiaretti anunció desde Malasia que había acordado con Santa Fe emprender el proyecto de un canal que traerá agua a Córdoba desde el río Paraná.
“En 120, 150 días podemos terminar el proyecto y si Dios quiere, antes de que termine nuestro mandato, podemos darle inicio a la obra”, dijo.
La obra es faraónica y de altísimo costo. Debe recorrer 500 kilómetros y superar por bombeo más de 500 metros por la diferencia de altura sobre el mar entre Santa Fe y Córdoba.
5 - Salud
Dijo Schiaretti: … a salud es un derecho de todos los cordobeses y garantizarla es una obligación del Estado.
La realidad: El 8 de enero último, en medio del atraso en el pago de salarios por parte de la Provincia, los trabajadores estatales de la salud cumplieron la primera medida de fuerza del 2010. Como buena parte del año anterior, no atendieron emergencias ni los turneros. Denunciaron que en los hospitales Tránsito Cáceres de Allende y de Niños faltan recursos.
Un dato reciente alarma y contrasta con el anuncio: el aumento de la mortalidad materna se duplicò en la Provincia.
6 - Epec
Dijo Schiarett en el año 2009: …dijimos que la EPEC iba a iniciar un fuerte plan de inversiones y ya está en marcha por 1970 millones de pesos en generación, transporte y distribución
Dijo Schiaretti hoy: …La falta de Energia es responsabilidad de Transener.
La realidad: Como es costumbre un enorme secreto rodea al presupuesto de EPEC. Tras la ejecución se lo corrige y sin que nadie se entere.
En el 2009 hubo obras sin que nadie sepa de un plan integral de mejoras.
La imprevisión está a la vista con lo ocurrido en Malvinas Argentinas y la crisis energética aparecida en superficie.
La improvisación llevó al Gobierno a denunciar prácticas monopólicas de Transener (Estado Nacional más privados). Todo el tratamiento de la energía eléctrica es monopólico. Lo que EPEC no hace, precisamente, es asumir su exclusividad con responsabilidad. Lo que no dice el gobernador es que en Transener, la empresa Electroingeniería, niña mimada de Unión Por Córdoba y concesionaria de gran parte de la obra pública provincial, posee el 51% del capital accionario.
Salvador Treber en junio de 2005 afirmó que tras el intento privatizador de De la Sota ningún plan asistió al accionar de la EPEC, cuestionando la falta de transparencia en el manejo de las cuentas de la empresa pública.
Sin haber obtenido respuesta alguna, a mediados del año anterior el bloque del Frente Cívico solicito al Ejecutivo se informe sobre el manejo del dinero obtenido por el cargo fijo transitorio que los usuarios pagan por Arroyo Cabral y el pago de presuntos sobreprecios. Nunca se lo contestó.
Al comienzo de la obra (enero de 2006) Arroyo Cabral costaba $67.857.859; a noviembre de 2006 $90.900.000 y a noviembre de 2008 $161.363.849. En dos años y medio se incrementó el 200%. No se conoce el posible costo final, ni mucho menos cuando estará concluida. .
Con el 3,8 por ciento de cargo fijo EPEC obtiene por mes $ 2.370.000 por lo que a junio del 2010 habrá percibido $125.300.000.
El generador de Malvinas fue pagado con ese dinero. A Transener la financian los usuarios.
7 - Drogas
Dijo Schiaretti en su discurso del 2009: …hemos creado la Secretaría de Prevención y Lucha contra la Drogadicción por la dimensión que está tomando el flagelo en nuestra Córdoba.
Hoy, en cambio, no hubo una sola palabra,
La realidad: Sin oficina ni presupuesto, el titular de la Secretaria de Prevención y Lucha contra la Drogadicción terminó enfrentado con el gobierno. Sebastián García Díaz había denunciado la favelización de la capital cordobesa.
Informes de prensa del 2008 dieron cuenta de la existencia en la ciudad de unos 700 puntos de venta de sustancias adictivas. En el 2009 la cantidad de “quioscos” denunciados fue similar. Solo han sido “cerrados” 75.
Según la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, de 390 barrios en Córdoba Capital, en 140 se detectó la venta de cocaína, marihuana y psicofármacos. Representa casi el 40 por ciento de la ciudad.
Sobre el interior es vaga la estadística, pero han sido detectadas actividades en Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Jesús María, Río Segundo, Cosquín, Villa Carlos Paz, Pilar y Sierras Chicas, incluidos laboratorios de cocina.
8 - Coparticipación
Dijo Schiaretti: …creo que ahora que vamos al bicentenario es el momento de resolver una materia pendiente con el federalismo, sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal.
La realidad: La Nación le adeuda a la Provincia al menos 1.308 millones de pesos del 2009 y serían unos 1.296 en el 2010, fruto del traspaso de la Caja de Jubilaciones.
Al presionar con la emisión de bonos, Schiaretti logró, además del compromiso de paliar el déficit previsional, que la Nación prometiera refinanciar el 70 por ciento de los vencimientos de deuda de 2010 a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Lo acordado establece que antes del 31 de marzo próximo se suscribirá un nuevo acuerdo por el PAF.
El tema aún está por discutirse y todo depende de los resultados que la Nación obtenga en el canje de su propia deuda, anunciado para febrero, pero complicado por la crisis del Banco Central. .
Por sobre la preocupación por los vencimientos, los planes de financiamiento inmediato de Schiaretti dependen de que la Nación concluya con éxito el canje y logre reinsertarse en los mercados internacionales. Si el país no puede, Córdoba mucho menos.
No obstante el Banco de Córdoba ya anunció su decisión de adelantar para marzo la segunda emisión del Boncor. La Provincia proyecta una colocación internacional por 350 millones de dólares, a pagar en ocho años con un interés del 10 por ciento en dólares.
Esta emisión, autorizada por la Legislatura, estaba prevista para el segundo semestre del año iniciado. Schiaretti resolvió adelantarla en un acto de fe hacia el Gobierno nacional: dio por hecho que el canje de deuda sería un éxito y que los inversores internacionales recuperarían su confianza en la Argentina.
La muletilla escogida por el gobernador para esta inauguración del período legislativo fue: “a pesar de las dificultades Córdoba sigue creciendo”.
“Lamentablemente no solo que no ha crecido sino que en estos 10 años de gobierno de Unión por Córdoba, la Provincia ha perdido protagonismo en el escenario nacional. Una deuda del orden de los 14 mil millones, aumento indiscriminado de empleados públicos, crisis hídrica primero y energética después y el incremento de la mortalidad materna, son solo algunos indicadores que marcan una realidad incontrastable: la de una provincia con un gran potencial pero pésimamente administrada y con un gobierno que sabiendo que se va, intenta llegar con muletas al año 2011” expresó el legislador Birri.
“En materia energética, uno de los temas que debería ser una verdadera política de Estado, los hechos nos muestran que durante este gobierno ha reinado la imprevisión, la improvisación y la falta de inversión. Las consecuencias están a la vista, materializándose en cortes del servicio eléctrico de una magnitud desconocida, que impactan directamente sobre el pueblo de la provincia no solo alterando la vida cotidiana de los hogares sino causando pérdidas millonarias en comercios e industrias”.
SE ADJUNTA DOCUMENTO COMPARATIVO ENTRE LO PROMETIDO Y LO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2009 POR EL GOBERNADOR SCHIARETTI.
Discurso del Gobernador año 2009
¿La Palabra empeñada?
Promesas no cumplidas.-
El Legislador socialista y presidente del Bloque del Frente Cìvico Roberto Birri realizó un análisis del discurso del gobernador y un análisis comparativo con lo prometido y realizado durante el 2009.-
1 - Censo
Dijo Schiaretti: …hicimos el censo provincial y esto va a permitir una distribución más justa de la coparticipación a lo municipios.
La realidad: La actual Ley de Coparticipación está vigente desde 1997. Municipios y comunas se llevan el 20 por ciento de los ingresos de la coparticipación federal y la recaudación local de impuestos.
El 96 por ciento se reparte entre 247 municipalidades y el 4 % por ciento restante entre 178. .
Los municipios han incrementado su intervención en prestaciones sociales. Lo que reciben alcanza para cubrir el 50 por ciento del presupuesto.
La coparticipación reserva un 4,5 % para fondos especiales que maneja el Gobierno provincial. Esos fondos deberían incluirse en el reparto a los municipios.
Con los números del censo 2008, no más de 20 municipios pudieron incrementar su participación.
2 - Policía Caminera
Dijo Schiaretti: …Todas las estadisticas nos dicen que los accidentes en las rutas disminuyeron en un 35%.
La Realidad: Una encuesta reciente realizada por Día a Día en su página web reveló, sobre 500 opiniones analizadas, que un 39 % califica de malo o muy malo el trabajo de la Policía Caminera y un 25 por ciento regular.
En los primeros 25 días de enero de este enero, sobre 85 victimas fatales por accidentes de tránsito en todo el país, 25 perecieron en Córdoba.
En el 2007 hubo en la provincia 598 muertes por accidentes de tránsito; 550 en el 2008 y 548 en el 2009.
El total está estacionado, no decrece significativamente.
En el 2008 Santa Fe ocupó el primer lugar por decesos por siniestros carreteros: 648; Córdoba con 548 ocupó el segundo.
3 - Educación
Dijo Schiaretti: ...la educación es prioridad fundamental.
La realidad: Sobre 183 días previstos para el ciclo 2009 se perdieron siete días por paros, cuatro jornadas más si se sumadas las horas asamblea y siete por la gripe A. Se alcanzaron 165 días de trabajo en el aula. El ciclo lectivo fue extendido hasta el 18 de diciembre, en una parodia de dictado de clases. Total: 172 días.
El titular de la Unión de Educadores de la Provincia, Juan Monserrat, anunció que exigirán una nueva discusión de salarios desde la segunda semana de febrero. No les satisface el 8,8% acordado en diciembre y exigen un 30% de nuevo ajuste. Toman por piso el 21% de aumento de la canasta familiar del Sindicato de la Alimentación.
4 - Agua
Dijo Schiaretti: ...el plan AGUA PARA TODOS se esta ejecutando de acuerdo a lo previsto en todos los rincones de Córdoba.
La realidad: En muchos parajes la llegada del agua potable quedó en simples carteles que anuncian la obra. ADN (Tomás Méndez) denunció que en algunos casos se destinaron partidas superiores a las obras realizadas.
El 12 de noviembre Schiaretti anunció desde Malasia que había acordado con Santa Fe emprender el proyecto de un canal que traerá agua a Córdoba desde el río Paraná.
“En 120, 150 días podemos terminar el proyecto y si Dios quiere, antes de que termine nuestro mandato, podemos darle inicio a la obra”, dijo.
La obra es faraónica y de altísimo costo. Debe recorrer 500 kilómetros y superar por bombeo más de 500 metros por la diferencia de altura sobre el mar entre Santa Fe y Córdoba.
5 - Salud
Dijo Schiaretti: … a salud es un derecho de todos los cordobeses y garantizarla es una obligación del Estado.
La realidad: El 8 de enero último, en medio del atraso en el pago de salarios por parte de la Provincia, los trabajadores estatales de la salud cumplieron la primera medida de fuerza del 2010. Como buena parte del año anterior, no atendieron emergencias ni los turneros. Denunciaron que en los hospitales Tránsito Cáceres de Allende y de Niños faltan recursos.
Un dato reciente alarma y contrasta con el anuncio: el aumento de la mortalidad materna se duplicò en la Provincia.
6 - Epec
Dijo Schiarett en el año 2009: …dijimos que la EPEC iba a iniciar un fuerte plan de inversiones y ya está en marcha por 1970 millones de pesos en generación, transporte y distribución
Dijo Schiaretti hoy: …La falta de Energia es responsabilidad de Transener.
La realidad: Como es costumbre un enorme secreto rodea al presupuesto de EPEC. Tras la ejecución se lo corrige y sin que nadie se entere.
En el 2009 hubo obras sin que nadie sepa de un plan integral de mejoras.
La imprevisión está a la vista con lo ocurrido en Malvinas Argentinas y la crisis energética aparecida en superficie.
La improvisación llevó al Gobierno a denunciar prácticas monopólicas de Transener (Estado Nacional más privados). Todo el tratamiento de la energía eléctrica es monopólico. Lo que EPEC no hace, precisamente, es asumir su exclusividad con responsabilidad. Lo que no dice el gobernador es que en Transener, la empresa Electroingeniería, niña mimada de Unión Por Córdoba y concesionaria de gran parte de la obra pública provincial, posee el 51% del capital accionario.
Salvador Treber en junio de 2005 afirmó que tras el intento privatizador de De la Sota ningún plan asistió al accionar de la EPEC, cuestionando la falta de transparencia en el manejo de las cuentas de la empresa pública.
Sin haber obtenido respuesta alguna, a mediados del año anterior el bloque del Frente Cívico solicito al Ejecutivo se informe sobre el manejo del dinero obtenido por el cargo fijo transitorio que los usuarios pagan por Arroyo Cabral y el pago de presuntos sobreprecios. Nunca se lo contestó.
Al comienzo de la obra (enero de 2006) Arroyo Cabral costaba $67.857.859; a noviembre de 2006 $90.900.000 y a noviembre de 2008 $161.363.849. En dos años y medio se incrementó el 200%. No se conoce el posible costo final, ni mucho menos cuando estará concluida. .
Con el 3,8 por ciento de cargo fijo EPEC obtiene por mes $ 2.370.000 por lo que a junio del 2010 habrá percibido $125.300.000.
El generador de Malvinas fue pagado con ese dinero. A Transener la financian los usuarios.
7 - Drogas
Dijo Schiaretti en su discurso del 2009: …hemos creado la Secretaría de Prevención y Lucha contra la Drogadicción por la dimensión que está tomando el flagelo en nuestra Córdoba.
Hoy, en cambio, no hubo una sola palabra,
La realidad: Sin oficina ni presupuesto, el titular de la Secretaria de Prevención y Lucha contra la Drogadicción terminó enfrentado con el gobierno. Sebastián García Díaz había denunciado la favelización de la capital cordobesa.
Informes de prensa del 2008 dieron cuenta de la existencia en la ciudad de unos 700 puntos de venta de sustancias adictivas. En el 2009 la cantidad de “quioscos” denunciados fue similar. Solo han sido “cerrados” 75.
Según la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, de 390 barrios en Córdoba Capital, en 140 se detectó la venta de cocaína, marihuana y psicofármacos. Representa casi el 40 por ciento de la ciudad.
Sobre el interior es vaga la estadística, pero han sido detectadas actividades en Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Jesús María, Río Segundo, Cosquín, Villa Carlos Paz, Pilar y Sierras Chicas, incluidos laboratorios de cocina.
8 - Coparticipación
Dijo Schiaretti: …creo que ahora que vamos al bicentenario es el momento de resolver una materia pendiente con el federalismo, sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal.
La realidad: La Nación le adeuda a la Provincia al menos 1.308 millones de pesos del 2009 y serían unos 1.296 en el 2010, fruto del traspaso de la Caja de Jubilaciones.
Al presionar con la emisión de bonos, Schiaretti logró, además del compromiso de paliar el déficit previsional, que la Nación prometiera refinanciar el 70 por ciento de los vencimientos de deuda de 2010 a través del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Lo acordado establece que antes del 31 de marzo próximo se suscribirá un nuevo acuerdo por el PAF.
El tema aún está por discutirse y todo depende de los resultados que la Nación obtenga en el canje de su propia deuda, anunciado para febrero, pero complicado por la crisis del Banco Central. .
Por sobre la preocupación por los vencimientos, los planes de financiamiento inmediato de Schiaretti dependen de que la Nación concluya con éxito el canje y logre reinsertarse en los mercados internacionales. Si el país no puede, Córdoba mucho menos.
No obstante el Banco de Córdoba ya anunció su decisión de adelantar para marzo la segunda emisión del Boncor. La Provincia proyecta una colocación internacional por 350 millones de dólares, a pagar en ocho años con un interés del 10 por ciento en dólares.
Esta emisión, autorizada por la Legislatura, estaba prevista para el segundo semestre del año iniciado. Schiaretti resolvió adelantarla en un acto de fe hacia el Gobierno nacional: dio por hecho que el canje de deuda sería un éxito y que los inversores internacionales recuperarían su confianza en la Argentina.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Birri pide que el Ministro Caserio comparezca en la Legislatura a raíz de las posibles escuchas ilegales por parte de la policía de la provincia
Consideramos que éstos hechos afectan todos los Poderes del Estado, entrañando un grave menoscabo a la institucionalidad y al sistema democrático. Es nuestro deber como ciudadanos y Legisladores saber acabadamente que ocurrió u está ocurriendo en éste momento en la dependencia policial mencionada, quienes están a cargo, cuales son los controles, en fin SABER a fondo que está ocurriendo en la la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia
Proyecto Completo:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DECÓRDOBA
RESUELVE
Citar al Sr. Ministro de Gobierno, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y sigts. del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:
1) Si tiene conocimiento que se realizó un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, en la sede de la Jefatura de La Provincia de Córdoba, originada en una compleja investigación por supuesta adulteración de documentos oficiales vinculados a escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones de celulares -
2) Si la pregunta 1) resulta positiva, explicite ampliamente con motivo y ocasión de qué hecho/s se ordenó el procedimiento.- Si resultara negativa , de razones.-
3) Si la pregunta 1) resulta positiva, explicite ampliamente – sin afectar el secreto de sumario, si se hubiera dictado en la causa - el contenido de las listas de celulares sobre las que se adulteró el documento oficial, detallando nombres, apellidos, empresas y/o funcionarios. -
4) Si las preguntas, 1;2 y 3 resultaran positivas exprese qué medidas se toman o se tomaron desde el Ministerio a su cargo, a efectos de neutralizar la situación.-
5) Si la pregunta 4) resulta negativa, explicite ampliamente los motivos, dando razones.-
6) Si tiene conocimiento que un Comisario, hijo de un sindicalista asesinado en 1976, que prestaba servicios en la Departamental Marcos Juárez denunció ante la Justicia Federal que sus jefes lo persiguen por investigar al D2.
7) Si resulta positiva la pregunta 6) explicite ampliamente sobre el conocimiento que tuviera sobre el tema.-
8) Si la pregunta 7) resultara positiva, que medidas se adoptaron o se adoptarían para esclarecer la situación y determinar responsabilidades.-
9) Si tiene conocimiento que existen denuncias en contra del Comisario Alberto César Jiménez en los Tribunales Federales de Bell Ville; en qué consisten si la respuesta fuera afirmativa y cual es el sustento probatorio de las mismas.-
10) Si la pregunta 9) resultara positiva, explicite, según las pruebas obrantes en autos, si la denuncia en contra de Jiménez tiene alguna vinculación con la investigación por los hechos acaecidos en el D2 en relación a su padre asesinado.-
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 27 de Noviembre el periódico “La Voz del Interior”, y bajo el título “Allanan Jefatura de Policía y la casa de un comisario”, daba cuenta de una noticia inquietante. La vamos a transcribir textual, pues resulta elocuente. La Voz, Informaba que: “La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó anoche dependencias de la Jefatura de Policía, en la ciudad de Córdoba, y la casa de un comisario en el marco de una compleja investigación federal por supuesta adulteración de documentos oficiales vinculados a escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones de celulares…””…Se investiga la presunta adulteración de un exhorto a una telefónica para pedir una sábana de llamadas. Al operativo lo realizaron agentes de Seguridad Aeroportuaria. Sigue diciendo el matutino que “…Los procedimientos, ordenados por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, se realizaron en la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía. Estos despachos funcionan en el primer piso de la Jefatura. Así lo confirmaron fuentes calificadas con acceso al procedimiento, quienes indicaron que paralelamente se allanó la casa del jefe de Análisis e Investigación de las Comunicaciones, comisario Ariel Ávila…””.. Ante distintas consultas de este diario, ninguna autoridad policial quiso hacer declaraciones en forma oficial, ni siquiera el jefe de Policía, Alejo Paredes..” Fuentes indicaron que la investigación se originó por una denuncia en la que consta que un oficial del área de Investigaciones habría falsificado un exhorto de la Justicia Federal para solicitar una sábana telefónica a una empresa de celulares…”
Por otro lado, el diario dice: ”Otro vocero cercano a la causa graficó: "Esto puede ser la punta de un iceberg de consecuencias impredecibles"…” Nadie confirmó ni desmintió si Ávila es el hombre denunciado. De todos modos, está confirmado que un allanamiento se hizo en su casa. También se allanó otro domicilio. La División Análisis e Investigación de las Comunicaciones es un área clave de la Policía.Tiene a su cargo escuchas telefónicas en el marco de investigaciones, como así también el análisis y entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Esa división usa sofisticado equipamiento adquirido años atrás.”
Mas allá de la investigación judicial en curso, no tenemos duda que toda la información transcripta - de ser veraz - entraña gravedad institucional. Por ello transcribimos casi completa la nota. La información es escueta y, tal cual se expresa puede ser “la punta del iceberg de consecuencias impredecibles”. Qué se quiere expresar con ello? Están “espiando” ilegalmente a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados acabo en Córdoba? ; a ciudadanos de a pie? A legisladores de la oposición? A empresarios?.a miembros de otros Poderes?- Si esto fuera así, todo indica que no se desmanteló el aparato represivo montado hace treinta años en la Policía de Córdoba. Ello resulta gravísimo, pues aquellas prácticas debían ser desterradas después de veinticinco años de democracia.-
Hace pocos días, una situación análoga ocurrió en dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el entramado y las repercusiones políticas del hecho ( el cual no está todavía suficientemente esclarecido) provocó una gran polvareda de acusaciones cruzadas, llegándose en algunos casos a pedir la renuncia del Jefe de Gobierno porteño.- Todo ello desnudó una trama de relaciones entre policías, servicios y otros personajes nada agradable.
Un capítulo aparte requiere referirnos a otros hechos relacionados con Policías. El diario Día a Día, de fecha 20/11/2009, titula “Un policía denunció que sus jefes lo persiguen por investigar al D2 .-Es un comisario, hijo de un sindicalista asesinado en 1976. Hizo una presentación en la Justicia Federal. El protagonista de la historia es el comisario Julio César Giménez. Tenía sólo 11 años cuando su padre, Alberto César Giménez, fue brutalmente asesinado –según investigó– por una patota del D2, sólo un mes antes del golpe de Estado. Sigue informando el diario que: “…Estos movimientos judiciales que inició el comisario Giménez parecieron sellar el destino de su carrera dentro de la fuerza, según él mismo lo sostuvo en una nueva presentación ante la Justicia Federal. No sólo fueron las amenazas que denuncia haber recibido a mediados de julio de este año, cuando la superioridad se enteró de sus acciones judiciales. Luego padeció un traslado aparentemente caprichoso”. El autor de los puntajes bajos, sería el Comisario mayor Ramón Frías, según el periódico.-
Relacionado con el mismo tema, el periódico titula “Le hemos descubierto cosas reñidas con la ética”. “…Defendiendo la baja calificación que le asignó a Julio Giménez, el comisario mayor Ramón Frías desconoció todas las acusaciones. Dijo que al destinatario de tan bajas notas se le han descubierto “cosas reñidas con la ética”. Concretamente puntualizó en una denuncia que está investigando la fiscalía federal de Bell Ville por supuestos hechos de corrupción…”
En definitiva, nos encontramos con hechos relacionados con el D2 de la dictadura; con metodologías hacia los propios policías para deslegitimarlos, aparentemente. No es poca cosa. Necesitamos saber qué hay de cierto detrás de ésta historia. Es necesario.
Consideramos, que éstos hechos afectan todos los Poderes del Estado, entrañando un grave menoscabo a la institucionalidad y al sistema democrático. Es nuestro deber como ciudadanos y Legisladores saber acabadamente que ocurrió u está ocurriendo en éste momento en la dependencia policial mencionada, quienes están a cargo, cuales son los controles, en fin SABER a fondo que está ocurriendo en la la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia. No debemos olvidar que los últimos integrantes del temible D2 pasaron por esa repartición, reciclados en democracia.
Por ello, sostenemos que la situación amerita que el Sr. Ministro de Gobierno, como responsable político del Policía venga a la Legislatura a dar explicaciones, en el marco de los hechos.-
Estamos convencidos que los hechos relatados deben preocuparnos a todos, oficialistas y opositores, a efectos de investigarlos. Nuestra historia mas reciente, así lo indica.-
Por ello y, a mérito de lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de Resolución.-
Proyecto Completo:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DECÓRDOBA
RESUELVE
Citar al Sr. Ministro de Gobierno, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y lo dispuesto en el artículo 195 y sigts. del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá comparecer en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a tenor de los siguientes puntos:
1) Si tiene conocimiento que se realizó un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía, en la sede de la Jefatura de La Provincia de Córdoba, originada en una compleja investigación por supuesta adulteración de documentos oficiales vinculados a escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones de celulares -
2) Si la pregunta 1) resulta positiva, explicite ampliamente con motivo y ocasión de qué hecho/s se ordenó el procedimiento.- Si resultara negativa , de razones.-
3) Si la pregunta 1) resulta positiva, explicite ampliamente – sin afectar el secreto de sumario, si se hubiera dictado en la causa - el contenido de las listas de celulares sobre las que se adulteró el documento oficial, detallando nombres, apellidos, empresas y/o funcionarios. -
4) Si las preguntas, 1;2 y 3 resultaran positivas exprese qué medidas se toman o se tomaron desde el Ministerio a su cargo, a efectos de neutralizar la situación.-
5) Si la pregunta 4) resulta negativa, explicite ampliamente los motivos, dando razones.-
6) Si tiene conocimiento que un Comisario, hijo de un sindicalista asesinado en 1976, que prestaba servicios en la Departamental Marcos Juárez denunció ante la Justicia Federal que sus jefes lo persiguen por investigar al D2.
7) Si resulta positiva la pregunta 6) explicite ampliamente sobre el conocimiento que tuviera sobre el tema.-
8) Si la pregunta 7) resultara positiva, que medidas se adoptaron o se adoptarían para esclarecer la situación y determinar responsabilidades.-
9) Si tiene conocimiento que existen denuncias en contra del Comisario Alberto César Jiménez en los Tribunales Federales de Bell Ville; en qué consisten si la respuesta fuera afirmativa y cual es el sustento probatorio de las mismas.-
10) Si la pregunta 9) resultara positiva, explicite, según las pruebas obrantes en autos, si la denuncia en contra de Jiménez tiene alguna vinculación con la investigación por los hechos acaecidos en el D2 en relación a su padre asesinado.-
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 27 de Noviembre el periódico “La Voz del Interior”, y bajo el título “Allanan Jefatura de Policía y la casa de un comisario”, daba cuenta de una noticia inquietante. La vamos a transcribir textual, pues resulta elocuente. La Voz, Informaba que: “La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó anoche dependencias de la Jefatura de Policía, en la ciudad de Córdoba, y la casa de un comisario en el marco de una compleja investigación federal por supuesta adulteración de documentos oficiales vinculados a escuchas telefónicas y análisis de comunicaciones de celulares…””…Se investiga la presunta adulteración de un exhorto a una telefónica para pedir una sábana de llamadas. Al operativo lo realizaron agentes de Seguridad Aeroportuaria. Sigue diciendo el matutino que “…Los procedimientos, ordenados por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, se realizaron en la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía. Estos despachos funcionan en el primer piso de la Jefatura. Así lo confirmaron fuentes calificadas con acceso al procedimiento, quienes indicaron que paralelamente se allanó la casa del jefe de Análisis e Investigación de las Comunicaciones, comisario Ariel Ávila…””.. Ante distintas consultas de este diario, ninguna autoridad policial quiso hacer declaraciones en forma oficial, ni siquiera el jefe de Policía, Alejo Paredes..” Fuentes indicaron que la investigación se originó por una denuncia en la que consta que un oficial del área de Investigaciones habría falsificado un exhorto de la Justicia Federal para solicitar una sábana telefónica a una empresa de celulares…”
Por otro lado, el diario dice: ”Otro vocero cercano a la causa graficó: "Esto puede ser la punta de un iceberg de consecuencias impredecibles"…” Nadie confirmó ni desmintió si Ávila es el hombre denunciado. De todos modos, está confirmado que un allanamiento se hizo en su casa. También se allanó otro domicilio. La División Análisis e Investigación de las Comunicaciones es un área clave de la Policía.Tiene a su cargo escuchas telefónicas en el marco de investigaciones, como así también el análisis y entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Esa división usa sofisticado equipamiento adquirido años atrás.”
Mas allá de la investigación judicial en curso, no tenemos duda que toda la información transcripta - de ser veraz - entraña gravedad institucional. Por ello transcribimos casi completa la nota. La información es escueta y, tal cual se expresa puede ser “la punta del iceberg de consecuencias impredecibles”. Qué se quiere expresar con ello? Están “espiando” ilegalmente a testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad llevados acabo en Córdoba? ; a ciudadanos de a pie? A legisladores de la oposición? A empresarios?.a miembros de otros Poderes?- Si esto fuera así, todo indica que no se desmanteló el aparato represivo montado hace treinta años en la Policía de Córdoba. Ello resulta gravísimo, pues aquellas prácticas debían ser desterradas después de veinticinco años de democracia.-
Hace pocos días, una situación análoga ocurrió en dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el entramado y las repercusiones políticas del hecho ( el cual no está todavía suficientemente esclarecido) provocó una gran polvareda de acusaciones cruzadas, llegándose en algunos casos a pedir la renuncia del Jefe de Gobierno porteño.- Todo ello desnudó una trama de relaciones entre policías, servicios y otros personajes nada agradable.
Un capítulo aparte requiere referirnos a otros hechos relacionados con Policías. El diario Día a Día, de fecha 20/11/2009, titula “Un policía denunció que sus jefes lo persiguen por investigar al D2 .-Es un comisario, hijo de un sindicalista asesinado en 1976. Hizo una presentación en la Justicia Federal. El protagonista de la historia es el comisario Julio César Giménez. Tenía sólo 11 años cuando su padre, Alberto César Giménez, fue brutalmente asesinado –según investigó– por una patota del D2, sólo un mes antes del golpe de Estado. Sigue informando el diario que: “…Estos movimientos judiciales que inició el comisario Giménez parecieron sellar el destino de su carrera dentro de la fuerza, según él mismo lo sostuvo en una nueva presentación ante la Justicia Federal. No sólo fueron las amenazas que denuncia haber recibido a mediados de julio de este año, cuando la superioridad se enteró de sus acciones judiciales. Luego padeció un traslado aparentemente caprichoso”. El autor de los puntajes bajos, sería el Comisario mayor Ramón Frías, según el periódico.-
Relacionado con el mismo tema, el periódico titula “Le hemos descubierto cosas reñidas con la ética”. “…Defendiendo la baja calificación que le asignó a Julio Giménez, el comisario mayor Ramón Frías desconoció todas las acusaciones. Dijo que al destinatario de tan bajas notas se le han descubierto “cosas reñidas con la ética”. Concretamente puntualizó en una denuncia que está investigando la fiscalía federal de Bell Ville por supuestos hechos de corrupción…”
En definitiva, nos encontramos con hechos relacionados con el D2 de la dictadura; con metodologías hacia los propios policías para deslegitimarlos, aparentemente. No es poca cosa. Necesitamos saber qué hay de cierto detrás de ésta historia. Es necesario.
Consideramos, que éstos hechos afectan todos los Poderes del Estado, entrañando un grave menoscabo a la institucionalidad y al sistema democrático. Es nuestro deber como ciudadanos y Legisladores saber acabadamente que ocurrió u está ocurriendo en éste momento en la dependencia policial mencionada, quienes están a cargo, cuales son los controles, en fin SABER a fondo que está ocurriendo en la la División Análisis e Investigación de las Comunicaciones, que depende de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de la Provincia. No debemos olvidar que los últimos integrantes del temible D2 pasaron por esa repartición, reciclados en democracia.
Por ello, sostenemos que la situación amerita que el Sr. Ministro de Gobierno, como responsable político del Policía venga a la Legislatura a dar explicaciones, en el marco de los hechos.-
Estamos convencidos que los hechos relatados deben preocuparnos a todos, oficialistas y opositores, a efectos de investigarlos. Nuestra historia mas reciente, así lo indica.-
Por ello y, a mérito de lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de Resolución.-
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